- Grupos delictivos están operando para contrabandear oro ilegal desde la Amazonía brasileña a Venezuela, donde el metal se blanquea y se exporta al extranjero.
- Los comerciantes ilegales de oro adoptaron esta nueva estrategia después de que la administración de Lula, en Brasil, aumentara el control sobre el comercio del metal.
- Mongabay siguió los pasos de Adriano Aguiar de Castro, quien, según las autoridades, se convirtió en un maestro del blanqueo de oro y ahora también está involucrado en el contrabando a Venezuela.
- La necesidad de cruzar fronteras nacionales acerca a los grupos que comercian con oro a la delincuencia organizada y plantea nuevos desafíos a las autoridades.
En 2023, la Policía Federal de Brasil detectó un movimiento inusual en el pequeño aeropuerto de Santarém, en el estado de Pará: unos venezolanos aparentemente humildes compraban boletos caros de último momento y siempre pagaban por equipaje adicional. En octubre, los agentes decidieron lanzarse y arrestaron a un venezolano que intentaba abordar con 21 kilogramos (46 libras) de oro escondidos en termos.
Dos meses después, otra situación atípica llamó la atención de las autoridades: un hombre que transportaba 47 kilos (103.6 libras) de oro sufrió un intento de robo en Manaos. Su plan, frustrado por el ataque, era enviar la carga en un jet privado.
Después de que un juez autorizara a la Policía Federal a acceder a los teléfonos e información financiera de los sospechosos, los agentes encontraron que estos dos episodios estaban relacionados y eran parte de un plan mucho más grande que pretendía enviar oro ilegal desde la Amazonía brasileña a Venezuela y, posiblemente, a Guayana.
Esta estrategia fue una novedad para los investigadores y una señal de que los comerciantes ilegales de oro estaban sofisticando su modo de actuar en medio del creciente asedio de las autoridades brasileñas.
Después de cuatro años bajo el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), cuyas políticas y retórica impulsaron la minería ilegal, Luiz Inácio Lula da Silva llegó al poder en 2023 y comenzó a atacar la ilegalidad en dos frentes. Por un lado, los agentes reanudaron las redadas en el terreno. Por otra parte, las nuevas medidas administrativas dificultaron el comercio del oro ilegal.
“Podemos ver muy claramente que el sector se ha reestructurado”, dijo a Mongabay Raoni Rajão, investigador de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). “Lo que nuestras fuentes han demostrado es que la cantidad de oro traficado por las fronteras ha aumentado significativamente”.
La organización que la Policía Federal halló en 2023 en la llamada investigación Flygold estaba dividida en cuatro núcleos: suministro, transporte, recepción y blanqueo de capitales. Según los archivos judiciales, el metal era transportado principalmente por venezolanos, quienes tenían mayor facilidad para cruzar la frontera. Lo transportaban en transbordadores, barcos, aviones, vehículos e incluso a pie, por una ruta que iniciaba en Itaituba y podía pasar por Santarém, Manaos y Boa Vista antes de llegar a Venezuela. Los investigadores concluyeron que allí uno de los posibles compradores era una empresa llamada Alibaba Goldcenter.
Se sospecha que el grupo, conformado por venezolanos y brasileños y con bases operativas en Itaituba y Boa Vista (la capital de Roraima, ubicada a 230 kilómetros [143 millas] de la frontera con Venezuela), habría contrabandeado al menos una tonelada de oro ilegal entre febrero de 2023 y marzo de 2024.
La actividad de contrabando alcanzó su punto máximo cuando Estados Unidos levantó las barreras comerciales al oro venezolano, de octubre de 2023 a enero de 2024, lo que convirtió al país vecino en una atractiva plataforma de envío.
A medida que avanzaban las investigaciones, surgió un nombre muy conocido. Adriano Aguiar de Castro era un hombre lleno de trucos, como lo demuestran varias investigaciones policiales. Habiendo operado durante años en los centros de actividad del oro ilegal de la Amazonía brasileña, era un maestro del blanqueo de dicho mineral y conocía bien los atajos desde los fangosos sitios mineros en las profundidades de la selva tropical hasta las refinerías en Europa y Asia. Con un simple fraude documental, el metal ilegal entraba al mercado legal por la puerta grande. Sin embargo, cuando las reglas del juego cambiaron, se adaptó rápidamente y se convirtió en un personaje clave en la estrategia de contrabando de oro.
