- Líderes del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, en la Amazonia colombiana, dicen no conocer la iniciativa de carbono que se está desarrollando en su territorio y que ya vendió más de 3 millones de bonos.
- La empresa que lo desarrolló y la que lo auditó son las mismas involucradas en otro proyecto hecho a espaldas de la comunidad indígena que lo alberga en la cordillera andina de Colombia y que fue suspendido por orden de un juez.
- El mayor comprador de créditos en este nuevo proyecto opaco ha sido, al igual que en el anterior, la petrolera estadounidense Chevron.
- Tanto desarrolladora como auditora y certificadora se han negado a entregar información del proyecto a Pepe Cham, representante legal de la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar).
Desde septiembre de 2022 y hasta mayo de 2024, la filial colombiana de la petrolera estadounidense Chevron compró 3 millones de créditos de carbono a una comunidad indígena en la Amazonia colombiana.
Esos créditos le permitieron a la petrolera compensar parte de su huella ambiental en Colombia. Usó el mecanismo de mercado llamado Redd+, que le da valor a los resultados positivos de conservación del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, y redujo así el impuesto al carbono que debía pagar al Estado colombiano, por ser la suya una actividad económica altamente contaminante. Cada bono o crédito usado equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que en teoría ya no sube a la atmósfera producto de ese esfuerzo ambiental.
Esta sería una buena noticia, salvo por el hecho de que miembros de la comunidad indígena que alberga el proyecto dicen no conocerlo. Seis líderes del resguardo Ríos Cotuhé y Putumayo, en el trapecio amazónico en el extremo sur del país, dijeron a esta alianza periodística no tener ninguna información relativa a los documentos, las actividades o los recursos generados por la iniciativa llamada ‘Conservando la Vida del Mundo, Mowíchina arü Maü, Ríos Cotuhé y Putumayo’ que actualmente se lleva a cabo dentro de su territorio colectivo.
Esta es la segunda vez que Chevron usa los resultados ambientales de una comunidad indígena que argumenta no saber siquiera de la iniciativa en cuestión.
Entre octubre de 2022 y junio de 2024, la petrolera estadounidense compró y usó 1,1 millones de créditos de carbono provenientes del proyecto Pachamama Cumbal, ubicado en los páramos y bosques nublados cuidados por un resguardo indígena en Nariño, en las montañas del suroccidente de Colombia. Entonces surgieron reclamos de indígenas pasto del resguardo del Gran Cumbal. Aseguraron que no estaban enterados de la existencia de esa iniciativa, como reveló una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) de junio de 2023. Un grupo de ellos llevó el proyecto a los tribunales. Jueces de primera y segunda instancia les dieron la razón. Fallaron confirmando la violación de sus derechos fundamentales.
Chevron se defendió en esa ocasión diciendo que confiaba en que dicho proyecto contaba “con los permisos y aprobaciones de la respectiva autoridad de gobierno indígena y también (…) los procesos de socialización respectivos”. La petrolera dijo tener un robusto proceso de debida diligencia para garantizar que invertía en iniciativas de alta calidad, asegurando que “nuestras compensaciones tienen un grado de cumplimiento aceptadas por los gobiernos en las regiones donde operamos”.
Ambos proyectos, el de Cumbal y el de la Amazonia, fueron desarrollados por la misma empresa mexicana, Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., evaluados por la misma firma auditora, Deutsche Certification Body S.A.S., y autorizados para llegar al mercado de carbono por la misma certificadora, ColCX. A eso se suma que, pese a que la relación entre desarrolladores y auditores debe ser independiente e imparcial, la directora general de Global Consulting fue socia fundadora de Deutsche Certification Body, según reveló la investigación periodística de 2023. Es decir, la empresa donde hoy trabaja contrató a su antigua firma para que auditara su proyecto, creando un potencial conflicto de interés para ambas compañías.
Pese a estos antecedentes de las empresas involucradas, Chevron Petroleum Company –filial de Chevron Global Energy Inc. en Colombia y propietaria de 460 estaciones de gasolina de marca Texaco en el país– volvió a comprar créditos de una iniciativa en que éstas participaban. Al menos 1,3 millones de los bonos comprados por Chevron al proyecto en Cotuhé Putumayo fueron usados después de que dos jueces ordenaran la suspensión del otro proyecto en Nariño. Este es el hallazgo principal de esta nueva investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam, con apoyo del Centro Pulitzer y publicada en conjunto con Drilled, como parte de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 13 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.
