- Continuando con los factores que influyen en la gobernanza panamazónica, Killeen hace un recorrido por los diversos países y sus respectivas Constituciones.
- Si bien la gran mayoría fueron redactadas en años todavía recientes (algunas no superan los 30 años de antigüedad) el tema ambiental y climático no es el común denominador de todas.
- Por el contrario, muchas promueven activamente la industria, sea de hidrocarburos o minería.
Una característica distintiva de los países latinoamericanos es su tendencia a adoptar nuevas constituciones que reflejen los cambios periódicos en sus filosofías políticas. Estos documentos suelen ser extensos y contienen numerosas secciones que abordan cuestiones específicas.
Los países panamazónicos tienen constituciones relativamente recientes, todos ellos con al menos un artículo que obliga al Estado a proteger el medio ambiente. Guyana (1980) y Surinam (1987) aún mantienen las constituciones aprobadas tras su independencia, en las cuales se establece de manera sucinta el «deber» del Estado de proteger o mejorar el medio ambiente. De manera similar, las ya derogadas constituciones de Ecuador (1978) y Perú (1979), redactadas tras sus respectivos regímenes militares, también comprometían al Estado con la protección medioambiental. No obstante, en línea con la tradición de la jurisprudencia constitucional, dejaban los detalles al Poder Legislativo.
La Constitución brasileña de 1988 marcó una diferencia significativa. Contiene diez artículos dedicados a la conservación de la naturaleza y la gestión medioambiental, un enfoque temático solo superado por las disposiciones sobre la estructura del gobierno federal. Más aún, Brasil se convirtió en el primer país panamazónico en reconocer el acceso a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental.
Por su parte, la Constitución colombiana de 1991 es aún más detallada, con diecisiete artículos que establecen derechos y responsabilidades relacionados con la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. En contraste, la Constitución peruana de 1993 es menos específica, aunque reconoce la gestión medioambiental como una función esencial del gobierno.
Finalmente, la Constitución venezolana de 1999, aunque radicalmente distinta de las de Perú, Colombia y Brasil en términos de su orientación hacia un Estado socialista, no presenta diferencias sustanciales en lo referente a la protección del medio ambiente.
Las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009) marcan un cambio radical en el derecho constitucional. No solo incorporan un número extraordinario de disposiciones que, tradicionalmente, corresponden a la legislación ordinaria, relativas a la tierra, el agua, el aire, los bosques y la biodiversidad, sino que también establecen un vínculo legal entre cultura y medio ambiente.
La Constitución ecuatoriana es particularmente enfática en este aspecto, al reconocer que la Madre Naturaleza (Pachamama) posee derechos que deben ser respetados y protegidos por la sociedad humana.
Imagen de portada: Así como en Bolivia, el concepto de hidroeléctrica construida con un diseño de represa y tubería se ha implementado en algunos lugares de Brasil (Dardanelos, Mato Grosso). Crédito: Colección PAC en flickr.com.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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