- Una investigación en territorios controlados por grupos armados de la cuenca del Atrato, en el noroeste de Colombia, documentó que las comunidades denuncian ser explotadas por empresas madereras y actores armados.
- El informe hace un llamado a que se refuerce la aplicación de las leyes en Colombia y que se exija responsabilidades a los intermediarios que financian la tala de madera.
- Entre 2020 y 2023, más del 94 % de las exportaciones de parqués y pisos de madera, que representan alrededor de 24 millones de dólares, fueron exportadas de Colombia sin contar con certificación legal.
- Los comuneros de la zona son amedrentados y forzados para realizar la tala ilegal de madera valiosa por muy poco dinero.
Los bosques de Colombia están siendo vencidos por la tala ilegal. Una investigación realizada por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) revela cómo las exportaciones de madera de Colombia están ingresando a los mercados de Estados Unidos, Europa y Canadá sin los documentos legales requeridos para probar su origen lícito. Además, este tipo de negocio está sosteniendo a grupos armados que están en los departamentos de Chocó y Antioquia, a lo largo del río Atrato.
La investigación de campo que realizó EIA en los bosques de la cuenca del Atrato revela una industria maderera controlada por grupos armados ilegales que coaccionan y explotan a las comunidades locales para talar árboles valiosos. Estos luego son comprados a bajo precio por exportadores de madera en grandes capitales del mundo con poca consideración por la legalidad o por el desarrollo económico local, explicó a Mongabay Latam Susanne Breitkopf, directora adjunta de la Campaña de Bosques de EIA.
Según el estudio, los exportadores e intermediarios deben pagar “impuestos” a los grupos armados para poder operar en zonas controladas por estas organizaciones ilegales. Estos pagos incluyen impuestos por tala, transporte y operación de aserraderos. Por ejemplo, un exportador afirmó al grupo de investigadores que un solo barco que transporta madera puede pagar hasta 6000 dólares por viaje solo en pagos a grupos armados. A cambio, estos grupos ofrecen “seguridad” para que los empresarios no pierdan mercancía.
Breitkopf afirmó que uno de los propietarios de la empresa Los Cedros Hardwood Flooring declaró que mantiene relaciones duraderas con grupos armados como Los Urabeños, Águilas Negras y otros, y que debe “cumplir las leyes de la gente ilegal” para poder operar. EIA se contactó con esta empresa y en el estudio se afirma que cuentan con todos los certificados requeridos, aunque no proporcionaron copias. Los Cedros Hardwood Flooring también negó cualquier vínculo con pagos a grupos armados.
Un equipo de EIA viajó a lo largo del río Atrato, entre Turbo y Quibdó, en los densos bosques del Chocó, para conocer cómo se lleva a cabo la tala en estas regiones. Los investigadores entrevistaron a miembros de las comunidades indígenas y a madereros. EIA concluye que los grupos armados se benefician de la explotación maderera y controlan el territorio y la libertad de movimiento de los comuneros.
La investigación reveló que, para acceder a estas zonas, los foráneos necesitan la aprobación de los grupos armados y son vigilados continuamente por ellos para asegurarse que sus intereses no se vean amenazados y de que se sigue el itinerario acordado.
Una fuente del equipo de EIA que ingresó al terreno relató que, en tres ocasiones distintas, fueron detenidos e intimidados por grupos armados para salir de la zona mientras verificaban sus identidades, para después permitir su permanencia en el territorio. “Esto pone de manifiesto los peligros que corren los miembros de las comunidades que viven en la zona. A las reuniones entre foráneos y comunidades locales siempre asiste al menos un miembro de los grupos armados irregulares”, detalló la fuente.
Esta región sufrió el conflicto armado durante mucho tiempo, pero en los últimos años la situación se deterioró. Los grupos armados se aprovechan de las necesidades de la población local ofreciéndoles oportunidades en el tráfico de drogas u otros negocios ilegales, a menudo coaccionando a las comunidades para que les ayuden.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el deterioro de la situación humanitaria en esta región comenzó a mediados de 2021 y el primer semestre de 2022. En ese lapso se produjo la ampliación y progresiva consolidación de dos grupos armados en el control de las rutas de tráfico de drogas, madera y personas y la minería ilegal.
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Un hecho descubierto por EIA en su investigación de campo y a través de entrevistas con exportadores de madera en las ciudades de Cartagena, Medellín y Barranquilla, es que todos deben acatar las exigencias de los grupos armados en Chocó y Antioquia. Los exportadores e intermediarios dijeron que regularmente se les exige hacer pagos a las diferentes organizaciones armadas que controlan la región donde se tala o procesa la madera. Un exportador declaró que hay que pagar por viaje el denominado impuesto de tala y transporte para barcos y camiones.
