- En la costa ecuatoriana, la población de jaguares no supera los 30 individuos y un estudio de WCS, realizado a finales de 2024, estima que hay solo 0.5 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados.
- Este félido se encuentra en el bosque del Chocó biogeográfico ecuatoriano, una de las regiones con mayor biodiversidad de especies en el país, ubicada entre los Andes tropicales y Tumbes-Chocó-Magdalena.
- El avance de la minería legal e ilegal amenaza al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, uno de los últimos relictos de bosque por donde se mueve el jaguar.
- Un análisis de imágenes satelitales, a través de la herramienta MapBiomas, evidencia el avance de la minería alrededor del área protegida, en la costa norte del país, entre 2022 y 2023.
Un ruido proveniente de la orilla del río Santiago, en la provincia de Esmeraldas, opaca el sonido de los motores de las lanchas que navegan por esta zona ubicada en el norte de Ecuador. Viene de las retroexcavadoras usadas en la minería ilegal, que se abren paso entre el paisaje y se encuentran a solo dos kilómetros de los límites del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, uno de los últimos relictos de bosque primario de la costa ecuatoriana.
Para 2018, esta región del país ya había perdido entre el 70 % y el 90 % de su cobertura boscosa original. Por eso, el área protegida de 260 961 hectáreas es uno de los pocos refugios que queda para la biodiversidad de la zona. Sin embargo, su estatus de conservación, otorgado en 1968 con el fin de blindarla de amenazas, ya no es un impedimento para el ingreso de mineros.
“Entran en la madrugada por las trochas y sin autorización. Si ven a un mono aullador o un mono araña, o a cualquier otro animal, lo van matando”, relata un guardaparques que prefiere mantener su nombre bajo reserva. “Eso ya está mal —insiste—, pero, para rematar, se instalan a hacer minería con dragas”, unas máquinas diseñadas para buscar oro en el lecho de los ríos. En los límites del parque también se ha instalado la minería a cielo abierto.
“Es como un tsunami. Como si hubiesen venido extraterrestres. Si no lo detenemos a tiempo nos va a afectar mucho más”, dice Anderson Arroyo al describir cómo se ha transformado el paisaje con la llegada de las retroexcavadoras y las dragas. Este hombre de 33 años, habitante de una de las comunidades afroecuatorianas que colindan con Cotacachi-Cayapas, afirma que en solo cinco años la actividad minera ha aumentado aceleradamente. En algunas comunidades, incluso, la extracción de oro se ha triplicado.
Su relato coincide con los datos e imágenes satelitales de la plataforma MapBiomas, que analiza la cobertura y el uso del suelo. Entre 2021 y 2023, en los límites del área protegida, las zonas mineras han crecido de forma alarmante. Mientras que en 2021 se observaba solo un pequeño parche destinado a la minería, para 2023 se evidenciaron más de 20. La mayoría, justamente, a orillas del río Santiago.
Wagner Holguín, coordinador de MapBiomas Ecuador, explica que las manchas están sobre todo en la parte norte y oriente del área. Previo a 2022, algunos de estos espacios —ahora mineros— eran suelos usados para la agricultura o zonas de bosque.
Pero en este territorio hay un factor que agrava la situación: además de los impactos de la minería en los ecosistemas, el Parque Cotacachi-Cayapas y sus alrededores sirven de refugio para los últimos jaguares de la costa ecuatoriana. La Wildlife Conservation Society (WCS) estima, con base en los resultados de sus monitoreos, que alrededor de 30 jaguares conforman la única población que sobrevive en esta región.
A diferencia de sus parientes que habitan la Amazonía ecuatoriana, según la Lista Roja de Mamíferos del Ecuador, el jaguar que vive en la costa del país está clasificado como “en Peligro Crítico”, la categoría más alta de amenaza antes de la extinción. La población que habita en la Amazonía, en cambio, se encuentra “En Peligro”, un nivel menos en la escala de riesgo.
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Por eso, la dinámica de la actividad minera de los últimos tres años en la zona norte de Esmeraldas preocupa a los expertos, ya que está ejerciendo mayor presión en una población pequeña de jaguares, que ya se encuentra acorralada por otras actividades como la cacería, la deforestación y el conflicto entre humanos y vida silvestre.
Menos jaguares y más minería
Arroyo recuerda que hace más de 20 años era común encontrarse con el «tigre», como se le conoce al jaguar en la costa. Ahora, para verlo, “hay que tener demasiada suerte”, afirma el hombre originario de Playa de Oro, una de las comunidades que colinda con Cotacachi-Cayapas, y en donde se promueve el turismo sostenible como una alternativa a las actividades extractivas.
