- En septiembre de 2024, desconocidos mataron a uno de los guardianes territoriales del Alto Ventuari, conocidos como Ayukuweni, en el sureño estado Amazonas, y la principal sospecha recae sobre los mineros ilegales de la zona.
- El caso sigue impune y el Estado no ha otorgado medidas cautelares de protección para los defensores del territorio.
- Pese al dolor, los guardianes Ayukuweni “están más consolidados que los de cualquier pueblo indígena en Venezuela”, contó un líder indígena.
- La lucha de los yekwana contra la minería lleva décadas, pero la actividad ha crecido debido al decreto del Arco Minero del Orinoco y la actuación de grupos armados en la zona.
A Joaquín Hernández lo recuerdan sus familiares y amigos como una persona frontal y comprometida. Desde 2019 era integrante de los Ayukuweni, los protectores territoriales del pueblo indígena Yekwana, pero su compromiso por librar a su territorio de la minería había comenzado en 2011, cuando formó parte de una comisión de indígenas y militares que echó a los recién llegados extractivistas de la zona.
Varias veces volverían a invadirlos. Trece años después de empezar aquella lucha, el 4 de septiembre de 2024, murió desangrado y malherido a manos de tres desconocidos en la casa de uno de sus hijos, en una recóndita comunidad del Alto Ventuari, municipio Manapiare, del estado Amazonas, al sur de Venezuela.
Un líder yekwana y amigo de la víctima, que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad, contó que el asesinato de Hernández, de 52 años, ocurrió en medio de un conflicto de las comunidades de su pueblo, Santa Rosa de Tencua, con mineros yekwana provenientes del estado Bolívar, quienes invadieron el territorio. Hernández era uno de los que les exigía que toda acción debía informarse a Kuyunu, la organización indígena yekwana y sanemá del sector Medio y Alto Ventuari, una de las encargadas del control y orden de la zona.
Pero los intrusos nunca acataron la medida. A lo largo de 2024 los mineros lanzaron amenazas verbales constantes contra los guardianes territoriales, incluyendo a Hernández. Les dijeron que los entregarían a los “grupos irregulares” —garimpeiros (mineros ilegales) y miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en los estados fronterizos de Venezuela—, que los matarían y cortarían sus cuerpos en pedazos.
A mediados de agosto de 2024, Hernández dejó Santa Rosa de Tencua y se fue a visitar a sus hijos, que habían echado raíces en las comunidades que están en las cabeceras del río Ventuari, enclavadas en la calurosa selva tropical amazónica. Allí, se llega por avioneta o caminando durante días. Primero se quedó en Yajatacumeña y luego, cuando iba de camino a Wajunäña, la comunidad más alejada, lo mordió una serpiente.
“Él estaba bien. Lo atendió un enfermero que está en esas comunidades de la cabecera y que tenía un antiofídico que habían traído de Brasil. Se estaba recuperando”, relató el hombre indígena que prefiere el anonimato. Pero al atardecer del 1° de septiembre, Hernández estaba solo. A las 7 de la noche, mientras descansaba en una hamaca de la casa de uno de sus hijos, tres hombres lo golpearon e hirieron.
Sus hijos se enteraron al día siguiente cuando vieron que sangraba. Él solo les dijo que habían entrado dos hombres y que uno se había quedado en la puerta. El enfermero que lo atendía se había ido a su conuco (pequeña parcela de tierra cultivada) y solo en la tarde, al volver, pudo examinarlo. Tenía la columna rota y el brazo derecho fracturado. Con un cuchillo le habían abierto la piel del ano hasta los testículos. Sin forma de trasladarlo ni comunicarse por radio, Hernández murió en la madrugada del 4 de septiembre. Eran las 5 de la mañana.
Su muerte impactó profundamente a las comunidades del Alto Ventuari. Jamás habían visto que uno de los suyos fuera asesinado de esa manera. “Cuando ocurre eso, todos tenemos que enterarnos. Por nuestra cultura, ayunamos una semana, porque las tierras están también en ayuno”, describió el hombre yekwana, quien además comentó que nadie trabaja hasta que la autoridad de los Consejos de Sabios lo autorizan nuevamente.
