- El Gobierno de Bolivia analiza la petición de mineros cooperativos. Sin embargo, asegura que este sector no quiere entrar al salar sino explotar litio en sus alrededores.
- Varios sectores civiles, e incluso legisladores, reclaman por el trato preferencial que estarían recibiendo las cooperativas mineras.
- Las cooperativas marcharon en la ciudad de La Paz y lograron reunirse con el presidente Luis Arce para hacerle varias peticiones.
- El salar de Uyuni es el reservorio más grande de litio en el mundo y hasta la fecha no hay avances en su industrialización, por eso los expertos temen que el Gobierno abra las puertas a la minería en la zona.
En Bolivia surge una nueva controversia en torno al litio. Las cooperativas mineras del país pidieron levantar de forma parcial la reserva fiscal que protege al Salar de Uyuni. La intención de este sector es explotar el litio en la reserva salina más grande de Bolivia, aunque está prohibido según mandato constitucional. Esta noticia generó el rechazo de varios sectores, mientras que el Gobierno intentó bajar el tono a los reclamos al indicar que la idea de los mineros es llegar “a los alrededores del Salar de Uyuni”.
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Todo empezó hace dos semanas, cuando la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) realizó marchas y bloqueos en la ciudad de La Paz. Tenían un pliego de demandas de 19 puntos, que al final fueron atendidas por el propio presidente Luis Arce. Una de ellas era ingresar al Salar de Uyuni para explotar litio, actividad que por ahora solo es ejecutada en un proceso piloto del Gobierno boliviano con asesoría china y rusa.
Arce convocó a los mineros, un sector aliado de su gobierno, a negociar el pliego el pasado 24 de abril y las conversaciones duraron casi toda la noche. El punto de ingresar al salar aún está en análisis. El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, explicó a medios bolivianos que la intención de Fencomin es llegar a los alrededores del salar. Sin embargo, incluso los alrededores están protegidos por esta figura legal.
Una reserva fiscal en Bolivia es un área geográfica que se declara legalmente para la preservación de recursos minerales o para otros fines de interés estatal. Por ejemplo, la reserva fiscal minera permite al Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la explotación y administración de los recursos minerales. Mientras exista ese estatus, sectores ajenos no pueden ingresar para explotar recursos como el litio.
A pesar de esto, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua analiza en este momento la petición de los mineros. “No estarían entrando al salar (de Uyuni), pero sí a los bordes del salar. Pero también está claro que esos bordes están dentro de la reserva fiscal que establece una ley de 2003”, afirmó Ruiz.
Aumentan los reclamos por el agua y el turismo
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), lamentó que las negociaciones entre mineros y Gobierno “ratifican la tendencia de los últimos años de gobernar bajo el criterio que impone el sector cooperativo”. El experto le dijo a Mongabay Latam que, en los últimos años, los cooperativistas mineros han alcanzado poder político, económico y social, además de haberse expandido y tener una incidencia grande en el empleo: nueve de cada diez mineros del país son cooperativistas, aunque se trata de un empleo precario.
“Esto les ha dado (a las cooperativas mineras) un poder que ha sido resultado del modelo que se ha venido implementando (en el Gobierno)”, detalló el investigador.
Josué Caricari es presidente de Fencomin y, al igual que el Gobierno, intentó bajar el tono a los reclamos en contra de las peticiones del sector minero. Sobre el punto de ingresar al Salar de Uyuni, afirmó que es una “sugerencia” de algunas cooperativas y que “evidentemente” será estudiada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. También aseguró que la intención de estas cooperativas es llegar a zonas aledañas al salar, pero desconoce si en esas áreas existen reservas fiscales.
Además, Caricari explicó que se pretenden autorizaciones para cooperativas mineras preconstituidas, es decir, que existen hace 30 o 40 años, antes de que se crearan regulaciones como las reservas fiscales o la autorización para explotar tierras raras —un grupo de elementos químicos vitales para la tecnología moderna—. “Los mineros conocen que existen áreas reservadas para las cuales difícilmente conseguirán autorizaciones”, dijo el dirigente en conferencia de prensa.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que reúne a entidades civiles del departamento de Potosí, donde se ubica el Salar de Uyuni, y las comunidades campesinas del ayllu Marka Tahua, que son parte del salar, rechazaron el pedido que hicieron los mineros cooperativistas. Un ayllu es un grupo de familias andinas que tienen su propia función económica, social y política. Estos sectores aseguran que se pueden afectar los reservorios de agua y el turismo.