También se encontró que Chevron usó casi un millón de esos bonos provenientes de la Amazonia después de que la entidad que vigila a todos los auditores en Colombia suspendió la acreditación de Deutsche Certification Body. En total, la petrolera compró 1,8 millones tras las revelaciones periodísticas sobre el caso Cumbal.
Chevron argumenta que el proyecto en el resguardo Cotuhé Putumayo en ningún momento reportó problemas y que Global Consulting le dijo que las autoridades indígenas negaban que hubiese un conflicto en el resguardo, aunque aclaró que ya no tiene ninguna relación comercial con la empresa desarrolladora.
Esos hechos levantan preguntas serias sobre los estándares de debida diligencia de una de las mayores empresas de combustibles fósiles del mundo. El mecanismo llamado Redd+ promete ser una innovadora solución financiera que enlaza a empresas que quieren pagar para compensar su huella de carbono con comunidades locales que cuidan bosques estratégicos para mitigar la crisis climática global. No obstante, en algunos casos estas comunidades podrían no estar siquiera beneficiándose del trato.
Un proyecto a 100 años en el trapecio amazónico
En septiembre de 2022, la certificadora colombiana ColCX aprobó el proyecto Redd+ Conservando la Vida del Mundo, Mowíchina arü Maü, Ríos Cotuhé y Putumayo, que describe en su registro público como “una iniciativa de los pobladores indígenas tikuna del resguardo de los Ríos Cotuhé y Putumayo, representados por el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar), su organismo de gobernanza” a lo largo de un periodo de 100 años.
El centro del proyecto -que significa ‘vida de la diosa de los ríos Cotuhé y Putumayo’ en lengua tikuna o poguta- es ese territorio indígena de 2450 kilómetros cuadrados (o el tamaño de Luxemburgo), que atraviesa la parte norte del trapecio amazónico colombiano desde la frontera con Perú hasta casi la de Brasil. Lleva el nombre de los dos ríos que lo atraviesan: el Cotuhé que fluye hacia el norte desde el Parque Nacional Amacayacu hasta encontrarse con el poderoso Putumayo o Içá, afluente del Amazonas, justo antes del pueblo de Tarapacá. En su interior viven doce aldeas indígenas que suman 2024 personas, en su mayoría del pueblo tikuna, aunque también hay indígenas okaina, bora y uitoto. La selva allí está en buen estado de conservación, aunque en años recientes se han detectado dragas de minería ilegal de oro en los dos ríos.
La Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar), la autoridad indígena que históricamente ha gobernado en el resguardo, figura como propietaria del proyecto, mientras la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. aparece como desarrolladora.
Varios líderes del resguardo, sin embargo, dicen no conocer la iniciativa que debería traerles ingresos para respaldar su trabajo de cuidado de una porción del mayor bosque tropical húmedo del mundo y cubrir sus necesidades básicas. La mayoría de aldeas del resguardo presentan un nivel entre regular y crítico de acceso a servicios públicos como energía eléctrica, alcantarillado, tratamiento de basuras y agua potable, según la matriz de Indicadores de Bienestar Humano Indígena (IBHI) que construyó el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi de la mano de las comunidades.
“Cero en todos los aspectos: cero información, cero participación, cero beneficios. No tenemos ningún documento, no sabemos qué se vendió, ni conocemos en qué se invirtió”, dijo Pepe Cham García, un líder indígena tikuna y actual representante legal de Cimtar, a esta alianza periodística.
“La gente no tiene conocimiento de si se avanzó o no, y eso genera preocupación. No sabemos si hubo algún desembolso, nada concreto. Ninguna información hubo de las personas responsables”, dijo por su parte José Herlinton Pérez, quien fue autoridad de la aldea de Puerto Nuevo en este resguardo.
Que dos líderes de esa comunidad digan que no les han dado información ni participación del proyecto significa que éste podría estar incumpliendo varias de las salvaguardas sociales y ambientales contempladas para este tipo de iniciativas en Colombia. Esto incluye obligaciones de ser transparente en la información, de contar con el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, de asegurar la participación plena y efectiva de sus beneficiarios, y de rendirles cuentas de sus resultados económicos.