“Joaquín Hernández fue un líder, expresión de la idiosincrasia indígena caribe yekwana. Tranquilo y pausado, murió a manos de personas sin escrúpulos. Fue el mayor castigo al ser la propia esencia del indígena yekwana”, señaló Vladimir Aguilar, abogado especializado en Derecho Indígena y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes de Venezuela.
La lucha yekwana
Pese a la crudeza del asesinato, la muerte de Hernández no amilanó a los yekwana del Alto Ventuari. “A nosotros nos dolió bastante y también, al mismo tiempo, esa energía la fuimos depositando como pueblo en nuestra defensa”, afirmó el amigo del líder yekwana entrevistado.
Comentó además que los Ayukuweni, guardianes territoriales de este pueblo, “están más consolidados que los de cualquier pueblo indígena en Venezuela”. Durante los últimos meses, el grupo se ha ampliado porque hay más mujeres y jóvenes que se han incorporado voluntariamente, esto a pesar de que saben que su organización los expone aún más a los mineros ilegales.
“Ellos ven que defender el territorio es el futuro del pueblo. El extractivismo es un problema serio. Hablar de la tierra es importante. La tierra es una sabiduría, es sagrada. No podemos intervenirla, no podemos herirla. La gente está muy comprometida y firme en sus posiciones”, subrayó.
A pesar de la muerte de Hernández, la más reciente actuación de los yekwana del Alto Ventuari en contra de la minería ocurrió en enero de este año, luego de denunciar que desde mediados de 2024 los mineros ilegales invadieron su territorio. Por cuarta vez en una década, alrededor de 90 indígenas yekwana activaron el “Plan Parú”, que consiste en la destrucción de las herramientas y equipos de los mineros para expulsarlos de sus tierras.
El hombre indígena consultado contó que desde el año pasado las organizaciones indígenas Kuyunu, Empresa Tencua y UMAV se activaron para defender su territorio y denunciaron la situación ante las instituciones del Estado, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Pero solo encontraron silencio.
Los meses transcurrieron y los líderes de las comunidades intentaron dialogar con los intrusos para que se retiraran. Fue esa negativa la que les hizo tomar la decisión drástica de activar el Plan Parú y el 20 de enero dañaron cinco maquinarias usadas en la minería de aluvión.
La respuesta de los invasores fue todavía peor.
El 21 de enero, los intrusos atacaron la comunidad indígena de Puerto Unión, en el Alto Ventuari, y quemaron la churuata comunal (vivienda colectiva indígena de gran tamaño) y las casas de los líderes. La acción despertó críticas y condenas tanto dentro como fuera del país, incluso de organizaciones de derechos humanos como Survival International.
Vladimir Aguilar aseguró que el Plan Parú fue una estrategia definida de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo yekwana, así como a su derecho. “A veces, la violencia es el último eslabón de una cadena de resolución de conflictos, de acuerdo a usos y costumbres”.
El abogado especializado en Derecho Indígena agregó que en Venezuela la sociedad debe “internalizar” el significado del derecho propio indígena y trabajar en un diálogo intercultural jurídico y normativo. “Hace falta reconocer las jurisdicciones especiales indígenas como manifestación de las instituciones propias, ya no solo de resolución de conflictos sino de gobernanzas indígenas”, apuntó.
La comunidad de Puerto Unión no ha podido recuperarse del daño de las llamas. El crimen nunca fue investigado por las autoridades venezolanas y continúa impune.
La situación es la misma en el caso del asesinato de Joaquín Hernández. Más allá de las sospechas vinculadas a los mineros ilegales, los habitantes de las comunidades no saben quiénes fueron los homicidas. Aunque los líderes yekwana denunciaron el crimen en la sede del Ministerio Público en Amazonas, casi ocho meses después, los investigadores ni siquiera han acudido al lugar de los hechos bajo el pretexto del difícil acceso de la zona.