Según la demanda, era sospechoso de recolectar oro ilegal en Pará y entregarlo al grupo logístico. “Adriano y sus empresas son una pieza más del núcleo de proveedores que se apropian del oro posiblemente extraído de forma ilegal y lo envían a otros países para su blanqueo”, afirma el documento oficial.
Además de las grandes sumas de dinero que pasaban por las cuentas bancarias de Castro, una foto de él frente a un pequeño avión en la capital de Venezuela, Caracas, también reforzó el papel clave de Castro en la organización. Junto a él en la imagen estaba Aldo José Pinheiro, quien fue señalado por las autoridades como el “líder y responsable de la ruta de transporte del material”. Mongabay intentó comunicarse con el abogado de Pinheiro sin éxito. La Justicia brasileña emitió una orden de detención contra Castro, pero este no fue encontrado en su domicilio ni se presentó ante la policía.
La defensa de Castro dijo que no haría comentarios sobre el informe de Mongabay.
El maestro de las minas falsas
La primera aparición de Castro en los expedientes policiales se remonta a 2019, cuando la Policía Federal incautó 110.9 kilos (244.5 libras) de oro escondidos debajo de los asientos de un avión en el aeropuerto de Goiânia. Las autoridades pronto descubrirían que era apenas una pequeña parte de las 1.5 toneladas métricas de oro ilegal comercializadas por la organización delictiva ese año, por un valor total de casi 218 millones de reales (37 millones de dólares estadounidenses).
La Policía Federal concluyó que Castro era la mano derecha del líder del grupo, Bruno Cecchini, “[Castro] es uno de los principales articuladores de transacciones ilícitas relacionadas con la explotación ilegal de minerales y el blanqueo de capitales derivado de este delito”, escribieron los investigadores en un informe de una segunda investigación conocida como Céu Dourado.
Entre sus atribuciones estaba iniciar la construcción de una mina falsa en el municipio de Colniza, en Mato Grosso, con el objetivo de engañar a las autoridades sobre el origen del oro comercializado por el grupo. Las instalaciones se construyeron en terrenos con autorizaciones mineras regulares. El metal, sin embargo, provenía de minas ilegales, conocidas en Brasil como garimpos, en el norte de Mato Grosso y el sur de Pará. La práctica, conocida como blanqueo de oro, estaba muy extendida en la Amazonía brasileña en aquella época.
Cuando las autoridades visitaron el sitio en agosto de 2019, un empleado dijo que estaba construyendo “alojamientos, una cafetería y la instalación de maquinaria para la futura operación de una ‘empresa minera’”. También confirmó que no se habían realizado actividades mineras en la zona durante los últimos tres meses, lo que contradecía las facturas que indicaban que la extracción de oro estaba en pleno apogeo. Según los expedientes judiciales, Castro contrató a la constructora “para iniciar las obras de infraestructura en el lugar con el fin de dar la impresión de que ya se estaba extrayendo oro allí”.
En una declaración a Mongabay, el abogado de Cecchini negó cualquier falsedad sobre las operaciones de sus minas. Lea la respuesta completa aquí.
La Justicia brasileña aceptó los cargos contra Castro en junio de 2022, y este está a la espera de juicio. No obstante, eso no lo mantuvo alejado del negocio. Un año después, la foto de un hoyo en el suelo haría que los agentes de la Policía Federal recordaran automáticamente a Castro y el caso de la mina falsa.
El hoyo tenía aproximadamente 1 metros (3.3 pies) de ancho y 1.5 metros (4.9 pies) de largo: era demasiado pequeño para que cupiera un adulto acostado. Aunque era el origen de 379.4 kilos (836 libras) de oro valorados en 137.6 millones de reales (24 millones de dólares estadounidenses), según la distribuidora de títulos y valores mobiliarios (DTVM) Fênix, la comercializadora de oro que indicó en sus declaraciones tributarias haber recibido el metal de esa extensión de terreno ubicada a más de 2 kilómetros (1.2 millas) de la carretera Transamazónica, en el estado de Pará.
