- El gobierno peruano suscribió el Acuerdo de Alta Mar durante la Cumbre de los Océanos, que se realizó en Niza, Francia, entre el 9 y 13 de junio.
- Tras la firma de este tratado, los gremios industriales y pesqueros de Perú salieron a cuestionar esta decisión.
- Entre los argumentos para criticar la firma señalan que el tratado representa una pérdida de soberanía marítima y que pretende debilitar organismos regionales de pesca.
- Expertos en océanos y representantes del Gobierno han salido a desmentir todos estos argumentos y a defender las ventajas de la suscripción del tratado.
Durante la tercera Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos (UNOC3), que se realizó entre el 9 y 13 de junio, en Niza, Francia, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó el Tratado de Biodiversidad Biológica Marina en Aguas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), conocido también como Tratado de Alta Mar.
De esta forma, Perú se unió a más de 130 países que ya han suscrito este acuerdo global, que busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas internacionales, es decir, en todas las porciones de los océanos que no están dentro de las jurisdicciones nacionales de los países y que históricamente han permanecido desprotegidas. Las aguas internacionales abarcan dos tercios del océano del mundo, pero actualmente sólo alrededor del 1 % tiene algún tipo de figura de protección ambiental.
Luego de la firma, en Perú surgieron una serie de voces en oposición a la suscripción del acuerdo, principalmente de sectores de la industria pesquera, pero también de la política. Expertos y especialistas en océanos, así como diversos sectores del Gobierno han salido a señalar que los argumentos y cuestionamientos a la adhesión del tratado no se ajustan a la verdad, incluso han dicho que son erróneos y falsos.
Los principales argumentos que han surgido para criticar la decisión del gobierno peruano señalan que el acuerdo representa una pérdida de la soberanía marítima de Perú y que pretende debilitar organismos como la Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP).
Además, se ha presentado una denuncia penal contra Boluarte ante la Fiscalía de la Nación, bajo el argumento de que se trata de una afectación directa a la soberanía marítima nacional y que el acuerdo colisiona con lo estipulado en la Constitución.
El Tratado de Alta Mar, indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contiene 75 artículos destinados a proteger y garantizar el uso responsable del medio marino, mantener la integridad de los ecosistemas oceánicos y conservar el valor inherente de su diversidad biológica. Mediante este acuerdo también se pretende prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo y poner fin a la pesca excesiva.
Durante casi dos décadas, los estados miembros de la ONU discutieron el texto del Tratado de Alta Mar, hasta que en marzo de 2023, los países finalmente llegaron a un consenso en temas como la gobernanza de alta mar, cuestión que además define cómo se compartirán sus recursos y su uso o la realización de evaluaciones de impacto ambiental. Además, se decidió que se establecerán redes de áreas marinas protegidas, los instrumentos de apoyo a los países del Sur Global para que alcancen las metas del tratado y los mecanismos de resolución de disputas. También, las herramientas de financiamiento que permitan conseguir sus objetivos.
El Tratado de Alta Mar fue adoptado el 19 de junio de 2023 por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. En septiembre del mismo año 115 países suscribieron el acuerdo. Sin embargo, debe ser ratificado por al menos 60 países para poder entrar en vigor el 1° de enero de 2026, como está previsto. Hasta ahora son 50 países los que han ratificado.
Leer más | El tratado de Alta Mar avanza a paso firme en la conferencia de las Naciones Unidas para los océanos
Oposición de la industria
“El instrumento [Tratado] de Alta Mar no tiene nada que ver con la soberanía nacional, esas son excusas en todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, para que no se acuerde proteger zonas importantes para la humanidad”, dijo Enric Sala, líder del proyecto Pristine Seas de National Geographic, en entrevista con Mongabay Latam en Niza durante la Cumbre de los Océanos. De esta forma, Sala se refiere así a los argumentos presentados por el gremio pesquero industrial.
Esta posición contraria al tratado ha sido expuesta en los últimos días por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad de Comercio Exterior de Perú (Comex Perú), instituciones que mediante un comunicado conjunto rechazaron la firma “por atentar contra la soberanía nacional”.
Los gremios comerciales, industriales y pesqueros argumentan que la firma de este acuerdo representaría una “pérdida de soberanía” porque afectaría “la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros”. También señalan que el tratado “impone restricciones innecesarias y pretende debilitar organizaciones regionales eficaces en las que participa el Perú como las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP)”.
En el comunicado conjunto también se dice que el acuerdo es impulsado por las ONG que buscan acabar con sectores productivos como la pesca. “Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada”, dice el documento.
