- El último 18 de julio se anunció una subcomisión jurídica y técnica que abordaría los reclamos con relación a los 50 000 mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
- Este grupo de trabajo forma parte de la Mesa de Trabajo formada luego de que gremios de mineros informales cerraran ocho vías en cinco regiones del país.
- Especialistas consultados por Mongabay Latam cuestionan vacíos en las negociaciones y consideran que el conflicto está lejos de terminar.
- Mientras tanto, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) reafirmó su decisión de iniciar una acción de autoprotección comunitaria, social y defensa territorial para erradicar la minería ilegal para frenar sus impactos socioambientales.
Polémicos proyectos de ley para regular la actividad minera y conflictos socioambientales junto a presiones políticas desde todos los sectores involucrados están marcando la agenda de la minería en Perú. Luego de por lo menos diez días de protestas y cierre de carreteras en por lo menos cinco regiones del país, el último 13 de julio el gobierno peruano formó una Mesa de Trabajo con el objetivo de priorizar el proceso de formalización minera, la implementación de derechos laborales de los mineros y la propuesta de una ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).
Días después, el viernes 18 de julio, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció el establecimiento de un subgrupo de trabajo, que se instalaría el lunes 21 de julio, con el fin de abordar de manera jurídica y técnica los temas legales y “las peticiones y preocupaciones legales que los mineros han presentado”.
Uno de estos reclamos que abordará el subgrupo de trabajo será la exclusión de mineros del Registro de Integral de Formalización Minera (Reinfo).
En los primeros días de julio se anunció que más de 50 000 inscritos en el Reinfo habían sido excluidos de esta lista por tener sus inscripciones suspendidas durante un periodo mayor a un año. En los días que siguieron, cientos de mineros informales bloquearon hasta ocho carreteras en todo el país como respuesta a la depuración del registro de formalización, en el que aún quedan más de 30 000 inscritos.
Los reclamos se iniciaron en las afueras del Congreso de la República pero luego se extendieron a las carreteras en las regiones de Trujillo, Ica, Arequipa y Cusco. Un muerto y más de 10 heridos fue el resultado de los enfrentamientos entre la Policía y los mineros.
“Es un interés mutuo resolver las preocupaciones que desde ambos lados hemos presentado y considero que es importante que esto no perjudique el trabajo de la agenda principal que esta comisión ha planteado”, señaló el ministro Arana el último viernes 18 de julio durante la conferencia de prensa que brindó luego de la segunda reunión de la mesa de trabajo.
Por ahora, las protestas en las carreteras se han detenido. Sin embargo, especialistas consultados por Mongabay Latam consideran que el conflicto está lejos de terminar.
Conversaciones alrededor de la minería
“Esta subcomisión se ha creado para revisar las normas que se han transgredido y para revisar el caso de los 50 000 mineros excluidos. Ahí se va a presentar la alternativa para que se solucione de una vez este tema”, declaró Máximo Franco, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) del Perú, tras la reunión de trabajo del viernes 18 de julio.
Franco también opinó que no se puede excluir de un porrazo a más de 50 000 personas sin un debido proceso. “No hubo un informe técnico, no hubo ningún análisis. Simplemente se han vulnerado derechos y justamente hemos planteado que ellos [los mineros] tienen la oportunidad de poder reinscribirse presentando todos sus documentos. La forma como se hará se va decidir en ese subgrupo”, agregó Franco.
Entre los argumentos de Confemin para que se revierta la decisión del Gobierno se indica que no se siguió el debido proceso en la exclusión de los mineros de la lista de Reinfo, además de que no se notificó a los inscritos antes de que se les retirara la inscripción.
Sobre este tema, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha declarado que los mineros excluidos del Reinfo pueden presentar un recurso de reconsideración que serán revisados exhaustivamente. Montero también dijo que cualquier persona, no solo en minería, sino en cualquier sector, “puede presentar un recurso de reconsideración”. Sin embargo, aclaró que eso no significa un retroceso en el proceso de formalización y que tampoco habrá una reincorporación automática.
