El 11 de febrero fue asesinado el poblador indígena Francisco Marupa en el interior del parque nacional Madidi, en Bolivia. Expertos señalan que este crimen expone un Estado sin control y una comunidad atravesada por el avance de la minería ilegal, la explotación de madera y el tráfico de tierras.
Esta es la grave situación que enfrenta uno de los lugares más biodiversos del mundo.
El 11 de febrero el Madidi se vistió de luto. Esta vez no fue por el extractivismo del que es víctima desde hace décadas ni por la contaminación de sus aguas, la tala de sus árboles o el tráfico de sus tierras, sino por el asesinato de un indígena, a quien le segaron la vida ahí, en el interior del parque nacional de Bolivia, una de las áreas más biodiversas del mundo, la ‘casa grande’ de más de 8000 especies de plantas y animales, así como más de 60 comunidades indígenas y campesinas.
La muerte de Francisco Marupa, un indígena leco de 66 años y padre de seis hijos, ha levantado una ola de críticas contra la política extractivista que ejecuta el gobierno de Bolivia, así como la falta de presencia del Estado en áreas protegidas, como es el caso del Madidi. Esto, a criterio de líderes indígenas y defensores medioambientales, ha promovido la división de los pueblos indígenas, un creciente escenario de violencia y la vulneración de sus derechos.
Diego, hijo del indígena leco asesinado, le dice a Mongabay Latamque se siente como un peregrino en busca de justicia, en busca de atención del Estado, en busca de protección. A su padre un golpe certero a la altura de la cabeza le quitó la vida, en el interior de su vivienda. Luego, su cuerpo fue trasladado hasta un platanal y allí permaneció tres días hasta que su comunidad [Torewa Indígena, perteneciente a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Leco, ubicada dentro del Parque Nacional Madidi] lo encontró; capturó al presunto autor del crimen; y lo entregó a la Policía.
Cuando se dice peregrino en busca de justicia se refiere al agotador trámite realizado para que la Policía se movilice y realice el levantamiento legal del cadáver de su padre y se lleve al indígena tsimane que, según la investigación de la comunidad Torewa Indígena, es uno de los supuestos autores del crimen.
Ahora, su familia y la dirigencia del Pueblo Leco de Apolo siguen peregrinando por justicia. También lo hace la familia y la comunidad Torewa Campesina, a la que pertenece el tsimane encarcelado preventivamente. Diego dice que la Policía y la Fiscalía no le quieren dar información sobre el avance investigativo, que le piden que se busque un abogado. “No tenemos recursos económicos para pagar uno, ni entendemos de leyes y para llegar hasta Apolo (municipio paceño donde se investiga el caso) tenemos que navegar tres horas y recorrer 12 horas en bus. Nos sentimos abandonados por el Estado”, se lamenta.
Mongabay Latam, vía teléfono, se puso en contacto con el fiscal asignado al caso, Luis Enrique Mamani. Dijo que no estaba autorizado para brindar información, que se hicieran las gestiones a través de la Fiscalía Departamental de La Paz. En esa oficina se comprometieron a gestionar un informe, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
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Ilustración: Kipu Visual
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