Los indígenas de Cotuhé Putumayo no conocen mayores detalles del proyecto porque la certificadora ColCX no publica en su plataforma el documento de diseño de proyecto (PDD, en la jerga del sector) que sustenta cualquier iniciativa ni el informe del auditor, Deutsche Certification Body, que precede a su aprobación y autorización para vender créditos en el mercado voluntario de carbono. Algo similar ocurrió en el caso Cumbal en Nariño.
Esta alianza periodística ha solicitado a ColCX acceso a los documentos del proyecto desde diciembre de 2022, en el marco de un mapeo de proyectos y actores del mercado de carbono que esta alianza periodística publicará pronto. A diferencia de sus competidoras, la estadounidense Verra y las colombianas Cercarbono y BioCarbon Registry (antes llamada ProClima), ColCX es la única certificadora que opera en Colombia que no los hace públicos para todos sus proyectos.
La respuesta de la certificadora -cuya empresa matriz Canal Clima forma parte de Valorem, el holding empresarial de la familia Santo Domingo, una de las más ricas y poderosas del país- ha sido negativa en todas las ocasiones.
En enero de 2023, su gerente técnica Catalina Fandiño dijo por correo electrónico a CLIP que “el documento de diseño de cada uno de los proyectos es de carácter confidencial y es propiedad de la comunidad y/o desarrollador”, pero que los solicitaría al desarrollador. Dos meses después, añadió que “no obtuvimos aprobación para compartir la información solicitada”. En abril de 2024, ante una nueva petición, su director Mario Cuasquén dijo no poder hacerlo debido a “una cláusula de confidencialidad que obliga a las partes a abstenerse de divulgar más información”. En septiembre de 2024, Cuasquén explicó que el caso Cumbal suscitó un proceso de autocrítica en la empresa del grupo Santo Domingo y que hicieron cambios significativos a su política interna, que ahora sí permite publicar dichos documentos. Pero advirtió que no podían hacerlo para los casos de Global Consulting debido a dicha cláusula.
Los indígenas del Cimtar, que son teóricamente los propietarios del proyecto, no han tenido mejor suerte encontrando esa información.
Derechos de petición sin responder
Poco después de asumir la representación legal de Cimtar, Pepe Cham decidió escribir a los responsables de la iniciativa. El 25 de octubre de 2022, envió una carta a ColCX presentándose y solicitando información sobre el proyecto dado que, en sus palabras, “presume estar ubicado en nuestro territorio”.
“Ni yo como representante legal ni los otros miembros del Comité Ejecutivo de Cimtar tienen conocimiento del contenido, condiciones y acuerdos que sustentan este proyecto y no hemos tenido contacto con la empresa Global Consulting And Assessment Services S.A de C.V.”, les dijo, según evidencian los correos electrónicos que Cham mostró a esta alianza periodística.
Dos semanas después, el director de ColCX, Mario Cuasquén, le respondió que desde su perspectiva como certificador, el proyecto “se ha venido ejecutando en debida forma, bajo el amparo del Contrato de Mandato No. 008-2019 celebrado entre Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá Cimtar”.
La certificadora le remitió a Cham una carta en la que Bárbara Lara de Global Consulting expresó a ColCX que “todas las actividades relacionadas con el diseño, implementación y ejecución del proyecto que a la fecha ha realizado Global Consulting se encuentran autorizadas por (…) Cimtar y cobijadas bajo el contrato de Mandato No. 008 de 2019 suscrito entre Global Consulting y el Resguardo Cotuhé Putumayo – Cimtar”. Explicó que el antecesor de Cham en el cargo de representante legal, Marcelino Sánchez Noé, firmó ese contrato y que luego, el 21 de marzo de 2022, envió una carta autorizando el inicio del proyecto.
La empresaria mexicana dijo también que se habían enterado del cambio de representante legal en el resguardo, pero señaló que sabía que Sánchez había interpuesto un recurso de reposición contra la resolución del Ministerio del Interior que confirmaba dicho cambio. La empresa, dijo, se abstendría de intervenir hasta que esa situación se resolviera. “Global ha decidido mantenerse imparcial y a la espera a que el recurso de apelación (…) sea resuelto por el despacho del Viceministro, toda vez que hasta que aquello no ocurra, no podrá celebrar actos con el Sr. Pepe Cham García relacionados con el proyecto”, escribió Lara.
Dos meses después, el penúltimo día del 2022, la viceministra Lilia Solano confirmó la decisión original del Ministerio del Interior y ratificó a Pepe Cham como representante legal de Cimtar.
