- El Territorio Indígena Multiétnico II presentó una Acción Ambiental Preventiva Directa en el juzgado agroambiental del Sena, en Pando.
- Solicitaron que se suspenda de inmediato la minería ilegal en el río Madre de Dios y que se paralicen o anulen las licencias mineras otorgadas sin consulta previa ni estudios ambientales.
- Además, exigen que se reconozca al río como sujeto de derechos para que sea protegido.
- La acción preventiva se basa en siete argumentos centrales, que incluyen la contaminación del agua y el impacto en la salud humana.
Las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) presentaron 14 pruebas documentales que demostrarían que en el río Madre de Dios el 90 % de las operaciones mineras son ilegales. Estos pueblos presentaron una Acción Ambiental Preventiva Directa (AAPD) ante el Juzgado Agroambiental en Sena, en el departamento de Pando, y esperan que la Justicia pueda frenar la expansión minera ilegal.
En Bolivia, una AAPD consiste en un conjunto de medidas y acciones que se implementan para evitar o minimizar los impactos negativos en el medio ambiente antes de que ocurran. Estas acciones son proactivas y buscan prevenir problemas ambientales en lugar de responder a ellos una vez que se han producido.
El objetivo de esta iniciativa legal es detener la actividad minera que amenaza la salud de las comunidades indígenas del TIM II, sus bosques y el río Madre de Dios, al que piden reconocer como sujeto de derechos. La demanda está dirigida contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la cooperativa minera ASOBAL Madre de Dios SRL.
La cooperativa ASOBAL, ante la consulta de Mongabay Latam, afirmó que sus operaciones son legales y que entregarán cualquier requerimiento que pida la Justicia agroambiental boliviana.
Asimismo, esta demanda notifica a la Dirección de Medio Ambiente y Agua de la Gobernación de Pando por su aparente “inacción” frente a los impactos que sufren los pueblos indígenas ese ejja, tacana y cavineño.
“Los informes son el resultado del proceso de Monitoreo Territorial Indígena y dan cuenta de que en las entradas a campo realizadas en los años 2021, 2024 y 2025 se registraron porcentajes significativamente mayores de operación en áreas no permitidas, donde solo el 10 % de las balsas que operan en el río Madre de Dios se encuentran en zonas autorizadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)”, dice parte de la demanda.
El TIM II se extiende entre los departamentos de Beni y Pando, en el norte amazónico de Bolivia, en una superficie de más de 407 585 hectáreas. En este territorio viven unos 3574 habitantes reunidos en 36 comunidades: 29 comunidades son de la nación indígena tacana, cuatro comunidades de los ese ejja y tres comunidades de los cavineños.
El río Madre de Dios es una fuente de vida fundamental para el TIM II. Este afluente atraviesa una gran parte del territorio y es esencial para varias comunidades indígenas. Del río sacan agua para beber y cocinar, pescan para su alimentación, sirve como vía de transporte entre comunidades, permite regar sus cultivos, es parte de su cultura y espiritualidad y garantiza el equilibrio del ecosistema amazónico.
Alarma por contaminación
Uno de los impactos documentados, según refleja la acción legal, es la contaminación por mercurio progresiva del río Madre de Dios.
“La contaminación es la consecuencia de la minería aluvial que se realiza aguas arriba mediante balsas, pero también se realiza esa minería en gran parte del Madre de Dios. Nosotros nos sentimos afectados, todos comemos pescado, pero ese pescado está contaminado. Todos utilizamos esas aguas, pero están contaminadas”, afirmó a Mongabay Latam Lucio Ayala, presidente del TIM II.
Según explicó el dirigente indígena, la demanda surge tras un prolongado proceso de diálogo entre las comunidades del TIM II y múltiples intentos por obtener información del Estado. “Nunca nos consultaron para autorizar las cuadrículas mineras (espacios de exploración minera). Por ejemplo, hay dos cuadrículas autorizadas en (las comunidades) Miraflores y Genechiquía, donde máximo habrá diez balsas, pero más de cien están fuera del área permitida, desde aquí hasta Perú”, denunció Ayala.
La demanda presentó análisis de laboratorio realizados entre 2021 y 2024 por los laboratorios especializadas Spectrolab y Quebracho SRL sobre muestras de agua recolectadas en distintos puntos del río Madre de Dios. Estas muestras revelarían “niveles preocupantes de contaminantes que superan los límites permisibles establecidos por la normativa ambiental nacional e internacional”.
