- Integrantes de 28 territorios de 13 pueblos indígenas en ambos países han formado la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa, Alto Tamaya.
- La primera semana de junio estuvieron en Lima para reunirse con diversas instituciones del Estado y solicitar que atiendan sus reclamos, una ronda similar a la que también se realizó en Brasil.
- Solicitan que se detenga la construcción de la carretera Nueva Italia-Puerto Breu, que cruza Ucayali, en la Amazonía de Perú, hasta la frontera con Brasil.
- Solicitaron que se anulen las concesiones forestales entregadas en sus territorios ancestrales.
“Somos indígenas y también somos peruanos. No queremos ser maltratados, por eso se ha formado la Comisión Transfronteriza, para poder hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas, respetar que los bosques no están en venta, que el río no es un negocio. Es nuestro río, donde vivimos”, dice un líder indígena peruano integrante de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa, Alto Tamaya, que representa a 28 territorios indígenas de 13 pueblos indígenas de Perú y Brasil.
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Nueve representantes de estos pueblos viajaron a Lima, capital de Perú, a inicios de junio, para reunirse con diversas instituciones del Estado peruano, luego de haber realizado una ronda similar en Brasil. Cargados con varios mapas, los representantes de las cuatro organizaciones indígenas que forman la Comisión Transfronteriza explican a Mongabay Latam lo que sucede en sus territorios.
La preocupación principal es la construcción de la carretera UC-105 Nueva Italia-Puerto Breu, que cruza Ucayali, en la Amazonía peruana, hasta la frontera con Brasil, en el estado de Acre. Este proyecto recibió el visto bueno de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República en abril de 2024.
Este no es el único reclamo de la Comisión Transfronteriza. Los líderes indígenas también alertaron sobre los riesgos y amenazas a los que están expuestos por actividades ilegales, así como por las concesiones forestales entregados en los territorios ancestrales de las cuencas de los ríos Amonia, Yurúa, Shatanya y Sheshea. Estas concesiones habrían sido otorgadas sin estudios hidrográficos, sin consulta previa y desconociendo el uso tradicional del territorio, señalan los líderes indígenas.
La Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa, Alto Tamaya está formada por la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa Yono Sharakoiai (Aconadiysh), la Organización de los Pueblos Indígenas del Río Juruá (OPIRJ), la Asociación Asháninka del Río Amonia (Apiwtxa) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
Francisco Piyãco, coordinador de la Organización de los Pueblos Indígenas del Río Juruá, de Brasil, comenta que la unión de las comunidades que están en ambos lados de la frontera de Perú y Brasil ha sido una estrategia para que los pueblos indígenas “puedan tener fuerza para presentar sus demandas y dificultades”.
Piyãco también habló del proceso de sistematización de la información que ha tenido esta comisión para elaborar una serie de planos e informes, en alianza con organizaciones civiles, para mostrar a las instituciones competentes en cada país dónde ocurren las violaciones de sus derechos y los impactos que todas estas actividades están causando en las comunidades fronterizas de cada país.
Una vía que se abre en la Amazonía
“Esta comisión transfronteriza fue creada porque no somos escuchados como pueblos indígenas”, dice uno de los líderes peruanos de la comunidad nativa Tsitsiri Sheshea durante la reunión con Mongabay Latam. “Nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestro propio desarrollo y nuestra propia cultura y estamos viendo con las organizaciones indígenas de Perú y Brasil para decir no a la carretera”, agrega el líder, cuyo nombre mantendremos en reserva por los riesgos que corre en la zona.
“Sabemos cuál es la historia de las carreteras”, señala el representante de Tsitsiri Sheshea, “las matanzas, el narcotráfico, la pérdida de nuestros hermanos”. “Eso no es desarrollo. Y ahora estamos en Lima para conversar con algunos ministerios y traer propuestas”, agrega el líder indígena al cuestionar el proyecto de la carretera que atraviesa sus territorios y zonas consideradas prioritarias para la conservación.
