- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ordenó a los “interculturales” el desalojo de tierras del pueblo indígena tsimane, pero hasta el momento no se ha cumplido el fallo.
- Este territorio cuenta con 54 000 hectáreas repuestas a este pueblo indígena, que para la Justicia ha sido avasallado.
- Dos instancias del Gobierno deberían cumplir la medida y obligar al desalojo de los colonizadores, pero estas instancias aún no se pronunciaron.
- Los interculturales aseguran que no se moverán de las tierras, lo que anuncia un posible conflicto en la zona.
El pueblo amazónico tsimane está repartido en 164 comunidades, tiene más de 16 000 habitantes y es uno de los más afectados por la pérdida de su territorio indígena en Bolivia. Actualmente, luchan por recuperar 54 000 hectáreas, avasalladas, según la Justicia, por colonos que llegaron a su espacio para adueñarse de su tierra. A pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ordenó a los externos el desalojo de esas tierras, no se ha cumplido la medida. Es más, los colonos amenazan con quedarse en el territorio indígena tsimane.
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El TCP, que es la instancia máxima que hace respetar la Constitución boliviana, emitió a inicios de junio una sentencia constitucional que devuelve las 54 000 hectáreas de tierras a estas comunidades y ordenó el desalojo de avasalladores, conocidos en Bolivia como “interculturales”.
Las comunidades interculturales son grupos de personas migrantes, generalmente de los Andes bolivianos hacia las tierras bajas como la Chiquitanía y la Amazonía, que se dedican a la agricultura y ganadería.
“La sentencia constitucional 935/2024 marca un precedente histórico en la protección jurídica de los derechos fundamentales en la territorialidad de los pueblos indígenas, que fueron desplazados de forma forzosa por el avasallamiento de sus tierras ancestrales”, expresó la magistrada constitucional Isidora Jiménez cuando se hizo pública la sentencia.
Esta medida establece, además, la obligación del Estado de generar políticas de protección a estos pueblos con respecto a los asentamientos ilegales y la explotación indiscriminada de los recursos forestales, y para evitar la depredación de bosques. Asimismo, este fallo reconoce y ordena medidas precautorias en favor de los indígenas para detener la deforestación, resaltando la importancia del medio ambiente.
“La decisión del TCP envía un mensaje claro contra la violación de derechos colectivos, el desplazamiento forzoso y el avasallamiento de tierras indígenas, asegurando que las autoridades sean responsables de sus acciones”, detalló la magistrada.
La decisión judicial también reconoce que los asentamientos de los interculturales vulneraron derechos fundamentales del pueblo indígena tsimane, incluyendo su derecho a la libre determinación, la titulación colectiva, el territorio, la propiedad y la posesión ancestral. El fallo establece que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorgó las tierras a los tsiname de forma irregular, al margen del debido proceso y en contradicción con la normativa que protege a pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad.
Pero, además, señala que esta institución permitió que este pueblo sufra avasallamiento, despojo, expulsión y deforestación, lo que destruye su hábitat, “donde se encontraba en posesión pacífica”.
Derechos indígenas
Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de Fundación Tierra, consideró que el tema principal de esta sentencia es que reconoce que hay derechos de los pueblos indígenas que están constitucionalmente reconocidos y que no se pueden desconocer o ignorar, amparados en normas procedimentales y reglamentarias.
“El INRA no aceptó su demanda [de los tsimane] de reconocimiento y dotación de territorio indígena, con el argumento de que de acuerdo a procedimientos y reglamentos internos no se puede reconocer territorio indígena después de que la tierra ha sido saneada [apta para producir] ”, afirmó Vadillo.
Jhovanna Morales, asesora jurídica de Fundación Tierra, dijo que esta sentencia no solo reconoce la legitimidad del reclamo histórico de este pueblo indígena, sino que marca una línea de jurisprudencia y precedente clave frente al avance de colonizadores sobre territorios indígenas, y reafirma la obligación del Estado de garantizar la integridad territorial y cultural de las naciones originarias.
«Nos dan la tutela con respecto a la vulneración de los derechos de preferencia, ancestralidad, derecho al hábitat y medio ambiente. En la demanda de acción popular nosotros dijimos que hay vulneración de derechos al hábitat, por haber sido desalojados de una manera violenta e inhumana, y al medio ambiente, por haber deforestado. ¿Por qué? Porque no les están permitiendo vivir conforme a sus usos y costumbres y al sistema de vida que tienen», remarcó la jurista.