Las muestras fueron tomadas en puntos estratégicos, como los municipios de Sena, en Pando, y Riberalta, en Beni, así como las comunidades Sinaí, Loreto, Trinidacito y Miraflores, todas estas en las orillas del Madre de Dios. Entre los resultados se identificó la presencia de metales pesados, como mercurio, plomo, zinc y arsénico, así como aceites y grasas, sólidos suspendidos y una conductividad eléctrica elevada.
El laboratorio Spectrolab está especializado en el estudio de agua y depende de la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Además, se incorporó el informe técnico ambiental de deforestación y el informe técnico ambiental de conteo de balsas realizado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), organización que también acompañó la elaboración de la acción legal.
“Este recurso está basado en evidencia científica, en pruebas que se obtuvieron en varias acciones de control y monitoreo indígena. Todo eso da cuenta del impacto negativo que está generando la minería aluvial en el TIM II y por eso se pide que la Justicia agroambiental reconozca los derechos del río Madre de Dios como sujeto de derechos y precautele la vida de las comunidades”, explicó a Mongabay Latam el director del Cejis, Miguel Vargas.
En la demanda también se incluye información que sostiene que a lo largo de 184 kilómetros del río Madre de Dios hay diez áreas con Autorizaciones Transitorias especiales (ATE), donde deberían realizarse las actividades de forma legal; sin embargo, en el monitoreo socioambiental indígena se pudo establecer que las mismas están en áreas no autorizadas.
Dragas ilegales
Según el Cejis, solo en la zona del TIM II, en lo que va de este año, están operando u operaron 203 dragas extrayendo oro, de las cuales solo 23 cuentan con autorizaciones temporarias otorgadas por la cooperativa Asobal, que es una de las más grandes de Bolivia y es un monopolio de balsas auríferas que operan en el río Madre de Dios y otros afluentes amazónicos de los departamentos de Beni y Pando. En 2023 esta cooperativa reportó que más de 700 balsas auríferas estaban registradas en sus listas de afiliados, de las cuales poco más de 500 estaban operando de manera ilegal.
Confesor Tirina Soria, quien fue secretario general de Genechiquía, una de las 36 comunidades que forma parte del TIM II, relató que las dragas ilegales operan las 24 horas del día y que solo paran sus operaciones cuando hay crecidas de los ríos, producto de las intensas lluvias. Eso sucedió estos últimos tres meses, pero ahora se volvió a ver a estas embarcaciones –dijo- extrayendo oro de forma ilícita.
Entre los documentos presentados en la demanda también figura el informe “El mercurio, una amenaza al Territorio Indígena Multiétnico TIM II”, publicado por el Cejis, además de copias de las solicitudes de información presentadas a la AJAM al Estado. Estas solicitudes tuvieron respuesta emitida el 20 de noviembre de 2023, pero no convenció los requerimientos de los pueblos indígenas.
Mongabay Latam pidió información a la AJAM para conocer si apelarán la demanda presentada por las comunidades del TIM II, pero esta institución pública no respondió. La AJAM en Bolivia es la entidad que otorga los permisos de operación mineras, entre algunas atribuciones.
Según Vargas, del Cejis, se identificaron alrededor de 2080 balsas en 184 kilómetros del río Madre de Dios: el 96 % de ellas operan sin autorización. Para llegar a esa cifra se hizo un monitoreo geoespacial de un lapso de 50 meses (de enero de 2021 a febrero de 2025).
Además, entre 2023 y 2025 se perdieron 862 hectáreas de bosque por efecto de la minería aluvial, según la demanda presentada. Esto se traduce en menos áreas para caza, pesca y cultivo, golpeando directamente la seguridad alimentaria de las familias indígenas.
“Con este proceso judicial, las comunidades buscamos frenar la destrucción de nuestro territorio y sentar un precedente para la defensa integral del río Madre de Dios, un afluente vital de la cuenca amazónica boliviana. Además, queremos que pare la minería del oro, esa minería que está dañando el río y está contaminando a nuestra gente”, lamentó Margarita Salas, dirigente de la comunidad Palestina.
Imagen principal: el río Madre de Dios está afectado por la minería ilegal, que impacta en la vida de los pueblos indígenas. Foto: cortesía Cejis
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