La carretera ya ha sido cuestionada. En 2021, se había iniciado su construcción, como reportó Mongabay Latam en una publicación de octubre de ese año. En ese momento el Congreso buscó declararla de interés nacional e incluirla en la ruta denominada “Interoceánica centro”, interconexión que uniría Perú con Brasil.
La decisión del Congreso se postergó en ese momento, pero en abril de 2024 se incluyó esta vía en un dictamen que reúne varios proyectos de ley que declara de necesidad pública e interés nacional proyectos y obras de infraestructura en los departamentos de Ucayali, Junín, Loreto, La Libertad, Puno, Arequipa, Tumbes, Apurímac, Amazonas y Lima.
La propuesta ha sido aprobada en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, pero aún no ha sido debatida en el Pleno de la República. Según este proyecto de ley, se trata de una vía departamental o regional, cuya ruta fue aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde 2018.
“Si esta carretera se hace realidad va a perjudicar a las comunidades y a la reserva Murunahua de pueblos en aislamiento, así como al Parque Nacional Purus”, dice un representante de Aconadiysh, otra de las voces reunidas en Lima. “La idea de la Comisión es proteger los ríos nacientes y recuperar nuestro territorio ambiental en el que hemos vivido desde muchos años atrás”, agrega.
Gran parte de esta trocha, aún sin asfaltar, ya está avanzada. Los mapas elaborados por el Equipo de Análisis Espacial de las Fronteras Amazónicas de la Universidad de Richmond, de Estados Unidos, muestran cómo ha ido avanzando la deforestación asociada a este tramo vial. A través de Google Earth también se pueden observar parches de selva deforestada colindante con la carretera, así como caminos que se desprenden de la vía principal.
Según los análisis de la universidad de Richmond, la trocha UC-105 no conectará a ninguna red de caminos en el Brasil, ya que no existe una red de carreteras en el valle de Juruá, en ese país. Además, esta vía y sus caminos forestales cruzan cursos de aguas 137 veces, causando un impacto en 17 cuencas.
Ciro Salazar, especialista en Infraestructura y Conflictos Sociales de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), considera que se debería hacer una “evaluación integral de los posibles impactos ambientales, sociales o incluso económicos, que puede tener la carretera”, pero que “no se ve nada de eso”.
Salazar también señala que en los proyectos viales en la Amazonía, no hay un verdadero análisis de alternativas que tenga que ver con otros modos de transporte” como, por ejemplo, el aéreo. “Se sigue un enfoque tradicional que no se adecua a la realidad de los territorios”, agrega.
Salazar también menciona que las infraestructuras mal planificadas probablemente puedan potenciar las economías ilegales. En ese sentido, menciona un informe publicado recientemente por FCDS en el que se analizan cinco carreteras ubicadas en las regiones de Loreto y Ucayali, en la frontera con Brasil y Colombia. Una de ellas es justamente Pucallpa-Nueva Italia-Puerto Breu. En ese informe se señala que “toda la cuenca del río Tamaya, por donde pasa la carretera, ha sido declarada zona roja debido al narcotráfico”.
Concesiones forestales y economías ilegales
Una segunda preocupación por la que llegaron a Lima han sido las concesiones forestales entregadas en los bosques del distrito de Yurúa, en Atalaya, en la zona que rodea las comunidades e incluso, algunas de ellas superpuestas sobre territorios comunitarios, considerados prioritarios para la conservación. Han pedido la nulidad de estas concesiones.
“Se trata de nuestra Amazonía y las concesiones ubicadas ahí no han sido consultadas. Es un derecho que tienen las comunidades que están alrededor, sin embargo, el Estado aprueba concesiones sin ninguna consulta”, dice la lideresa de la comunidad Sawawo Hito 40, lugar donde se llevó a cabo la última reunión de la Comisión Transfronteriza.