“La experiencia de verlo es muy bonita”, dice, mientras relata la primera y única vez que se encontró de cerca con un jaguar. Mientras Arroyo subía por el río Santiago en su canoa, el animal se encontraba en una playa tomando agua. Cuando sintió su mirada, se metió al bosque y siguió con su camino. Aunque los encuentros ya no son frecuentes, cada tanto ven las huellas del félido en la selva, lo que les recuerda que estos animales siguen recorriendo la zona.
Históricamente, afirma Galo Zapata-Ríos, director Científico de WCS Ecuador, el jaguar habitaba en toda la región de la costa del país, incluyendo sus bosques húmedos y secos. Pero, en un estudio realizado por WCS en 2011 se evidenció que ahora solo se encontraba en una zona de unos 4500 kilómetros cuadrados, lo cual representa un espacio “bastante pequeño” para los jaguares. Esa área corresponde a una parte del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, la reserva El Pambilar y una serie de terrenos y reservas privadas y pequeñas como Canandé, de la Fundación Jocotoco, y Tesoro Escondido.
En 2024, los especialistas de WCS realizaron otro estudio. En esta ocasión, el objetivo era estimar la población del jaguar y corroborar su presencia entre el área protegida y los parches de bosque que la rodean. Para lograrlo, instalaron alrededor de 120 cámaras trampa, ubicadas a una distancia de 2.5 kilómetros entre sí. Después de cinco meses, retiraron los dispositivos y analizaron cerca de 12 500 fotografías. Así se logró identificar a 13 jaguares de esta zona boscosa del Chocó biogeográfico.
Zapata-Ríos explica que, con base en estos resultados, se estima que hay un promedio de 0.5 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. Una densidad relativamente baja en comparación con la Amazonía, donde se estima que hay alrededor de dos individuos por cada 100 kilómetros cuadros. Además, las poblaciones de jaguares amazónicos de Ecuador están conectadas con las de Colombia y Perú, a diferencia de la costeña, que se encuentra aislada.
El experto asume que la población está disminuyendo debido al número de amenazas que enfrenta. En el monitoreo realizado en 2024, se identificaron como principales causas la deforestación y pérdida del hábitat provocadas por la agricultura, la ganadería, la tala de madera y la minería ilegal. “La costa ecuatoriana es un ejemplo a escala mundial de un hábitat que es sumamente biodiverso y, al mismo tiempo, muy amenazado por las actividades humanas”, señala el informe. En esta región solo se conserva entre el 10 % y el 30 % de sus bosques originales, según los datos de WCS.
Aunque los monitoreos del jaguar no se han enfocado en la minería, esta actividad ha sido evidente en los diferentes puntos de muestreo. Por eso, una de las principales preocupaciones de que esta actividad continúe avanzando hacia Cotacachi-Cayapas tiene que ver con que allí se encuentran las áreas más grandes de bosque conservado de la zona.
Zapata-Ríos asegura que las actividades mineras pueden tener diversos impactos en las poblaciones de jaguares, ya que potencian otras amenazas, como la destrucción de bosque para llegar a los puntos de extracción de minerales. En sus palabras, eso genera un aumento de la fragmentación del paisaje y el jaguar se vuelve más vulnerable a la cacería mientras se desplaza de un lugar a otro. Además, esas actividades también afectan a sus presas. Si el jaguar se queda sin alimento, terminaría acercándose a comunidades y asentamientos humanos, potenciando el conflicto entre personas y fauna silvestre.
El documento «Jaguar 2030: una hoja de ruta para las Américas» menciona que los nuevos desarrollos mineros son una de las amenazas vigentes para este animal en Ecuador, aunque no profundiza en sus afectaciones. Lo mismo sucede en el Plan Nacional del Jaguar de Ecuador, presentado en 2024, que incorpora a la minería como una potencial amenaza, pero no desarrolla los impactos.
La minería ilegal avanza hacia Cotacachi-Cayapas
Para Anderson Arroyo, habitante de la zona, uno de los impactos más evidentes de la minería es el ruido. “En Cotacachi-Cayapas hay máquinas, máquinas y máquinas. Eso afecta mucho a los jaguares porque son animales que necesitan privacidad y tranquilidad”, relata haciendo referencia a las dragas que extraen el oro de las riberas del río.
