- Tras ocho años de prohibición de minería metálica en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele impulsó una ley que elimina esta restricción.
- El Gobierno busca asociarse con mineras para la explotación de minerales valiosos, como el oro y la plata.
- Organizaciones, comunidades, estudiantes e incluso líderes religiosos se han manifestado contra la nueva legislación y presentaron una demanda ante la Suprema Corte para exigir su inconstitucionalidad.
- Cerca del 60 % de la población en El Salvador considera que su país no es apropiado para la minería metálica y ambientalistas denunciaron presuntas irregularidades en el proceso contra cinco defensores del agua y opositores a proyectos mineros.
Tuvieron que pasar ocho años para que la minería metálica en El Salvador pasara de estar prohibida —debido a los efectos ambientales y en la salud— a ser considerada necesaria para potenciar el desarrollo del país.
Sin embargo, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Ambientalistas y científicos advirtieron durante años las señales del retorno de la minería que dio el gobierno de Nayib Bukele, quien impulsó la reactivación de esta actividad junto con una mayor participación del Estado.
En medio de este escenario, comunidades, organizaciones, estudiantes e incluso líderes religiosos se han manifestado en contra de la nueva legislación, ante los posibles impactos en el agua, los bosques y territorios con proyectos mineros.
Una ley que asocia al Estado con empresas mineras
La nueva legislación coloca al Estado de El Salvador como la figura clave para realizar minería metálica en el país, pues es el único autorizado para “explorar, explotar, extraer y procesar” los recursos mineros. Sin embargo, puede realizar estas actividades a través de sociedades con empresas.
El pasado 15 de enero, tras la aprobación de la ley, el presidente Bukele defendió este punto clave de la iniciativa, aunque hasta esa fecha no se había otorgado concesión minera alguna.
“Nosotros tenemos que tener participación accionaria y de decisión en la empresa”, sostuvo en conferencia de prensa. “No hay un permiso de minería todavía, pero cuando se monte la oficina para atender los intereses de empresas mineras alrededor del mundo tendrán que negociar con el Gobierno la participación en las operaciones”, agregó.
Previo a esta aprobación, el gobierno de Bukele ya había dado señales de su interés en 2021 al crear la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas para la regulación de estas actividades.
Ese mismo año, El Salvador organizó el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), integrado por 78 países mineros para identificar “áreas detonantes” en la región.
Bukele ha asegurado que no hay contaminación por la minería en El Salvador —prohibida por ocho años— y que los impactos ambientales denunciados por organizaciones en ríos y suelos con antecedente de actividad minera son por otro tipo de actividades.
“Nosotros solo nos unimos al 100% de los países del mundo que la tiene aprobada”, respondió en conferencia de prensa a un cuestionamiento sobre las implicaciones ambientales de la nueva legislación.
Sin embargo, hay estudios científicos que han documentado los impactos en el agua, los suelos y la salud de las personas por la minería de oro, la cual requiere sustancias como el cianuro, un elemento altamente tóxico, para su procesamiento.
Al respecto, Luis Alonso González, director de incidencia de la organización Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) advierte que la cantidad de recursos que logre percibir El Salvador por la actividad minera no compensará el daño ambiental a ríos y suelos en el país.
“Somos el país más deforestado de Centroamérica, con el agua más contaminada. Tenemos falta de planificación urbana, crecimiento en el cambio de uso de suelo sin control, focos de contaminación por agrotóxicos, con metales pesados. Además de eso somos un país pequeño, donde el derecho al agua no se cumple para todos”, sostiene González.
Si bien la ley sostiene que las actividades mineras se realizarán buscando la protección al ambiente, no menciona estudios de impacto o de viabilidad en la región. Únicamente delega la responsabilidad de supervisión al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Mongabay Latam solicitó a autoridades salvadoreñas información sobre los estudios socioambientales en los cuales se basaron para impulsar la nueva legislación, pero hasta la publicación de esta nota no enviaron su respuesta.
La fiebre del oro en El Salvador
Días antes de la aprobación de la nueva ley minera, el presidente Bukele afirmó que El Salvador tiene zonas con grandes depósitos de oro y que estudios realizados en solo el 4 % del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, equivalentes al 380 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
“Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies”, publicó en noviembre de 2024 asegurando que estos recursos podían aprovecharse de manera “sustentable”.
Sin embargo, su administración no ha publicado estudios ambientales que sostengan esta afirmación o cómo se cuidará del impacto de sustancias utilizadas para extraer metales como oro de rocas y minerales.
La legislación prohíbe el uso de mercurio y “cualquier otra sustancia no autorizada” por la Dirección de Minas, sin embargo no hace mención al cianuro, el cual es necesario para el procesamiento del oro.
González explica que la única forma de extraer el oro en El Salvador es por un método conocido como lixiviación, el cual requiere grandes cantidades de agua y cianuro, lo que genera drenaje ácido de minas.
“Lo que surge cuando cae agua en esta roca, donde previamente se ha aplicado cianuro u otros químicos para poder extraer el oro, es que cada vez que llueva va a estar generando drenaje ácido y va a seguir contaminando los ríos, los lagos, la salud de la población y obviamente la producción de alimentos”, señala el especialista
Incluso, sostiene que puede haber una acumulación de metales pesados que pueden pasar a los cultivos de alimentos y posteriormente a animales y personas.
