- Las presiones por ampliar actividades productivas y extractivas legales e ilegales, y organizar política y administrativamente la Amazonía oriental de Colombia desde una visión “colonizadora” amenazan la integridad ambiental y cultural de la región.
- Los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, habitados mayoritariamente por poblaciones indígenas, deberían tener Entidades Territoriales Indígenas, una figura político-administrativa que reconoce la histórica gobernanza indígena, según la Constitución de 1991 y otras normativas vigentes.
- Sin embargo, durante 34 años la burocracia, los intereses políticos y el racismo estructural han impedido que eso ocurra.
- Barrancominas, en el departamento de Guainía, es el último municipio que se creó en la Amazonía y actualmente refleja los cabos sueltos que quedan en el ordenamiento territorial amazónico y lo insuficiente que resulta un municipio para administrar esta vasta selva con población dispersa.
Sobre el río Guaviare, en plena selva amazónica, y a mitad de camino entre las ciudades de San José e Inírida, se encuentra un puerto fluvial de gran movimiento de personas y mercancías, rodeado de resguardos indígenas. También es parada obligada en los largos viajes para atravesar la Amazonía por esta región.
El lugar se llama Barrancominas, centro de abastecimiento y de convergencia para el departamento de Guainía, al que pertenece, y el de Vichada, ubicado justo enfrente, cruzando el río. Barrancominas fue el último “experimento” de creación de un municipio en la Amazonía colombiana, donde las lógicas “colonialistas” de ordenamiento territorial se muestran insuficientes y hasta contradictorias para responder a la riqueza cultural y ambiental de una zona poblada mayoritariamente por pueblos indígenas.
En un proceso no exento de polémica, el 1° de diciembre de 2019 Barrancominas se convirtió en el municipio 1103 de Colombia, con una extensión de 14 205 kilómetros cuadrados, casi ocho veces el área de Bogotá. Tiene casi 11 000 habitantes, la gran mayoría de la etnia Piapoco y en menor medida, Sikuani. Los indígenas representan casi el 78 % del total de la población del municipio y están asentados en 31 comunidades que forman parte de nueve resguardos. Los colonos —llegados de los departamentos de Antioquia, Santander, Tolima y Bogotá— son minoría y viven casi exclusivamente en el casco urbano.
El ajetreado puerto de Barrancominas inicia o termina, según como se vea, en una calle principal flanqueada por comercios y casas de cemento. Por esa vía transitan “tuc tucs” o mototaxis, capaces de llevar a una persona, en menos de cinco minutos, desde el centro del pueblo a Minitas, la comunidad indígena más cercana, a la que se llega cruzando la pista de aterrizaje del pueblo —que recibe aviones DC3 y pequeñas avionetas pocas veces a la semana a precios altos—, un puesto del Ejército y otro de la Armada.
Barrancominas no tiene acueducto ni alcantarillado. Solo desde noviembre del año pasado cuenta con luz las 24 horas, gracias a una central de energía híbrida solar/diésel. Desde que se convirtió en municipio “ha mejorado bastante”, dijo el alcalde Héctor Pérez García, indígena piapoco, en el cargo desde enero de 2024.
El alcalde destacó la “presencia del Estado” con la apertura de oficinas públicas a las que antes solo se podía llegar con un viaje a Inírida, la capital del departamento de Guainía. Ir hasta allá toma entre nueve horas y cuatro días por río, dependiendo del tipo de embarcación y motor que se utilice.
“Ya tenemos la oficina de la Notaría, de la Personería Municipal, el Juzgado Municipal y la Registraduría”, detalló Pérez en octubre de 2024 desde su oficina adornada con artesanías indígenas. En enero de este año llegó la Fiscalía y aún esperan que entre en funcionamiento la oficina de la Defensoría del Pueblo.
La creación del municipio abrió interrogantes sobre las posibles motivaciones legales y políticas que hubo detrás y sobre las promesas incumplidas cinco años después.
Por un lado, la Constitución de 1991 reconoció una nueva figura de ordenamiento territorial, conocida como Entidades Territoriales Indígenas (ETI), en lugares donde los indígenas han habitado y gobiernan desde tiempos ancestrales, según sus propias normas. Es decir, esa figura se sumó a otras ya existentes, como los municipios y departamentos, para reflejar la diversidad y pluriculturalidad del país. Sin embargo, han pasado 34 años y la puesta en funcionamiento de esas ETI, aunque han tenido algunos avances, no se han concretado.
