- Un nuevo informe de la organización Amazon Watch y aliadas ahonda sobre la situación de los pueblos indígenas afectados por el tráfico de drogas.
- El narcotráfico también está presente en los territorios de cuatro reservas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) de las regiones amazónicas de Loreto, Junín, Ucayali, Amazonas, Huánuco y Cusco.
- Las cuatro rutas de salida de la droga están las regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y se usan para llegar a países limítrofes, desde donde luego envían la droga a Estados Unidos y Europa.
- Según el estudio, en el que también participaron el Instituto del Bien Común (IBC), la Organización Regional Aidesep (ORAU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se está produciendo una “amazonización del narcotráfico”.
El narcotráfico está penetrando cada vez más en las comunidades indígenas. El informe Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana. Rutas, impactos y políticas erradas da cuenta de ello y muestra un panorama amplio de qué tan fuerte es la presión que está ejerciendo el crimen organizado sobre los pueblos indígenas. El estudio fue elaborado por el Instituto del Bien Común (IBC), la organización Amazon Watch, la Organización Regional Aidesep (ORAU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
El informe indica que el narcotráfico está presente en los territorios de 274 comunidades indígenas, una cifra que representa aproximadamente el 10 % de todas las comunidades amazónicas registradas en el país, según el censo de 2017. Este tipo de crimen organizado también está presente en cuatro reservas indígenas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).
Las cifras surgen en un contexto con 27 líderes indígenas y defensores ambientales asesinados en ocho regiones de la Amazonía peruana desde 2020, de los cuales 17 habrían sido responsabilidad del narcotráfico, según detalla la publicación.
El reporte también expone las cuatro rutas en la Amazonía por donde circula la droga que sale de Perú hacia los países limítrofes y que, desde allí, sería enviada a otros mercados internacionales, como Estados Unidos y Europa.
“Es un martillazo que reciben los pueblos indígenas amazónicos de un Estado indolente, que no ha sido capaz de responder a sus problemas”, dice Ricardo Soberón, ex presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (DEVIDA), sobre la presión del narcotráfico que agobia a los pueblos amazónicos en Perú. “La resistencia, entonces, les cuesta muerte, amenazas, violación de sus derechos, penetración de sus estructuras comunales y un creciente debilitamiento de su organización”, agrega Soberón, quien también es autor del informe.
La publicación analiza las políticas públicas y los programas de erradicación de coca, que describen como “estrategias o planes rimbombantes, pero ineficientes, que no han producido un efecto sostenido en materia de desarrollo rural”, señala el informe.
Amazonización del narco
Para Soberón, el Perú está en un proceso de “amazonización del narcotráfico”, sobre todo desde 2010. Los motivos, dice Soberón, son principalmente la sostenibilidad de la demanda internacional de cocaína, ya que actualmente “se producen 2700 toneladas de cocaína al año” en el mundo.
El experto también comenta que la producción de coca se ha trasladado desde los Andes y zonas altas hacia la Amazonía baja, al mismo tiempo que se produjo una penetración a través del río Amazonas. “Eso explica por qué pasamos de tres cuencas cocaleras en el 2000 a 19 cuencas cocaleras” identificadas actualmente. “Para afrontar los riesgos de la erradicación de cultivos, distribuyen y fragmentan las áreas de producción en pequeñas zonas”, agrega sobre la dinámica del narcotráfico en Perú.
De acuerdo con el informe, las comunidades nativas con mayor presencia de cultivo de coca están en las regiones de Junín —en las provincias de Satipo y Río Tambo— y en Loreto —en las provincias de Mariscal Castilla y Putumayo, ambas en zona de frontera y en la Amazonía. Entre las comunidades listadas en el reporte aparecen varias ubicadas en las regiones de Amazonas, Ucayali, Huánuco y Cusco.
“Si vemos la lista de comunidades, las de mayores cultivos de hoja de coca están, principalmente, entre Loreto y Junín. Sin embargo, las que han crecido más rápido en estos últimos años [en cantidad de cultivos] son los territorios del pueblo kakataibo [en Ucayali y Huánuco], la zona denominada el nuevo Vraem, que está vinculada a la provincia de Aguaytía, y otras zonas en Ucayali y Huánuco”, afirma Luis Hallazi, consultor en incidencia sobre territorios indígenas del Instituto del Bien Común.
El incremento en estas zonas ha sido más acelerado, más de 100 % más de cultivos de hoja de coca. “Por eso la preocupación mayor es en esa zona”, comenta Hallazi.
Según el reporte que recoge información de Devida, para 2018 había 4961 hectáreas de cultivos de coca en las comunidades indígenas amazónicas, cifra que se triplicó en 2023, cuando se reportaron 13 054 hectáreas cultivadas.
