- Las propuestas ambientales de Daniel Noboa y Luisa González son catalogadas como “flojas”.
- Aunque Ecuador ha vivido en los últimos dos años los graves impactos de la sequía y las inundaciones, los presidenciables no tienen propuestas concretas en este rubro.
- Tampoco han sido categóricos en cuanto a la transición energética y el cese de explotación del Yasuní.
- Preocupa la propuesta de Daniel Noboa de reemplazar la Constitución actual, considerada garantista de derechos.
El 13 de abril de 2025 se cumplirá un mes del mayor derrame de petróleo del siglo XX en Ecuador y ese mismo día el país irá a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los ecuatorianos tendrán que elegir entre el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González.
Aunque en este contexto lo ambiental parece imperioso, las propuestas y el discurso de los candidatos al respecto han sido “flojos”, de acuerdo con Gustavo Redín, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).
Temas como la crisis climática, la transición energética, los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas no se toparon en el debate de segunda vuelta, realizado el 23 de marzo. “Se priorizaron los insultos mutuos en lugar de dar luces sobre cómo se van a tratar los temas ambientales relevantes”, asegura Mario Melo, abogado y asesor de la Fundación Pachamama.
Miembros del Frente al Ambiente, una coalición de más de 50 organizaciones que trabajan por la protección y conservación de la naturaleza, invitaron a los dos candidatos a entrevistas para discutir 10 ejes ambientales, entre ellos, la institucionalidad ambiental y la protección del agua. No obstante, hasta el cierre de este artículo, la coalición aseguró a Mongabay Latam que ninguno de los dos presidenciables aceptó la invitación.
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Lo ambiental pesa en la decisión electoral
Para Redín, Ecuador es un país con “visión ambiental”. Esto se ha comprobado con los resultados a favor de la naturaleza en las consultas populares sobre la prohibición de actividades mineras o petroleras en Cuenca, Girón, Quito y el Yasuní. Sin embargo, “los candidatos se están olvidando de estas aristas, que van a poner presidente o presidenta”, afirma.
En 2020, el entonces candidato a la presidencia Guillermo Lasso firmó una agenda ambiental con el Frente al Ambiente en la que se comprometió a una treintena de puntos, incluyendo garantizar los derechos de la naturaleza. “Eso significó parte de la victoria de Lasso”, opina el vicepresidente de CEDENMA.
La actual carrera hacia la Presidencia está bastante ajustada. En la primera vuelta hubo un empate técnico, con el 44.17 % de los votos para Noboa, del partido Acción Democrática Nacional, y el 44 % para González. Las cosas no han cambiado mucho desde las votaciones del 9 de febrero, según las encuestas que se publicaron hasta el último día permitido por la legislación ecuatoriana.
De acuerdo con la encuestadora Comunicaliza, 4.5 décimas separan al candidato oficialista, con el 41.5 % de intención de voto, de su contrincante, que tiene el 41.1 %. La encuestadora Informe Confidencial señala que la diferencia es un poco mayor, con el 45 % de intención de voto para Noboa y el 41.3 % para González.
La crisis climática se aborda vagamente
Para Melo, el tema ambiental es crucial a escala global y nacional. De hecho, el reconocido naturalista David Attenborough considera que el cambio climático es la “mayor amenaza a la seguridad a la que la humanidad actual se ha enfrentado”. Los ecuatorianos ya han experimentado ambos polos de los fenómenos climáticos extremos.
En 2024, Ecuador sufrió la peor sequía hidrológica de los últimos 40 años, de acuerdo con datos del programa Servir Amazonía. Mientras tanto, en lo que va de 2025, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado 2479 deslizamientos, inundaciones y otros “eventos adversos por lluvias”. Gran parte de las provincias de la costa están en alerta roja, seis provincias más están en alerta naranja y el resto del país está en alerta amarilla.
En lugar de encontrar propuestas claras y concretas para enfrentar la crisis climática, en ambos casos Melo notó “una vaga referencia a cambios en la matriz energética, sin que haya por medio planes, plazos o mecanismos”.
En su lugar, “hay una insistencia hacia el modelo extractivista por el cual el país ha transitado los últimos 50 años”, dice el abogado. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador desde que se inició la explotación en la década de 1970. En 2019 se inauguró la megaminería en el país, con el inicio de operaciones del proyecto minero Mirador, y para 2023 la minería ya era el tercer mayor rubro de exportaciones, de acuerdo con la Cámara de Minería.
Este modelo, asegura, no ha traído soluciones ni a la inequidad ni a la pobreza. A diciembre de 2024, cuatro de cada 10 ecuatorianos estaban en la pobreza o la pobreza extrema a escala nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La desigualdad se evidencia al hacer zoom al país: tres habitantes en el área urbana frente a seis habitantes en el área rural, de cada 10 personas, estaban en la pobreza o pobreza extrema.
No hay declaraciones categóricas sobre el Yasuní
“La explotación inmisericorde de los recursos naturales”, en palabras de Melo, ha traído “enormes y catastróficos impactos ambientales”. El norte de la Amazonía ha sido históricamente la zona más afectada, pero el reciente derrame de más de 25 000 barriles en la provincia costera de Esmeraldas recuerda que otras partes del país también han sufrido las graves consecuencias de las industrias extractivas.
