- El 25 % de los arrecifes de coral del mundo están amenazados por contaminantes derivados de la agricultura industrial.
- En el sur de Quintana Roo, el crecimiento del monocultivo de caña ha intensificado el uso de fertilizantes y agroquímicos, deteriorando la calidad del agua e impactando el Sistema Arrecifal Mesoamericano.
- Aunque México actualizó su norma sobre aguas residuales, dejó fuera la contaminación generada por la agricultura industrial.
- En una región donde el 95 % del agua proviene del subsuelo, este vacío normativo amenaza al acuífero, los ecosistemas circundantes y las comunidades que dependen de ellos.
Si volara sobre la península de Yucatán, vería vastos montes verdes rodeados de un turquesa imposible. Por momentos sería capaz de distinguir unos claros entre los árboles, como portales a las entrañas de la selva. Estos espacios albergan cenotes, pozos naturales que ofrecen agua dulce a la fauna y flora de la región y que en la cultura maya son considerados puertas al inframundo.
A primera vista, parecería que estas fuentes de agua son independientes unas de otras. Sin embargo, la densidad de la selva esconde la verdadera naturaleza hidrogeológica del ecosistema: un laberinto subterráneo que conecta el interior con la costa y el agua dulce con la salada, pues desemboca finalmente en la barrera de coral más importante de Occidente, el Sistema Arrecifal Mesoamericano.
En la península de Yucatán, el agua se filtra por el suelo y fluye a través del acuífero subterráneo desde la selva hacia el mar. Video: Miguel Guillermo Amador
El suelo peninsular es kárstico: está compuesto de piedra caliza, un material altamente poroso. Al llover, el agua entra en contacto con átomos de dióxido de carbono, haciéndola levemente ácida. Así, la lluvia disuelve lentamente la piedra, formando el segundo sistema de cuevas subterráneas más grande del mundo: el Gran Acuífero Maya. Este laberinto bajo tierra es la reserva hidrogeológica más importante de México, pues concentra más del 32 % de la recarga de agua dulce del país.
Actualmente, cerca del 95 % del agua que se consume en Quintana Roo, Yucatán y Campeche proviene del subsuelo. De este sistema depende no solo la vida humana, sino también la salud de las selvas, los manglares, las praderas marinas y los arrecifes de coral, de los cuales más del 30 % está amenazado por afectaciones a la calidad del agua, según una investigación científica publicada en 2019. El mismo estudio encontró que a nivel global una cuarta parte de los arrecifes de coral están siendo afectados por contaminantes derivados de la agricultura industrial.
Al sur del estado de Quintana Roo, en la cuenca del Río Hondo, el cultivo industrial de caña de azúcar se ha expandido significativamente en las últimas décadas. Según un Análisis del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), entre 2003 y 2018, 88 576 hectáreas de selva en Quintana Roo fueron transformadas en terrenos agrícolas, siendo el cultivo de la caña de azúcar “uno de los principales impulsores de la deforestación”.
Esto, a su vez, ha hecho de la zona un foco de contaminación por fertilizantes sintéticos y otros agroquímicos que se filtran por los suelos altamente permeables de la península de Yucatán, llegando al acuífero y posteriormente al mar Caribe, de acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). El arribo de estas sustancias ha modificado profundamente la calidad del agua y por ende, la estructura arrecifal.
En respuesta al deterioro generalizado de la calidad del agua, México actualizó su norma más importante sobre descargas de aguas residuales. La nueva versión, que entró en vigor en 2023, reconoce por primera vez la vulnerabilidad de los suelos kársticos y establece límites específicos de nitrógeno y fósforo en cuerpos de agua. Son avances necesarios, pero insuficientes, asegura Gonzalo Merediz Alonso, presidente del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán y director ejecutivo de Amigos de Sian Ka’an, una organización civil con casi cuatro décadas de trabajo en la región.
Mientras la norma regula lo que se descarga en un punto fijo y desde una tubería visible, nada dice sobre los contaminantes que se filtran gota a gota desde toda una región agroindustrial, explica Merediz Alonso. Es lo que se conoce como escorrentía agrícola y para muchos investigadores es el verdadero talón de Aquiles de los arrecifes coralinos.