La histórica lucha
En 2008, cuando el saneamiento de tierras llegó a la región que habitan los tsimane, el INRA sólo tomó en cuenta a cuatro de las 12 comunidades tsimane que habitaban la zona. El pueblo tsimane del sector Yacuma, en el departamento de Beni, tenía entonces una condición de pueblo indígena “en contacto inicial”, que significa que sus habitantes no estaban relacionados con las reglas del Estado boliviano.
La mayoría de las comunidades tsimane que vivían en el monte ni siquiera se enteraron que sus territorios ancestrales estaban siendo saneados y dotados (entregados) a favor de terceros. Varias comunidades tsimane no fueron tomadas en cuenta debido a que estaban compuestas por pocas familias y en otros casos fueron ignoradas debido a que no contaban con cédula de identidad y sus actividades agrícolas eran muy pequeñas.
En 2010, durante el proceso de saneamiento, el INRA declaró como tierras fiscales (que pertenecen al Estado) los territorios habitados ancestralmente por los tsimanes. En ese marco, el INRA comenzó a otorgar resoluciones de asentamiento a comunidades interculturales, ignorando por completo esa presencia histórica, principalmente porque no contaban con cédulas de identidad. Entre 2010 y 2020, varios grupos indígenas fueron desalojados y desplazados, y cinco comunidades tsimane fueron directamente expulsadas de sus tierras.
Recién en 2020, y con el apoyo de Fundación Tierra, los tsimane iniciaron gestiones para regularizar su situación territorial y presentaron solicitudes ante el INRA, pero sus demandas fueron rechazadas o ignoradas bajo el argumento de que ya existían otros asentamientos aprobados a favor de los interculturales.
En 2021, el pueblo tsimane del sector Yacuma presentó una demanda de dotación territorial bajo la figura de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), proceso del cual nunca obtuvo respuesta por parte del INRA.
Ante la falta de respuestas, en 2023 se intensificaron las gestiones. Se enviaron denuncias y cartas a diversas instituciones nacionales, como la Cámara de Diputados, el Senado, el Defensor del Pueblo, Ministerio de Justicia, entre otras, sin recibir atención efectiva. Finalmente, el 13 de junio de 2023, se presentó una acción popular en el departamento de Beni, solicitando la admisión de su demanda, la protección de sus derechos colectivos y la paralización de desmontes.
Dicha acción popular fue rechazada en primera instancia, pero el caso fue llevado al Tribunal Constitucional Plurinacional, que emitió la sentencia reconociendo sus derechos territoriales, ordenando la anulación de asentamientos ilegales y disponiendo su restitución territorial.
Vadillo recalcó que para el cumplimiento de la resolución existen varios desafíos. La primera es que el INRA y la ABT, que son los demandados, cumplan de manera inmediata la sentencia. «Un segundo paso es que el INRA pueda realizar esa anulación y hacer esos desalojos de quienes están asentados ahí inclusive con el uso de la fuerza pública. Esto es complejo porque se entiende que hay personas que viven y han invertido en esas tierras, pero es una tarea que el INRA debe asumir, al ser la entidad que originó todos los problemas», enfatizó.
Sin embargo, ahora ni el INRA ni la ABT se pronunciaron al respecto. Mongabay Latam envió requerimientos de información a ambas instituciones, pero no hubo respuesta. Incluso, los interculturales dijeron que no aceptan la sentencia y que no la cumplirán.
Jacinto Calani, representante de este sector, informó que un ampliado (reunión sindical) realizado en el municipio de Yucumo, Beni, resolvió no ceder “ni un milímetro de tierra” al pueblo indígena tsimane.
“Nosotros no vamos a ceder ni un milímetro de tierra. Respaldamos a la federación de Yucumo y aplicaremos las resoluciones que salieron del ampliado en Yucumo. Hay más de mil familias afectadas por esta acción judicial, hay niños afectados, nosotros no somos avasalladores, el Estado otorgó legalmente estas tierras a los hermanos de la federación de Yucumo”, afirmó Calani.
No es el único caso de un pueblo indígena tsimane que reclama su territorio. En el norte de La Paz, en el límite con el Beni, otras 28 000 hectáreas que deberían por ley haber sido entregadas a este pueblo indígena siguen en disputa desde la década del 90.
Imagen principal: el pueblo tsimane en Bolivia demanda la recuperación de sus tierras. Foto: cortesía Fundación Tierra
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