- En Bolivia se presentó un plan para evitar el mercurio en la minería aurífera, pero no tomaron en cuenta las voces de los pueblos indígenas afectados por la contaminación.
- Seis pueblos indígenas de la Amazonía boliviana denuncian la intoxicación por mercurio, ya que consumen pescado y agua de ríos contaminados por la minería.
- Existen estudios que muestran el nivel de intoxicación de los pueblos indígenas amazónicos y estas comunidades piden ser parte del plan de uso de mercurio.
- La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que fue parte de este proyecto, anunció que los pueblos indígenas serán tomados en cuenta y que el plan “no está hecho en piedra”.
Los indígenas en Bolivia afirman que llevan el mercurio en la sangre. Están intoxicados, sostienen, debido a la incontrolable expansión de la minería aurífera, en su mayoría ilegal. Estos pueblos denunciaron que fueron excluidos del Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera, que fue elaborado por el gobierno boliviano y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Más de 20 organizaciones hicieron su reclamo y dicen que este plan fue articulado solo con las cooperativas mineras.
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El plan fue desarrollado con el apoyo técnico del programa Planet Gold, de ONUDI, ejecutado por la organización MedMin, y cuenta con participación exclusiva de actores estatales y mineros, según explicó a Mongabay Latam Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). “¿Cómo puede diseñarse un plan para proteger la salud y el medioambiente sin contar con quienes están siendo envenenados?”, cuestionó la dirigente indígena.
Esta exclusión también generó críticas por el incumplimiento de compromisos internacionales. La Contiocap, junto a otras 20 organizaciones, denuncian que este proceso vulneró la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 19) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)), los cuales exigen la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en políticas públicas que los afecten directamente.
“Por respeto a las poblaciones indígenas víctimas de la contaminación con mercurio por la minería de oro, así como por transparencia con toda la sociedad boliviana, el PAN, al ser una política pública, debe responder a la problemática, y debe ser de conocimiento público”, alertó Alipaz, quien aseguró que ese proyecto costó medio millón de dólares.
El PAN propone una minería responsable y reducir el uso de mercurio en un 60 % hasta 2031. Esta iniciativa fue presentada el 26 de junio de este año en la ciudad de La Paz, con presencia de autoridades nacionales y de la ONUDI. La exposición de ese plan estuvo a cargo de Danilo Bocangel, de la Fundación Minería, Medio Ambiente e Industria (MedMin), quien señaló que el proyecto será socializado con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).
Al respecto, Noe Macuapa, presidente de la CPILAP, ratificó a Mongabay Latam que su sector, que reúne a los pueblos indígenas de la Amazonía del departamento de La Paz, no fue convocado para trabajar el PAN y que les dijeron que socializarán la iniciativa con algunas comunidades. “Esto demuestra el incumplimiento de las disposiciones legales y la falta de compromiso estatal en la conservación de nuestros medios de vida”, cuestionó el líder indígena.
El dirigente lamentó que su organización no haya sido tomada en cuenta en la elaboración del plan del mercurio y adelantó que pedirá a las diversas instancias gubernamentales que incluyan a los pueblos indígenas para adoptar medidas sobre esta temática. “Nosotros somos los principales afectados por el uso del mercurio y ni siquiera nos preguntaron cómo estamos”, lamentó Macuapa.
Resultados de los estudios
En 2023, a iniciativa de la CPILAP, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz realizó un estudio que confirmó altos niveles de mercurio en seis pueblos indígenas que habitan en las orillas de ríos amazónicos. Los más afectados son los tsimanes y ese ejjas, que se alimentan de peces y habitan en la cuenca baja de los afluentes, donde se concentran los desechos que llegan de las zonas donde hay actividad minera mecanizada y artesanal para la explotación del oro.
El límite de concentración de mercurio permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 1 ppm (parte por millón). Las concentraciones de mercurio de los pueblos indígenas del norte de La Paz varían entre 1.9 ppm y 6.9 ppm. La exposición al mercurio -incluso a pequeñas cantidades- puede causar graves problemas de salud, perjudicar el desarrollo intrauterino y las primeras etapas de vida.
El estudio se realizó en las poblaciones ribereñas indígenas tsimane, ese ejja, leco, mosetén, uchupiamona y tacana, que viven alrededor del río Beni y de sus afluentes, como los ríos Tuichi, Tejeque, Quiquibey y Madre de Dios. La prueba llegó a 36 comunidades de estos pueblos indígenas, donde se tomaron muestras de 305 personas, incluyendo mujeres en edad fértil, a quienes se midió la concentración de mercurio en el cabello.
El método que utilizó la UMSA para el estudio fue el de Fluorescencia Atómica EPA 245.2 con un límite de determinación de 0.05 ppm. Macuapa detalló que la contaminación más alarmante es la del pueblo ese ejjas, que consumen pescado a diario y que por ello son los que tienen mayor contaminación: tienen en promedio 6.9 ppm de mercurio. Le siguen los tsimanes, con 6.8 ppm; los mosetén, con 4.0 ppm; los uchupiamonas, con 2.5 ppm; los tacanas con 2.1 ppm; y los lecos, con 1.9 ppm.
El actual plan del mercurio pensado en la minería artesanal y a pequeña escala plantea eliminar la práctica de molienda y amalgamación con mercurio simultánea en la minería del oro. La práctica de molienda y amalgamación con mercurio simultánea es catalogada por el Convenio de Minamata como una de las “peores prácticas”, de las que más contaminan con mercurio y que deben eliminarse inmediatamente. Sin embargo, en Bolivia predomina la minería aurífera mecanizada, intensiva y de gran impacto socioambiental.
