- Impulsada por una investigación de un año realizada por Mongabay, una ofensiva federal ha retirado hasta 2000 cabezas de ganado vacuno ilegal del territorio indígena brasileño de Arariboia, pero se enfrentó a protestas inesperadas de algunos residentes indígenas que reclaman su propiedad.
- La reacción negativa ha llevado al gobierno brasileño a considerar la posibilidad de regular el ganado vacuno propiedad de los indígenas, lo que ha suscitado el temor de que se siente un precedente y se propicie el regreso encubierto de rebaños ilegales.
- Los defensores de los derechos indígenas advierten que legalizar la ganadería dentro del territorio podría difuminar la línea entre el uso de subsistencia y la explotación comercial por parte de ganaderos foráneos.
- A pesar de la vigilancia constante, han reaparecido señales de ganado vacuno ilegal y deforestación, y los críticos dicen que la respuesta de las autoridades sigue siendo demasiado lenta para detener nuevas invasiones.
La ofensiva contra la cría ilegal de ganado vacuno en el territorio indígena de Arariboia, en Brasil, ha sufrido un revés inesperado que podría convertir a esta zona en la primera de su tipo en el país en permitir la cría de ganado con licencia.
Esto generó preocupación entre las personas activistas que defienden los derechos indígenas ante la posibilidad de que foráneos volvieran a introducir rebaños ilegales en este territorio protegido y por los daños medioambientales que ello supondría.
La tierra de Arariboia, en el estado amazónico de Marañón, es el hogar de más de 10 000 indígenas guajajaras y awás sin contacto, cazadores-recolectores que viven en aislamiento voluntario en las profundidades de los bosques y son considerados el grupo indígena más amenazado del planeta.
Con una superficie de 413 000 hectáreas, más de tres veces el tamaño de la ciudad de São Paulo, Arariboia es una isla verde rodeada de granjas de ganado vacuno y aserraderos, lo que la convierte en una de las tierras indígenas más amenazadas del país. También se ve afectada por la creciente violencia hacia sus habitantes guajajaras y el asesinato de estos.
En febrero de 2025, el Gobierno federal lanzó una operación contra el ganado ilegal y otros delitos ambientales en Arariboia, impulsado por una investigación de un año de Mongabay, que reveló un número récord de asesinatos de indígenas guajajaras en medio de un auge del ganado vacuno ilegal en grandes partes del territorio.
La cría de ganado vacuno y otras actividades de explotación por parte de personas ajenas dentro de territorios indígenas están prohibidas por la Constitución de Brasil.
Al concluir su labor a finales de abril, el grupo de trabajo federal había retirado entre 1000 y 2000 cabezas de ganado vacuno y más de 12 kilómetros de cercas de Arariboia. También impuso multas a los acusados por un total de 1.1 millón de reales (casi 200 000 dólares) por delitos medioambientales en Arariboia y sus alrededores, dijo a Mongabay el jefe del grupo de trabajo, Nilton Tubino.

La investigación de Mongabay, publicada con financiación y apoyo editorial de la Red de Investigaciones de la Selva Tropical (Rainforest Investigations Network) del Centro Pulitzer, fue clave para la operación: los agentes del orden confirmaron todos nuestros hallazgos en el terreno y dijeron que también revelaron detalles que desconocían, incluido el cambio ilegal de los marcadores fronterizos del territorio, ahora totalmente restablecidos, dijo Marcos Kaingang, secretario nacional de derechos territoriales indígenas del Ministerio de Pueblos Indígenas.
Sin embargo, ha habido una reacción negativa inesperada a la ofensiva por parte de algunos indígenas guajajaras. Inicialmente, la operación tenía como objetivo retirar “todo el ganado” de Arariboia, dijo Kaingang. No obstante, esta maniobra generó tensión y “un caos social dentro del territorio”.
Los agentes enfrentaron una fuerte resistencia y protestas de algunos habitantes indígenas, quienes afirmaban que el ganado vacuno era clave para su sustento. Eso obligó a las autoridades a cambiar su enfoque, añadió Kaingang. “No se había catalogado como un objetivo principal [de la operación], pero se convirtió en ello”, dijo Kaingang a Mongabay en una entrevista por video.
Para Tubino, “este es el punto más delicado” de Arariboia. “Durante la operación hubo muchas amenazas, especialmente hacia quienes se manifestaron en contra de la ganadería”, dijo por teléfono, y agregó que también hubo una ola de publicaciones en redes sociales contra la operación y contra la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, quien es de Arariboia.
Tubino, quien ha liderado operaciones similares en varios territorios indígenas, dijo que la situación de Arariboia es “única”, porque además de arrendar partes de su territorio a personas foráneas, algunos indígenas también habían registrado ganado vacuno a su nombre, algo que no se ha visto en otras tierras.
Legalizar ese ganado, dijo, es un tema muy delicado, “porque si se empieza a poner mucho ganado” en Arariboia, “habrá mucho pastoreo en la región”, lo que inevitablemente implica una mayor deforestación.
Gráfico de Andrés Alegría/Mongabay.
