- Los asesinatos contra defensores de derechos humanos aumentaron un 9 % en Latinoamérica respecto a 2023. La región concentra el 80 % de las víctimas a nivel mundial, según el último informe de la organización Front Line Defenders.
- Solo Colombia, México y Guatemala aportaron el 67 % de los asesinatos a defensores de derechos humanos cometidos en 2024.
- Front Line Defenders advierte violencia sistemática, omisiones de autoridades, criminalización e intervención de agentes no estatales en las agresiones contra las personas defensoras.
- Más del 20 % de los asesinatos contra defensores cometidos el año pasado fueron contra líderes ambientales y del territorio.
La violencia contra los defensores de derechos humanos sigue escalando en el mundo, principalmente en Latinoamérica. La región concentró el 80 % de los asesinatos en 2024 (257) y reportó un incremento del 9 % en el número de casos, respecto al año anterior, de acuerdo con el reciente informe de análisis global de la organización Front Line Defenders.
Por séptimo año consecutivo, Colombia se ubicó como el país con el mayor número de asesinatos: 157 casos de los 324 documentados en 32 países del mundo. Le siguen México, con 32 casos y Guatemala con 29 casos, por encima de países bajo ataque armado, como Palestina, que reportó 22 asesinatos. Sólo estos tres países latinoamericanos concentran más del 67 % de los casos documentados a nivel mundial.
En la región también destaca Brasil con 15 casos, Perú con nueve, Honduras con cinco, Nicaragua con cuatro y Ecuador con tres asesinatos. Mientras que Cuba, El Salvador y Venezuela registraron cada uno un caso.
Durante 2024 —resalta el informe— las personas defensoras en Latinoamérica recibieron “respuestas estatales violentas a conflictos territoriales, represión de protestas y una mayor militarización de regiones dentro de los países”.
También se documentó el uso indebido del sistema de justicia contra personas defensoras, especialmente indígenas, quienes enfrentaron arrestos, ataques, campañas de difamación y represión.
Defensores ambientales e indígenas en la mira en Colombia
Front Line Defenders sostuvo que la gran mayoría de los asesinatos y agresiones documentados estuvieron relacionadas con la defensa del territorio y del medio ambiente.
La iniciativa Human Rights Defenders (HRD) Memorial de esta organización detectó que el 20.4 % de los asesinatos en 2024 corresponden a líderes ambientales y que el 18 % de las víctimas eran defensores indígenas.
Además, advierte que en por lo menos 59 casos de 16 países, el asesinato de defensores de derechos humanos está vinculado de manera directa o indirecta con su labor en contra de intereses empresariales.
“Se pudo constatar cómo la defensa de los derechos humanos de los líderes y lideresas que fueron asesinadas estuvo marcada por una lucha contra los intereses empresariales y corporativistas”, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores en Colombia, organización aliada en la elaboración del informe de Front Line Defenders.
Somos Defensores advirtió en su informe anual 2024 los 157 asesinatos de defensores en Colombia, así como 727 agresiones contra 655 personas.
Aunque en 2024 hubo una disminución del 5 % en las agresiones en Colombia, en comparación con el 2023, la organización explica que esto no es representativo de una mejora, pues sostiene que se trata de una baja poco representativa de cambios en la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras frente a grupos armados ilegales que agudizaron la violencia durante este periodo.
“Si desmenuzamos esta cifra [727] y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el Gobierno Nacional y demás instituciones del Estado desplieguen acciones preventivas”, advierte Somos Defensores.
Front Line Defenders señala que en el caso de Colombia existe la dificultad para negociar con los numerosos grupos armados, lo que ha obstaculizado la implementación de los acuerdos de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Durante el año [2024], grupos disidentes rompieron los términos de los acuerdos, lo que provocó un aumento dramático de la violencia en regiones como Magdalena Medio, Cauca y otras del suroeste [colombiano]”, señala el informe de Front Line Defenders.
Ante este clima de violencia, sostiene la organización internacional, los líderes comunitarios enfrentaron riesgos, incluso al participar en iniciativas de construcción de paz, por la falta de medidas de protección efectivas.
Pese a las políticas públicas implementadas por el gobierno colombiano en este tema, organizaciones de derechos humanos sostienen que se requieren avances adicionales, como la ampliación de protección colectiva conforme al Decreto 660 de 2018, así como un enfoque más sensible a los riesgos y necesidades específicas de mujeres defensoras e indígenas.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía de Colombia, solo en el 17 % de los asesinatos de defensores se ha logrado una sentencia condenatoria.
Para Torres, estos datos muestran que “seguimos en un alto nivel de impunidad. Además, ¿qué pasa con los asesinatos de personas defensoras que ocurrieron antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016? Nadie nos muestra cifras de eso”, sostiene.
Criminalización: una constante en México
Front Line Defenders advierte que la criminalización contra defensores de derechos humanos es una constante en la región y relaciona esta práctica con operaciones empresariales.