La proliferación de macroalgas sofoca a los corales
“En gran parte de los sistemas del mundo, lo que conecta es el agua, porque es lo que fluye, es como las venas que tenemos, ya sean ríos en la superficie o ríos bajo tierra, como aquí», en la península de Yucatán, explica Lorenzo Álvarez Filip, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Puerto Morelos.
Este principio se refleja en la ecorregión del Sistema Arrecifal Mesoamericano, también conocido como SAM, que es la barrera de coral transfronteriza más extensa del mundo. La estructura comienza en Cabo Catoche, al norte de Quintana Roo, y avanza por más de mil kilómetros frente a las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras.
Esta ecorregión es un reservorio de biodiversidad, en el que habita un sinfín de especies que sostienen la economía de más de 2 millones de personas a través del turismo y la pesca, además de proteger las costas del oleaje y los huracanes.
La mayoría de las especies del SAM —especialmente los corales— dependen de un delicado equilibrio en las condiciones hídricas, en particular de la temperatura y de la concentración de nutrientes, que debe ser mínima. Sin embargo, el Reporte de Salud del SAM 2024, elaborado por la iniciativa Healthy Reefs, reveló una tendencia importante: niveles elevados de nutrientes y presencia “alarmante” de patógenos derivados de aguas residuales.
De los 90 sitios monitoreados por su calidad de agua, apenas tres fueron clasificados como no degradados. Los resultados del muestreo conducido en 2022, reportan niveles de nutrientes que superan el límite máximo recomendable en todo el SAM, alimentando el crecimiento de macroalgas e impidiendo la recuperación de los corales, una combinación que desde hace décadas viene minando la resiliencia de los arrecifes caribeños.
Las algas siempre han sido parte del ecosistema arrecifal, pero en condiciones balanceadas su crecimiento estaba limitado por aguas con muy bajas concentraciones de nutrientes y sedimentos (de ahí la reconocida claridad del agua en el Caribe) y por el pastoreo de herbívoros como los erizos de espinas largas (diadema antillarum) y los peces loro (scaridae).
Actualmente, sin embargo, tienen todo a su favor para proliferar: temperaturas elevadas, menos depredadores y más nutrientes. De acuerdo con Álvarez Filip, cuando hablamos de nutrientes hablamos de cualquier sustancia que promueve el crecimiento de organismos vivos, especialmente las plantas. El nitrógeno y el fósforo son algunos de ellos y están en los desechos de los animales y los humanos, y en los fertilizantes agrícolas.
En un sistema balanceado, explica Álvarez Filip, los corales y las algas conviven, pero “al estar fertilizando, estamos favoreciendo a que las algas crezcan y empiecen a dominar el sistema”. Dicho de otro modo, las macroalgas aprovechan el exceso de nutrientes para proliferar al punto que sofocan a los corales, lo que deriva en la pérdida de hábitats para la biodiversidad, y también en impactos a la pesca, el turismo y la protección costera.
La expansión de la caña de azúcar
La Cuenca del Río Hondo es parte de la Cuenca de la Península de Yucatán y atraviesa las fronteras de México, Belice y Guatemala. En su lado mexicano, abarca los municipios de Othón P. Blanco (Quintana Roo) y Hopelchén (Campeche). En estos territorios, donde la deforestación avanza al ritmo de la agroindustria, la caña de azúcar domina el paisaje.
La expansión del monocultivo se ha desarrollado durante décadas sin una regulación ambiental efectiva, lo que ha convertido a la región en un epicentro de riesgo para la calidad del agua y, por extensión, para la salud del sistema arrecifal.
Entre 2019 y 2023, la península de Yucatán perdió 285 580 hectáreas de selvas, lo que equivale a 196 hectáreas por día, una tasa cuatro veces mayor al promedio nacional, según datos del Sistema de Información de Cambios en la Cobertura Forestal en la Península de Yucatán (SICAMFOR).
