- El asesinato de 11 militares en la zona minera de Punino levantó las alarmas sobre el crecimiento de la actividad ilegal.
- Entre noviembre de 2019 y junio de 2024, 1422 hectáreas fueron deforestadas para la minería aluvial y unas 300 hectáreas más habrían sido afectadas hasta mayo de 2025.
- Un estudio encontró altos niveles de metales pesados en el agua y en los sedimentos de la parte baja del río Punino.
- El agua llega con gran presencia de sedimentos a la localidad de Francisco de Orellana, lo que provoca un aumento en los costos y tiempo de la potabilización.
El 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados durante un operativo de control en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho levantó las alarmas sobre el crecimiento y el impacto de la minería ilegal en ese territorio.
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Entre noviembre de 2019 y junio de 2024, 1422 hectáreas fueron deforestadas por la minería irregular, de acuerdo con información de la fundación Ecociencia y el Programa Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Además, un estudio de Corporación Participación Ciudadana encontró altas concentraciones de mercurio en las zonas afectadas. Aunque los metales pesados no han llegado a Francisco de Orellana, la ciudad incurre en gastos adicionales para tratar el agua que viene cargada de sedimentos por la actividad minera.
Tras la fatal emboscada, unos 1800 militares se desplegaron y están rastrillando un área selvática de unos 460 kilómetros cuadrados. Como referencia, el Distrito Metropolitano de Quito, que abarca la zona urbana y grandes extensiones rurales, tiene una superficie de 372 kilómetros cuadrados. En los primeros días del conflicto, el Ministerio de Defensa comunicó que alias Compadre, líder de los Comandos de la Frontera en Ecuador, fue “abatido durante la operación de respuesta”. Además, el Ejército encontró dos cuerpos, presuntamente de miembros de la disidencia.
El 15 de mayo, el presidente Daniel Noboa dispuso identificar como grupos armados organizados a los Comandos de la Frontera, el Frente Óliver Sinisterra y Disidencias Comuneros del Sur. Estas dos últimas también son disidencias de las ex FARC que operan en la frontera con Ecuador. Con esto se busca facilitar la acción estatal en contra de estas agrupaciones y sucede en el contexto del Conflicto Armado Interno declarado por Noboa a inicios de 2024.
El rastrillaje del área dio hasta el 18 de mayo con unos 12 campamentos clandestinos, en los que había viviendas, maquinaria pesada, tanques de combustible, armas, municiones, uniformes y hasta siluetas utilizadas para entrenamiento de tiro. El Ejército Ecuatoriano también comunicó que gracias a información de inteligencia hallaron a otro integrante de los Comandos de La Frontera, quien murió tras un enfrentamiento.
La minería creció exponencialmente
Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la minería aluvial irregular continuó creciendo en esta zona de Ecuador. “Podría haber unas 300 hectáreas nuevas de deforestación, tenemos que verificar”, dice un especialista de la Fundación Ecociencia quien prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad. De ser así, el área afectada ya sumaría alrededor de 1700 hectáreas, equivalente a unas 2390 canchas de fútbol profesional.
El primer reporte elaborado por MAAP de minería irregular en la zona mostró que 32 hectáreas alrededor del río Punino fueron deforestadas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021. El río está en la frontera de las provincias de Napo y Orellana. Hasta diciembre de 2022, 185 nuevas hectáreas fueron deforestadas, sumando 217 hectáreas afectadas. El crecimiento porcentual fue del 578 %, uno de los más altos registrados, y se dio hacia el este, tomándose el noroeste de la provincia de Orellana.
A diciembre de 2023, la actividad ilegal ya sumaba 1001 hectáreas y se había expandido hacia los ríos Sardinas, Lumucha y Supayacu. Los tres desembocan directamente en el río Coca, mientras que el Punino llega de manera indirecta a través del Payamino.
Los especialistas de MAAP estaban realizando monitoreos anuales, con corte a los últimos meses de cada año, pero el acelerado crecimiento de la minería elevó la preocupación y en 2024 hicieron un corte a junio, que reveló el daño de otras 420 hectáreas. “El último reporte muestra que la expansión fue bastante fuerte, se extendía hacia el norte, afectando a otras cuenca hidrográficas, y se extendía por la cuenca del Punino hacia el sur hasta llegar casi al Payamino”, relata el experto.
El equipo de MAAP también documentó que la actividad minera se sobrepuso a territorios indígenas de la nacionalidad kichwa, afectando 300 hectáreas. Además, la expansión solapó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y deforestó 144 hectáreas del Área de Conservación Municipal El Chaco.
Si bien cerca de 1700 hectáreas son directamente afectadas por la creación de trochas, piscinas de procesamiento de oro y campamentos mineros, el área en la que están operando los mineros ilegales es mucho más amplia, entre los ríos Punino, Payamino y Coca. Al especialista de Ecociencia le preocupa que las carreteras abiertas faciliten el cometimiento de otros delitos ambientales, incluyendo la deforestación y el tráfico de vida silvestre.