El área era propiedad de uno de los supuestos proveedores de Fênix, José Barbosa de Lima, quien tenía 10 autorizaciones mineras. De estos sitios, Fênix declaró haber extraído un total de 988.2 kilos (2178.6 libras) de oro por un valor de 257.4 millones de reales (44.9 millones de dólares estadounidenses) entre 2021 y 2022. No obstante, cuando la Policía Federal examinó las imágenes satelitales de las tierras de Lima, no encontró ningún indicio de un sitio minero.
Fênix lo justificó diciendo que las operaciones eran subterráneas y envió como prueba una foto de Castro de pie junto al hoyo, un esfuerzo aparentemente casero que contrastaba con el gran volumen de oro supuestamente extraído de allí, comparable a los grandes sitios de minería industrial.
La respuesta de Fênix fue descrita como una “innovación” por los investigadores brasileños acostumbrados a diferentes estrategias de blanqueo de oro. Indicaron que la excavación parecía reciente y “sin ninguna contención lateral ni estructura que permitiera a una persona descender a profundidades significativas para realizar extracciones”, y agregaron que la licencia medioambiental de Lima solo permitía la minería en las riberas de los ríos y no bajo tierra. “Queda claro que no es posible ninguna actividad minera relevante en las condiciones reflejadas en las fotografías presentadas”, afirmaron.
La policía concluiría que Fênix obtenía su oro de garimpos del municipio de Itaituba, conocido como la capital del oro ilegal de la Amazonía y ubicado en la cuenca del río Tapajós. La región tiene antecedentes de minería ilegal en áreas protegidas, como el territorio indígena Munduruku, cuya población tiene niveles alarmantes de mercurio en el organismo: la sustancia utilizada por los mineros ilegales para separar el oro del mineral contamina el agua y el pescado que consumen las comunidades tradicionales.
En un comunicado enviado a Mongabay, Fênix afirmó que “sus actividades se basan en la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de los más estrictos estándares internacionales”. Lea la respuesta completa aquí.
Los generosos pagos hechos por Castro al hijo de Lima, Josivan, llevaron a la policía a creer que estaba pagando para utilizar los procesos mineros de Lima para blanquear el oro ilegal vendido a Fênix, lo que indica la “reformulación de los negocios de Castro en Pará”, después del desmantelamiento de su antigua estrategia en Mato Grosso. En un mensaje a Mongabay, el abogado de Lima dijo que no haría comentarios sobre el artículo.
El oro ilegal de ambas organizaciones de Castro se abrió paso en el mercado internacional. En el caso de Céu Dourado, el metal se vendía a Italia. En el caso de Fênix, el oro acababa en una refinería india que abastece a grandes empresas tecnológicas como Google y Amazon, según mostró el noticiero brasileño Repórter Brasil.
Mientras tanto, Castro se vio involucrado en una tercera investigación, llamada la redada de Sisaque. Según el Ministerio Público Federal (MPF), el grupo negoció alrededor de 13 toneladas de oro ilegal, valoradas en más de 4000 millones de reales (678 millones de dólares estadounidenses), entre 2020 y 2022, y el producto terminó en países como Italia, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. La Policía Federal concluyó que el papel de Castro era comprar el metal a muchos proveedores pequeños y revenderlo a la empresa exportadora.
La situación da un giro
Los garimpos, que representan aproximadamente un tercio de la producción de oro de Brasil, son una práctica minera simplificada que no está sujeta a los mismos requisitos medioambientales estrictos que las minas de gran escala. Esta legislación más flexible fue diseñada inicialmente para los mineros artesanales que exploraban pequeñas áreas con instrumentos primitivos.
Hoy, sin embargo, los dueños de los garimpos dirigen grandes empresas que gastan millones de dólares en retroexcavadoras y niveladoras, lo que afecta el medioambiente de manera devastadora. Aunque pueden operar dentro del marco legal, muchos no respetan las reglamentaciones medioambientales y abren sus minas en zonas donde está prohibido hacerlo, como los territorios indígenas.
Durante años, el oro ilegal llegaba a los mercados internacionales utilizando la misma estrategia que usaba Castro: el blanqueo de oro. El metal se vendía principalmente a empresas financieras llamadas DTMV, las únicas instituciones autorizadas por el Banco Central de Brasil para realizar la primera adquisición de oro de los garimpos.
Las DTVM solían tener pequeñas oficinas cerca de los sitios de producción de oro, especialmente en Itaituba. Gran parte del metal que llegaba a sus mostradores era ilegal, pero era demasiado sencillo resolverlo: al momento de llenar los formularios de impuestos, el empleado de la DTVM indicaba una mina legal como origen del producto.