El problema, es que la cobertura vegetal es esencial para la salud del acuífero: “La lluvia cae, pasa por la tierra y va llenando el acuífero. Entonces, la vegetación es fundamental. Si nosotros la quitamos o la afectamos, podemos llegar a causar un daño muy grande a esa reserva de agua”, explica Álvarez Filip.
Pese a esta función crítica, las selvas peninsulares han experimentado procesos continuos de degradación desde hace más de un siglo, intensificándose en los últimos veinte años por el avance de la agroindustria, la ganadería extensiva, el desarrollo turístico e inmobiliario, así como la construcción de megaproyectos de infraestructura logística y energética, según el SICAMFOR.
En el municipio de Othón P. Blanco, fronterizo con Belice, la transformación del territorio ha sido impulsada en gran medida por apoyos gubernamentales dirigidos a los sectores azucarero y ganadero, de acuerdo con un reportaje publicado en Mongabay Latam.
La superficie sembrada de caña de azúcar pasó de 21 784 hectáreas en 2010 a más de 39 000 en 2023, que es el año más reciente registrado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Según datos del SIAP, la producción ronda los 2 millones de toneladas anuales que son cultivadas en 15 ejidos y enviadas a un ingenio azucarero.
Esta expansión productiva, sin controles ambientales efectivos, trajo consigo un modelo intensivo de fertilización que alteraría profundamente los equilibrios ecológicos de la región. Lejos de frenarse, esta transformación del territorio podría intensificarse en los próximos años.
Especialistas en conservación biológica y urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron peritajes independientes como parte de un amparo interpuesto por organizaciones ambientalistas contra el Tren Maya. Los resultados indican que, hacia 2050, la construcción del proyecto podría provocar un incremento del 64 % en la superficie destinada a zonas agrícolas, del 37 % en zonas pecuarias y del 24 % en zonas urbanas, en comparación con un escenario sin el tren. Al mismo tiempo, se proyecta una reducción del 20 % en la cobertura de ecosistemas naturales.
La expansión de la agricultura industrial ha generado preocupación por su impacto en el acuífero y los ecosistemas costeros. Video: Miguel Guillermo Amador
A nivel global, el 25 % de los arrecifes de coral están amenazados por contaminantes derivados de la agricultura industrial, de acuerdo con una investigación publicada en la revista académica Frontiers in Marine Science. El estudio advierte que las prácticas agroindustriales, con su uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, son altamente erosivas: arrastran sedimentos, nutrientes como nitrógeno y fósforo, y otras sustancias químicas hacia cuerpos de agua, acuíferos y zonas costeras.
En la Cuenca del Río Hondo, esta amenaza adquiere una dimensión crítica. De acuerdo con investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), el monocultivo de caña depende de la aplicación masiva de fertilizantes y agroquímicos que, al infiltrarse en los suelos kársticos, terminan en el acuífero y desembocan en el mar Caribe, deteriorando la calidad del agua y con ello, la salud del Sistema Arrecifal Mesoamericano y sus ecosistemas circundantes.
Amenaza por goteo
Las descargas de agua se dividen entre las puntuales y las difusas. Las primeras provienen de fuentes específicas y visibles —hoteles, granjas porcícolas y avícolas, plantas industriales, drenajes urbanos, etcétera— por lo que son más factibles de monitorear. Las descargas difusas, en cambio, no tienen un punto fijo, ya que el agua contaminada se filtra poco a poco y a través de miles de hectáreas, escapando a la regulación y al monitoreo continuo. Ese es el caso, por ejemplo, de los monocultivos de caña en la Cuenca del Río Hondo, asegura Merediz Alonso.
La situación se agrava por la propia hidrogeología de la península, que permite que los contaminantes lleguen al acuífero casi sin obstáculos. Como advierte un informe de Amigos de Sian Ka’an: “Las fuentes no puntuales responden a las condiciones hidrológicas de la región y, por ello, son mucho más difíciles de identificar, medir y controlar”.
Con cada lluvia, los fertilizantes y otros agroquímicos utilizados en las plantaciones se infiltran hacia el acuífero hasta llegar al mar. Aunque sus efectos no siempre son visibles de inmediato, su impacto acumulado sobre la calidad del agua es profundo.