Un estudio realizado en 2025 por investigadores del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) evidenció que 182 hectáreas de área deforestada por minería se encontraban aproximadamente a cuatro kilómetros del río Coca.
También detectaron con imágenes satelitales un aumento en la turbidez del agua del río Payamino entre 2023 y 2024, resultado asociado a la expansión de la minería ilegal. El color del agua turbia contrasta con el color de los ríos amazónicos en buen estado.
Hasta mayo de 2025, encontraron un frente de minería ilegal en alto Punino, otro en las proximidades del río Coca y cuatro frentes extendiéndose hacia el río Payamino.
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El Punino tiene metales pesados
Un estudio realizado por la Corporación Participación Ciudadana encontró que el agua y los sedimentos de la parte baja del río Punino tienen concentraciones de metales pesados que exceden los límites permitidos por la normativa ecuatoriana.
El informe presentado en septiembre de 2024 incluyó la toma de muestras de agua y sedimentos. Los investigadores inicialmente se plantearon llegar a la zona caliente de la actividad minera. Sin embargo, funcionarios del Municipio de Francisco de Orellana, la capital de Orellana, les advirtieron que allí operan grupos criminales.
El equipo tomó muestras en la confluencia del Punino con el Payamino y se apoyó de habitantes del sector para la recolección de muestras en dos puntos más del Punino. Por motivos de seguridad, no fue posible llegar a la zona de mayor actividad minera, por lo que las muestras más cercanas fueron tomadas a 13 kilómetros aguas abajo de esa zona.
Los resultados de calidad revelaron que el agua era ácida y presentaba niveles altos de turbidez, es decir, partículas de suelo en suspensión están mezcladas con el agua. Ambos indicadores están asociados a la minería aluvial realizada sin precauciones técnicas.
Tras analizar el agua, encontraron concentraciones elevadas de aluminio, cadmio y plomo. Los análisis de sedimentos también revelaron altas concentraciones de metales pesados, entre esos, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc.
Las zonas más bajas presentaron valores más altos de metales pesados. Esto se debe, explicaron los investigadores, a que la actividad minera creció hacia el río Payamino y a la geografía de la zona.
La cuenca alta del Punino está en una zona de transición entre los Andes y la Amazonía baja. La intersección con el Payamino ya es una zona de mayor planicie. Es decir, en las zonas de pendiente los sedimentos son arrastrados con mayor facilidad por la corriente de agua, mientras que en las zonas planas hay mayor probabilidad de que estos se depositen en las orillas o en el fondo. Además, uno de los puntos donde se tomaron las muestras es una curva sinuosa donde se estima que se acumulan los metales pesados que arrastra el río.
El costo de tratar el agua
Desde la confluencia del Punino y el Payamino hay unos 25 kilómetros por río hasta la ciudad de Francisco de Orellana. Omar Proaño, director de agua potable y alcantarillado del Municipio, cuenta que debido a derrames de petróleo y la erosión regresiva que afectan al río Coca, desde 2020 la ciudad capta agua del Payamino.
El funcionario asegura que hasta el momento no se han detectado metales pesados fuera de la normativa. “El río, a medida que avanza, se va autodepurando”, dice. Sin embargo, el agua sí llega con mucha turbidez y hierro, un mineral asociada a la minería ilegal.
Además de monitoreos mensuales en laboratorios certificados, la dirección monitorea cada dos horas el agua con el fin de darle el tratamiento adecuado. A mayor presencia de tierras, lodos o arcillas, hay que colocar concentraciones más altas de policloruro de aluminio. Este es un químico que hace que las partículas de sedimentos se junten y caigan al fondo de los depósitos por gravedad, dejando en la superficie el agua clara.
En noviembre de 2022, el año en el que se registró el mayor crecimiento porcentual de la minería ilegal, la concentración de materia flotante liviana se incrementó en un 10 %, de acuerdo con Nelson Cambo, ingeniero químico de la dirección. Esta materia tendría relación con las actividades mineras. El aumento de estos contaminantes provocó que haya pérdidas del 15 % del agua y que, para obtener la calidad de agua acostumbrada, el tiempo de trabajo en “horas hombre” se incremente en un 300 % y haya un 15 % más de consumo energético.
En contraste, dice Proaño, en el sector de la Unión Imbabureña hay un sistema por pozo donde solo se trata el agua con filtros y cloración para desinfección.
Después de la emboscada y el despliegue del Ejército en la zona, la actividad minera paró por completo y el agua empezó a llegar más clara. Para Proaño esta es la prueba de que la minería ilegal sí incide en la calidad del agua del río.
El Ejército anunció que intensificará las operaciones en contra de la minería ilegal en Orellana, pero también en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia donde tendrían mayor actividad los grupos de delincuencia organizada.
Foto principal: desde el 9 de mayo, 1800 militares están rastrillando las zonas afectadas por la minería ilegal alrededor del río Punino. Foto: cortesía Ejército Ecuatoriano
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