“A mí me parece bastante preocupante porque lo que ha logrado esa comunicación es desinformar al público”, dice Kerstin Forsberg, directora de Planeta Océano, una organización dedicada a la protección del medio ambiente marino en Perú.
Forsberg señala que la firma del convenio debería “ser un motivo de celebración” para Perú porque se está uniendo a estos esfuerzos internacionales de conservación. “Creo que han debido de tener una comunicación más cercana con el Gobierno antes de sacar un comunicado que no tenía ni pies ni cabeza, porque claramente estamos hablando de algo que ni siquiera está dentro de las aguas jurisdiccionales peruanas. La verdad, ha sido un comunicado muy falso”, agrega.
Daniel Cáceres, representante regional de Sustainable Ocean Alliance (SOA) aclara que “este tratado no otorga, cede ni niega derechos soberanos a ningún Estado”, y especifica que esto queda claro en el artículo 3 que textualmente dice: “El presente Acuerdo se aplicará a las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”.
Cáceres también menciona el artículo 5 para desbaratar los argumentos en contra. En este acápite se señala que “nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo perjudicará los derechos, la jurisdicción y los deberes que corresponden a los Estados en virtud de la Convención, incluso con respecto a la zona económica exclusiva y la plataforma continental dentro de las 200 millas marinas y más allá”.
El ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, también se sumó a los cuestionamientos a la posición adoptada por la industria pesquera. “Otra vez aparecen las falsedades. Tal como hicieron con el Acuerdo de Escazú, ahora algunos también mienten diciendo que se afecta la soberanía nacional. Es falso porque el ámbito de aplicación de este tratado está fuera de las jurisdicciones nacionales. Regula únicamente las aguas internacionales, es decir, más allá de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva (ZEE) de cada país”, dijo a través de sus redes sociales.
Leer más | Cobertura especial: Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos 2025
La respuesta del Gobierno
El gobierno peruano también salió al frente a defender la firma del tratado. A través de un comunicado de prensa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aclaró que el acuerdo suscrito por Perú “no afecta la soberanía ni la actividad pesquera en el país”, y explicó que “el acuerdo internacional busca proteger nuestros ecosistemas marinos y su gran biodiversidad con acciones estratégicas en aguas por fuera de la jurisdicción nacional”.
Castro reiteró que el acuerdo no debe interpretarse como una restricción. “Nada de lo que dispone perjudica los derechos, la jurisdicción y deberes a los Estados miembros» y añadió que tampoco afecta la actividad pesquera ni los recursos marinos.
El titular del Ministerio del Ambiente también dijo que “existe cierta confusión debido a la desinformación y desconocimiento” y subrayó que el Acuerdo de Alta Mar es diferente a la Convención del Mar (Convemar), un acuerdo internacional para el uso de los océanos y sus recursos que Perú no ha firmado. Esta aclaración la hizo para despejar dudas de ciertas voces que se han referido a la Convemar.
Una de ellas es de la bancada Perú Libre, del Congreso de la República, que en un comunicado señaló que “esta firma es un acto de entreguismo que busca imponer los objetivos de la nefasta Convención del Mar (Convemar), la cual pretende reducir nuestro dominio soberano de 200 a solo 12 millas marítimas”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que “el Estado peruano mantiene soberanía y jurisdicción sobre su dominio marítimo de 200 millas adyacentes a sus costas, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Perú de 1993”. En su comunicado, Relaciones Exteriores precisó que durante la firma del Tratado de Alta Mar el Perú presentó una comunicación formal al secretario general de las Naciones Unidas mediante la cual reitera que el país no es parte de la Convemar.
“La suscripción por parte del Perú del Acuerdo BBNJ reafirma el compromiso de nuestro país con la gobernanza global de los océanos, así como con la humanidad y las futuras generaciones. Las áreas marinas situadas más allá de las jurisdicciones nacionales deben ser espacios de responsabilidad compartida por todos los países involucrados”, se explica en la nota de prensa publicada por Relaciones Exteriores.
En sus cuestionamientos a la firma del tratado la industria también señala que “no se ha solicitado opinión técnica de sectores clave como los ministerios del Ambiente, de la Producción, el Instituto del Mar del Perú, los gremios empresariales y trabajadores del sector, entre otros, para una decisión consensuada”.
A este reclamo se ha sumado la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapesca): “Consideramos que no ha sido adecuado firmarlo de manera aparentemente improvisada”.
Sonapesca también dice que “resulta poco comprensible que su firma se haya realizado sin espacios abiertos de consulta pública que permitieran dar a conocer los beneficios que podría traer dicho tratado al país”.