“En general se acepta que los impactos agrícolas sobre la calidad del agua superficial y los acuíferos son más importantes que los otros impactos terrestres, principalmente por las grandes extensiones que ocupan”, explica Jorge Iván Euan Ávila, investigador del CINVESTAV.
Pero además, en un estudio en el que el investigador entrevistó a 92 productores de caña de azúcar, concluyó que muchas veces, los productores no saben que al sobreutilizar estos productos están afectando la calidad del agua. “La carencia de información sobre los efectos nocivos de ciertas sustancias de uso agrícola puede conducir a un sobreuso con efectos adversos en la calidad del agua”, señala el estudio.
Mongabay Latam llamó tres veces por teléfono al Ingenio San Rafael de Pucté, el principal centro de procesamiento, compra y organización de la producción cañera en el sur de Quintana Roo, solicitando un correo electrónico para enviar preguntas. La persona que atendió la llamada se negó a proporcionarlo y sugirió comunicarse a otro número. Dicho número, sin embargo, nunca estuvo disponible.
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Vacíos en la nueva normativa
La actualización de la norma mexicana que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales entró en vigencia en 2023 e introduce criterios más estrictos en torno a la calidad del agua. Por primera vez se reconocen los suelos kársticos como ecosistemas vulnerables a la contaminación y se establecen límites específicos para el nitrógeno y fósforo totales.
Según la clasificación del cuerpo de agua — arroyos, ríos, lagos, lagunas, estuarios, zonas marinas o suelos kársticos — el promedio mensual de nitrógeno permisible varía de 15 a 25 miligramos por litro, mientras que el promedio mensual de fósforo permitido va de 5 a 15 miligramos por litro. El problema es que los límites legales todavía están muy lejos de lo que necesita un arrecife coralino para mantenerse sano.
Ya en los años 90, el ecólogo Brian Lapointe propuso que si los niveles de nitrógeno superan los 0.014 miligramos por litro y los de fosfato exceden los 0.0095 miligramos por litro, las macroalgas oportunistas —normalmente limitadas por la escasez de nutrientes— se expanden rápidamente y comienzan a dominar los hábitats coralinos perturbados.
En este sentido, Merediz Alonso advierte que, aunque la nueva norma es un avance, no es suficiente para proteger los ecosistemas acuáticos. “Nosotros proponemos que las plantas de tratamiento que se construyan eliminen, en la medida de lo posible, los nutrientes a niveles aún más bajos”, dice.
“Lo ideal sería que regresemos agua casi potable al ecosistema, pero no siempre la gente —empresarios y gobiernos— está dispuesta a hacer eso. Muchas veces se tiene la sensación de que están gastando dinero en limpiar agua para tirarla, pero no es tirarla, es devolverla a la fuente, lo que además te permite mantener los cenotes cristalinos y al arrecife con sus corales”.
Otro gran problema en la actualización de la normativa es que esta solo regula las descargas puntuales, es decir, las que salen por una tubería visible desde hoteles, granjas porcícolas y avícolas, fábricas o plantas de tratamiento, pero nada dice de las descargas difusas generadas por actividades como el riego agrícola.
Esta omisión representa un vacío crucial, dado que la contaminación difusa es la más persistente y difícil de controlar, según un informe técnico de Amigos de Sian Ka’an. «La norma no está hecha para las descargas agrícolas, lo que sigue siendo un grave problema», explica el director de la organización. «¿Cómo le dices a un campesino cuánto fertilizante puede o no puede poner? No hay forma de evitar que parte del fertilizante se escurra».
En esa misma línea, el informe técnico advierte que para el control de las fuentes difusas de contaminación y en particular en la agricultura, se debe recurrir a iniciativas de educación y promoción, pero también de “legislación de prácticas adecuadas de ordenación y modificación del aprovechamiento de la tierra».