Kaingang dijo que es consciente de la sensibilidad y complejidad de establecer una regulación para este ganado, por lo que el Gobierno federal está tomando las medidas debidas y se está tomando el tiempo necesario para decidir al respecto. “Estamos siendo muy cautelosos porque esto podría sentar un precedente también para otras regiones”.
Kaingang explicó que cuando comenzó la operación la mayor parte del ganado vacuno ilegal fue retirado de Arariboia por los ganaderos invasores, que temían que su ganado fuera confiscado. Sin embargo ahora, dada la situación “inesperada” de personas indígenas guajajaras que reclaman la propiedad de parte del ganado, se ha realizado un estudio detallado en todo el territorio para verificar la cantidad exacta de ganado que poseen los habitantes indígenas, dijo Kaingang.
Agregó que las cifras auditadas aún no han sido divulgadas y que el Ministerio de Pueblos Indígenas, junto con el Ibama, la agencia federal del medioambiente, y la Funai, la agencia federal de asuntos indígenas, está realizando una evaluación exhaustiva sobre cómo legalizar este ganado.
“Nunca será perfecto, obviamente, pero es un primer ejercicio que se realizará allí con el máximo cuidado”, dijo Kaingang. El objetivo es que el ganado vacuno de los habitantes indígenas esté “mínimamente regularizado para que no tengamos un descontrol en la crianza de ganado en tierras indígenas” y evitar “abrir una tranquera que no sabemos a dónde puede llevar”.
En un comunicado enviado por correo electrónico, el Ibama dijo que ha notificado a todos los habitantes indígenas que crían ganado vacuno en Arariboia para que “comiencen a regularizar sus actividades ganaderas en un plazo máximo de 120 días”, lo que incluye el proceso de obtención de una licencia medioambiental. No obstante, no proporcionó detalles sobre el proceso medioambiental para legalizar el ganado en Arariboia.
La Funai no respondió a las solicitudes de comentarios de Mongabay al momento de publicar este artículo.
Controversia en torno al ganado
Líderes y activistas indígenas advierten sobre la complejidad de legalizar el ganado vacuno en Arariboia y dicen que temen que esto dé lugar a que se reintroduzca la ganadería ilegal al territorio.
“Este es un plan muy desafiante dentro de la nueva realidad de la Amazonía”, dijo a Mongabay por teléfono Kari Guajajara, asesora legal de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB). “Eso no quiere decir que no pueda haber ganado, porque si no, tendríamos un doble criterio”, añadió, señalando que el marco legal para la ganadería de subsistencia en territorios indígenas sigue siendo incompleto.

No existe una legislación específica sobre la cantidad de ganado vacuno que los habitantes de los territorios indígenas pueden criar para su sustento, agregó, pero la actividad de criar ganado en sí no está prohibida. “Se trata más bien de comprender cuáles son los límites y estas realidades desde la perspectiva del uso colectivo del territorio [y] cómo pensar la subsistencia del pueblo del territorio indígena de Arariboia, desde una realidad de cuidado y protección del medioambiente”.
Kari Guajajara señaló territorios indígenas en los estados de Roraima y Amazonas y dijo que “hay varios territorios donde estamos viendo diversas iniciativas de ganadería”. Mencionó que la mayoría de estas iniciativas se llevan a cabo a pequeña escala, enfocadas en la subsistencia. Sin embargo, al mismo tiempo, los ganaderos no indígenas, quienes en la práctica alquilan franjas de territorio indígena para su ganado, se han apropiado de algunas de ellas.
“Y es muy meticuloso, hay una línea muy fina entre aquellas personas indígenas que se oponen [al retiro del ganado vacuno ilegal], por temor a que sus propiedades legales se vean afectadas, y aquellas personas indígenas que se oponen porque estuvieron involucradas de alguna manera con actividades ilícitas que se llevaban a cabo dentro del territorio”, dijo Kari Guajajara.
Para ella, la actividad ganadera de los habitantes de Arariboia supone “un desafío muy grande” para la operación federal de eliminación de la ganadería ilegal del territorio. “¿Cuántas cabezas de ganado vacuno puedes tener? ¿Qué tan grandes son las cercas?”.
Lucimar Carvalho, abogada de los Guardianes del Bosque, un grupo de patrulla guajajara creado hace una década para luchar contra los delitos medioambientales en Arariboia, dijo que es muy escéptica sobre la facultad del Gobierno para impedir que los ganaderos no indígenas vuelvan a introducir su ganado vacuno en el territorio. “Es una legalización cuestionablemente delicada porque no tendrán control sobre qué ganado pertenece a las personas indígenas y cuál no”, dijo a Mongabay por teléfono.
Afirmó que el Gobierno está “derrochando demasiado tiempo y esfuerzo” en un asunto que no refleja los intereses de la mayoría de los habitantes de Arariboia. “Al contrario, lo fomenta una minoría que tiene sus privilegios, sus beneficios gracias a los arrendamientos, y luego quieren legalizar la ganadería”.