El Ministerio de la Producción (Produce), ente responsable de la pesca en el país, también se ha manifestado sobre el tema. En un comunicado señala que el acuerdo BBNJ no colisiona con la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) o la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
Por el contrario, Produce asegura que la firma de este acuerdo “fortalece la posición del Perú como un Estado comprometido con la conservación marina y la sostenibilidad” y que le permite “participar activamente en los procesos de discusión y decisión, con voz y voto, para la gobernanza internacional del océano más allá de nuestras 200 millas”. Además, destaca que posibilita “posicionar los intereses nacionales fuera de las 200 millas, así como, la representación y defensa proactiva de nuestras pesquerías y biodiversidad”.
Desde que se firmó el tratado en 2023 el documento ha sido público y de conocimiento de todos los países y de sus instituciones. Asimismo, la decisión de que el gobierno peruano iba a suscribir el convenio durante la Cumbre de Niza era de conocimiento del Congreso de la República, ya que estaba incluido en la agenda que se presentó al Parlamento para solicitar la autorización para el viaje de la presidenta Boluarte.
La protección de altamar
Jimpson Dávila, director del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, explica que el Tratado de Alta Mar regula “cuatro cosas muy concretas”. La primera es la posibilidad de establecer mecanismos para crear áreas marinas protegidas en espacios internacionales, es decir, en el 64% del océano, que corresponde a todo el espacio de altamar.
La segunda es la posibilidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental para actividades económicas que se pueden realizar fuera de las 200 millas y que podrían tener impactos ambientales en esos ecosistemas. “Alguno de ellos que todavía no han sido explorados, como son los fondos marinos”, comenta Dávila.
El tercer elemento, dice Dávila, está vinculado con el acceso a los recursos genéticos, ya que este ecosistema ha permitido desarrollar biodiversidad con características genéticas únicas que también pueden ser aprovechadas para la industria farmacéutica, para la industria química, para la medicina, para el desarrollo tecnológico. “Antes, sin el acuerdo, los únicos que podían acceder a esos recursos y beneficiarse eran los países que tenían la tecnología para hacerlo. Ahora, el acuerdo establece que se tienen que compartir esos beneficios entre todos los países”, explica el experto.
El cuarto elemento, continúa Dávila, es la necesidad de mejorar las capacidades y la transferencia tecnológica. “Siempre digo que conocemos más de la Luna que de los ecosistemas marinos. Para dar un dato: solamente el 0.001 % de los fondos marinos han sido explorados”.
Dávila hace hincapié en que “la mejor forma de garantizar los intereses del país es, precisamente, estar en el proceso de decisiones que se adopten en el marco del altamar, en lugar de estar ausente del proceso de negociación y de toma de decisiones sobre un espacio que es vital para el planeta y para los intereses del país”.
El experto precisa que para estar presente en la mesa de negociaciones no solo basta con haber firmado el tratado, sino que éste debe ser ratificado por el Congreso de la República. “Si hay una preocupación de temas que pueden influenciar en el ámbito nacional, la mejor forma es participar en este acuerdo”, afirma. Desde una perspectiva estratégica, agrega, es mejor estar adentro que estar afuera, porque “al final los que van a tomar las decisiones son aquellos países que lo ratifiquen.
Daniel Cáceres, de Sustainable Ocean Alliance (SOA), comenta que las aguas internacionales han estado siempre abiertas para las pesquerías y “ahora por fin se pone un marco para asegurar la protección de la biodiversidad” y para proteger estos ecosistemas marinos ante riesgos como derrames de petróleo en aguas internacionales, e incluso de la flota china que está depredando la pota en altamar.
Para Enric Sala, de National Geographic, “el lobby pesquero industrial es la mayor amenaza que tiene la industria pesquera” y el peor enemigo de la pesca es la sobrepesca. “Las capturas en Perú y en otros países están disminuyendo a nivel global. Más de tres cuartos de las poblaciones de peces que se están pescando comercialmente están explotadas al límite, sobre pescadas o han colapsado”.
Actualmente menos del 3 % del mar está cerrado a la pesca, dice Sala, lo que significa que se puede pescar en el 97% del mar. “Si hay un problema con la pesca, si el lobby pesquero se siente amenazado debería ser por la manera cómo están depredando el mar”, agrega Sala en relación a los cuestionamientos ante la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales.
“Tenemos evidencia en cientos de reservas marinas de todo el mundo que muestran que si se cierra una zona de pesca, los peces alcanzan un tamaño desproporcionado, la reproducción es espectacular y esas áreas ayudan a repoblar las zonas aledañas. Las reservas marinas no son antipesca, las reservas marinas son el mejor amigo de los pescadores”, finaliza Sala.
Imagen principal: Los pescadores artesanales de la costa peruana se han adaptado a la tecnología para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos. Foto: Andina
Créditos