Mongabay Latam también buscó a la Asamblea Legislativa de El Salvador, así como al presidente de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, Ricardo Humberto Rivas Villanueva, para conocer la documentación ambiental que respalde la nueva ley, sin que hasta ahora exista respuesta.
Movilización contra la minería
Esta no es la primera vez que en El Salvador hay un interés por extraer oro de manera masiva. Desde 2005 las comunidades de diferentes regiones, principalmente del norte del país, enfrentaron a cerca de 25 proyectos que buscaban extraer más de 16 mil toneladas diarias de mineral crudo, utilizando millones de litros de agua para su procesamiento.
Uno de estos proyectos fue El Dorado, que buscaba la explotación de minerales entre los municipios de San Isidro y Sensuntepeque. Un conflicto entre la minera propietaria y el gobierno de aquel momento por una concesión terminó en una demanda ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) y originó una gran movilización que impulsó la prohibición de la minería metálica desde 2013 y que logró aprobarse en 2017.
Vidalina Morales, defensora ambiental y presidenta de la organización Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) señala que históricamente deben enfrentar intereses de las compañías mineras, y que con el gobierno del presidente Bukele no ha sido la excepción.
“Hay una situación que pone la mirada de las empresas en nuestro país, en que hay una concentración de minerales bastante buena. Bajo las sombras, las empresas mineras han estado trabajando para cambiar autoridades y tener injerencia”, dice la defensora, quien ha acompañado las recientes movilizaciones contra la nueva ley minera en el país.
En estas movilizaciones han participado comunidades, colectivos, organizaciones ambientalistas, estudiantes, académicos e incluso líderes de la iglesia católica.
Tan solo el pasado 24 de marzo, una de las movilizaciones concluyó con la presentación de más de 57 mil firmas para demandar ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de la ley minera, por considerar que la vida y los bienes naturales están en riesgo.
La demanda argumenta seis motivos de inconstitucionalidad, uno de ellos es la falta de deliberación parlamentaria, donde se señala que la iniciativa pasó de forma exprés por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que la aprobó en menos de 98 minutos. Dos días después, fue avalada en una sesión plenaria el 23 de diciembre con 57 votos a favor.
Morales considera que el Gobierno subestimó la capacidad de movilización en un tema tan sensible como la minería.
Una encuesta hecha por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) le da la razón, pues de acuerdo con el ejercicio, seis de cada 10 salvadoreños opinan que el país definitivamente no es apropiado para el desarrollo de la minería.
Además, el 45 % de la población salvadoreña dijo que desconocía que en la extracción de oro se usen químicos como el cianuro. Más del 78 % considera que es peligroso vivir cerca de una mina.
“La gente se ha volcado a las calles a pesar de los miedos porque aquí, hay que decirlo, vivimos en un país con miedos y temores. Vivimos bajo un régimen de excepción desde hace tres años”, sostiene Morales, quien señala la movilización de sectores que antes no lo hacían, como los líderes religiosos.
“La situación es compleja, pero a partir de esa complejidad la gente dice: ‘No queremos minería’, y en eso hay claridad”, sostiene.
Falta de transparencia y detenciones de defensores
En enero de 2023, cinco defensores ambientales que históricamente se opusieron a proyectos mineros en El Salvador fueron detenidos y acusados de un homicidio ocurrido en 1989, durante la época del conflicto armado en el país.
Se trata de Teodoro Antonio Pacheco, director de ADES; Saúl Agustín Rivas, asesor jurídico de la organización; así como de los líderes comunitarios de Santa Marta Miguel Ángel Gámez, Alejandro Lainez, Pedro Antonio Rivas.
Aunque los cinco fueron absueltos en octubre de 2024 por la autoridad judicial, un Juzgado de Sentencia ordenó su recaptura a petición de la Fiscalía General de la República y una reposición del juicio. Las audiencias están previstas para el 9, 10 y 11 de abril. Sin embargo, los defensores afirmaron en una carta que no se presentarán.
“Es un momento en el que de nuevo nos pone en alerta con lo que ocurra con nuestros compañeros. Tenemos muy pocas expectativas de que los compañeros puedan quedar en libertad”, dice la presidenta de ADES, quien percibe una intervención para mantener criminalizados a sus compañeros.
“Para nadie es un secreto quiénes son nuestros compañeros. Seguirán criminalizándonos y más si siguen con esta intención de andar a echar esos proyectos mineros, pese al rechazo generalizado de la población, de sectores como iglesias y académicos”, expresa la defensora ambiental.
En tanto, González advierte posibles conflictos al norte de El Salvador, en los departamentos de San Miguel y Cabañas, donde más avanzó la exploración minera en el pasado, y donde la resistencia comunitaria frenó las actividades de extracción.
“Donde ya hay señales de reactivación es en la mina San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, donde hay presencia de maquinaria del Gobierno y presencia militar”, sostiene.
Mongabay Latam solicitó información a la Dirección de Minas y al gobierno salvadoreño sobre proyectos de reactivación minera, así como de sus posibles impactos ambientales. Sin embargo, no ha recibido respuesta.
Imagen principal: desde 2005, comunidades de El Salvador ha enfrentado 25 proyectos mineros y han reclamado por sus impactos socioambientales. Foto: cortesía Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)
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