En 2018, un decreto presidencial (el 632) estableció la normativa necesaria para formalizar las ETI, específicamente en los departamentos amazónicos de Guainía (donde se ubica Barrancominas), Vaupés y Amazonas, en lugares conocidos como “áreas no municipalizadas”, aunque esa figura no existe en la ley. Este concepto se refiere a territorios habitados mayoritariamente por indígenas, pero que no pertenecen a ningún municipio y que podrían convertirse en ETI.
A inicios de mayo último se aprobó un nuevo decreto presidencial (el 488) para avanzar en la puesta en funcionamiento de esta figura. La norma incluye lineamientos para certificar la delimitación territorial, definir los recursos para su funcionamiento y la coordinación con otras entidades estatales.
Actualmente, en la Amazonía oriental que limita con Venezuela y Brasil hay 25 territorios decididos a formalizarse como ETI o que ya están en proceso de formalización: 20 tienen algún grado de avance y otros cinco han expresado su interés, pero aún no han dado pasos efectivos. En ese camino han sido acompañados por tres organizaciones: la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Fundación Etnollano y la Fundación Gaia Amazonas.
Según datos de esta última organización, esos 25 territorios cubren el 36 % de la Amazonía colombiana y juegan un papel crucial en su conservación. Además, mantienen el 99.5 % de sus coberturas naturales intactas, de acuerdo con información de la plataforma de monitoreo de ecosistemas MapBiomas.
Un proceso cuestionado
A pesar de que en 2018 ya existía el decreto para formalizar las ETI en los departamentos de la Amazonía oriental, el 6 de agosto de 2018, un día antes de que Juan Manuel Santos dejara la Presidencia de Colombia, el entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, emitió un decreto con el que dio el “visto bueno” a la creación de dos municipios en Guainía: Barrancominas y San Felipe . Uno de los requisitos era realizar una consulta previa a los indígenas en esos territorios, como establecen las leyes nacionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
La consulta en Barrancominas se realizó entre el 6 y el 8 de mayo de 2019. Ganó la opción de municipalizar.
“Se aceptó la municipalización porque estábamos abandonados por el Estado”, explicó Carlos Gaitán, coordinador de Territorio, Medioambiente y Cambio Climático de la OPIAC. Conoce bien el caso porque es indígena piapoco, del resguardo Minitas Mirolindo, en Barrancominas.
Para él, hubo “desconocimiento de toda la normativa, de decretos como el 632, que nos amparan como pueblos indígenas, que nos dan la autonomía en la forma de gobernar nuestro territorio”, señaló Gaitán. El dirigente indígena considera que no hubo suficiente información sobre la posibilidad de optar por convertirse en ETI en lugar de organizarse como municipio. Tras esa experiencia, la OPIAC realizó jornadas de pedagogía sobre el tema en otras regiones.
Adrián Pérez Rodríguez, actual capitán de la comunidad de Minitas, que pertenece al resguardo Minitas Mirolindo, contó que aunque no participó en la consulta previa, cree que se aceptó la creación del municipio “pensando que si esto se volvía municipio, pues la mayoría de la gente podría recibir beneficios”. Al final, Pérez y Gaitán coinciden en que hubo muchas expectativas por la creación de empleo y mejoramiento de las condiciones de vida en Barrancominas.
Sin embargo, el proceso de consulta previa fue cuestionado. Los líderes indígenas en Barrancominas no dieron mayores detalles sobre las dinámicas de ese episodio, pero Juan Camilo González, subdirector de la Fundación Etnollano, que acompaña a tres territorios indígenas en Guainía en el proceso de formalización como ETI, recordó que en ese momento hubo denuncias de que esa consulta fue “supremamente corrupta”. “Se movía un montón de plata”, dijo.
Un líder indígena de Guainía que conoció el proceso de cerca, pero que pidió la reserva de su nombre, también lo confirma: “Hubo plata, un reconocimiento económico para la mayoría, no a todos, para la municipalización”. “Allá hubo unos compañeros líderes que en su momento negociaron para convencer a las comunidades y decir sí a la municipalización”, afirmó.
La idea de convertir el territorio en municipio llegó impulsada por políticos de Guainía que han sido condenados por corrupción. Uno de ellos fue el entonces gobernador Javier Zapata (2016 – 2019). En junio de 2023, el político fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, corrupción al sufragante, entre otros delitos.