El líder indígena reconocido oficialmente por el Estado colombiano, sin embargo, no recibió respuesta de Global Consulting a su solicitud.
Año y medio después, a mediados de 2024, Pepe Cham inició una nueva ronda de cartas buscando información sobre el proyecto de carbono activo en su territorio.
En un derecho de petición enviado a Global Consulting el 9 de agosto, Cham una vez más enfatizó a la empresa que “la comunidad y los actuales líderes no tenemos conocimiento pleno del proyecto y sus condiciones, situación que afecta a ambas partes considerando las mencionadas salvaguardas” y que su predecesor Marcelino Sánchez no tenía dicha información.
“La comunidad de Cimtar tiene el derecho, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional, de tener información y conocimiento pleno de este proceso”, añadió, solicitando los documentos que se refieran a “el objetivo, la duración, el área, las condiciones de implementación, las condiciones de financiación y las condiciones administrativas” de la iniciativa. Además, pidió documentos probando la socialización del proyecto con los habitantes del resguardo y “en especial (…) información sobre los beneficios económicos obtenidos por el proyecto y la forma como han sido distribuidos en la comunidad de Cimtar, especificando montos, personas beneficiadas, proyectos beneficiados, así como las condiciones de modo, tiempo y lugar del desembolso de los recursos”.
Cham dijo a esta alianza periodística que, más de seis meses después, no ha recibido respuesta de la empresa mexicana.
Ese mismo 9 de agosto, Cham mandó un derecho de petición similar a ColCX, reiterando los mismos puntos. El 3 de septiembre, Mario Cuasquén le respondió aunque no lo hizo de fondo. Argumentó que el derecho de petición era improcedente, volvió a decirle al representante legal de Cimtar que no estaba autorizado para entregarle la información solicitada “en atención a los acuerdos contractuales de confidencialidad vigentes” y explicó que desconocía parte de esos datos, sobre todo los financieros. Cerró diciéndole que “el proyecto (…) puede consultarse públicamente en la página web de ColCX”, pese a que justamente esa plataforma no incluye documentos básicos como el PDD ni el informe de auditoría.
Frustrado por esta falta de respuesta, Cham pidió ayuda a tres entidades públicas. El Ministerio de Ambiente, que supervisa el mercado de carbono, respondió que “no ha obtenido respuesta por parte de la empresa Global Consulting”, mientras que el Ministerio del Interior, que vela por los derechos de las minorías étnicas, y la Defensoría del Pueblo no dieron respuesta.
Esta alianza periodística solicitó entrevistas con Bárbara Lara de Global Consulting desde marzo de 2025, pero no ha obtenido respuesta.
Una historia de dos Cimtar
El 18 de marzo de 2025, Marcelino Sánchez Noé, el líder indígena que firmó el contrato que sustenta el proyecto, envió a esta alianza periodística un correo electrónico presentándose como representante legal del Consejo Indígena Mayor de Tarapacá Amazonas (Cimtar) y adjuntando una carta cuyo contenido nos abstenemos de revelar por solicitud expresa del remitente, en la que exigió no hacer reportería sobre el tema.
Tres días después, Sánchez escribió un nuevo e-mail, copiando a Bárbara Lara de Global Consulting, adjuntando de nuevo dicha carta y subrayando su trayectoria en liderazgo indígena de 15 años. “En estos momentos la prioridad que tenemos es la formalización de nuestra Entidad Territorial Indigena y posterior liquidación de la Asociación [Cimtar]”, escribió en el texto del correo electrónico. Hasta la fecha de publicación, Marcelino Sánchez no ha respondido a solicitudes de entrevista ni a preguntas específicas sobre el proyecto de carbono.
El título que usa Sánchez en sus comunicaciones subraya una de las complejidades del caso: hay dos instancias de gobernanza que coexisten en Cotuhé Putumayo. Por un lado está el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá que lidera Pepe Cham desde enero de 2022 (y reconocido por el Ministerio del Interior en abril de 2022) y, por el otro, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá Amazonas que lidera Marcelino Sánchez desde marzo de 2022. Ambos usan la sigla Cimtar.