“Lo que va a pasar es que se volverán a abrir las puertas a estos 50 000 que habían sido excluidos. Es una situación permanente de impunidad y del poder que tienen estos sectores en el Gobierno, en el Ejecutivo, en el Congreso”, comenta César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales.
Mientras tanto, en el Congreso de la República ha quedado en suspenso el debate sobre una propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, luego de que el último 8 de julio la Comisión de Energía y Minas rechazara la aprobación del dictamen de un cuestionado proyecto de ley. En la cita se pidió que se reconsidere la votación y que se vea en la próxima legislatura. Al respecto, el ministro Arana ha señalado que lo que se espera es que de la mesa de diálogo surja una propuesta consensuada entre todas las partes.
En el Congreso se ha presentado un proyecto de ley para suspender el procedimiento de exclusión del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 y se propone que se reincorporen al proceso de formalización minera integral las personas naturales o jurídicas que hayan sido excluidas del mismo. La iniciativa fue presentada el 7 de julio por el congresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú–Voces por el Pueblo.
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El problema de las concesiones
“Sin duda no son las condiciones más favorables para que este proceso de formalización culmine de una manera satisfactoria. Es más, no hay visos de que van a culminar”, señala Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.
Castro cuestiona que no se ha definido de manera clara qué significa culminar el proceso de formalización que, de acuerdo con las disposiciones del Gobierno, concluiría el 31 de diciembre. “¿Significa que ya está formalizado? ¿Qué se realiza un cambio de prácticas? Hay un tema que tiene que ver con la propiedad del suelo y la titularidad de la concesión, que es la condición principal para la formalización de contratos de explotación. Sin embargo, la formalización no se agota con ese tema”, comenta Castro.
El exviceministro también señala que se deben abordar asuntos como seguridad minera, laboral y que el Estado deba asegurar que se cumplan los estándares de calidad ambiental para no afectar derechos de terceros y que la población en riesgo no sea dañada. “Con lo que sucede hoy día, no hay garantía al respecto”, precisa.
En ese sentido, Castro cuestiona, por ejemplo, que el proceso de formalización minera no establece metas ni plazos en materia ambiental, ni plazos de adecuación para la eliminación de sustancias tóxicas como el uso de mercurio y cianuro, que causan daños al ambiente y a la salud de las personas.
Castro también señala que el proceso actual de acceso a las concesiones mineras o derechos mineros debe ser ordenado y no permitir que quien invade un territorio adquiera estos derechos, sino que se garantice el cumplimiento del conjunto de obligaciones de una actividad que es de riesgo. “La pequeña minería, la mediana y la grande son actividades de riesgo, con consecuencias que deben estar reguladas adecuadamente”.
Mirtha Vásquez, ex presidenta del Consejo de Ministros de Perú y experta en temas ambientales y mineros, señala que el Estado ha permitido una ambigüedad en la política de concesiones mineras y que mantiene una especie de “zonas grises” con el Reinfo. “La dificultad del propio Estado de poner límites y esta lógica de darse concesiones donde hay un petitorio ha permitido esta expansión”.
Vásquez también habla de que el problema de la minería debe verse en conjunto y distinguir a los distintos actores que están involucrados. En ese sentido, comenta que no se puede hablar de una separación y una disputa entre las grandes empresas mineras y la MAPE sino que “en realidad se ve una actitud convergente en las demandas y en las estrategias entre ambos sectores”.
Vásquez menciona, por ejemplo, que en ambos casos se busca “reducir las regulaciones ambientales y agilizar los lobbies con los actores políticos”. “Tienen presencia en las comisiones del Congreso, un monitoreo permanente de qué se discute y, por supuesto, la figura de puertas giratorias”.
Sobre esto último, Vásquez señala que “ha sido típico de los grandes gremios mineros que personas vinculadas a las empresas entren y salgan de los escritorios donde se toman decisiones políticas” y que lo mismo se está viendo ahora con los voceros y asesores de los gremios de la MAPE, que han ocupado puestos en direcciones relacionadas con la formalización minera”.
Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en Perú, presentado el jueves 17 de julio, menciona el paquete de medidas adoptadas por el gobierno peruano en marzo de 2025 que tiene como fin eliminar las trabas que impiden las inversiones. En ese grupo de 402 normas se incluyeron 43 relacionadas a la minería.
El informe también señala que por lo menos el 15 % del territorio peruano —unos 19 millones de hectáreas— está concesionado a la minería, y que en regiones como Apurímac y La Libertad las concesiones abarcan más del 50 % de su superficie. Incluso existen zonas como Pataz, donde la criminalidad asociada a la minería es un problema central y la superficie concesionada ocupa el 80 % del territorio.
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Los reclamos al Estado
En la última semana, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) —cuya población abarca las regiones de Amazonas, Cajamarca y San Martín— denunció que el sábado 12 de julio fueron agredidos por un grupo de supuestos mineros ilegales, luego de que se realizará una acción contra las dragas que operan en los ríos para extraer oro.
En un pronunciamiento publicado días antes de la denuncia de agresión, el gobierno territorial wampís informó sobre su decisión de iniciar “una acción de autoprotección comunitaria, social y defensa territorial para erradicar la minería ilegal del río Santiago, ante la inacción crónica y falta de real voluntad del Estado peruano”.
En el documento informaron que tras un acuerdo con instituciones estatales para realizar un operativo de interdicción, y luego de que las comunidades se alistaran para actuar en la fecha acordada, el Gobierno abandonó la operación dos días antes de la fecha programada.
“Este acto no es un simple incumplimiento, es la culminación de años de promesas vacías, reuniones inútiles, fuga de información táctica y planes de papel que solo han permitido que la devastación continúe”, señalan en el documento.
De acuerdo con el informe del Observatorio de Conflictos Mineros, que cita cifras de la Defensoría del Pueblo, de los 197 conflictos sociales registrados en abril de 2025, se ha identificado que 99 corresponden a conflictos socioambientales. Entre ellos, el 61.6 % son mineros.
Omayra Peña, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y una de las autoras del estudio El Estado ante el avance de la minería ilegal: el caso de Loreto (2020-2025) —publicado por Natural Resource Governance Institute— asegura que la minería ha avanzado estratégicamente en los últimos 20 años. “Ahora estamos viendo una consolidación de los actores vinculados a la minería no formal. Esto viene avanzando en diferentes regiones en los últimos 20 años”.
Peña señala que “se ha logrado una correlación de fuerzas de diferentes banderas políticas a favor de esta actividad extractiva”. “Antes se necesitaba mediar con otro tipo de actores, tejer alianzas, buscar que apoyen ciertas agendas, pero ahora tienes una representación incluso directa de esos actores”.
En ese sentido, Peña menciona las diferentes estrategias que existen actualmente para influir o “trabajar” con el Estado. “En el caso específico de Loreto hemos encontrado estrategias de influencia y de control del Estado”. Por un lado, dice la investigadora, “están los lobbies que hacen campañas, por ejemplo, en contra de los defensores ambientales y de los líderes indígenas” para favorecer las actividades extractivas. Y por otro lado, menciona Peña, está la corrupción de las autoridades. Otra estrategia que describe Peña es la cooptación de autoridades mediante la participación dentro del negocio de la minería.
“Yo no creo que se pueda resolver mucho con este Gobierno, con este Congreso, con esta Presidencia”, dice Peña sobre la Mesa de Trabajo. “No veo que pueda haber muchos avances de aquí a 2026. No creo que sea cuestión de un solo gobierno tampoco, porque es un problema que se ha consolidado en 20 años. Creo que las negociaciones que pueden haber en los próximos meses o en el próximo año podrían abrir la puerta para empezar a poner el problema sobre la mesa”.
Imagen principal: mineros de la Confemin marchan por las calles de Lima, Perú. Foto: cortesía Confemin Perú
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