Otro personaje, considerado cacique político en la región, es Carlos Cuenca Chaux, quien lleva 17 años como congresista y ocupó, entre 2019 y 2020, la Presidencia de la Cámara de Representantes. Justamente cuando ejercía ese cargo participó en el acto de fundación del municipio, donde anunció que Barrancominas sería una “despensa agrícola” y “el municipio de la prosperidad”.
El 22 de enero último, Cuenca Chaux fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia a siete años de detención por el delito de corrupción de sufragante en las elecciones de Guainía de 2014. A pesar de esto, sigue en el cargo mientras se resuelve la apelación que presentó el 28 de enero. Buscamos al congresista varias veces para una entrevista, pero nunca fue posible concretarla.
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Los intereses en juego y los pendientes tras la municipalización
Barrancominas es un punto neurálgico en la cuenca media del río Guaviare. Es una región fértil, biodiversa y punto de conexión y abastecimiento de las comunidades ribereñas tanto del lado de Guainía como de Vichada. El alcalde Pérez García explicó que el municipio fue creado bajo la figura “turística y agrícola” y que al mismo tiempo su administración tiene el reto de promover la conservación de la selva amazónica.
Aunque los indígenas son mayoría, los colonos se han instalado en el casco urbano y tienen fincas en los alrededores. Pérez Rodríguez, el capitán de Minitas, se quejó de que han visto “cómo los colonos deforestan nuestro territorio. “Ellos se radican y van abriendo sus potreros. La mayoría de nosotros llevamos tiempo acá, pero nunca hemos deteriorado de manera excesiva la selva, a veces media hectárea [para la chagra, espacio de cultivo] y vuelve y nace otra vez. Pero los colonos van entrando poco a poco y van haciendo daño a nuestro territorio”.
Algunas de las fuentes entrevistadas para este reportaje consideran que el interés por la tierra podría estar detrás de la municipalización. Juan Camilo González, de Etnollano, asegura que ha habido una dinámica de despojo de tierras muy fuerte. “Si tú miras los resguardos que están en la ribera de ese río, son resguardos supremamente pequeños en comparación con los demás resguardos que ves en la Amazonía, a pesar de que todo este territorio es ancestral”, señaló.
González recordó que en las décadas de los 80, 90 y 2000, Barrancominas fue fortín del Frente 16 de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En la memoria de los habitantes de esta región, especialmente de los indígenas, sigue fresca la época de guerra en la que estuvieron en medio de los combates entre la guerrilla y el Ejército. Desde esa región operaba el comandante conocido como ‘Negro Acacio’, abatido en 2007 en una operación militar.
La Unidad de Restitución de Tierras —entidad creada para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso— ha explicado que en ese periodo, por el auge de los cultivos ilícitos y operaciones de narcotráfico, se registró “una oleada importante de colonos que ingresaron provenientes de distintos lugares del país y que compraron predios sin ningún tipo de regulación”.
González también comenta que cuando se hizo la delimitación de los resguardos en Barrancominas, la misma guerrilla tuvo influencia “para que fueran resguardos pequeños y se permitiera abrir corredores de colonización desde los Llanos Orientales —desde Cumaribo en Vichada— hacia la Amazonía, que les permitiera tanto el tránsito de las economías ilegales como la extracción de recursos”. Para él, la municipalización es una estrategia para apropiarse de esos territorios fragmentados, muchos de los cuales aún hoy no tienen el título de propiedad colectiva.
Las tensiones por la delimitación de los resguardos siguen presentes. Erminson Rodríguez, indígena de Minitas, expresidente del Concejo Municipal y actualmente concejal, detalló que en medio del proceso de diseño del plan de ordenamiento territorial existe “una controversia desde los pueblos indígenas que reclaman los derechos territoriales, ya que la construcción de los nuevos polígonos (de delimitación) de los resguardos con la tecnología actual ha hecho que estos cambien de manera sustancial”.
Con mapas y ejemplos, Rodríguez explica el caso de Minitas. “El mapa del polígono que construyó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que existió entre 1961 y 2003, tenía unos límites, unos linderos y unos puntos de referencia. Cuando la Agencia Nacional de Tierras [ANT—entidad que hoy tiene a su cargo muchas de las funciones del extinto Incora—] desde su oficina construyó el nuevo polígono [en 2024], esos puntos de referencia no se respetaron”, se queja. Dice que han pedido explicaciones porque esto reduciría su territorio, pero no han tenido respuesta de las autoridades.
Enviamos una solicitud de información a la ANT para preguntarles por estas quejas, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no recibimos respuesta.