Aunque no brinda cifras precisas, el informe destaca que lo que más denunciaron las personas defensoras de América fueron las amenazas de muerte, que representan 32.5 % de los reportes hechos en 2024, seguido de las acciones legales en su contra, con un 14.6 %.
“En lugar de proteger los derechos de las comunidades, los gobiernos se alinean con poderosas corporaciones y criminalizan a los defensores que denuncian malas prácticas empresariales, con el fin de proteger los intereses corporativos y silenciar a estos activistas”, sostiene el informe.
Esta tendencia se presentó especialmente en México, donde las personas defensoras fueron sometidas a detenciones arbitrarias, extensos períodos de prisión preventiva y penas tan altas que podrían considerarse como “cadenas perpetuas informales».
Algunos casos que destaca la organización internacional son el del defensor zapoteco Pablo López Alavez, líder comunitario que combatía la tala ilegal en la comunidad indígena San Isidro Aloápam, Oaxaca. En 2010, fue detenido arbitrariamente acusado de homicidio, en un caso que ha sido calificado por organizaciones civiles como fabricado. En 2025 recibió una sentencia de 30 años de cárcel, de los cuales ya acumula 14 detenido.
Front Line Defenders también destaca la detención en 2022 de Tomás Martínez Mandujano, líder otomí y defensor condenado a 43 años de prisión por el asesinato de un policía judicial tras un enfrentamiento con la comunidad de Llano Grande, en el Estado de México. Su defensa sostiene que Martínez no estaba en la comunidad el día del enfrentamiento y que su sentencia es en represalia por su defensa del territorio y del agua.
En tanto, la abogada y defensora amuzga Kenia Hernández Montalván, integrante de un movimiento campesino indígena, cumple una condena de 21 años y 9 meses por “robo con violencia”, tras recibir diferentes sentencias consecutivas entre febrero y marzo de 2022. Este trato, señala el informe, “refleja el racismo sistémico en el sistema judicial, con procesos sin enfoque intercultural”.
El reporte sostiene que la criminalización hacia defensores en Latinoamérica afectó más a quienes ayudaban a sus comunidades a reclamar sus derechos ante empresas nacionales e internacionales.
“Estas entidades acusaron directamente a los defensores de crímenes en represalia por su labor o apoyaron a las autoridades y ciudadanos particulares en la presentación de cargos penales en su contra”, señala.
Recientemente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) publicó su informe anual 2024, donde documentó el asesinato de 25 defensores del territorio en México, un incremento del 25 % respecto a 2023. Además, la organización detectó la criminalización en al menos 20 eventos durante 2024, con un total de 77 líderes ambientales procesados por diferentes delitos. También se documentó hostigamiento, estigmatización y difamación.
Itzel Arteaga, coordinadora del informe de CEMDA, coincide con Front Line Defenders al señalar que hay un aumento de conflictos en el territorio derivado de la falta de consulta a las comunidades en la instalación de megaproyectos.
“En realidad son proyectos que no tienen una perspectiva de beneficio a las comunidades, que se hacen sin consultas previas, sin llegar a acuerdos, sin obtener el consentimiento”, explica.
Si bien en México se registraron 32 asesinatos de defensores de derechos humanos, Adriana Quiroz Flores, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), sostiene que el saldo podría ser más grave, debido a que hay casos por verificar.
“Las víctimas no son solo números, eran hombres y mujeres, en su mayoría indígenas y campesinos que enfrentaron violencia por defender la tierra y el territorio, principalmente contra megaproyectos”, expuso.
Una crisis histórica en Guatemala
Con 29 defensores asesinados en 2024, Guatemala tuvo la cifra más alta jamás registrada en el país, de acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), socia de la iniciativa HRD Memorial de Front Line Defenders.
De acuerdo con la organización guatemalteca, 21 víctimas eran defensores de la tierra, el ambiente y los derechos indígenas.
Para Brenda Guillén, integrante de UDEFEGUA, la transición política que vive el país no se ha reflejado en la protección de las personas defensoras.
“Guatemala está atravesando una fuerte crisis política que es el deterioro de más de 12 años de cooptación de instituciones del Estado. El 2024 ha significado el año más violento en cuanto a asesinatos de personas defensoras de derechos humanos”, señala.
De acuerdo con el informe, en Guatemala también se utilizó el abuso sexual y físico contra defensoras de derechos humanos como forma de castigo por su labor, por lo que hubo mayor vulnerabilidad para las mujeres en el país.
Se destaca lo sucedido con más de 40 mujeres de la comunidad Chirrix Tzul, incluidas ocho defensoras, quienes denunciaron agresiones físicas y sexuales por parte de grupos armados que pretendían tomar el control de sus tierras en abril de 2024.
Un mes después, un grupo de empresarios intentó criminalizar a las mujeres acusándolas de usurpación de tierras y robo agravado, con la intención de apoderarse de su territorio.