Esto ocurre porque el resguardo está en proceso de cumplir el viejo sueño de convertirse en una entidad territorial indígena (ETI) con funciones político-administrativas. Se trata de una promesa que viene desde la Constitución de 1991 que declaró a Colombia un país pluritétnico, pero que se ha venido implementando por partes. En 2018, el gobierno de Juan Manuel Santos plasmó en un decreto la ruta para que los territorios indígenas en las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés sean incorporados al ordenamiento nacional con una categoría similar a la de los municipios. A partir de ese momento, los territorios empezaron a crear y formalizar sus consejos indígenas, que son la figura de gobierno local –como el alcalde para los municipios- que les asignó la Constitución. Mientras se lleva a cabo esa transición, y una sustituye a la otra como órgano de gobierno interno que eventualmente administrará y ejecutará recursos públicos de forma directa, las dos conviven.
Según los líderes del cabildo, el acuerdo al que llegaron en Cotuhé Putumayo en 2019 era que crearían el consejo indígena, pero que éste sólo asumiría las responsabilidades del cabildo cuando ya esté funcionando plenamente la nueva figura de ordenamiento territorial. “Todo el mundo sabe que la asociación [cabildo] está hasta el punto final en que nos convertimos en entidad territorial indígena”, dice Rafael Ahuanary, otro líder indígena local.
Las cosas se vuelven aún más confusas precisamente porque ambas instancias de gobierno en el resguardo -cabildo y consejo- usan la misma sigla de Cimtar.
ColCX no quiso responder a las preguntas de esta alianza sobre el proyecto aduciendo haber recibido el 18 de marzo una “solicitud de no difusión de información”. Según la certificadora, esa comunicación le instruyó que “como órgano de representación y autoridad en nuestra comunidad, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá es el único ente facultado para tomar decisiones sobre la divulgación y manejo de la información relacionada con nuestro resguardo indígena”, razón por la cual ColCX tomó la decisión de “ abstenerse de entregar información escrita o verbal sobre el proyecto”. Por último, la certificadora invitó a consultar la información pública de la iniciativa en su plataforma, que -como se mencionó anteriormente- no incluye ni el PDD ni el informe de auditoría.
A pesar de que ColCX aceptó el pedido de no difusión de información solicitado por el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá, hay un punto crucial: la plataforma de la certificadora no menciona en ningún momento a esa organización, sino que lista públicamente al Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar) como “propietario” del proyecto y “organismo de gobernanza” del resguardo. La declaración de validación del proyecto también indica que quien “obra en representación de la comunidad del resguardo de los ríos Cotuhé y Putumayo” es el Cabildo Indígena.
Esta alianza periodística le preguntó a ColCX con cuál de las dos instancias -cabildo o consejo- interactúa, con qué fundamento tomaba partido por una de ellas y por qué no ha respondido las solicitudes de hace meses de Pepe Cham de acceso a los documentos del proyecto, pero la certificadora no respondió. Tampoco respondió quién le envió el oficio pidiéndole no hablar de la iniciativa Redd+.
Más allá de quién tiene la razón sobre cuál es la máxima instancia de gobernanza en el resguardo, un problema de fondo persiste: ¿por qué los habitantes del resguardo Cotuhé Putumayo no tienen acceso a la información detallada sobre el proyecto de bonos de carbono en su territorio?
Los vínculos entre desarrolladora y auditora
¿Cómo pudo un proyecto Redd+ ser aprobado y recibir permiso para vender bonos en el mercado voluntario de carbono si los indígenas que supuestamente participan en su desarrollo desconocen su existencia?
¿Cómo pudo la 29ª empresa más grande del mundo por ingresos comprar los resultados ambientales de una comunidad indígena sin que quienes los produjeron hubieran recibido algo a cambio?
Las respuestas a estas preguntas parece tener, al igual que en Cumbal (Nariño), dos patas: una maraña de posibles conflictos de interés por un lado y una falta de debida diligencia por otra.
Dentro de la cadena de valor del carbono, un proyecto solo llega a la fase de certificación y emisión de bonos tras haber pasado una evaluación por parte de un auditor externo, un tercero contratado por el desarrollador, pero que debe ser independiente e imparcial frente a éste. Aunque el informe de auditoría de Cotuhé Putumayo sigue sin ser público y la certificadora ColCX se niega a publicarlo, de entrada ya hay un problema de fondo: los múltiples vasos comunicantes entre la empresa desarrolladora y la auditora ponen en duda esa distancia.
El vínculo más claro y quizás problemático es que Bárbara Lara Escoto, la gerente de Global Consulting, fue socia fundadora y accionista de la Deutsche Certification Body, según consta en documentos corporativos registrados en la cámara de comercio, algo que la investigación periodística original sobre el caso Cumbal ya había mostrado. Eso significa que la firma mexicana contrató a los antiguos socios de negocios de su gerente para que evaluaran su proyecto.