Los vecinos de la reserva cuentan que las dragas empezaron a llegar desde hace unos tres años y ahora se han multiplicado. Hay temporadas en las que desaparecen por el invierno y después regresan a continuar con la extracción.
Además del impacto sonoro, el biólogo Eduardo Rebolledo explica que también hay consecuencias en el río. Estas máquinas remueven sedimentos que se depositan en el agua y pueden liberar minerales, lo que a su vez incrementa la turbidez del agua. El investigador afirma que las dragas ya se han extendido también a lo largo del río Cayapas.
La mayor concentración de puntos mineros, explica el investigador Wagner Holguín, coordinador de MapBiomas Ecuador, se encuentra a lo largo del río Santiago, en inmediaciones de la reserva. También le llama la atención el crecimiento del área destinada a esta actividad en dos de las tres ciudades de Esmeraldas, en las que se encuentra el área protegida.
San Lorenzo, por ejemplo, pasó de tener 26 hectáreas con presencia de actividades mineras en 2021 a 242.2 hectáreas en 2023. Es decir, la extensión inicial de la minería se multiplicó por 10 en dos años. En Eloy Alfaro, la situación es similar. Allí aumentó de 2.6 hectáreas a 88.7 hectáreas en el mismo periodo.
Al biólogo Rebolledo, quien ha estudiado los impactos de la minería ilegal en los ecosistemas de Esmeraldas desde 2010, no le sorprende esta expansión. En un informe sobre la calidad de agua en esa zona, publicado en 2014, el experto ya recomendaba al Gobierno el control de la venta de maquinaria destinada a esta actividad.
Ahora, agrega, la inseguridad y el miedo a represalias por parte de grupos criminales vinculados con la minería hace más difícil continuar con las investigaciones en la zona. Esto no solo afecta a los científicos, sino también a los guardaparques.
“Las áreas protegidas deberían llamarse áreas desprotegidas. Suena grosero, pero es una realidad. Un guardaparque no tiene mayor potestad allí. Si ve algo, tiene que regresar a la oficina y hacer un informe”, dice el biólogo.
Por su parte, el guardaparque que recorre esa zona admite que es difícil controlar a quienes realizan actividades ilegales. “Cada vez que hacemos un recorrido corremos peligro porque no sabemos con qué tipo de gente nos vamos a encontrar”, afirma.
Los invasores caminan dos o tres días por zonas de difícil acceso a las que ni los guardaparques, que conocen de memoria estos senderos empinados y de selva virgen, pueden llegar. Antes, los jaguares se movían sin perturbaciones por los caminos remotos, cuenta el funcionario. En la actualidad, el ingreso de extraños implica nuevas amenazas hacia los félidos y sus presas.
Otro de los guardaparques cuenta que hay alrededor de 200 personas que se dedican a extraer oro en la parte norte de la reserva, en las cabeceras del río Negro. En una de sus inspecciones, detectaron 15 campamentos en las orillas del río Santiago, que sirven de alojamiento para estas personas.
“En el camino encontramos canecas de gasolina llenas y vacías. Se conoce que hay gente armada. En el último patrullaje mis compañeros vieron que estas personas se llevaban un mono araña, pero no les dijeron nada porque estaban en medio de la selva y era peligroso”, relata.
Como respuesta a un pedido de información realizado por Mongabay Latam, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) de Ecuador reconoció que la minería ilegal es una de las principales amenazas para el Parque, ya que “afecta la conservación de la biodiversidad y los hábitats naturales, contamina fuentes de agua e incluye la degradación del suelo”.
Según el MAATE, esta es una de las 10 áreas protegidas en las que se han identificado actividades ilegales de extracción de minerales. Además, al desarrollarse principalmente en áreas adyacentes al Parque, representan “una amenaza directa para el equilibrio ecológico de la región”. Ante esta situación, la entidad explica que se han implementado acciones como el establecimiento de puestos de control en áreas críticas como Lita, Piñán, Cuicocha, Cuellaje y Cielo Verde. Ninguno de estos puestos se encuentra en Esmeraldas, sino en Imbabura, una provincia vecina.
También aseguran que se han presentado denuncias formales ante la Fiscalía y “se continúa gestionando con las instituciones de seguridad y fuerza pública el desarrollo de operativos de control”.