Un solo barco que transporte 300 metros cúbicos de madera puede pagar hasta 2000 dólares en cada puesto de control establecido por los grupos armados, lo que puede sumar hasta 6000 dólares por un solo viaje dependiendo de las diferentes zonas controladas por las que pase el barco. Una vez que la madera llega a un aserradero, a menudo situado lejos del bosque, los propietarios también tienen que realizar pagos para garantizar sus operaciones de transformación. Esos pagos son de 1000 dólares al mes a los grupos armados, según los exportadores entrevistados.
Madera ilegal
Entre 2020 y 2023, más del 94 % de las exportaciones de pisos y parqués de madera, que representan alrededor de 24 millones de dólares, fueron exportadas de Colombia a nivel global sin contar con una certificación legalmente requerida por las autoridades para validar su origen legal, según información oficial obtenida por EIA.
Alrededor del 20 % de estas exportaciones sin certificación de pisos de madera se destinó a países como Estados Unidos -a 16 empresas estadounidenses-, la Unión Europea (UE) y Canadá. Cada país cuenta con leyes que obligan a los importadores a garantizar el origen legal de sus productos.
“Los hallazgos de esta investigación también revelan cómo algunas comunidades afrocolombianas en la región Pacífica de Colombia son coaccionadas para talar sus bosques bajo acuerdos abusivos que los dejan endeudados, con algunos afirmando que sufren condiciones similares a la esclavitud”, afirmó Breitkopf.
“Este fenómeno está impulsado por comerciantes de madera —los llamados intermediarios— que operan libres de escrutinio, lucran del aprovechamiento y blanqueo de madera, y lo hacen a expensas de las comunidades que viven en el bosque. Colombia necesita con urgencia una reforma legal que garantice rendición de cuentas y proteja tanto a las comunidades como a los ecosistemas de los que dependen”, detalló.
EIA encontró que, en una región azotada por la pobreza, la tala ilegal de madera es una de las pocas alternativas económicas que tienen las comunidades indígenas para ganarse la vida. Esta actividad es la única fuente de ingresos que tienen. En parte de esta región, los territorios de comunidades afrocolombianas o indígenas están cubiertos de bosques.
Sin embargo, muchas carecen de recursos para obtener y mantener un aprovechamiento forestal autorizado. Por ello, empresarios que viven en ciudades como Cartagena, Medellín o Bogotá negocian con las comunidades y les ofrecen financiación para obtener aprovechamientos forestales y pagar las cuotas legales para obtenerlos.
Esto suele incluir pagos por adelantado para que los madereros entren en el bosque y extraigan la madera. A cambio, los empresarios o sus intermediarios se convierten en los propietarios de facto de la madera, apareciendo en ocasiones como representantes en los negocios y autorizados para actuar en nombre de las comunidades.
Un exportador de madera fue entrevistado por EIA y describió esta relación. “Yo mando a los ingenieros forestales de la zona, ellos hacen los inventarios, hacen todo, hacen los estudios, y nosotros presentamos los estudios al Gobierno y le decimos que todo va a ser legal, y que vamos a dar empleo a las comunidades que están viviendo en la zona. Entonces cuando tengo el documento listo, voy a la comunidad: ‘Ya pueden empezar a cortar. ¿Cuánto van a cobrarme por cada metro cúbico?’. Y ellos dicen: ‘Listo, esta cantidad’. Yo digo: ‘No, esta otra cantidad’ y los indígenas dicen: ‘Listo, danos dinero por adelantado, danos comida, danos bebida’. Y empiezo a enviar dinero y todo”, relató el exportador al grupo de EIA.
EIA encontró que otro modelo utilizado por los empresarios es no relacionarse directamente con las comunidades indígenas, sino contratar a intermediarios en Chocó, en ciudades como Turbó, Riosucio, Domingodó o Quibdó, que tienen conexiones con los madereros. En este caso, los intermediarios se ponen en contacto con diferentes madereros, que a menudo viven en comunidades o pequeños asentamientos, y les proporcionan anticipos financieros para que vayan al bosque y corten los árboles.
Según la investigación, la Procuraduría de Colombia y la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental Estados Unidos-Colombia ya están investigando la falta de expedición de los certificados legales para ingresar madera a territorio estadounidense.
Imagen principal: la madera valiosa es dejada a orillas del río Atrato para luego ser llevada a mercados internacionales. Foto: cortesía EIA
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