Hay también vínculos en la dirección contraria. Óscar Gaspar Negrete, el presidente y accionista único de Deutsche Certification Body a junio de 2022 y quien firmó los certificados de validación y verificación del proyecto Cotuhé Putumayo, aparece también en dos documentos corporativos de Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. disponibles en el Registro Público de Comercio de México. En uno de 2016 figuraba como comisario de su órgano de vigilancia, un rol que suele ser escogido por la asamblea de socios. En otro de 2019 aparecía como “representante y/o delegado de la asamblea de socios”.
En otras palabras, Gaspar Negrete no solo fue socio accionista de Bárbara Lara en la auditora colombiana, sino que también estuvo vinculado a la empresa mexicana que ella gerencia y que desarrolló el proyecto con Cimtar. Ambos hechos sugieren que las empresas podían tener un doble conflicto de interés, dado que un auditor de proyectos de carbono debe “permanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, así como libre de sesgos y conflictos de intereses”, según señala una de las normas internacionales ISO que regulan su trabajo y rige en Colombia.
Ni Deutsche Certification Body ni Global Consulting respondieron a solicitudes de entrevista enviadas desde marzo de 2025.
En octubre de 2023, dos meses después del fallo de un juez de segunda instancia contra el proyecto Pachamama Cumbal, la auditora Deutsche Certification Body perdió su acreditación. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) decidió retirarle la acreditación que tenía desde 2021 para evaluar proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, incluidos los Redd+ como el de Cotuhé Putumayo. Un mes después, el comité de apelaciones de ONAC confirmó y dejó en firme esa decisión. Esto significa que puede continuar auditando proyectos en Colombia pero, en palabras de la ONAC, “ya no está autorizado para emitir informes ni certificados bajo la condición de acreditado, ni utilizar el símbolo de acreditado, ni hacer referencia a la condición de acreditado”.
Las razones por las cuales la auditora fue sancionada son menos claras. La ONAC denegó una solicitud de esta alianza periodística de acceder a las actas o al expediente que soportaron la decisión, señalando que “solo podemos compartir información que haya sido publicada oficialmente”, debido a normas internacionales y cláusulas de confidencialidad firmadas con sus acreditados. Su decisión fue tomada cinco meses después de la publicación del CLIP detallando posibles conflictos de interés entre Deutsche Certification Body y Global Consulting.
Hay otros puntos adicionales que preocupan a los indígenas de Cotuhé Putumayo. Primero, dicen no entender cómo el proyecto terminó siendo desarrollado por Global Consulting dado que, según el relato de los seis líderes consultados, hubo una reunión inicial de socialización en la aldea de Puerto Huila hacia 2019, en donde discutieron un posible proyecto con una empresa llamada Taita Samay S.A.S. Un líder dice recordar que Taita Samay lideraba la propuesta, con Global Consulting figurando como un apoyo para preparar los documentos del proyecto y hacer el trabajo social. Dicen no saber aún cuándo ni con cuál empresa fue firmado el contrato que dio pie al proyecto.
En cualquier caso, los seis líderes insisten en que en esa primera reunión no se firmó un contrato, sino que su propósito era esbozar la ruta hacia un eventual proyecto. “Llegamos a unos acuerdos para comenzar a trabajar, planear cómo sería para adelante. Quedó el compromiso de volvernos a reunir para [recorrer] el camino planificado de trabajo, pero eso nunca se dio”, dice Jhovanny Carvajal, quien es autoridad tradicional de la aldea de Puerto Huila y estuvo en esa reunión. “Hasta la fecha todos nos hemos preguntado en qué está, porque no hay información clara y veraz sobre la situación”, coincide Antonio Supelano, líder de la aldea Ventura que también asistió ese día.
También entre estas dos empresas hay vasos comunicantes. Como probó el CLIP en otra investigación, Global Consulting y Taita Samay comparten figura visible: Bárbara Lara Escoto, la directora general de Global Consulting, también es la representante legal de Taita Samay (cuyo nombre significa ‘descanso del padre’ en quechua) desde 2019.