“Nosotros, como ente cívico, no conocíamos de este pliego petitorio de los mineros cooperativistas, no estamos de acuerdo con la propuesta que han hecho llegar al Gobierno. No queremos que afecten al Salar de Uyuni, sobre todo al turismo, porque van a dejar los residuos mineros y será una calamidad”, dijo a Mongabay Latam el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, quien además agregó que si se autoriza el ingreso de la minería, el problema del agua será grave para las comunidades que viven del turismo, de la producción de quinua y del ganado camélido.
Afectación a comunidades indígenas
El asesor del ayllu Marka Tahua, Efraín Quispe, también rechazó la petición de los mineros e indicó que las comunidades indígenas que se encuentran cerca de las salmueras serán las más afectadas porque se contaminan los reservorios de agua subterránea usados para consumo humano y para sus actividades agropecuarias.
“Ya conocemos que la explotación de la minería en Bolivia ha causado un gran impacto ambiental, eso se puede ver en Llallagua (Potosí) y en Huanuni (Oruro). La minería nunca ha sido la solución, más bien es sinónimo de desastre en nuestros ecosistemas y de un gran problema ambiental”, advirtió Quispe. “Es por eso que en el ayllu Marka Tahua rechazamos la explotación minera, ya sea nacional o internacional, agregó.
El dirigente indígena cuestionó que el Gobierno de Luis Arce no cumpla con la Constitución Política del Estado de llevar a cabo las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas.
Para el asesor del ayllu Marka Tahua, el ingreso de las cooperativas mineras también dañará el ecosistema, lo que llevará a que no cuenten con ingresos económicos debido a la pérdida del ganado camélido y los reservorios de agua. “Los pueblos originarios como Marka Tahua se van a extinguir, no van a tener agua para la agricultura”, señaló.
La afectación del turismo es otra de sus grandes preocupaciones. Esto derivará —dijo— en menos ingresos económicos para las comunidades cercanas que se dedican a ese rubro. “Nosotros queremos proyectos para fortalecer el turismo, queremos preservar el salar porque queremos que nuestros hijos conozcan su esplendor. Van a colocar en riesgo este atractivo, que es único y tiene un ecosistema muy frágil”, reclamó Quispe.
En el plano legislativo, la senadora Cecilia Requena advirtió que si la minería cooperativa “ya es un desastre” en zonas como el norte de La Paz, “esto que se está acordando es todavía más desastre”. “Somos rehenes de un sector minero que se ha creado gracias a una ley nefasta aprobada durante el gobierno de Evo Morales y que ha sido hecha a medida del sector cooperativista”, expresó Requena.
La legisladora le dijo a Mongabay Latam que todo lo suscrito entre el Gobierno y los cooperativistas mineros ya estaba acordado previamente. “Lamento que el Gobierno otra vez acepte dar privilegios a los cooperativistas, siendo éste un sector que paga 0 % de impuestos, frente a la minería mediana que paga más del 30 %”, detalló.
Por ejemplo, Requena expuso que el Gobierno le garantiza a las cooperativas mineras la dotación de combustible subvencionado y dispuso que funcionarios públicos se hagan cargo de cumplir este compromiso, mientras que los mineros medianos tienen que hacer la importación directa a precio internacional y, por supuesto, pagar impuestos.
“Los mineros cooperativistas también se están antojando de las tierras raras y quieren meter las manos en la Gestora (fondo de pensiones estatal)”, dijo Requena respecto a otros puntos del pliego de petición de los cooperativistas, aunque estos aspectos aún están en mesas de análisis.
Imagen principal: Rezagos de un tiempo que se va acabando, los montículos de Uyuni son la memoria viva de la ancestral manera de trabajar la sal de las comunidades locales. Foto: El Deber.
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