“Solo quienes no querían blanquear oro no lo hacían. Era muy fácil”, dijo a Mongabay Rodrigo Magalhães de Oliveira, analista jurídico del Ministerio Público Federal de Pará.
Mientras el blanqueo de oro proliferaba en las oficinas relajadas de las DTVM, las autoridades públicas seguían centradas en la destrucción de maquinaria en los garimpos situados en lo profundo de la selva. “Todavía existía la idea de que para luchar contra la minería ilegal había que ir al campo y destruir algunas dragas”, dijo Rajão.
La situación empezó a cambiar en 2018, cuando el MPF inició su primera gran investigación contra una DTVM que operaba en Pará, acusada de blanquear oro de la tierra indígena de Zo’é. Cuatro personas fueron declaradas culpables en 2024. “Fue la primera investigación a gran escala sobre la adquisición ilegal de oro, cuando el MPF comenzó a investigar la cadena de suministro de manera más estructural”, dijo Oliveira.
En 2021, un informe pionero de la UFMG mostró que estaba lejos de ser un caso aislado y concluyó que casi un tercio del oro producido en Brasil era ilegal. Para llegar a esta cifra, el equipo de Rajão analizó imágenes satelitales de las áreas que la DTVM había declarado que correspondía al origen del metal. En muchos casos no encontraron absolutamente ningún signo de actividad minera.
“En lugar de señalar casos específicos, el MPF ahora podía decir que prácticamente toda la cuenca del Tapajós compraba oro ilegal a través de las DTVM”, afirmó Rajão. Se abrieron nuevas investigaciones que apuntaron a más empresas, como Fênix, pero también a organismos públicos que no lograron mantener el control sobre la cadena de suministro, como la Agencia Nacional de Minería y el Banco Central.
“El MPF ha abierto sistemáticamente acciones civiles públicas y ha llevado ante la Justicia a todos los principales actores de la cadena ilegal del oro en la Amazonía”, agregó el investigador de la UFMG.
Sin embargo, los avances en las investigaciones se vieron eclipsados por la administración del presidente Bolsonaro. En lugar de reducirse, las áreas mineras casi se duplicaron durante su gobierno, impulsadas por el desmantelamiento de la vigilancia medioambiental y el alza de los precios del oro.
“Tuvo el efecto de extender la minería a lugares donde tradicionalmente no se veía”, dijo a Mongabay Luiz Jardim Wanderley, geógrafo y profesor de la Universidad Federal Fluminense (UFF). “Y el precio del oro ha provocado un aumento en el volumen de la minería, ya que con más recursos, el buscador de oro puede comprar más maquinaria, más retroexcavadoras”.
¿Dónde está el oro?
La situación empezó a cambiar en 2023, cuando el presidente Lula llegó al poder y reanudó las redadas sobre el terreno. Sin embargo, el avance principal se produjo al golpear el comercio del oro, no solo su producción.
El primer golpe a las organizaciones ilegales de oro fue una norma que obligaba a los comerciantes de oro a emitir facturas electrónicas, lo que facilitó muchísimo a las autoridades la supervisión de la cadena de suministro: hasta entonces, todo se registraba a mano. Luego, la Corte Suprema puso fin al concepto de “buena fe” que había eximido a las DTVM de verificar el origen del metal. Según la antigua norma, si el vendedor decía que el oro era legal, debería ser prueba suficiente para que la DTVM lo comprara.
“La mayor parte del oro ilegal brasileño, si no todo, se blanqueaba”, afirmó Oliveira. “Tanto es así que no había diferencia de precio entre el oro legal y el ilegal en el mostrador de la DTVM”.
Las normas nuevas tuvieron un efecto inmediato. Las exportaciones de oro de Brasil se desplomaron un 29 % en 2023, según el Instituto Escolhas, que promueve el desarrollo sostenible de los recursos naturales. De enero a julio de 2024, hubo una disminución del 35 % en comparación con el mismo período del año anterior.
En el estado de Pará, la recaudación del impuesto pagado por las DTVM sobre el oro del garimpo cayó un 51 % de 2022 a 2023 y un 47 % de 2023 a 2024, según registró la Agencia Nacional de Minería. Las DTVM también dejaron clara su retirada al cerrar la mayoría de sus oficinas en los centros productores de oro. Itaituba, que en 2021 contaba con 23 puntos de compra, ahora solo tiene dos.