También continúan impunes los homicidios de otros dos líderes indígenas del estado Amazonas: el de Freddy Menare, fundador y director de la Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (Oipus), ocurrido en mayo de 2017; y el de Virgilio Trujillo, coordinador de los Guardianes Territoriales Uwottüja (Piaroa) del municipio Autana, sucedido en junio de 2022.
El Estado tampoco ha otorgado las medidas cautelares de protección que solicitaron los Ayukuweni después del homicidio de Hernández. Estas medidas contribuirían a evitar las incursiones en sus territorios, además de salvaguardar su cultura y sus comunidades, explicó Aguilar.
Para este reportaje se solicitó información oficial sobre estos casos al Ministerio de Pueblos Indígenas venezolano, así como al Ministerio Público, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
La Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) intenta mediar en el conflicto minero al establecer el respeto de los acuerdos entre las comunidades y los pueblos. Buscar, además, alternativas económicas que los alejen del extractivismo.
“Estamos luchando, pero lamentablemente la minería va más rápido que nuestro proceso organizativo como pueblo”, comentó el coordinador de la organización, Eligio DaCosta, líder indígena baniva.
El hombre yekwana que prefirió el anonimato, mientras tanto, confía en el poder de su pueblo. “Hemos encontrado que hay un interés colectivo de defender el territorio, cuidar las tierras, la naturaleza. Nosotros seguiremos luchando y evitando el extractivismo en nuestros espacios”, afirmó. El combate es, sin embargo, contra una actividad que lleva décadas incrustada en su pueblo.
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El oro y el Alto Ventuari
El nombre de Alto Ventuari designa a la naciente de este caudaloso río y también a una parroquia entera (jurisdicción en la que se divide un municipio en Venezuela) en donde conviven comunidades yekwana y sanemá rodeadas por los ríos Parú y Parusito.
Hasta allí ha llegado la minería de aluvión que desde hace 40 años comenzó a extenderse con los garimpeiros desde la frontera con Brasil hacia el interior del estado Amazonas, donde está prohibida la extracción de oro desde 1989, a través del decreto gubernamental 269.
En los años 70 y 80, la vida en el Alto Ventuari, donde creció Joaquín Hernández, era la de un pueblo pacífico y unido. Allí nació Unión Maquiritare –vocablo con el que también se designa a los yekwana– del Alto Ventuari (UMAV), la primera organización indígena del país que, junto a la Compañía de Jesús, llevó adelante planes de instrucción para que los pueblos originarios emprendieran proyectos de ganadería, producción de cacao, apicultura, carpintería, mecánica, entre otros. Y así lo hicieron.
Pero aún en aquellos años de bonanza y paz, el extractivismo acechaba. El hombre yekwana entrevistado recordó que en los años 80 hubo extranjeros que se instalaron en la sabana de Parú para extraer coltán y otros minerales, pero los indígenas organizados, con ayuda del gobierno de la época, los desalojaron. Lo mismo hicieron años después cuando un general retirado intentó intervenir el río Asita con maquinarias para extraer minerales diversos de su lecho.
Llegó el nuevo milenio y los proyectos productivos comenzaron a fracasar, mientras que los garimpeiros empezaron a ocupar esos espacios. Lo mismo hicieron los grupos guerrilleros colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC, que tomaron el territorio venezolano como refugio. Hernández, en resistencia, se mantuvo con la cría de animales.
De acuerdo con una fuente que prefirió mantener su identidad en resguardo y es miembro de la organización SOS Orinoco, que monitoriza el desastre ambiental desatado por la puesta en marcha del Arco Minero del Orinoco —un decreto que en 2016 estableció una zona de aproximadamente 11.2 millones de hectáreas para la explotación de minerales en el estado Bolívar, que colinda con Amazonas—, grupos de yekwanas han practicado la minería desde finales del siglo pasado, situación que se intensificó en la primera década del 2000, cuando garimpeiros y guerrilleros pudieron avanzar significativamente en territorio venezolano.