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Es más, Bolivia es el principal importador de mercurio pero al mismo tiempo también es parte del Convenio de Minamata. “Lamentablemente no existe ni conciencia ni responsabilidad por parte de las autoridades del Gobierno, si ellos se pusieran en el lugar de los pueblos indígenas con el respeto a la vida y a la naturaleza de nuestra Casa Grande puede darse un cambio total”, reprochó Macuapa.
El PAN plantea que a partir del empleo de tecnologías limpias se podría reducir el uso de mercurio en un 10 % entre 2025 y 2026; en un 30 % entre 2027 y 2029; y en un 60% entre 2030 y 2031, que equivale a una pérdida anual de entre 21 y 27 toneladas anuales de mercurio.
El Instituto de Toxicología de la Universidad de Cartagena, en coordinación con el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Contiocap, también realizó un estudio en 2023 sobre los niveles de mercurio en pueblos indígenas. Estas pruebas demostraron que los niveles de mercurio en indígenas de comunidades ribereñas oscilan entre 10 y 20 partes por millón (ppm).
“En el caso del mercurio es interesante mostrar lo que sucedió por la importancia que tienen países como Bolivia, que es el principal importador en todo el mundo. En algunos años importó la cuarta parte de lo que circuló en el mundo, que no solo fue para uso para la minería del oro en Bolivia, sino para países vecinos, ya que está siendo exportado de manera ilegal”, detalló el director del CEDIB, Óscar Campanini.
Tráfico de mercurio
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, señaló a Bolivia en 2021 como el país centro del tráfico ilegal de mercurio en la región. Ante la gravedad del comercio y el uso indiscriminado de este metal, Orellana sostuvo que visibilizaría esta situación en foros internacionales, así como el incumplimiento del Estado boliviano frente al Convenio de Minamata.
El PAN no contempla ajustes a la normativa vigente referida a la importación y comercialización del mercurio, que se reduce a un registro único que no pone límites en cuanto al ingreso de volúmenes de la sustancia tóxica al territorio nacional ni su destino, según detalló Campanini.
Diego Álvarez, representante en Bolivia de la ONUDI, afirmó el día de la presentación del PAN que esa propuesta “no está hecha en piedra” y aseguró que se llegará a los sectores involucrados por la minería aurífera. Además, el funcionario de la ONU afirmó que se trabaja en otro proyecto para identificar la conexión de la minería ilegal con otro tipo de delitos.
“Es algo que se ha expresado en los diferentes comités, que [los pueblos indígenas] tienen que participar, que tienen que reunirse, porque el documento no está cerrado, no está hecho en piedra y tiene que reflejar a los diferentes sectores involucrados, y más si son los que están expuestos”, afirmó Álvarez.
Mongabay Latam se comunicó con las autoridades de Bolivia, quienes remitieron a las declaraciones del vicepresidente David Choquehuanca realizadas el 24 de julio en el evento Diálogo Amazónicos que se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En ese encuentro, la segunda autoridad boliviana consideró que los pueblos indígenas afectados por el mercurio y otros químicos deben ser parte de “toda iniciativa estatal” que promueva el cuidado del medio ambiente.
“Expreso mi preocupación por la minería ilegal y el uso descontrolado del mercurio, que está contaminando los ríos, los peces y poniendo en riesgo a pueblos indígenas amazónicos enteros. Tenemos que apoyar a los municipios agroecológicos y ecoturísticos que se han declarado libres de contaminación minera”, afirmó Choquehuanca.
El vicepresidente boliviano también lamentó que la Asamblea Legislativa no acompañe el proceso de cuidado a los ríos amazónicos con la aprobación de leyes y pidió abandonar el modelo de extractivismo y consolidar un nuevo paradigma de complementariedad, equilibrio y armonía.
«Nuestra Amazonía está al borde del punto de no retorno. Para evitarlo, debemos garantizar los derechos de los ríos, de los bosques, del oso hormiguero, del jaguar y de toda la Amazonía, volver a nuestro Ñande Reko (expresión guaraní que significa ‘nuestra forma de ser’) y retomar el camino de la complementariedad, consenso, equilibrio y armonía», dijo el segundo a cargo del Ejecutivo.
A su vez, Mauricio Guzmán, viceministro de Cooperativas Mineras, afirmó que existen avances en la reducción del mercurio en la actividad aurífera y que también se sellaron convenios con cooperativas mineras para que se adecuen a nuevas tecnologías. “Debemos apoyar en el acceso de financiamiento para la implementación de tecnologías limpias, impulsar el desarrollo técnico administrativo en seguridad industrial y salud ocupacional, y promover una minería aurífera sin mercurio y responsable”, destacó la autoridad a medios locales.
Mientras, los pueblos afectados hacen un llamado a la sociedad civil boliviana, particularmente en las ciudades, a solidarizarse con la lucha por los territorios, los ríos, la salud y la vida de los pueblos indígenas amazónicos. “El PAN, tal como está planteado, no protege nuestros derechos. Los vulnera aún más. No es un plan de protección ambiental, es una hoja de ruta para seguir saqueando con permiso internacional”, lamentó Alipaz.
Imagen principal: la minería ilegal avanza en los ríos amazónicos que ingresan al Parque Nacional Madidi, en Bolivia. En estos afluentes se instalan dragas que remueven el fondo de los ríos. Foto: Iván Paredes
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