- La instalación de un puerto petrolero y una terminal para barcos que licúan gas natural amenazan uno de los espacios de mayor biodiversidad del Atlántico Suroccidental.
- La ley que protegía la zona de este tipo de proyectos fue modificada sin consulta previa en 2022, impulsada por las necesidades económicas del país.
- Microderrames continuos, el aumento de la temperatura de las aguas y la posibilidad latente de un accidente de grandes proporciones son las mayores amenazas.
Fuerte Argentino es una meseta plana de alrededor de 150 metros de altura, que a pocos pasos de donde rompen las olas extiende su perfil en medio de la llanura patagónica y sobre la que sobrevuelan las más curiosas leyendas. A unos 120 kilómetros por carretera, Punta Colorada es un descampado sin una mata de pasto, señal de que la tierra fue removida hace poco tiempo. Una construcción de gran tamaño y parcialmente oxidada que sugiere haber sido un depósito en otros tiempos, una pequeña casa donde vive el cuidador del predio, y más allá, invadiendo las aguas, un largo muelle de hierro que muestra los años en desuso.
Aunque muy diferentes entre sí, ambos parajes han tenido siempre varios puntos en común: la ubicación en torno al golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, Argentina, la mirada sobre el mar, la aridez del suelo, la cercanía a centros turísticos —los acantilados de Las Grutas en el primer caso; los médanos arenosos de Playas Doradas en el segundo—. Pero desde hace pocos años han sumado otro más, menos bucólico, más preocupante.
En Punta Colorada se levantará un puerto petrolero donde el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) terminará su recorrido de 437 kilómetros. La enorme tubería conducirá el crudo extraído de manera no convencional (fracking) en la meseta de Neuquén, hasta dos monoboyas instaladas mar adentro para llenar los depósitos de los barcos cargueros.
Frente a Fuerte Argentino, a unos siete kilómetros de la costa, estará anclado el buque Hilli Episeyo, perteneciente a la empresa Golar. Su tarea será licuar el gas que, en una primera fase, le llegará desde una extensión del gasoducto San Martín para transformarlo en Gas Natural Licuado (GNL) y volcarlo a su vez a los buques que lo transportarán a los países interesados en comprarlo.
“Todos necesitamos energía para desarrollar nuestras vidas, pero el lugar elegido para estas obras no puede ser peor. El golfo San Matías es un sitio demasiado importante para la salud de nuestro mar como para convertirlo en una zona de sacrificio”, se lamenta Roxana Schteinbarg, coordinadora del programa de conservación del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB). “Es imposible pensar que actividades de este tipo no van a producir impactos importantes en el ecosistema del golfo”, afirma Valeria Falabella, directora de conservación marina de World Conservation Society (WCS Argentina).
Un auténtico vergel de naturaleza
Situado en el litoral de la Patagonia Norte, San Matías es uno de los puntos de mayor biodiversidad del Mar Argentino. Península Valdés, Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1999 y Reserva de la Biosfera desde 2014, forma su límite sur; y en su contorno se suceden el Parque Nacional Islote Lobos (8 kilómetros al norte de Punta Colorada), las Áreas Naturales Protegidas Puerto Lobos y Bahía San Antonio, y la Reserva de Usos Múltiples Caleta de los Loros. La ballena franca austral (Eubalaena australis), el elefante marino del sur (Mirounga leonina), el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), el lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), cormoranes, orcas, tiburones, rayas, delfines comunes y oscuros, aves playeras, hipocampos y otras muchas especies son ejemplos de una riqueza desbordante en sus aguas y sus costas.
En 1999, la Legislatura provincial de Río Negro había aprobado la ley 3.308, en la que se prohibía de manera explícita todo tipo de proyecto hidrocarburífero en el golfo. Sin embargo, en septiembre de 2022, impulsada por la necesidad de divisas de la economía argentina, la norma fue modificada. “No hubo proceso previo de consulta e información a la población ni una audiencia pública, que es lo que establecen las leyes y el Acuerdo de Escazú [ratificado por Argentina en 2020]”, sostiene Hernán Pérez Orsi, activista e investigador, coordinador del grupo de Energía del Foro para la conservación del Mar Patagónico. La demanda planteada por estas irregularidades fue desestimada por el Tribunal Supremo de Río Negro.