Por ejemplo, según el cuadro de cantidad de cultivos de coca en los territorios indígenas, para 2018 prácticamente no había presencia de estos en los territorios kakataibo: apenas figuraban 25 hectáreas en las cuatro comunidades incluidas en el cuadro. Sin embargo, para 2023 ya sumaban 684 hectáreas en estas cuatro comunidades.
Las reservas indígenas Kakataibo Norte y Sur, para pueblos en aislamiento voluntario, establecida en 2021, tienen aproximadamente 416 hectáreas de cultivos de hoja de coca dentro de su territorio. Además, los territorios solicitados para la Reserva Territorial Atacuari, en Loreto; la Reserva Sierra del Divisor Occidental, entre Loreto y Ucayali; y la Reserva Indígena Tamaya-Abujao, en Ucayali, también tienen cultivos de coca en sus territorios.
“Es un fenómeno que se está desbordando y tiene un componente de conflictividad violenta, de muertes y de amenazas”, dice Vladimir Pinto, coordinador de Amazon Watch en Perú. “Y más allá de eso, se está articulando un conjunto de ilegalidades y de dinámicas económicas en toda la Amazonía”, agrega.
Pinto también señala que el narcotráfico está vinculado al tráfico de tierras. “El caso de Ucayali es muy evidente. Y en diversas investigaciones en Huánuco se ha determinado que alcaldes y otras autoridades públicas han entregado tierras que correspondían a las comunidades de manera irregular, muy presumiblemente vinculados a intereses criminales de tráfico de tierras”, puntualiza.
“Esas dinámicas se han potenciado y se han reforzado con la presencia del narcotráfico, que mueve grandes cantidades de dinero y que se ha vinculado a estas organizaciones de tráfico de tierras para sembrar más cultivos ilegales”, precisa Pinto.
En el informe se aborda el problema de las tierras y se menciona que, como una forma de frenar el narcotráfico, las organizaciones indígenas amazónicas reclaman al Estado la titulación integral de sus territorios para frenar el proceso de entrega de títulos individuales y concesiones que ‘legalizan’ el acaparamiento de tierras.
El reporte también indica que la penetración e invasión de los territorios comunales se producen con progresivos ingresos de colonos, que se aproximan a los linderos comunales para talar el bosque e instalar su parcela de coca. Muchas veces, en complicidad con alguna autoridad local o regional.
Otra forma es mediante el alquiler de predios agrícolas a comuneros o miembros de juntas directivas, así como la incorporación de colonos como comuneros a través del matrimonio interétnico. También ocurren amenazas con incursiones de personas armadas que impiden el acceso de los comuneros a determinadas áreas alejadas del centro comunal, como ocurre en Unipacuyacu. Allí, el jefe de la comunidad fue asesinado en 2020. Desde entonces, otros 26 líderes indígenas y defensores del ambiente han sido asesinados en la Amazonía peruana.
“Creo que esto es doblemente dañino para el país. Por un lado, el posicionamiento de las organizaciones criminales daña a las poblaciones más vulnerables, como son los pueblos indígenas. Por el otro, estas organizaciones criminales se han empoderado al punto que también han logrado ampliar su influencia en la Administración pública y en los grupos políticos”, señala Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú.
Abanto señala que “el país está secuestrado prácticamente por las organizaciones criminales” y agrega que su expansión se está dando no solo en el narcotráfico, sino también en la minería ilegal, en el tráfico de tierras, en la extorsión. “Las autoridades no están alineadas en contra de esto”, se lamenta.
Cuatro rutas del narcotráfico
El informe también presenta cuatro rutas de salida para la droga, todas ubicadas en zona de frontera. Una primera ruta en el norte se ubica en la región Amazonas hacia la Cordillera del Cóndor, en Ecuador, y de allí hacia los puertos de la costa ecuatoriana, como Guayaquil. Ecuador se ha convertido en un hub de salida de cocaína sudamericana.
La segunda ruta del norte avanza por el río Ucayali hacia el Trapecio Amazónico, por las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, en Loreto. Por esta ruta fluvial pasa la cocaína procedente de los departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia, así como la que se produce en Loreto.
La tercera ruta está ubicada en el centro del país, en la región de Ucayali. En este camino, la carretera Federico Basadre facilita el flujo de droga desde Huánuco, Tingo María, Aguaytía y Pucallpa. Esta vía no sólo se usa para el tránsito de drogas sino también para los insumos químicos para la elaboración de la cocaína, y va hacia la costa y viceversa.
De acuerdo con el informe, durante la pandemia, hubo un abandono temporal de los cultivos de hoja de coca en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y ocurrieron procesos migratorios hacia el norte y el sur.
