- Entre enero y abril de este año se registraron 14 casos de vulneraciones a los derechos de defensores ambientales.
- A pesar de la resistencia a cualquier actividad hidrocarburífera en el área protegida Tariquía, el informe del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedlib) sostiene que empresas petroleras continúan dividiendo y amedrentando a las comunidades campesinas.
- Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú y expertos piden al Estado que debe reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores ambientales.
- Existen nueve casos, el 64 % de los analizados, que muestran que los ataques a defensores ambientales se dan en áreas protegidas.
En Bolivia, cada ocho días se registran casos contra defensores ambientales que sufren vulneraciones en sus derechos, según un estudio elaborado por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). Este documento muestra que entre enero y abril de este año se registraron 14 casos de violaciones a los derechos de los defensores, de los cuales el 79 % está vinculados a pueblos indígenas y comunidades campesinas. Además, nueve de estos 14 casos se dieron en el interior de áreas protegidas.
“Los datos nos revelan también que el patrón de ataque más destacado en este primer cuatrimestre del año ha sido la criminalización o judicialización contra defensores ambientales y líderes de comunidades. Paralelamente a este patrón de ataque, destaca la división y acoso contra las comunidades locales y sus organizaciones internas”, afirma el Cedib en el informe.
En 11 de los 14 casos, es decir el 79 %, los defensores ambientales afectados por la violencia están vinculados a comunidades locales, indígenas o campesinas. En siete casos, el 50 %, son defensores individuales, líderes o dirigentes de comunidades u organizaciones comunitarias. Además, cuatro casos son de defensores colectivos.
Respecto del lugar o ámbito de los ataques, el informe del Cedib establece que hay dos ámbitos que predominan: la zona aurífera antigua y expansiva y la zona de expansión de la frontera hidrocarburífera en el área natural de Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija. Allí se plantó una resistencia social a la política expansionista. Otro dato relevante es que en nueve casos los ataques a defensores ambientales se dan en áreas protegidas.
“La situación es altamente preocupante porque estamos entrando en mayor incremento en cantidad e intensidad de los ataques contra los defensores ambientales y esto viene de la mano con la crisis que da pie a todo modo de extractivismo, como minería o hidrocarburos», afirmó a Mongabay Latam Miguel Miranda, investigador del Cedib en temáticas de Derechos Humanos, extractivismo y defensores ambientales. «En las comunidades están pasando ya a modos más alarmantes, como la criminalización y el uso de la Justicia para perseguir y amedrentar”, agregó el experto.
Factores económicos de fondo
Sobre los factores económicos que están generando estos ataques contra los defensores ambientales se observan el extractivismo minero y el hidrocarburífero. Ambos se relacionan con seis casos cada uno.
Respecto de los patrones o tipos de ataque, un 36 % son casos de criminalización o judicialización contra los defensores ambientales. Además, un 29% son casos de división y acoso a las comunidades locales y a sus organizaciones internas.
En octubre de 2024, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que es la estatal petrolera boliviana, denunció a 29 personas -28 del cantón Chiquiacá y una del cantón Tariquía- por la presunta comisión de los delitos de impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo. Los 29 denunciados son defensores ambientales que luchan por impedir el ingreso de YPFB y Petrobras a la reserva de Tariquía.
Dirigentes demandados
Tras varias críticas al proceso, y luego de un rechazo inicial en enero de 2025, la fiscalía de Tarija revocó su decisión. Sin embargo, luego se hizo pública la imputación formal contra 12 defensores ambientales de Chiquiacá. Uno de ellos es Juan Mendoza, quien explicó a Mongabay Latam que YPFB y Petrobras dividieron a las comunidades que habitan en Tariquía, pero la mayoría de los pobladores –dijo- votaron para que las petroleras no ingresen a la reserva, que está al sur de Bolivia.
“YPFB y Petrobras nunca respetaron nuestras decisiones. Ellos ingresan con engaños, pero nosotros siempre estuvimos defendiendo nuestro territorio. Yo soy parte de los 12 imputados y sin ningún argumento nos procesan. Dicen que obstaculizamos su trabajo, pero lo único que hacemos es defender nuestro cantón de Chiquiacá. Ahora, yo sigo judicializado”, afirmó Mendoza.
El defensor relató que el 24 de junio de este año fue su última audiencia. “Ahí nos trataron como delincuentes. Nos tildan de criminales y nos culpan de que sus proyectos se paralizaron y que por nuestra culpa el país perdió recursos. En Bolivia era un delito defender nuestro territorio”, añadió Mendoza, quien afirmó que los defensores acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tariquía es un área protegida nacional creada en 1989 con el fin de preservar uno de los ecosistemas más ricos de Bolivia. En la actualidad enfrenta el avance de la industria petrolera, avalada por el gobierno boliviano, que remarca que su explotación es necesaria debido a la crisis energética que enfrenta el país sudamericano.
En julio, el defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, emitió un duro pronunciamiento criticando la criminalización a defensoras y defensores ambientales por parte de agentes estatales, tanto de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía como de otros organismos.