La minería legal también es una amenaza
El Plan de Manejo del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, publicado en 2020, menciona la presencia de actividades mineras legales dentro del área protegida. De las 260 961 hectáreas del parque, el 5 % se cruza con concesiones mineras. Estas áreas se encuentran principalmente en la parte norte de la reserva, cercanas a Alto Tambo, en el municipio de San Lorenzo, donde además se concentra la minería ilícita. Según el documento, las concesiones están inscritas en el Catastro Minero Nacional.
Sin embargo, como explica Mario Melo, abogado ambiental y de derechos humanos, y asesor de la Fundación Pachamama, las actividades extractivas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) están prohibidas desde 2008. Según el artículo 407 de la Constitución, la prohibición aplica para todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases. Explotar los recursos en áreas protegidas y zonas intangibles —se lee en la normativa— requeriría otro proceso que implica una solicitud del Presidente de la República, una declaración de la Asamblea Nacional que establezca que se trata de una actividad de interés nacional y la convocatoria a consulta popular para que los ciudadanos decidan si están de acuerdo con la minería en esta área.
Tanto en el Código Orgánico del Ambiente —la norma más importante del país en materia ambiental— como en la Ley de Minería se refuerza la prohibición.
El MAATE reiteró a Mongabay Latam que “no pueden existir concesiones mineras otorgadas dentro de áreas protegidas, salvo que se haya cumplido con el procedimiento excepcional establecido en la normativa vigente”. Hasta el momento, confirma la cartera, no se registran concesiones mineras activas ni en proceso de regularización al interior del Área Protegida. Su declaración, sin embargo, es contraria a lo que se menciona en el Plan de Manejo Ambiental.
El guardaparque del Cotacachi-Cayapas corrobora que no existe minería legal dentro del parque, pero le preocupa que se dé paso en el futuro a las concesiones que constan en el plan.
Aunque se solicitó al MAATE aclarar esta contradicción, al cierre de la edición de este reportaje no se recibió respuesta. Según la cartera, el otorgamiento, administración y extinción de derechos mineros es competencia del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Mongabay Latam pidió información a ambas instituciones, pero no obtuvo respuestas.
Existen otras áreas protegidas que se encuentran en la misma situación de Cotacachi-Cayapas. En 2022, el MAATE informó que había 25 concesiones que se intersectaban con áreas protegidas. Al consultar cómo se permite operar a la minería en estas zonas, tampoco se obtuvo una contestación.
Aunque dentro del área protegida el panorama aún no está claro, en la zona de amortiguamiento de Cotacachi-Cayapas la extracción legal de minerales es extendida. De acuerdo al Plan de Manejo, el 52.34 % de esa área está concesionada y allí no hay restricciones para su realización.
Aún hay esperanzas para salvar a los jaguares
A pesar de que la minería avanza sin control, los especialistas confían en que se puede salvar a los jaguares de Esmeraldas. El biólogo Zapata-Ríos explica que, si las amenazas disminuyen, la población podría recuperarse. Actualmente, WCS está trabajando con la Reserva Tesoro Escondido en el programa de educación “Jaguares para siempre”, con el fin de cambiar la percepción negativa de la gente sobre el animal y disminuir los conflictos fauna-humanos.
Afortunadamente, todavía hay zonas por las que se mueve el jaguar que se encuentran intactas. David Parra Puente, director de Conservación de la Fundación Jocotoco, asegura que en la reserva Canandé se han registrado 11 jaguares. Esta área protegida privada pertenece a la fundación y se encuentra en la parte baja del bosque húmedo del Chocó, en Esmeraldas. “La buena noticia es que la población está mejor de lo que pensamos, pero la mala noticia es que no tienen muchos lugares a donde ir”, dice.
Por su parte, Anderson Arroyo cuenta que las fotografías del jaguar capturadas por las cámaras trampa han motivado a la población de Playa de Oro a disminuir la caza de las presas del félido y han reforzado su espíritu de resistencia ante la minería ilegal. La comunidad, por ejemplo, no permite que los extraños pasen por su territorio con las dragas para ingresar a la reserva, como sí ocurre en otros sitios.
Este esmeraldeño también confía en que las iniciativas de turismo que están impulsando puedan prosperar para detener la proliferación de las actividades extractivas y poder asegurarle un futuro en su región a la última población del félido más grande de América. “El jaguar es parte de nuestra naturaleza y de nuestra conservación. Mientras tengamos este animal en el monte, es un símbolo de que aún hay esperanza para todos”, afirma.
*Imagen principal: un monitoreo realizado por Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador en 2024 estima que apenas quedarían 30 jaguares en la costa ecuatoriana. Foto: cortesía WCS Ecuador
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