Desde entonces y hasta la fecha, la resistencia de las poblaciones que rodean San Matías no ha cesado. “San Antonio Oeste, la ciudad más grande del golfo, tiene unos 40 000 habitantes. Somos poquitos, y los medios locales de comunicación están haciendo una campaña muy fuerte a favor de los proyectos. Todos los días se publican artículos que buscan confundir y provocar resignación en la comunidad”, señala Fabricio Di Giacomo, integrante de la Multisectorial Golfo San Matías y habitante de la ciudad. “Pero pese a todo y con muchas fluctuaciones, la movilización popular se mantiene porque hay mucha gente muy preocupada: la que vive del turismo en el verano, los pescadores artesanales, la Asociación de Pulperos, que sigue toda una tradición familiar de varias generaciones, los guías que llevan a la gente a ver las ballenas”, agrega.
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Mientras tanto, y a un ritmo más lento de lo anunciado, el proceso sigue avanzando. Techint, la empresa encargada de construir el oleoducto, comenzó las obras en febrero de este año y asegura que la tubería estará operativa “durante 2026”. Golar, dueña del barco que se encargará de licuar gas, dice que el contrato firmado para su puesta en marcha “entrará en vigor en 2027”, misma fecha en la que se prevé que comience a funcionar el puerto de Punta Colorada. El proyecto completo no se detiene en ese punto. “Un segundo buque para licuar gas natural licuado y para el cual se necesitará un nuevo gasoducto se está construyendo en China y arribará en 2028”, anunció el 22 de mayo Alberto Weretilneck, gobernador de la provincia, y se plantea la llegada de otras cuatro naves en sucesivas etapas.
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Aguas con movimientos y vida propia
“Los golfos son de por sí ecosistemas diferentes al entorno. Al ser ambientes más cerrados tienen tasas de recambio de agua más lenta, mayor salinidad, distintos patrones de evaporación y hasta procesos ecológicos propios”, explica Falabella. En el mismo sentido, Pérez Orsi emplea un ejemplo gráfico: “La circulación interna del agua del golfo es un remolino que va cambiando hacia uno y otro lado de acuerdo con las épocas del año, gira como el agua de un inodoro antes de salir hacia el mar abierto”. Esa característica aumenta el nivel de amenazas que significará el incremento en el tráfico de embarcaciones y la propia operativa de las dos terminales.
“Identifico varios riesgos”, indica Falabella: “Por un lado, la contaminación crónica por la operación continua de las monoboyas que van a cargar hidrocarburos; por otro, la posibilidad de un accidente de mayores proporciones, que sería dramático; y finalmente, un cambio en las características fisicoquímicas del agua”.
En este último punto, el sistema que utilizan los barcos de licuefacción juega un papel importante. “Como necesitan refrigerar el gas, chupan agua del mar en volúmenes monstruosos de varios metros cúbicos por segundo y los reinyectan más calientes [entre 2 y 7 grados centígrados]. Eso puede propiciar la floración de algas nocivas que generen mareas rojas”, informa Pérez Orsi.
En el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) tienen otros temores. La ballena franca austral, el mayor ícono y principal atractivo turístico del mar patagónico, vive una fase de crecimiento poblacional en las últimas cuatro décadas, y la presencia de ejemplares en el golfo no deja de aumentar. “En una zona con más ballenas y más buques la probabilidad de colisiones será más alta. Con mucho menos tráfico marítimo, ya hay ejemplos concretos en Península Valdés”, señala Mariano Sironi, director Científico del ICB, y agrega.
Sironi agrega: “Además, el ruido, las luces y la contaminación afectarán a toda la fauna, incluso a los pequeños invertebrados que viven en el fondo marino. Las ballenas y muchas aves son migratorias, pero hay especies sésiles que pasan toda su vida sobre una piedra, y si se altera el ecosistema se verán afectadas los 365 días del año”.