A pesar de la polémica y las críticas, lo cierto es que Barrancominas ya es un municipio. Sin embargo, le falta un instrumento clave: el plan de ordenamiento territorial. En la práctica, este serviría para definir el uso del suelo y enfrentar dos graves problemas: por un lado la erosión del río Guaviare, que amenaza con destruir la pista de aterrizaje y que ya expulsó a algunos habitantes de comunidades indígenas asentadas en la ribera; y por el otro, el manejo del basurero que hoy está en pleno centro del pueblo, al lado de canchas deportivas y viviendas.
“Si no actuamos, tiende a desaparecer toda esta población (…) y nos tocaría pensar en la reubicación del municipio”, dijo el alcalde García sobre la erosión que se está llevando [destruyendo] el pueblo. Admitió que para actuar dependen “del esquema de ordenamiento territorial, que todavía está en proceso [de elaboración]”.
Familiares del capitán de Minitas están entre los afectados por la erosión, que se agrava en invierno (entre abril y junio-julio) cuando crece el río y hay inundaciones. “Han trasladado como siete u ocho casas por la erosión. Les tocó perder su piso de cemento, lo que habían construido. El barranco se va deteriorando, se va deslizando. Y la erosión se lleva una parte del aeropuerto también, que es muy importante para nosotros porque por ahí viajamos para la ciudad y transportamos pacientes enfermos”, contó el capitán.
Carlos Gaitán, de la OPIAC, explicó que “no se ha podido avanzar en el ordenamiento territorial” en el municipio “porque no hay un acuerdo con los resguardos indígenas”. Esto, incluso a pesar de que el actual alcalde es indígena.
En cuanto a las basuras, Yelitza Figueroa, líder no indígena y veedora ciudadana, denunció que el botadero está en pleno centro urbano. Desde el puerto y recorriendo la vía principal en menos de cinco minutos en mototaxi se llega a una explanada rodeada de construcciones donde está a la vista la basura acumulada.
“Hay malos olores, animales, moscas, zancudos. Hemos pedido que hagan jornadas de fumigación porque esto alborota el dengue y la malaria”, dijo, y comentó que también los lixiviados se filtran en la tierra, en una zona rodeada de casas que se surten de agua de pozos profundos. “Para sacar ese basurero de acá, la Alcaldía indicó que lo primordial es el plan de ordenamiento territorial. Sin eso no pueden hacer nada”, explicó Figueroa.
Para esta lideresa, la condición de municipio de Barrancominas “no ha mejorado” la vida de colonos ni de indígenas. “Cuando era corregimiento había más presencia de las entidades. Bienestar Familiar venía cada tres meses, la Gobernación traía programas para los agricultores y mandaba mercados de emergencia cuando se inundaban las fincas en invierno y se perdía lo sembrado”, dijo.
Figueroa comentó que se suponía que la municipalización era para que hubiera más desarrollo, para que llegaran recursos propios y hubiera más inversión, “pero lo que ha pasado es un retroceso”. Según dijo, la Alcaldía no cuenta con recursos propios, solo con lo que le gira el Estado. “No hay plan de ordenamiento, no hay estatuto de renta para cobrar impuestos. Nada. Hasta ahora está iniciando”.
La otra cara de la moneda: el caso de San Felipe
San Felipe, la otra población de Guainía que se quería municipalizar, tuvo una suerte distinta a la de Barrancominas. En la frontera con Venezuela y cerca de Brasil, San Felipe también tenía “luz verde” para convertirse en municipio, pero los indígenas rechazaron la idea en un proceso de consulta previa realizado entre el 10 y el 12 de mayo de 2019.
Leonel Evaristo Meregildo, representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Curripaco del Medio Guainía Jajlami, recuerda que casi 50 comunidades de los resguardos indígenas de la zona de influencia de San Felipe —los del río Guainía, Negro, Cuianí e Isana— “decidieron por mayoría [decir] no a la municipalización de San Felipe y más bien sí a la implementación de las Entidades Territoriales Indígenas bajo la figura del Decreto ley 632 de 2018”.
El argumento de Meregildo es contundente: “Si municipalizan San Felipe se convierte en un escenario para legalizar recursos a favor de los gobernantes y no llega nada a las comunidades, como lo que está pasando ahora en Barrancominas”. Asegura que muchos recursos llegan, pero no se ve el impacto real en las comunidades. “Hay una cantidad de recursos que se pierden ahí [en el municipio] y con base en eso entra el tema de compra de votos cuando hay elecciones”.
