- Abogados, activistas y académicos trabajaron cuatro propuestas de ley que vinculan la importancia de la planeación urbana con la protección ambiental de los ecosistema.
- Las propuestas buscan proteger manglares, costas, playas, humedales y fuentes de agua en los programas de desarrollo urbano, en medio de la determinación de una fuerte industria turística e inmobiliaria.
- Quintana Roo, que ha perdido hasta 9% de sus bosques primarios en 20 años, enfrenta la degradación de sus ecosistemas y el aumento de su población e impactos turísticos.
- Ciudadanos exigen no solo estudios ambientales en la ley urbana, sino evidencia científica sobre la capacidad de los ecosistemas para la expansión de las ciudades.
Ante la cada vez mayor degradación ambiental en Quintana Roo, el único estado del Caribe que tiene México, ciudadanos y colectivos de todos sus municipios se agruparon y presentaron cuatro iniciativas que buscan regular el crecimiento urbano sin control. Esta región es altamente frágil y ha sido seriamente impactada por las actividades humanas en las últimas décadas.
Bajo el lema “OnceXCuatro” —en referencia a los once municipios y las cuatro iniciativas—, las propuestas buscan integrar herramientas ya existentes en las leyes locales que permitan identificar, medir y controlar los impactos del crecimiento urbano en un estado que depende altamente del turismo y donde la población ha crecido más del 63 % en los últimos 20 años, en medio de una diversidad de ecosistemas que incluye selvas, humedales, dunas costeras, arrecifes, sistemas de cuevas y cavernas.
Una de las organizaciones que trabajó las iniciativas ciudadanas es Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), la cual lleva ocho años asesorando legalmente a ciudadanos del estado en juicios ambientales y de planeación urbana.
Antonella Vázquez Cavedon, fundadora e integrante de DMAS, explica que el inicio de este esfuerzo colectivo se dio tras haber demandado al Congreso de Quintana Roo por omisión legislativa, ya que no se cuenta con normas que obliguen a las autoridades a elaborar un atlas de riesgo que integre zonas de manglares, humedales y cenotes (pozos de agua dulce en el subsuelo) en los programas de desarrollo urbano. Tampoco se consideran estudios de capacidad de carga ambiental, para otorgar autorizaciones de construcción.
“Esa fue una sentencia que ganamos en mayo de 2023. La realidad es que esta falta de planeación urbana, sin el respaldo de la información científica, es algo de lo que sufren todos los municipios”, cuenta la ambientalista, quien se alió con ciudadanos de otros municipios para identificar las omisiones que dañan los ecosistemas del estado.
Vázquez considera que esta sentencia —que aún no es firme, pues el Congreso de Quintana Roo apeló la resolución— podría hacer un cambio real para la región.
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Una ley para un vacío
Los ambientalistas sostienen que la actual planeación urbana en Quintana Roo es insegura e insostenible y que se ve reflejada en sitios habitacionales inundados, ecosistemas contaminados o rellenados por construcciones.
Para evitar este patrón en expansión de la mancha urbana, la iniciativa de ley llamada Ley Tajamar propone modificar dos legislaciones estatales, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la de Protección Civil. Busca que las autoridades locales estén obligadas a generar y actualizar el atlas de riesgo a nivel municipal y los vincula expresamente con los programas de desarrollo urbano, de lo contrario serán invalidados.
También contempla que todos los programas de desarrollo urbano deberán contar con estudios de capacidad de carga que demuestren su relación con los atlas de riesgo de cada municipio, para evitar asentamientos humanos en zonas de peligro para las personas o que sean parte de áreas de conservación.
Un ejemplo del vacío legal que los ambientalistas señalan es la ubicación de los cenotes, pozos naturales profundos interconectados característicos de la región y una de las principales fuentes de agua en Quintana Roo. Aunque está prohibido realizar obras sobre ellos, no hay un mapeo o registro oficial que los ubique y prevenga afectaciones por acciones urbanísticas.
Investigaciones académicas señalan que solo en Tulum, uno de los once municipios de Quintana Roo, existen dos sistemas de cuevas subacuáticas con al menos 380 cenotes. Sin embargo, no hay un registro oficial de estos cuerpos de agua en el estado.
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“Nos dimos cuenta de que ningún municipio tiene un atlas de riesgo digno”, dice Vázquez, quien asegura que a la hora de otorgar una licencia de construcción surgen los conflictos, pues se termina construyendo sobre ecosistemas que deberían estar protegidos.
“No estamos en contra del desarrollo y la construcción, pero tiene que estar bien hecho. La Ley Tajamar llena un vacío que nos sorprendió que existiera”, dice la ambientalista, al señalar esta iniciativa como el corazón de la propuesta ciudadana.
Una norma contra el desequilibrio
Las organizaciones y ambientalistas también proponen una ley que complementa la propuesta en desarrollo urbano y que obligue a respaldar cada construcción con estudios de carga.
La propuesta de ley, llamada PokTaPok, modifica la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para obligar a tener estudios de impacto ambiental y de capacidad de carga previo a la autorización de los proyectos, obras o acciones urbanísticas de cualquier tipo.
Esta iniciativa propone medir el límite máximo de impacto que un área o ecosistema puede recibir sin sufrir un deterioro significativo en el ámbito ecológico, hídrico, atmosférico, de movilidad, turístico y de residuos.
De aprobarse, esta regulación aplicaría en uno de los destinos turísticos más importantes de México: la ciudad de Cancún, ubicada en la costa del municipio de Benito Juárez, al norte de Quintana Roo, y que en un año llega a recibir a cerca de 7.5 millones de turistas.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), hasta agosto de 2024, se tenían en puerta 1000 proyectos inmobiliarios en Quintana Roo.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha identificado que los desarrollos turísticos, junto con la actividad agrícola son los principales factores para la alteración o pérdida del hábitat en el estado.
