- La sentencia reconoce la vulneración de derechos fundamentales de los pueblos indígenas colombianos ante la minería y la contaminación por mercurio.
- El tribunal acordó que el Gobierno de Colombia iniciará un trabajo conjunto con la Instancia de Coordinación del Yuruparí para construir un plan de acción compartido.
- Las autoridades indígenas destacan la sentencia como resultado de un proceso colectivo e intercultural y como herramienta jurídica clave para proteger el territorio.
- Son 30 las comunidades indígena de la Amazonía de Colombia que se favorecen con el fallo.
La Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia histórica a favor de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Este alto tribunal encontró que 30 comunidades del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí están en riesgo de perder su identidad y desaparecer por la explotación de oro con mercurio en los ríos Caquetá y Apaporis.
La Corte ordenó su protección por el alto riesgo al que están sometidas estas etnias debido a la contaminación de aguas, peces e, incluso, de personas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acompañará los estudios de contaminación que instruyó el tribunal.
En la Sentencia T-106 de 2025, que fue expuesta por la magistrada Diana Fajardo Rivera y que tuvo la participación de los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, la Corte protegió los derechos de cinco autoridades indígenas que son los representantes de 30 pueblos amazónicos colombianos. Los afectados, desde 1989, denuncian las graves consecuencias y los problemas que atraviesan debido a la contaminación.
“Los pueblos indígenas del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí destacamos que la Corte Constitucional constata que la minería del oro y el uso de mercurio han causado un riesgo para nuestro sistema de conocimiento, el cual ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, declaró en un comunicado de prensa el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, organización que comprende 30 pueblos indígenas amazónicos, tres familias lingüísticas y que viven en ocho millones de hectáreas.
Según esta organización indígena, el riesgo por la contaminación de mercurio se ha agravado y se intensificó ante las “barreras administrativas y la mora estructural del Estado para formalizar los territorios como Entidades Territoriales Indígenas”. Los 30 pueblos amazónicos aplauden las medidas adoptadas por la Corte Constitucional y ven que es el resultado de una lucha de años debido a una severa contaminación del agua, los peces —que es la fuente principal de proteína de esos pueblos— y, por consiguiente, de las personas.
Los impactos no se reducen a la salud física, el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí también han visto alterado el ciclo de su medicina tradicional, su soberanía alimentaria y su identidad cultural.
En ese sentido, la Corte colombiana declaró que la identidad y pervivencia de la “gente de afinidad del Yuruparí están en riesgo, al igual que su derecho a la salud -en su dimensión individual y colectiva- y su seguridad y soberanía alimentaria”.
Según un informe que publicó la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2024, en 29 de los 32 departamentos colombianos existe actividad minera ilegal. En estas regiones se ha detectado, en ambientes naturales, la presencia de mercurio, comúnmente utilizado para separar los metales preciosos de sedimentos sin valor.
Unas 70 000 hectáreas a lo largo de Colombia están contaminadas por mercurio, un elemento altamente tóxico que pone en riesgo las fuentes de agua y la salud de poblaciones cercanas a las zonas de explotación ilegal.
Los territorios afectados abarcan al menos el 50 % de los municipios del país. Las principales afectaciones se registran en los departamentos de Antioquia (noroeste), Chocó (oeste), Boyacá (centro), Santander (noreste) y Bolívar (norte), señala el informe oficial.
Seguimiento del Gobierno
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Lena Estrada Añokasi, anunció que su cartera acompañará los estudios complementarios en los ríos amazónicos y pidió “voluntad política” a otras entidades del Gobierno para proteger los pueblos de la Amazonía. El fallo menciona a los ministerios de Interior y Salud.
“La Corte Constitucional nos ha dado una hoja de ruta que es clara. Es nuestro turno de demostrar que el Estado puede trabajar unido con los gobiernos indígenas”, afirmó Estrada en rueda de prensa en Colombia. La autoridad añadió que está en riesgo “la identidad y pervivencia de la gente de afinidad del Yuruparí por el envenenamiento del territorio, las amenazas a sus líderes y la ausencia de coordinación y articulación interinstitucional”.