Los seis líderes indígenas tampoco se enteraron cuándo el proyecto de Global Consulting entró al mercado de carbono. Al punto que tres años después, en noviembre de 2022, se reunieron en la aldea de Buenos Aires con otra empresa distinta del mercado de carbono llamada Allcot para explorar la posibilidad de hacer un proyecto juntos. No pasaron de esa primera reunión porque en ese momento se percataron de la existencia de la otra iniciativa.
“Lo detectamos allí, pedimos información, no la obtuvimos y vimos que tenía mucho riesgo entrar en un proyecto”, confirmó a esta alianza periodística Mercedes García Madero, directora técnica de Allcot. Aunque los indígenas de Cimtar ignoraran la existencia del otro proyecto activo y no hubiesen visto jamás sus documentos, el riesgo de iniciar un segundo proyecto en el mismo lugar era que todos terminaran vendiendo el mismo resultado ambiental dos veces –algo conocido en el mercado de carbono como doble contabilidad–.
Para complejizar aún más la situación, una de las aldeas que forma parte del resguardo, los tikuna o magutá del caño Pupuña en la frontera con Perú, son considerados un pueblo indígena en contacto inicial (también conocido como PICI) y, por tanto, requieren protección adicional a raíz de su vulnerabilidad. El resguardo también colinda con el área donde viven dos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (o PIA) que aún alberga la selva amazónica colombiana: los yuri – passé. En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior de Colombia estableció una zona intangible en inmediaciones del Parque Nacional Río Puré y una zona amortiguadora al lado para protegerlos. La existencia de los yuri – passé fue probada gracias a la investigación del fallecido experto Roberto Franco en su célebre libro Cariba malo en 2012 y al conocimiento de los indígenas vecinos.
La petrolera compradora
Al igual que ocurrió con la iniciativa hecha de espaldas a los indígenas pasto en los bosques andinos y páramos de Nariño, el mejor cliente del proyecto en Cotuhé y Putumayo ha sido la petrolera estadounidense Chevron.
Entre septiembre de 2022 y mayo de 2024, Chevron Petroleum Company –la principal filial en Colombia de Chevron Global Energy Inc.– usó 2,98 millones de créditos del proyecto para reducir la carga tributaria por el impuesto al carbono en Colombia, según los registros públicos de la plataforma de transacciones de la certificadora ColCX. Una segunda filial llamada CI Chevron Export S.A.S. usó otros 21 427 bonos. Otras empresas que también usaron los bonos de los indígenas tikuna incluyen a la distribuidora de gasolina Zeuss S.A.S. con 387 000, la empresa Alberto Ochoa y Cia S.A.S. con 2730 y OZ EDS S.A.S. con 500.
Una parte significativa de esos créditos fueron usados por Chevron posteriormente a que se conocieran los problemas que involucraban a la desarrolladora Global Consulting y a la auditora Deutsche Certification Body en el proyecto en Nariño. Desde que la iniciativa Pachamama Cumbal fue suspendida por un juez en julio de 2023, la petrolera usó 1,3 millones de créditos del proyecto que los indígenas de Cimtar dicen desconocer. Y desde que la ONAC retiró la acreditación de Deutsche Certification Body, la petrolera usó un millón de bonos.
Chevron confirmó que compró créditos del proyecto en Cotuhé Putumayo a través de Global Consulting, con la que -en sus palabras- “en su momento tuvimos un acuerdo comercial” pero que “hoy Chevron Colombia no tiene vinculación contractual con el desarrollador de ese proyecto ni tampoco canjea bonos de los proyectos mencionados ni de otros proyectos”. (Ver la respuesta completa de Chevron acá).
Según la petrolera, “Global Consulting en ningún momento reportó inconvenientes sociales ni ambientales en el resguardo de Cotuhé y Putumayo, ni en ningún otro proyecto [y] sus informes resaltaban que todos los parámetros legales y normativos se estaban cumpliendo”. La empresa añadió que de la desarrolladora “recientemente nos hicieron saber que las autoridades indígenas del resguardo han negado conflictos sociales causados por este proyecto”. No respondió qué autoridades lo afirmaron ni quién se los preguntó. Tampoco dijo cuánto pagó por los bonos de Cotuhé Putumayo, ni listó los proyectos a los que ha comprado créditos en los últimos cinco años.