Según Carvalho, la cantidad de personas guajajaras que crían ganado vacuno es reducida, al igual que el tamaño de sus rebaños, ya que son solo para subsistencia. Sin embargo, antes de la operación federal se criaban varios miles de cabezas de ganado en el territorio, mediante arrendamientos ilegales pagados por ganaderos foráneos a un puñado de habitantes de Arariboia.
Y es este rebaño ilegal la que ahora estos últimos están intentando legalizar, añadió, alimentando la oposición de algunos pueblos indígenas contra la represión mediante el uso de noticias falsas. “Esta es una interpretación de la desinformación sobre la cría de ganado vacuno y la ilegalidad de esta, porque nunca se prohibió que los indígenas criaran ganado vacuno. Lo que está prohibido es que las personas no indígenas lo hagan. Y eso es lo que les afecta”.
¿Vuelve el ganado vacuno ilegal?
Tubino, jefe del grupo de trabajo federal, dijo que el censo inicial realizado por el Ibama en todas las aldeas de Arariboia arrojó casi 2800 cabezas de ganado, lo que llamó “un rebaño razonablemente grande”. En su último sobrevuelo por el territorio, al final de la operación, no había tantas cabezas de ganado, comentó. Eso se debe a que gran parte del ganado vacuno había sido retirado por los ganaderos foráneos, lo que genera la inquietud de que las cifras actuales incluyan ganado de esos rebaños ilegales.
“También pensamos que hubo quienes declararon ganado vacuno con la expectativa de tener el ganado que está fuera del territorio”, afirmó Tubino. “El ganado que hay allí será un problema difícil a la hora de evitar que [partes del territorio] se conviertan en una gran zona de pastoreo”.
Tras la finalización de la operación, la base del grupo de trabajo establecida en el municipio de Arame fue desmantelada y trasladada al municipio de Amarante. Se estableció otra base en Imperatriz para continuar monitoreando la región y evitar el regreso de los rebaños ilegales, así como para proporcionar seguridad a los agentes de la Funai, dijeron Tubino y Kaingang.
Sin embargo, las patrullas de los Guardianes del Bosque han rastreado ganado ilegal que regresa a Arariboia, así como deforestación para hacer postes para cercas, dijo Carvalho. Expresó que envían constantemente fotografías de estos incidentes junto con las coordenadas al grupo de trabajo, pero que la respuesta de las autoridades tarda demasiado.
Carvalho manifestó que reclaman la necesidad de agentes del Ibama en el terreno con ellos para abordar estas infracciones.
“Hay una deficiencia en esta continuidad de inspección”, expresó. “Les mandamos información, les decimos lo que sucede, pero no van”. Dijo que la respuesta significa que las autoridades solo llegan a las zonas objetivo después de que el delito se ha cometido y los delincuentes se han marchado.
Sin embargo, Kaingang dijo que los agentes del Gobierno están en comunicación constante con los Guardianes del Bosque y se esfuerzan por actuar con rapidez. Afirmó que responden de inmediato a la mayoría de los reclamos, como llevar adelante acciones conjuntas con los Guardianes del Bosque.
Agregó que, inicialmente, se necesitaron algunos ajustes para reconocer a la Funai y otros agentes federales, y que no necesitaban al Ibama para todo. También se necesitaron las directrices de la Funai sobre qué hacer en el caso de delitos medioambientales.

Kaingang dijo que sabían que habría intentos de volver a introducir el ganado vacuno ilegal en Arariboia, motivo por el cual las autoridades mantendrán dos bases de operación en la región por tiempo indefinido. “Era predecible, sabíamos que iban a intentar reintroducir el ganado allí o registrarlo en nombre de una persona indígena”, dijo. “Piensan que la operación terminó, pero no. Por lo que damos respuestas según la situación que está ocurriendo en el territorio”.
Tubino dijo que la operación había concluido y que se había enviado un informe a la Corte Suprema Federal, pero agregó que las bases permanecerán hasta que la comunidad sienta que ya no se necesitan.
Según Carvalho, la solución para Arariboia es “una cantidad mínima de cabezas de ganado vacuno” que se pueda probar que pertenece a los habitantes indígenas, acompañada de una inspección más intensa y el brindar sustentos alternativos que sean sostenibles.
“Esa es la manera de avanzar”, dijo. “Porque la ganadería es lo contrario de lo que los territorios indígenas deberían estar haciendo o de lo que se les debería animar a hacer”.
Imagen principal: miembros de Guardianes del Bosque posan frente a carteles que presentan a guardianes asesinados. Los carteles dicen: “Los agentes estatales son cómplices de la violencia contra los pueblos indígenas” y “Más de 500 años de genocidio contra los pueblos indígenas. ¡Basta de asesinatos!”. Foto: Ingrid Barros para Mongabay
Karla Mendes es periodista de investigación y de reportajes de plantilla de Mongabay en Brasil y miembro de la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer. Es la primera brasileña y latinoamericana elegida para integrar la junta directiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales (Society of Environmental Journalists, SEJ). También fue nominada presidenta de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Lea sus artículos publicados en Mongabay aquí. Encuéntrela en 𝕏, Instagram, LinkedIn, Threads y Bluesky.
Esta nota se publicó originalmente en inglés en el sitio de Mongabay el 14 de julio de 2025.