“Los brasileños nunca han dejado de estar en Amazonas, pero ahora están más activos. Se han expandido. También están sacando casiterita (un óxido de estaño usado en áreas diversas como la soldadura y la electrónica). Todo lo que los garimpeiros hacen en Amazonas lo hacen con luz verde de los militares venezolanos”, sostuvo el miembro de SOS Orinoco.
El avance de los garimpeiros ha sido aún más intenso en los últimos tres años, luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, emprendiera una serie de acciones civiles y militares para sacar a los mineros ilegales de los estados de Roraima y Amazonas, al sur de su país. Quienes ocupaban estos territorios cruzaron la frontera y se instalaron en la Amazonía venezolana, explicó Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco y antropóloga social.
La minería ha logrado dividir a las comunidades indígenas entre quienes se oponen a la actividad y los que trabajan en ella. Eso es lo que ha venido pasando en el Alto Ventuari, comentó la fuente de SOS Orinoco. A los garimpeiros, los yekwanas y a los indígenas de otros pueblos que trabajan como mineros se ha unido la guerrilla colombiana, específicamente las disidencias de las FARC, según señaló el amigo de Hernández que pidió la reserva de su nombre.
Los yekwana del Alto Ventuari, como Hernández, no son los únicos afectados por la minería. Las comunidades que están en el Alto Orinoco, hacia la zona de La Esmeralda y Cunucunuma, al sur del estado Amazonas, tuvieron que acordar con guerrilleros colombianos la explotación de oro a través de balsas en los ríos, según indica SOS Orinoco. Parte de los que están en las cercanías del río Padamo se dedican a la minería de aluvión.
Los yekwana del estado Bolívar, que viven a orillas del río Caura, están a merced del extractivismo desde que en 2020 el gobierno de Nicolás Maduro aprobó la explotación minera en seis ríos del sur de Venezuela. Allí también se instalaron balsas y el control de la seguridad, durante el primer año, recayó sobre el ELN. Actualmente, dijo la fuente de SOS Orinoco, lo controla una banda criminal que anteriormente estaba en la zona minera de La Paragua, en el centro del estado Bolívar.
Para el abogado Aguilar, cualquier análisis sobre la participación de los indígenas en la minería se debe contextualizar sobre la base de que la expansión de la frontera extractivista es la que ha invadido sus territorios.
En eso coincide Cristina Burelli. “Nosotros estamos muy claros en que esto del Arco Minero no se limita a una zona geográfica, que es lo que el régimen quiere que pensemos. Esto en realidad es una política minera que se expande mucho más allá de esa región delimitada y aplica a todo el sur de Venezuela”.
Según Burelli, los 27 pueblos indígenas que están al sur del río Orinoco están afectados de alguna manera por la minería. Considera que el Arco Minero ha permitido la violación de sus derechos humanos y territoriales, y ha impedido que ONG o asociaciones privadas trabajen en el lugar para brindarles ayuda u ofrecerles alternativas para subsistir. Tampoco hay un sistema de salud del Estado al que puedan acudir y la educación es cada vez más precaria o inexistente en los lugares más remotos.
Burelli cree que los indígenas venezolanos sufren más que nunca en la historia y dice que, aunque el chavismo tiene un discurso proindigenista y proambientalista, sus acciones son todo lo contrario. “Los indígenas están cada vez más sometidos, más víctimas, más dependientes del régimen y viéndose obligados a ir a la minería para sobrevivir. Y los están volviendo esclavos modernos”, destacó.
Aguilar aseguró que el enorme impacto sociocultural y ambiental que la minería ha tenido sobre los pueblos indígenas “no tiene precedente en la historia de las comunidades indígenas de los últimos tiempos”. El asesinato de Joaquín Hernández es apenas una muestra del acecho constante en el que viven.
*Imagen principal: Las operaciones militares del gobierno destruyen campamentos mineros en Amazonas, pero el extractivismo continúa su expansión. Foto: X @dhernandezlarez
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