La ruta del sur que se inicia en el Vraem sigue por las regiones Cusco, Puno y Madre de Dios, con destino a la frontera con Brasil y Bolivia. “Aunque fundamentalmente se trata de una ruta aérea, comprende también espacio territorial de cultivos de cocales de comunidades nativas asentadas en La Convención, Cusco y las selvas de Puno y Madre de Dios”, dice el reporte.
Esta última ruta continúa por Bolivia hacia Santa Cruz y de allí por la hidrovía del Paraná, hacia el puerto de Rosario, Argentina, hasta la salida al Río de la Plata. En Madre de Dios, la carretera Interoceánica es uno de estos pasos, mientras que la vía aérea es el camino hacia Bolivia. “Las cuatro rutas están en zonas de frontera”, dice Soberón.
Para Alicia Abanto lo que ha fallado es la capacidad del Estado para controlar el territorio. “En la práctica, las aeronaves aterrizan donde quieren y cuando quieren. Las organizaciones criminales han permeado y han doblegado a las comunidades indígenas que, en algunos casos, operan incluso con la colaboración de algunas personas [de la comunidad] porque, lamentablemente, el impacto económico de estas actividades ilegales genera nuevas dinámicas incluso sociales dentro de las comunidades”.
Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), también cuestiona al Estado peruano. “En zonas remotas, donde casi nadie llega, ninguna autoridad, es ahí donde estos señores empiezan a invadir las tierras, se posesionan y empiezan a sembrar coca. Es un resultado claro de la ausencia del Estado y de sus políticas públicas que han fracasado, en este caso, en controlar el narcotráfico”.
El estudio indica que la respuesta del Estado ha sido “recurrir al estado de emergencia prorrogable ad infinitum, como sucede desde hace 30 años en el Vraem”. Se menciona, además, que la revisión de diversos instrumentos de política pública demuestran que no hay “enfoques ni mecanismos interculturales para enfrentar el avance del narcotráfico en territorios indígenas”.
“Ninguna de las políticas, planes, estrategias y proyectos ha resuelto las demandas fundamentales de la población indígena sobre su territorio, sino todo lo contrario, invasiones de tierras indígenas o construcción de pistas se han incrementado y la violencia contra líderes indígenas llega a cifras sin precedentes”, señala el documento.
Respuestas del Gobierno
Mongabay Latam consultó con los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Cultura y del Interior, así como con Devida sobre las políticas y acciones que llevan a cabo para enfrentar el problema del narcotráfico y proteger a las poblaciones indígenas.
Mediante comunicación escrita, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respondió que mediante el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos viene implementando una estrategia territorial descentralizada entre el Gobierno Nacional, el Regional, personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones que las representan.
Aseguran, además, que trabajan con el fin de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y atender situaciones de riesgo y amenaza de quienes se enfrentan a actividades ilegales, como el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de tierras.
“De acuerdo al Registro sobre Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos, los departamentos que registran situaciones de riesgo asociados al tráfico ilícito de drogas son Ucayali, Huánuco, San Martín y Junín. En los cuatro departamentos, se han constituido Mesas Regionales para la protección de personas defensoras de derechos humanos, y se han sostenido 10 sesiones descentralizadas”, menciona la respuesta oficial.
En tanto, el ministerio de Cultura, también mediante comunicación escrita, reconoció que la titularidad de las tierras es un elemento central para la defensa de los derechos colectivos y el bienestar integral de los pueblos indígenas, pero que muchos de estos territorios aún carecen de títulos de propiedad formalmente reconocidos o presentan superposición de derechos, “situación que genera vacíos aprovechados por actividades ilícitas”.
“El Ministerio de Cultura desempeña un papel esencial en la salvaguardia de dichos territorios y en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, articulando esfuerzos con los actores locales para garantizar el saneamiento físico-legal de los territorios de las comunidades nativas”, agrega la cartera.
Luego, Cultura precisa que “se ha intensificado la intervención en la titulación de comunidades nativas en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, la cual enfrenta dificultades derivadas de la presencia de colonos en tierras ancestrales y de cultivos ilegales de hoja de coca”.
Cultura también afirma que se está impulsando la titulación de la comunidad nativa de Unipacuyacu, así como de las comunidades nativas Nueva Austria del Sira, Los Ángeles del Río Pozuzo y Puerto Nuevo en Huánuco; y las de Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kurutuyacu, en San Martín.
El Ministerio de Cultura manifiesta que desde 2022 hasta el primer trimestre de 2025 ha reportado 45 defensores indígenas en situaciones de riesgo y que realiza el seguimiento de los familiares de los defensores indígenas asesinados.
En cuanto a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), Cultura señala que lidera la implementación del Régimen Especial Transectorial (RET) para asegurar la protección territorial de los PIACI, de tal forma que alerta de manera oportuna a las autoridades responsables sobre situaciones de riesgo.
Imagen principal: el pueblo indígena kakataibo es uno de los más amenazados. Foto: cortesía Gabriela Maldonado / IBC
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