Otro caso fue el de Rigoberto Juárez, coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Mayas Akateka, Chuj, Q’anjob’al y Popti’, quien enfrenta un proceso judicial desde 2015 tras oponerse a proyectos hidroeléctricos, luego de que la comunidad no fuera consultada, conforme a estándares internacionales, según afirma Front Line Defenders.
La criminalización también ha sido un problema en Guatemala, donde se solicitaron órdenes de captura contra comunidades enteras. Uno de los casos es el de la comunidad de Dos Fuentes, donde se emitieron más de 300 órdenes para integrantes de esta población indígena maya Poqomchi´.
Front Line Defenders expone que ante tal cantidad de asedio legal, las comunidades indígenas han sido fuertemente impactadas, pues deciden no salir por temor a ser arrestados.
Autoridades ausentes en Latinoamérica
El reporte destaca que los países latinoamericanos mantienen un entorno “extremadamente peligroso” para los defensores de derechos humanos ante las dinámicas que ponen a grupos armados que participan en actividades ilegales —tala, minería, narcotráfico y acaparamiento de tierras— en conflicto con comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que resisten al control territorial.
También señala la omisión de autoridades quienes, asegura el informe, no aplican leyes que podrían proteger a los defensores, incurren en corrupción o incluso apoyan directamente a actores involucrados en disputas territoriales.
“Este clima hostil no solo pone en riesgo sus vidas, sino que también socava su capacidad de defensa, silenciando voces cruciales en la lucha por los derechos humanos, la justicia ambiental y la soberanía territorial”, destaca.
De acuerdo con el documento, la falta de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas se ha vuelto una constante, a tal punto que los Estados recurren a “un modelo de militarización” para impulsar proyectos, utilizando la violencia como respuesta a cualquier tipo de oposición.
Los conflictos generados por esta falta de consentimiento, advierte, son los que ponen en riesgo a los defensores, pues generalmente hay un interés por ocupar o utilizar territorios habitados por las comunidades vulnerables.
“Actores no estatales, incluidas empresas, grupos paramilitares y el crimen organizado, también representan graves riesgos para los defensores que trabajan en derechos sobre la tierra, el medio ambiente o los pueblos indígenas”, menciona el documento.
Sobre los responsables de estos asesinatos a nivel mundial, Torres señala que en casi el 30 % de los casos no se pudo establecer quién presuntamente asesinó a las personas defensoras.
“En 177 casos [36 %] son los autores no estatales, seguidos por 96 casos [30 %] donde no se pudo establecer el presunto responsable. Posteriormente están los autores estatales, que se presume su responsabilidad en poco más de 40 casos [12 %]”, informa.
Entre otros casos documentados por la organización internacional Front Line Defenders está la violencia contra las comunidades rurales, quilombolas e indígenas en Brasil, donde milicias armadas atacaron a los pueblos indígenas Guaraní-Kaiowá y Ava Guaraní en Paraná, lo que resultó en violencia física y muertes.
En Perú se documentó la violencia contra defensores indígenas, especialmente en la Amazonía, con el asesinato de cuatro líderes, entre ellos, Gerardo Keimari Enrique, líder Matsiguenka y Mariano Isacama, líder Kakataibo.
De acuerdo con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), desde 2014, al menos 36 líderes indígenas han sido asesinados, la mayoría en los últimos cuatro años.
Además de tres asesinatos de defensores en Ecuador, se documentó el acoso judicial contra integrantes de la comunidad de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi. Más de 70 de ellos fueron acusados de “terrorismo” tras protestar por la falta de una consulta previa para el proyecto minero La Plata.
En Centroamérica, Front Line Defenders también alertó la criminalización contra defensores del territorio que se oponen a proyectos mineros, como el caso de Juan López, coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) en Tocoa, Honduras, y quien fue asesinado en septiembre de 2024. Sus protestas pacíficas por la protección de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” convirtieron al Comité en blanco de amenazas de muerte, hostigamiento y criminalización.
En El Salvador, el informe alertó el proceso judicial irregular contra los defensores Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega que se oponen a la minería metálica en el país, prohibida por primera vez en 2017. Pese a haber sido absueltos por el cargo de asesinato en 2024, autoridades judiciales reiniciaron su proceso legal a inicios de 2025.
En Chile, advierte el informe, el pueblo mapuche siguió siendo criminalizado por sus demandas territoriales, luego de que las defensoras indígenas Gricel y Nora Ñancul, de la Comunidad Autónoma Likankura, fueron blanco de persecución judicial por su lucha para recuperar territorios frente a una empresa forestal.
Imagen principal: Indígenas de los estados amazónicos de Pará y Amapá marcharon al Ministerio de Justicia en Brasilia, en protesta por las invasiones de sus territorios y los asesinatos de líderes indígenas. Foto: cortesía Tiago Miotto/CIMI
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