“Las DTVM con oficinas locales estaban cerrando porque el blanqueo de capitales se había convertido en un negocio peligroso, lo que no había sido hasta entonces”, dijo Rajão.
Sin embargo, en las imágenes satelitales, siguieron apareciendo minas ilegales nuevas, aunque a un ritmo mucho más lento. Según MapBiomas, una plataforma de la sociedad civil que rastrea los cambios en el uso del suelo, el área ocupada por garimpos disminuyó más del 40 % en la Amazonía en 2023, en comparación con el año anterior. En 2024, cayó el 35 %. Aun así, 7213.5 hectáreas de bosque fueron destruidas por minas nuevas en los primeros dos años del mandato de Lula: más de la mitad (4205.5 hectáreas) en Pará.
“Aunque la tasa de extracción ha disminuido, no ha caído en la misma medida que el oro declarado [en impuestos]”, dijo Rajão. “Claramente, todavía hay una gran producción ilegal de oro”.
La persistencia de la actividad también se pudo observar sobre el terreno, donde las minas se apresuraban a reanudar sus operaciones tan pronto como los agentes medioambientales les daban la espalda. Los garimpeiros, como se denomina a quienes trabajan en los garimpos, también crearon centros de actividad nuevos en las unidades de conservación, según Greenpeace. En enero de 2025, la organización también identificó una nueva oleada de dragas —que remueven el lecho del río en busca de oro— en el río Madeira, en el estado de Amazonas, apenas cinco meses después de que una ofensiva federal destruyera 459 de estas estructuras. En febrero, la Policía Federal encontró una mina de oro subterránea diseñada para engañar a las imágenes satelitales en el municipio de Maués, también en Amazonas.
En la Amazonía brasileña todavía se producía oro ilegal, pero casi había desaparecido de los registros públicos. “Este oro proviene de otro rincón”, afirmó Oliveira, del MPF.
Investigaciones como Flygold empezaron a aclarar por cuáles rutas circula al menos una parte de ese oro. Los investigadores concluyeron que, con la implementación de las normas nuevas en Brasil, “el blanqueo de este mineral puede estar ocurriendo fuera del país, en lugares con una legislación más laxa”.
Sin embargo, medir la magnitud de esta actividad de contrabando no es sencillo. Contabilizar el oro ilegal introducido de contrabando en Venezuela es complicado, ya que deja pocos rastros y ningún papeleo.
En 2024, una investigación transfronteriza de medios de comunicación sudamericanos analizó los datos de Venezuela de 2013 a 2023 y descubrió que las exportaciones de oro superaron históricamente la producción de oro, lo que indicaba que parte de este metal podía provenir de países vecinos. Sin embargo, los periodistas autores de la investigación dijeron que las cifras del país “tienen lagunas que impiden un análisis preciso”.
Incluso las plataformas de datos de una cadena de suministro global como Panjiva tienen dificultades para rastrear estos envíos. El Center for Climate Crime Analysis (Centro para el Análisis de Delitos Climáticos), una organización sin fines de lucro que investiga a los emisores de gases de efecto invernadero que calientan el clima, analizó datos de la base de datos Panjiva y encontró solo seis envíos de oro venezolano, todos ellos posteriores a 2021. El mayor de ellos, de 1984 kilos (4374 libras), fue realizado por el Banco Central de Venezuela en noviembre de 2022 a “países no declarados”. Los demás, con un peso total de 120.8 kilos (266.3 libras), fueron enviados a Turquía, la mayoría en 2023.
Mongabay se puso en contacto con el Banco Central de Venezuela y la embajada venezolana en Brasil para indagar sobre el caso de contrabandeo de oro y los datos de comercio de oro del país, pero ninguna de las dos instituciones respondió.
Sin embargo, según fuentes a las que Mongabay escuchó, la organización delictiva Flygold no es un caso aislado. “No podemos dar muchos detalles, pero tenemos la información de que hay una cadena [de contrabando de oro] a través de Venezuela, pero también de Guyana y Surinam”, dijo Rajão de la UFMG, cuyo equipo de investigación colabora con las autoridades brasileñas.