El defensor también observó la falta de transparencia por parte de YPFB a la hora de proporcionar información sobre proyectos hidrocarburíferos, así como un inadecuado proceso de consulta que no garantiza los estándares internacionales de ser previa, libre e informada.
“La Defensoría del Pueblo exhorta a YPFB a cesar la intimidación legal y recuerda que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, el cual obliga al Estado a proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, afirmó Callisaya. El defensor del pueblo boliviano añadió que la normativa del país protege el derecho a un medio ambiente sano y los derechos de la Madre Tierra.
“Cualquier acción legal contra defensores ambientales se podría considerar una amenaza a su labor. El artículo nueve del Acuerdo de Escazú exige al Estado boliviano prevenir, investigar y sancionar ataques contra estos defensores en el ejercicio de su rol», destacó Callisaya. «Por esto, exhorta a esta instancia del Estado a promover soluciones a través del diálogo y el consenso como garantía del estado de derecho”, afirmó el defensor.
Es por eso que el caso llegó a la CIDH. Esta instancia recibió en audiencia pública el 7 de marzo a los representantes del Estado boliviano, la Defensoría del Pueblo y a los defensores de Tariquía para escuchar los argumentos. La CIDH cuestionó la criminalización a defensoras y defensores ambientales en Bolivia y la falta de mecanismos de protección desde el Estado para garantizar el ejercicio a la protesta en el marco de los estándares internacionales.
“La información que hemos recibido en esta audiencia sobre patrones de persecución judicial en contra de liderazgos comunitarios e indígenas que ejercen el derecho a la defensa del medioambiente, no solo vulnera su derecho a la libre expresión y protesta, sino que también puede obstaculizar el acceso a recursos naturales”, afirmó en esa ocasión el relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, Javier Palummo.
Mongabay Latam se comunicó con los ministerios de Justicia y Ambiente de Bolivia para conocer sus versiones sobre los hechos pero hasta el cierre de esta nota no había obtenido respuestas.
Desde la estatal petrolera
Mongabay Latam pidió a YPFB una posición sobre su trabajo en Tariquía, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, hace un mes, la gerente legal de la estatal petrolera boliviana, Julia Gonzales, llamó a los comuneros de Tariquía “grupo de autodenominados ambientalistas y defensores de la Madre Tierra, quienes se han opuesto a las actividades legítimas de YPFB y Petrobras”.
La funcionaria de YPFB afirmó que la oposición a las actividades extractivas en Tariquía “ha llevado a actos de violencia y agresión que no pueden ser ignorados” y aseguró que los funcionarios de la estatal petrolera “han sido objeto de agresiones [tanto] físicas como verbales, así como de ataques a su libertad de trabajo”.
El documento del Cedib añade que “estas comunidades y, sobre todo, sus líderes y dirigentes más idóneos y honestos libran una batalla desigual contra los poderosos actores mineros y petroleros, arropados por el Estado, y este está reforzado en su agresividad por dirigentes de organizaciones matrices campesinas e indígenas subordinadas al poder”.
Por lo menos en cinco de los 14 casos identificados en el estudio se muestra cómo se “instrumentaliza la Justicia para perseguir” a quienes defienden el territorio y el medioambiente.
Otro ejemplo de violaciones a los derechos de los defensores es el accionar de la cooperativa minera Salvadora de Yerbani, que intenta dividir a la comunidad Tres Marías, del municipio de Yanacachi, en el norte de La Paz, ofreciéndoles cuadrículas mineras para que no denuncien supuesta persecución judicial, amenazas, intimidación y agresiones físicas que sufren por los cooperativistas mineros.
En este caso hay un defensor que se declaró en la clandestinidad. Se trata de Isaac Catacora, quien es el secretario general de la comunidad Tres Marías y que desde diciembre de 2024 tiene una orden de aprehensión. Lo acusan de “lesiones leves y graves, avasallamiento de área minera y asociación delictuosa”.
Su hija, en contacto con Mongabay Latam, denunció que en esa zona se realizaron diversos operativos para detener a dirigentes que se oponen a la extracción de oro en su territorio. Uno de ellos es César Condori.
“Me duele mucho saber que mi padre está en esta situación. Lamentablemente la Justicia se presta a estas persecuciones y por eso mi padre está en la clandestinidad, porque incluso teme por su vida”, lamentó la hija de Catacora.
Mongabay Latam se comunicó con la cooperativa minera Salvadora de Yerbani pero su vocero declinó hacer declaraciones porque el caso permanece abierto. La cooperativa ha afirmado que tiene derechos mineros preconstituidos en esa zona y que tienen licencia para operar. Es por eso que denunciaron a los dirigentes por oponerse a ingresar a su territorio. En esta zona los comuneros se dedican a la producción de flores. “Las personas que reclaman el avasallamiento y la violación de los derechos de la Constitución terminan en la cárcel”, afirmó la senadora Cecilia Requena, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC).
Imagen principal: la defensa del Parque Nacional Tipnis, en Bolivia, unió a varios defensores y defensoras del medio ambiente, quienes lograron detener varios proyectos carreteros. Foto: Wara Vargas-Cedib
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