A pesar de esto y de que en consulta popular los ecuatorianos decidieron que se retire la actividad petrolera del bloque 43, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, ninguno de los dos candidatos “ha mencionado siquiera estos temas”, dice Melo.
El domingo 30 de marzo, Pachakutik, el partido del movimiento indígena, logró que González se comprometa a la “protección absoluta del Yasuní”. Ese día, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana firmó un acuerdo programático de 25 puntos a cambio del respaldo del movimiento indígena a su candidatura.
Pero más allá de eso, ni González ni Noboa han emitido declaraciones categóricas sobre si se respetará la voluntad popular. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado ecuatoriano parar la producción de petróleo en ese bloque, en el marco de una sentencia a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario que habitan en la zona.
“El cumplimiento de la consulta popular del Yasuní no es solo un tema ambiental, no aplicarla es poner frenos a la democracia”, asegura Redín.
Los respaldos y los acuerdos, en conflicto
En las campañas pasadas, mientras fueron candidatos, Lasso y Noboa se comprometieron a no explotar el Bloque 43. Una vez que llegaron al poder no solo continuaron extrayendo petróleo del considerado como el lugar más biodiverso del mundo, sino que el primero propuso duplicar la producción petrolera y su sucesor lanzó un plan para aumentar la extracción de hidrocarburos.
“Tenemos la experiencia de que los presidenciables prometen todo. Nos deja un mal sabor el hecho de que no hay una obligación clara hacia lo ambiental”, reflexiona el vicepresidente de CEDENMA.
La candidata por el Movimiento Revolución Ciudadana, en el acuerdo firmado con Pachakutik, también se comprometió a emprender acciones inmediatas para enfrentar la minería ilegal, auditar las concesiones mineras, trabajar por la soberanía alimentaria, garantizar una política de respeto a la diversidad de los pueblos indígenas, entre otras temáticas. Además, se comprometió a cumplir con las consultas populares que prohibieron la minería en Quito, Azuay y Girón.
El pacto, que parece beneficioso para los pueblos y nacionalidades indígenas, no fue bien visto por varios de sus sectores. “Las organizaciones no pueden estar metidas en el tema partidista. Cada votante debe tomar su decisión”, critica Diana Chávez, dirigenta de relaciones internacionales de la organización kichwa de Pastaza, PAKKIRU por sus siglas en kichwa. “Al momento de tomar una posición, existe división y eso es lo que no queremos”, agrega.
Los primeros quiebres en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONFENIAE) se dieron en marzo, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE) anunció su respaldo a Daniel Noboa. La CONFENIAE solicitó auditorías y moratorias para proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos dentro de los territorios indígenas. También exigió la suspensión de la frontera petrolera y minera en la región.
Chávez asegura que no se trató de una decisión unánime. Aunque sí hubo relativamente mayor respaldo de las federaciones amazónicas para el actual presidente, hubo otras dos tendencias: apoyar a Luisa González y no ofrecer respaldo a ningún candidato. “La política partidista no es nuestro trabajo, pero sí conversar sobre política pública, ordenanzas, gobernanza”, reitera la lideresa.
Amenazas para los derechos indígenas y de la naturaleza
Noboa ha dicho en varios espacios que llamará a una asamblea constituyente para “refundar” Ecuador. La actual Constitución está vigente desde 2008 y ha sido reconocida como garantista de los derechos fundamentales. Además, fue la primera en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza.
“Una constituyente puede significar el retroceso de derechos”, dice Redín y asegura que también son preocupantes los pronunciamientos recientes de abogados cercanos a las industrias extractivas que “subordinan los derechos de la naturaleza”. A esto se suma que más allá de la declaración, el actual presidente no ha dicho quién conformaría la asamblea constituyente o qué temas se tratarían.
Mientras tanto, los pueblos y nacionalidades indígenas llevan 17 años a la espera de una ley de consulta previa, libre e informada. Para Redín, la ausencia de esta normativa es “la piedra fundamental de los conflictos ambientales en el país”.
Los pueblos y nacionalidades indígenas han reclamado en múltiples ocasiones no haber sido consultados sobre el desarrollo en sus territorios de proyectos petroleros, mineros o de otra naturaleza. Esto ha dado pie a plantones, marchas e incluso enfrentamientos fatales con las fuerzas públicas. La regulación de este derecho evitaría más conflictividad.
Para cumplir con esta y otras urgencias que enfrenta Ecuador, que en 2025 se convirtió en el país más violento de Latinoamérica, Melo cree que quien gane las elecciones tendrá que negociar con la Asamblea para conseguir gobernabilidad. El congreso también está dividido casi en partes iguales entre Acción Democrática Nacional y el Movimiento Revolución Ciudadana.
Chávez además exige continuidad: “Los planes de gobierno no pueden durar cuatro años, necesitamos una visión más allá de ese periodo para dejar de tambalear”.
Foto principal: el debate de segunda vuelta se realizó el 23 de marzo. Foto: Consejo Nacional Electoral
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