Mientras estas regulaciones no existan, la contaminación generada por la agroindustria continuará escapando del radar, dejando desprotegidos a los ecosistemas y a las comunidades que dependen de aguas limpias para sobrevivir. “Los agroquímicos y sus subproductos encierran un considerable riesgo toxicológico; el ingreso de los agroquímicos en el agua subterránea y cuerpos de agua superficiales genera un alto riesgo para la salud humana y animal y la biota en general, al ser el agua empleada para consumo como potable, riego y/o actividades de recreo”, señala el mismo informe.
Aplicar la nueva norma tampoco es tarea sencilla. Exige inversiones fuertes por parte de las empresas, lo que ha generado resistencias. Merediz Alonso explica que muchas industrias —desde el turismo hasta la minería, pasando por la generación eléctrica y la agroindustria— tendrían que actualizar sus procesos, rehabilitar plantas o construir instalaciones completamente nuevas para cumplir con los nuevos estándares.
Aunque algunos argumentan que estos cambios son demasiado costosos, el biólogo recuerda que no hacer nada también tiene un precio que la población asume. En 2014, la Auditoría Superior de la Federación estimó que el costo anual de la contaminación del agua en México alcanzaba los 85 000 millones de pesos (4300 millones de dólares aproximadamente). “Es una auditoría pública, no es algo que dice una ONG, lo dice el auditor que está en el Congreso de la Unión”, remata Merediz Alonso.
La resistencia no solo proviene de las industrias que descargan aguas residuales, sino también del sector agroquímico, que teme perder su dominio sobre el mercado, asegura el experto. “Hay una industria agroquímica muy fuerte que, obviamente, también ejerce resistencia a que lo quiten de la jugada”, sostiene.
De acuerdo con Ana Cecilia Iuit Jiménez, en una tesis del Colegio de la Frontera Sur, la mayoría de los agroquímicos que se han usado y se usan actualmente en la producción regional de la caña de azúcar son adquiridos por los cañicultores en seis casas comerciales: FMC y Dupont (Estados Unidos), Bayer-Monsanto (Alemania), Syngenta (Suiza), Dragón y Velsimex (México).
Según la autora, en la cuenca transfronteriza también se ha documentado el uso de plaguicidas prohibidos en México. En ese sentido, para Álvarez Filip la responsabilidad de la degradación ambiental no recae solo en las personas que cultivan, sino también en las grandes corporaciones que comercian los insumos.
Siguiendo a Julia Pacheco, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien estudió los efectos del uso de fertilizantes en las aguas subterráneas en la región, se puede afirmar con certeza estadística que la calidad del agua subterránea ya ha sido influenciada por el uso de fertilizantes y plaguicidas. Su recomendación es controlar la dosis y los ciclos de aplicación de estas sustancias, al igual que plantear “estrategias administrativas tendientes a minimizar los efectos de los nutrientes en la calidad del agua subterránea”.
En una región donde los arrecifes coralinos requieren de aguas libres de nutrientes, la ausencia de una regulación estricta y vinculante que atienda las múltiples formas de contaminación hídrica representa un vacío legal que pone en riesgo a un sistema interconectado, frágil y esencial. “Es hasta sentido común que no deberíamos de estar usando ciertos productos aquí. Tan básico como eso”, dice Álvarez Filip.
Mongabay Latam buscó insistentemente a la directora estatal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Erika Ramírez Méndez, pero no respondió las llamadas. El encargado de comunicación social de la dependencia, Juan Ramón Díaz Calderón, solicitó las preguntas por correo electrónico, pero hasta la publicación de este texto no envió respuesta.
También se enviaron preguntas por correo electrónico y se realizaron llamadas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tanto a nivel federal, como estatal. Hasta la publicación de este reportaje, ninguna envió respuestas.
Para Álvarez Filip, la inacción frente a la crisis socioambiental no se debe a una falta de conocimiento técnico. “Si las políticas públicas sirvieran y estuvieran activamente buscando solucionar estos problemas, creo que habría muchas cosas que, con la pura voluntad de hacerlas, podrían cambiar. Y perdónenme todos los gobiernos anteriores y actuales, pero la verdad es que no está pasando”.
*Imagen Principal: en la península de Yucatán, el agua se filtra por el suelo y fluye a través del acuífero subterráneo desde la selva hacia el mar. Foto: Miguel Guillermo Amador
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