El riesgo de un accidente de grandes proporciones, como los registrados en los últimos años en México o Perú, está latente. En mayo de este año, YPF organizó su primer encuentro de Seguridad, durante el cual su presidente, Horacio Marín, dijo que el objetivo es “transformar a YPF en una operadora de shale [extracción no convencional de petróleo] de clase mundial en los próximos años. En ese camino, la seguridad de las personas y de las operaciones juega un rol clave”.
Sin embargo, sus palabras son vistas con cierto escepticismo. “Todas las empresas de cualquier actividad garantizan la máxima seguridad, pero máxima no es total. Las líneas aéreas ofrecen la máxima seguridad en sus aviones, y cada tanto hay aviones que se caen”, ejemplifica Sironi.
Daños ambientales, sociales y económicos
Las razones por las que las autoridades del país eligieron San Matías como punto de instalación de las terminales hidrocarburíferas son, sobre todo, geográficas y económicas. “Recorrimos más de 20 sitios, ponderamos atributos cualitativos y cuantitativos, y determinamos que Punta Colorada presentaba las mejores condiciones, entre otras cuestiones, porque su profundidad es de al menos 40 metros, lo que permitirá operar a los buques petroleros de mayor capacidad de carga”, subrayó Augusto Castagnino, gerente ejecutivo de Operaciones de YPF.
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Detrás de la intención de atraer ese tipo de embarcaciones subyace la necesidad de abaratar el costo del transporte hasta los puertos de destino. “Al estar muy lejos de otros mercados, la logística encarece el producto final y se busca reducir costos”, explica Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El hecho de buscar el punto más directo posible para llevar los carburantes fósiles desde los pozos de Vaca Muerta a los tanques de los barcos sigue un criterio semejante: abaratar el precio del nuevo oleoducto.
Licenciado en Economía, Slipak posee una mirada concluyente sobre el resultado final de toda la operación que fomenta el Estado argentino: “Tanto el oleoducto como los proyectos de GNL son sumamente nocivos desde cualquier dimensión: climática, porque aumentan las emisiones de metano y benceno; cultural, para las comunidades de la costa; económico, porque es un pésimo negocio colectivo para el país, aunque muy bueno para las empresas interesadas; y desde ya, ambiental. Monetizar el daño desde ese punto de vista es imposible, pero también incalculable, ¿o alguien puede decir qué precio tiene una ballena?”.
El apartado económico genera controversias. Las previsiones del gobierno nacional y de la empresa YPF estiman recaudar 20 000 millones de dólares anuales en exportaciones, una cifra que a expertos como Slipak les suena exageradamente optimista. “El petróleo y el gas son a la energía como el VHS a la industria del cine, herramientas que ya están siendo desplazadas. Carecen de tasa de innovación tecnológica y la tendencia de las ventas y los precios es a la baja”, afirma.
Slipak agrega: “Para alcanzar esa cifra existen dos vías, o se compromete el abastecimiento interno [en la actualidad, el país importa GNL para sostener la demanda en invierno], o se duplica la capacidad de Vaca Muerta. Esto aumentaría la utilización de la arena y el agua que se emplean para fracturar los suelos (de ahí el concepto de fracking con el que se extrae el petróleo), con la consiguiente degradación ambiental en las zonas de donde se obtienen esos dos recursos”.
Por el momento, las cuentas más concretas son las de gastos. Argentina invertirá 3000 millones de dólares en el oleoducto que conecta Vaca Muerta con el mar. Además, tendrá que gastar otro tanto en dos gasoductos si pretende ampliar la cantidad de barcos de licuefacción; 2500 millones en la obra de Punta Colorada, 285 millones anuales en el alquiler del buque Hilli Episeyo y otros 400 millones anuales en el que se encuentra en construcción. Y si bien son muchas las empresas privadas que participan del proyecto, estas reciben subvenciones por parte del Estado (113 millones de dólares en 2023 y alrededor de 350 millones en 2024) y múltiples beneficios impositivos y en la recaudación de plusvalías.
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El sueño de un nuevo Eldorado
La mayoría de los 9000 habitantes de Sierra Grande son, tal vez, los que ven con mejores ojos la transformación que sufrirá Punta Colorada. Situado a 35 kilómetros hacia el interior del territorio, se trata del municipio más cercano al lugar donde se construirá el puerto petrolero. La promesa de desarrollo y puestos de trabajo encandila a los descendientes de quienes vivieron el cierre de la mina de hierro que en los años 70 hizo florecer la economía del lugar.