Estrada anunció que, por el momento, se está priorizando la primera orden dictada por la Corte: la de crear una instancia de diálogo ambiental y sobre minería con la participación de diversas entidades y comunidades. “Como Ministerio de Ambiente vamos a acompañar esta instancia, vamos a darle la relevancia necesaria para que las autoridades puedan avanzar como unas autoridades más autónomas”, dijo.
Antonio Matapí, autoridad del territorio Mirití Paraná, expresó que el fallo del alto tribunal “no es solo para nuestro macroterritorio, es un camino que hemos trazado para que otros gobiernos indígenas también puedan avanzar. La sentencia es una herramienta jurídica para proteger la vida y nuestros conocimientos ancestrales”.
La Corte también ordenó tanto a la Agencia Nacional de Minería como a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales suspender los procesos de licenciamiento para minería de oro en el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Esa medida no se levantará hasta que “culminen los procesos de diálogo ordenados en esta providencia y exista una estrategia de remediación de las fuentes de agua”.
En 2019, los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana instauraron una acción de tutela contra el Estado al considerar que, por acción u omisión, había dado vía para la explotación de oro en territorios indígenas. En su momento, aseguraron que el riesgo estaba sobre más de 30 comunidades indígenas.
La Corte Constitucional comprobó que la contaminación por mercurio producida por la minería aurífera generó graves afectaciones a la salud, a la identidad cultural y a los territorios ancestrales de estas comunidades, ya que los estudios aportados revelaron niveles de mercurio hasta 17 veces superiores a los considerados seguros, tanto en las fuentes hídricas como en los peces y en los cuerpos de los habitantes del macroterritorio indígena.
Para el estudio del caso, el alto tribunal organizó su análisis en tres libros, según explicaron las autoridades indígenas. El “Libro Azul” o “árbol de la vida” abordó los impactos sobre la identidad cultural y el territorio. La sala concluyó que la identidad de los Jaguares de Yuruparí está amenazada por la contaminación de las fuentes del agua.
El “Libro Verde” o de “las aguas y sus afectaciones” analizó la minería y sus impactos ambientales. La Corte observó que está plenamente documentada la minería del oro en el macroterritorio indígena. En este punto también se comprobó que el uso del mercurio es indiscutible. Las huellas del mercurio están grabadas en los ríos y los cuerpos de las comunidades indígenas.
En el “Libro Amarillo” o de los “alimentos y el bienestar”, la Corte examinó los impactos en la salud y la seguridad alimentaria de la contaminación por mercurio. El tribunal constató que el pescado, como principal fuente de proteína de los pueblos accionantes, se encuentra contaminado por mercurio.
La Corte también ordenó la creación de tres instancias de diálogo intercultural, cada una coordinada por un ministerio diferente: para identidad y territorio está el Ministerio del Interior; para ambiente y minería el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y para salud y seguridad alimentaria está el Ministerio de Salud. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá activar los mecanismos de cooperación internacional para la limpieza de las fuentes de agua.
Estos espacios buscan garantizar la participación efectiva de las comunidades indígenas en la implementación de las soluciones. “Invitamos a toda la sociedad y al Gobierno a reconocer que como pueblos indígenas tenemos la capacidad de coordinar y aportar al país. Este es el momento de construir una política global desde el diálogo y la concertación”, detalló Gonzalo Macuna, secretario general de la Instancia del Macroterritorio Jaguares del Yuruparí.
Para garantizar el cumplimiento de estas órdenes, la Corte designó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá como responsable del seguimiento, con audiencias semestrales que se realizarán alternadamente en Bogotá y en el macroterritorio. Se contará con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Imagen principal: draga de minería ilegal en el río Caquetá. Foto: Juan Carlos Contreras
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