El representante de Aconadiysh también cuestiona la entrega de concesiones forestales en todo este territorio. “Las concesiones tienen tratos con empresas ilegales. Hay madereras que están involucradas con el narcotráfico. Están protegidos con armamentos de guerra. Justo ahora que está comenzando el verano, allá están trabajando abriendo chacras para el sembrío de coca. Incluso también hay pistas de aterrizajes clandestinas”, afirma.
En la última reunión de la Comisión Transfronteriza se firmó la declaración de Sawawo Hito 40, nombre de la comunidad donde se realizó el encuentro. “El Estado peruano ha dejado que nuestros bosques, llenos de cultura, de lugares sagrados, de fauna y árboles, se transformen en lugares de extracción y saqueo, sin que ningún beneficio haya llegado a los legítimos habitantes de estas selvas”, dicen en esta declaración.
También se exige a los ministerios y al Gobierno Regional de Ucayali que tome acción sobre la situación de amenaza en la que viven por causa de las actividades extractivas y las actividades ilegales.
Franz Tang, gerente regional Forestal y de Fauna Silvestre, del Gobierno Regional Ucayali, comentó a Mongabay Latam cuáles fueron los temas tratados en la reunión que tuvo el gobierno regional con la Comisión Transfronteriza.
En la cita, dijo Tang, explicaron que la vía 105 —Nueva Italia-Puerto Breu— no es del interés de las comunidades, sino que por su ubicación se ha convertido en un corredor de actividades ilícitas. Tang señala que la construcción de esta vía se ha convertido en una disyuntiva entre dos niveles de gobierno: el nacional y el local.
En cuanto a las concesiones forestales y las vías forestales ilegales que se van abriendo en la zona, Tang señala que ha solicitado a los representantes de la Universidad de Richmond, que realizaron el mapeo, información sobre la ubicación específica de estas vías. “Con ese insumo podemos realizar alguna acción en el marco de la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y Silvestre, porque cuando ingresa una denuncia a la gerencia y nos dan un punto de referencia podemos organizar una actividad conjunta con la fiscalía”.
“Desde 2018 o 2020 hasta la fecha, prácticamente toda la deforestación que se reporta en Ucayali es para la instalación de cultivos ilícitos, como coca, y para cultivos agrícolas o chacras en bosque, en zonas no autorizadas. Entre esas dos categorías está casi el 90 % de la deforestación”, señala el funcionario del gobierno regional.
Mongabay Latam también solicitó información a los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, del Ambiente y de Cultura, así como al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) sobre la situación de las concesiones forestales y las acciones para atender las demandas de la Comisión Transfronteriza, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron nuestras consultas.
Luego de la publicación, el Ministerio de Cultura respondió a las consultas de Mongabay Latam. Mediante una comuniciación escrita señaló que desde 2024 ha solicitado al Gobierno Regional de Ucayali información sobre la situación actual de los proyectos viales en la ruta Bolognesi – Nueva Italia – Puente Sheshea – Puerto Breu, así como las acciones implementadas para garantizar el adecuado ejercicio del derecho a la consulta previa para dichos proyectos. Agregó que el último requerimiento de información se envió el 6 de junio de 2025, un pedido que también se transfirió a Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Cultura ofreció continuar con el seguimiento del caso ante el gobierno regional en coordinación con Provías Descentralizado para asegurar el cumplimiento de la consulta previa. Asimismo, informó que ha enviado los requerimientos de la Comisión Transfronteriza a otras instituciones estatales para que se tomen las medidas respectivas.
El Ministerio del Ambiente (Minam) también respondió nuestras consultas luego de la publicación. La institución estatal se refirió específicamente a los riesgos de deforestación en la Reserva Indigena Murunahua y el Parque Nacional Alto Purús, indicando que el Sernanp “realiza acciones de vigilancia de las actividades ilícitas de manera conjunta con las autoridades competentes”.
Nota: El artículo fue actualizado el 7 de julio y el 20 de julio de 2025
Imagen principal: nueve integrantes de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa, Alto Tamaya de pueblos indígenas de Perú y Brasil llegaron a Lima para reunirse con autoridades del Estado peruano. Foto: Yvette Sierra Praeli
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