Desde entonces, y pese a algunos intentos frustrados por reactivar la mina, el pueblo se sumió en una decadencia que dura hasta la fecha. “Recuerdo pasar con mi familia cuando era más chico y había muchas casas abandonadas, se había convertido casi en un pueblo fantasma”, comenta Di Giacomo.
Las autoridades locales vaticinan la anhelada resurrección. “Este es un momento bisagra para nuestra ciudad”, declaró el pasado 21 de mayo la intendenta Roxana Fernández, con motivo del acuerdo entre la provincia y las empresas constructoras del oleoducto, que asegura a las arcas municipales un aporte de 60 millones de dólares iniciales y otros 40 millones anuales durante 13 años. Desde esa perspectiva, Di Giacomo entiende que “son muchos los que están de acuerdo con que llegue cualquier tipo de proyecto que sirva para crear un poco de trabajo, por más que sepan que puede ser temporal o contaminante”.
Aun así, hay quienes guardan memoria del final de la anterior experiencia y miran con recelo el nuevo Eldorado, aunque en general eligen el silencio. “No se manifiestan porque hay mucha presión por parte del gobierno municipal. Hubo un profesor del Instituto de Formación Docente que en 2022 organizó un debate luego de la modificación de la ley 3.308 y luego comenzó a sufrir maltrato. Acabó yéndose del pueblo, y en general, la gente prefiere no hablar”, relata Di Giacomo.
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Causas judiciales sin sentencia
Las restricciones a la opinión de los residentes en el área del golfo se hicieron evidentes en las dos audiencias públicas (obligatorias, aunque no vinculantes) realizadas para, en teoría, conocer lo que la sociedad rionegrina pensaba de las obras propuestas. La primera tuvo lugar en Sierra Grande y la segunda, en San Antonio Oeste. Ambas registraron serias irregularidades. Pérez Orsi describe los detalles: “La política tradicional accionó todas sus herramientas para amedrentar a quienes tenían opiniones contrarias. Mensajes previos de tono amenazante, patrullas policiales en la puerta, grupos de trabajadores del sindicato de la construcción haciendo sonar sus bombos cuando hablaban los opositores. Eso esmeriló la voluntad de quejarse, hay mucha gente con miedo”, asegura.
Se abrió una causa judicial pidiendo la nulidad de estas audiencias, aún sin sentencia. Otra demanda en curso pretende incluir a la población de la provincia de Chubut, que alberga en su geografía a Península Valdés, dada la indiscutible conectividad oceanográfica y biológica entre ambos espacios, pero la Justicia se declaró incompetente. “El gobierno de Chubut no está siendo fiel con la defensa de los intereses de su provincia”, denuncia Pérez Orsi.
En dichas reuniones se dieron por buenos sendos estudios de impacto ambiental cuya veracidad se encuentra cuestionada. “Ahora mismo se está solicitando a la subsecretaría de Ambiente de la Nación una evaluación de impacto ambiental estratégico que analice los impactos acumulativos que van a tener los dos proyectos, el de GNL y el del puerto petrolero, porque lo que presentaron fueron dos evaluaciones aisladas, cuando es lógico pensar que al coincidir en una misma área sus efectos pueden potenciarse. Más aún si se piensa en agregar más barcos de licuefacción”, subraya Belén Braga, investigadora en temas de conservación marina.
El golfo San Matías ha sido hasta la fecha un rincón prístino del litoral marítimo argentino y la comunidad que reside a sus orillas basa sus actividades en oficios que dependen de la belleza del lugar y la calidad del agua: turismo, avistaje de ballenas, pesca artesanal, recogida de pulpos y otros mariscos. La ejecución de todos los proyectos relacionados con la energía fósil amenaza con modificar sustancialmente el paisaje.
Imagen Principal: la ballena franca austral llega a reproducirse a partir de septiembre u octubre a Península Valdés y el golfo San Matías, en el Atlántico sur. Foto de archivo: cortesía Greenpeace
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