Meregildo insiste en que los indígenas quieren ser los que tomen las decisiones sobre los procesos y programas que llegan a las comunidades indígenas y, para él, eso solo será posible a través de las ETI.
De hecho, en Guainía se están impulsado las ETI de los Ríos Atabapo e Inírida, Alto Río Guainía, Bajo Río Guainía —donde está San Felipe— y Medio Río Guainía.
Camilo González, subdirector de Etnollano y quien acompaña los procesos de esas tres primeras ETI, afirmó que con las actuales normas y las sentencias de la Corte Constitucional (C-047 DE 2022 y C-054 DE 2023) ve “realmente imposible que hoy se monte un nuevo municipio en estos territorios”.
Sin embargo, dijo que “sigue habiendo una presión muy fuerte [por la municipalización] por intereses que tienen que ver con bonos de carbono, con todo el manejo político de montar un fortín [político] para básicamente extraer recursos públicos desde un municipio, y todo el interés que hay en controlar un punto de aduana en la triple frontera”, entre Colombia, Venezuela y Brasil. Según mencionó, los políticos locales “ven con muy malos ojos que se conforme un gobierno indígena con este nivel de reconocimiento y autoridad”, porque eso es lo que implica la puesta en funcionamiento de las ETI.
Para Juan Carlos Preciado, experto en temas de ordenamiento territorial y asesor tanto de organizaciones indígenas como de la Fundación Gaia Amazonas, los modelos de municipalización y de las ETI representan “dos visiones de lo político-administrativo claras: la formal, la del gobierno republicano colonial con municipios y departamentos; y la que se busca desde la Constitución Política a partir del pluralismo, la diversidad y la construcción del Estado en el territorio”.
En un evento académico realizado en Bogotá en marzo pasado, Preciado explicó que las ETI implican el reconocimiento de los indígenas como autoridades públicas en los lugares donde habitan mayoritariamente y donde han gobernado de manera efectiva, a través de sus sistemas de conocimiento.
“Llevamos 30 años discutiendo con poderes políticos que impiden que se establezcan las legislaciones que se requieren frente a este tema”, dijo en el mismo evento Gustavo Carrión, entonces director de Ordenamiento Territorial y Sistema Nacional Ambiental (SINA) del Ministerio de Ambiente.
“La discusión de la autonomía es una discusión fundamental frente al tema, pero muchas veces la autonomía que se defiende en el Congreso es una visión autárquica de ciertas clases y élites políticas”, aseguró Carrión.
El tiempo parece darle la razón a aquellos que dicen que los políticos tradicionales se oponen a las ETI. La Constitución estableció que el Congreso debía aprobar una ley de ordenamiento territorial para regularlas, pero han pasado 34 años y no lo ha hecho. Incluso, dejó intencionalmente por fuera ese tema en la Ley 2200 de 2022, creada para modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos. En últimas, lo que hizo fue facilitar la creación de municipios.
La Corte Constitucional, en al menos seis sentencias sobre temáticas relacionadas con pueblos indígenas, ha llamado una y otra vez al Congreso a legislar sobre esta materia. En la última, la T-106 del 25 de marzo de 2025, el tribunal destacó los avances sobre las ETI, registrados gracias al Decreto ley 632, pero señaló “la omisión censurable del Congreso de la República” al no legislar y lo exhortó nuevamente a hacerlo.
En temas de modelo de desarrollo “seguimos siendo un país muy centrado en la mirada andina, en los problemas de la vivienda, de la infraestructura, que tienen que ver con bienes y servicios, pero no nos atrevemos a pensar en cuáles son esos modelos en la Amazonía colombiana, para poder construirlos de manera participativa, incluyente, democrática. Es un asunto que sigue siendo complejo”, explicó Carrión en el evento académico.
Poner en práctica la forma de gobernanza amazónica no ha podido pasar del papel a la realidad y esto se hace urgente en momentos en que ese bioma se ha vuelto de vital importancia para enfrentar el cambio climático.
Mucho se dice en los discursos que la Amazonía es el pulmón del mundo y que está salvando vidas. “No, la Amazonía no salva vidas. Los que la salvan son los que viven allí, los pueblos indígenas, porque ellos son los que conservan”, dijo Carlos Gaitán, de la OPIAC.
*Este reportaje es producto de una alianza periodística entre La Liga Contra el Silencio y Mongabay Latam.
Imagen principal: vista aérea de Barrancominas y el río Guaviare. Foto: cortesía Sergio Alejandro Melgarejo / La Liga contra el Silencio
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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
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