En 2018, el 83 % del territorio de Quintana Roo estaba cubierto de ecosistemas como selvas, sabanas y manglares, de acuerdo con el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SAMOF).
A partir de esa fecha, y hasta 2023, Quintana Roo perdió 4.1% de su cobertura arbórea, respecto al año 2000, de acuerdo con la plataforma de monitoreo forestal Global Forest Watch. La herramienta muestra que en 20 años, el estado ha disminuido el 9 % del área total de bosque primario húmedo.
Para Rodrigo Huesca Alcántara, activista de Cozumel —isla que forma parte de Quintana Roo– esta ley también les permitiría evitar el deterioro ambiental de su localidad. El impacto en el ambiente, advierte, podría agravarse con la construcción de un cuarto muelle sobre el último arrecife que posee este territorio caribeño.
Ante los impactos que dejan millones de turistas que llegan por crucero a Cozumel, Huesca insiste en la importancia de incorporar regulaciones para evitar un mayor impacto por generación de residuos orgánicos.
“La gente ve a los cruceros como algo de lo que vivimos, pero a la vez hay apoyo social a decir ‘ya no’ porque genuinamente la isla está inundada de mierda. La planta de tratamiento no da para lo que se necesita y nuestras calles están fallando”, dice Huesca a Mongabay Latam, al explicar que el relleno sanitario de Cozumel está sobrepasado.
Si bien hubo resistencia a la construcción de los tres muelles que ya existen en Cozumel, Huesca considera que la presencia de esta industria provocó que la isla se amoldara a las necesidades de las navieras.
Actualmente, ciudadanos organizados mantienen un proceso legal para frenar la construcción de este muelle sobre Cozumel, que cuenta con un Parque Nacional de Arrecifes, así como pastos marinos, manglares, dunas costeras, selvas y humedales.
“Además, es único arrecife en el que pueden entrar los pescadores y buzos que no tienen permisos para el parque nacional es el sustento de muchísimas familias”, sostiene Huesca, quien también es promotor de la iniciativa de ley.
Cuestión de cargas
La agrupación de activistas que promueve OnceXCuatro busca conectar también los delitos urbanos en la ley existente con una actualización al Código Penal de Quintana Roo, para sancionar a constructoras e inmobiliarias que construyen en áreas no permitidas. También, a las autoridades que no vigilan el cumplimiento de las medidas en el desarrollo urbano.
El proyecto de la nombrada Ley Solimán prohíbe a los funcionarios autorizar o incorporar predios que impliquen proyectos de alto impacto sin que antes se haya demostrado que es “acorde a las capacidades de carga”.
Esta propuesta, cuenta Vázquez, surgió por una batalla legal contra una edificación en la Bahía de Solimán, ubicada en el municipio de Tulum, donde se vendían departamentos de lujo sin licencia para construcción.
“Se vendieron las casas y a la gente se le salían las aguas negras cuando llovía”, señala la fundadora de DMAS, que ha acompañado casos de delitos urbanos.
Una investigación de la economista Christine McCoy Cador estimó en 2020 que sólo en el municipio de Benito Juárez, uno de los que concentran la mayor actividad turística, se identificaron más de 23 000 lotes en condición de irregularidad, lo que representa un aproximado de 84 000 personas viviendo sin acceso a servicios básicos y con impactos a los ecosistemas, ya que no cuentan con planes residuales de tratamiento.
El buzo y activista José Urbina destaca la importancia de la iniciativa para sancionar estos delitos, pues afirma que ecosistemas tan valiosos, como la selva, están en venta.
“Lo que venden no cumple con ningún parámetro legal de calidad medioambiental, de drenaje, de viabilidad. No les interesa el medioambiente, les interesa la comisión de lo que venden y eso es lo que está definiendo el futuro de Quintana Roo”, advierte.
Urbina considera que el estado debe frenar la promoción de crecimiento en Quintana Roo y atender los retos socioambientales de la expansión urbana.
“Hay que dejar de promocionar que cada vez haya más habitaciones y hoteles. Vamos a encargarnos de poner drenaje, de tener plantas de tratamiento de agua que sean suficiente para lo que tenemos y para lo que calculamos que vamos a tener”, sostiene.
Los activistas también afirman que el crecimiento irregular de cada municipio en Quintana Roo ha provocado una falta de planeación en la movilidad de los ciudadanos, por lo que también se propone una ley que promueva este derecho mediante planes que prioricen las vías completas, un transporte limpio y rutas de transporte accesibles para sus habitantes.
Si bien el secretario de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno de Quintana Roo, Óscar Rébora, ha dicho públicamente que estas iniciativas son un paso importante para la protección ambiental del estado, aún no hay una respuesta clara sobre si se tomarán en cuenta estas iniciativas para la política pública de la actual administración.
Mongabay Latam consultó al gobierno de Quintana Roo para conocer su postura respecto a estas propuestas. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta.
Vázquez afirma que, por ahora, la agrupación se concentra en difundir las iniciativas entre la población.
“Nos hemos enfocado en explicar por qué son importantes, desde ahí vamos de gane porque muy poca gente sabe de los atlas de riesgo, y son una herramienta importantísima”, señala la activista quien aboga porque la planeación urbana ya no sea un negocio en Quintana Roo.
Imagen principal: el crecimiento urbano y turístico en Quintana Roo se ha dado en medio de ecosistemas frágiles. Foto: cortesía municipio de Benito Juárez, Quintana Roo
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