En enero de 2025, la Policía Federal detectó a otro grupo en la Amazonía brasileña sospechoso de transportar alrededor de 34 kilos (75 libras) de oro ilegal, valorado en 18 millones de reales (3.1 millones de dólares estadounidenses), entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. Mongabay descubrió que el metal fue introducido de contrabando a Venezuela y Bolivia, según un agente de la Policía Federal que habló extraoficialmente.
Esta dinámica nueva supone una inversión de la circulación de metales en el continente. Durante décadas, la facilidad para blanquear oro ilegal en Brasil convirtió al país en la “máquina de blanqueo” perfecta, donde el oro se “legalizaba” antes de ser exportado. No es casualidad que históricamente Brasil haya exportado más oro del que producía, lo que indica que parte del metal provenía de áreas no declaradas.
“Brasil solía ser un excelente centro para el oro ilegal procedente de diferentes países vecinos”, dijo Rajão. “Hoy en día, estamos viendo una circulación inversa: el oro ilegal de Brasil cruza la frontera hacia Venezuela porque ahora es más fácil blanquear oro en Venezuela y exportarlo a países como India, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos”.
Un acercamiento a la delincuencia organizada
La reorganización de las rutas de la delincuencia plantea nuevos desafíos a las autoridades brasileñas. Primero, al incorporar nuevos actores a la escena. “Antes, prácticamente toda la circulación del oro ilegal que se blanqueaba en la Amazonía se concentraba en muy pocos actores”, afirmó Rajão. “Se podían contar con los dedos. Y el MPF y la Policía Federal iban tras ellos uno por uno”.
Ahora, los grupos que contrabandean oro por las fronteras deben depender de un sistema logístico sofisticado, a menudo controlado por la delincuencia organizada. “La delincuencia organizada no está allí extrayendo el oro del territorio indígena, pero sí suministra el mercurio, transporta el oro a Venezuela para blanquearlo o incluso intercambiarlo por armas y pasta base [una forma cruda de cocaína]”, declaró el investigador de la UFMG a Mongabay.
En Roraima, por ejemplo, una organización delictiva venezolana aunó fuerzas con el grupo mafioso brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC) y obligó a inmigrantes venezolanos a trabajar en minas de oro ilegales. La intersección de la minería ilegal de oro y la delincuencia organizada en la Amazonía también se observa en Perú, afirmó Livia Wagner de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional), una organización de la sociedad civil con sede en Ginebra, Suiza.
“A partir de 2011, muchos grupos internacionales comenzaron a operar en garimpos. Antes eran solo grupos locales”, dijo. Según la investigadora, las organizaciones delictivas se vieron atraídas por el continuo aumento de los precios del oro y la posibilidad de utilizar el metal para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. “Las organizaciones ven que hay mucho dinero en la minería y que las políticas públicas no avanzan, por lo que aún hay mucho lugar para que entren nuevos grupos”.
Wanderley, el profesor de la UFF, afirmó que estas rutas nuevas no significan que la ofensiva brasileña no esté funcionando. “Está funcionando y, al mismo tiempo, el garimpo está buscando otras salidas”, dijo.
Oliveira, del MPF, dijo que el Gobierno logró disminuir el ritmo de avance de los garimpos en la Amazonía en medio de récords consecutivos en los precios del oro. “Que haya una caída en la minería en un contexto de aumento del precio del oro no es trivial, de modo que las medidas han repercutido”, afirmó. “No obstante, las medidas son insuficientes y tenemos que intensificar la lucha, tanto con inspecciones en los aeropuertos como en los puntos de extracción”.
Según los expertos, los países que compran oro de la Amazonía también deberían mejorar sus prácticas. “Suiza ya cuenta con una iniciativa llamada Better Gold, pero necesita avanzar más rápido. Canadá, que es uno de los mayores compradores de oro de Brasil, no tiene una iniciativa tan explícita. “Y hay países como India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y China que no han mostrado interés en avanzar”, dijo Rajão. “Mientras los países y las empresas sigan comprando oro procedente de la minería ilegal, los recursos seguirán circulando hacia la Amazonía”.
Imagen principal: las fuerzas federales han estado expulsando a quienes practican la minería ilegal del oro de áreas protegidas, como el territorio indígena Munduruku en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña. Foto: cortesía Policía Federal de Brasil
Esta nota se publicó originalmente en inglés en el sitio de Mongabay el 22 de abril de 2025.
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