Sobre los problemas legales del proyecto de Global Consulting en Nariño, Chevron dijo que “estuvo al tanto de la situación jurídica alrededor del proyecto Pachamama Cumbal, razón por la cual, una vez se conoció la tutela radicada por algunos miembros del resguardo, le solicitamos a nuestro proveedor suspender el canje y retiro de certificados de ese proyecto”. No respondió a la pregunta de por qué usó 1,5 millones de bonos de otro proyecto desarrollado, auditado y certificado por las mismas empresas involucradas en el de Cumbal después de los fallos judiciales.
La petrolera tampoco mencionó que, como reveló otra investigación del CLIP, canjeó casi 289 000 créditos de Pachamama Cumbal después de la suspensión por orden judicial, algo que en su momento atribuyó a que su “proveedor adquirió sin previo aviso bonos de dicho proyecto para Chevron Colombia, los cuales no fueron advertidos oportunamente en nuestros procesos internos y por error terminaron haciendo parte del proceso de compensación de dicho periodo”.
Chevron no respondió a preguntas sobre qué procedimiento de debida diligencia lleva a cabo para evaluar la calidad de los créditos de carbono que compra ni quién toma las decisiones de esas compras en la empresa.
A la pregunta de si los problemas de Cumbal les generaron alguna autocrítica, la empresa dijo que “después de analizar la información periodística alrededor del proyecto en Nariño, pusimos en marcha una estrategia para mejorar los procedimientos y salvaguardas internas” e “iniciamos una revisión para garantizar la viabilidad de los proyectos en los cuales se invierte, que incluye la participación de actores internacionales de la corporación para evaluar los proyectos futuros”. No detalló esos procedimientos.
La suma de peculiaridades —un proyecto desconocido por sus beneficiarios, documentos que no son públicos, vínculos no declarados entre desarrollador y auditor, un certificador que niega información a la comunidad y un comprador que desconoce la realidad del proyecto en el terreno— han sembrado dudas sobre la legitimidad de la iniciativa ambiental en el resguardo Cotuhé Putumayo.
Por estos motivos, el pasado 24 de abril Pepe Cham interpuso una acción de tutela en nombre del cabildo solicitando que se proteja el derecho fundamental de petición que, a su juicio, les ha violado Global Consulting. Cham escribió en su acción judicial que “al tener el control total de la información relacionada con el desarrollo del proyecto y negar el acceso efectivo a la misma a la Asociación Cimtar mediante la abstención a responder el derecho de petición”, la empresa desarrolladora “evidencia su posición dominante así como la indefensión y subordinación en la cual queda Cimtar, al serle negado el acceso a la información y documentación contractual donde se supone la misma Asociación es parte y frente a un proyecto Redd+ que se adelanta presuntamente en su territorio”.
El 8 de mayo, el juez Henry Geovanny Ramírez dio la razón a Cham, ordenando a Global Consulting y a una empresa filial suya en Colombia llamada SPV Business S.A.S. “emitir una respuesta de fondo, clara, concreta y congruente a la petición” en un lapso de dos días hábiles tras la notificación judicial. Según el juez, a Global Consulting “no le asiste razón (…) al negarse a responder” las solicitudes de información de Cimtar.
Cuatro días después, Global Consulting denegó la solicitud de información del cabildo Cimtar, argumentando que una respuesta a un derecho de petición puede ser negativa si explica las razones para ello. En su respuesta este lunes 12 de mayo, Bárbara Lara señaló que la información solicitada «reúne las condiciones para ser considerada un secreto empresarial» y que «tiene un valor comercial derivado de su confidencialidad». Lara también argumentó que el contrato no se firmó con el cabildo sino con el resguardo, a través del consejo representado por Marcelino Sánchez, y que por tanto «no existe fundamento jurídico ni contractual para acceder a lo solicitado» por Pepe Cham.
Aún así, los líderes de Cotuhé Putumayo confían en lograr que el dinero que ya generó el proyecto de bonos de carbono pueda llegar a su territorio, para financiar necesidades como salud o educación de sus habitantes. “Estamos en busca de una buena salida, del beneficio colectivo”, dice Jhovanny Carvajal. “Si todo se hubiera hecho bien planificado y organizado, no tendríamos tantas carencias”, dice José Herlinton Pérez.
Como le dijo el líder indígena Pepe Cham al Ministerio de Ambiente en otra carta de enero de 2025, “se trataría de un proyecto Redd+ que nos pertenece y del que somos dueños, pero del que no tenemos información alguna, ni un solo documento contractual”.
Ilustración de portada: Miguel Méndez
Este reportaje contó con apoyo de los Rainforest Reporting Grants del Centro Pulitzer
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