- Costa Rica ha ignorado un mandato de la Corte Suprema del país que ordena tratar al tiburón martillo como un animal de vida silvestre en peligro crítico y no como una especie comercial.
- De acuerdo con una investigación de la organización CREMA, autoridades de Costa Rica han permitido el traslado de al menos 12 toneladas de aleta de tiburón mediante la figura de reexportación.
- Randall Arauz, biólogo y referente en la conservación de especies marinas, explica cómo estas actuaciones han impactado en los tiburones, principalmente en el martillo.
- También anuncia que acudirán a finales de este año ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para exponer el desacato de Costa Rica a nivel global.
Costa Rica ha vivido en una contradicción con sus políticas de conservación en los últimos años. Por un lado emitió leyes de protección a la vida silvestre, pero por otro ha facilitado la salida de cargamentos de aletas de tiburón de especies en peligro de extinción a través de la reexportación, de acuerdo a una investigación del Centro Restauración Especies Marinas Amenazadas (CREMA).
Esta organización dedicada a la investigación y conservación marina en Costa Rica, reveló cómo autoridades del país autorizaron el tránsito de 12.6 toneladas de aletas de tiburones provenientes de Nicaragua entre 2023 y 2024.
Esta actividad no solo implicó la muerte de al menos 15 000 tiburones, sino también una violación a las leyes nacionales y a los esfuerzos globales para la conservación de estas especies, suscritos ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Randall Arauz, biólogo marino, consultor en política de conservación marina de CREMA y referente internacional en la conservación de tiburones, cuenta cómo pese a contar con leyes sólidas y un fallo de la Corte Suprema que protegen al tiburón martillo, el país mantiene prácticas que toleran la pesca de estas especies y facilitan su comercialización.
En entrevista con Mongabay Latam, Arauz explica el uso de la figura de “reexportación” para encubrir capturas ilegales, denuncia la inacción del Ministerio de Ambiente y la influencia que tiene la industria exportadora de aletas en la política pública de Costa Rica.
Además, llama a las acciones que puede emprender la sociedad civil y la comunidad internacional para presionar a las autoridades y proteger a los tiburones como especies clave de los ecosistemas marinos. Se trata de un trabajo que le ha valido a Arauz ser reconocido con el Premio Goldman 2010, el galardón más importante para defensores ambientales.
–¿Qué factores están amenazando a estas especies de tiburones en aguas costarricenses?
–Habíamos logrado afectar el desarrollo de las actividades pesqueras sobre el tiburón martillo, que es una de las preferidas por el valor de sus aletas, pero en 2017, el gobierno de Costa Rica promulgó que los tiburones ya no eran vida silvestre, sino especies comerciales. Eso trajo cambios muy significativos porque el Ministerio del Ambiente dejó de ser el ente rector sobre las especies amenazadas de tiburón, la ley de conservación de vida silvestre se tiró por la ventana y se le otorgó todo este poder al Instituto Costarricense de Pesca. La ley de pesca, que es una ley comercial, llevó a que continuara el proceso de sobrepesca y extinción del tiburón martillo. A pesar de tener garantías internacionales, como la Convención CITES, la Convención de Especies Migratorias, se dieron todos estos cambios de manera ilegal.
Si usted quiere cambiar la ley tiene que ir al Congreso, pero aquí se dio un decreto que afectó a una ley, lo que es ilegal. Denunciamos esto en la Corte Suprema y después de un proceso de ocho años, obtuvimos una resolución de la Sala Primera del máximo tribunal, que dijo: “Los tiburones son vida silvestre, declararlos especies comerciales fue un acto ilegal”. Además ordenó al Instituto de Pesca y al Ministerio del Ambiente cumplir estrictamente con la ley de conservación de vida silvestre. Pero eso aún no ocurre.
–¿Cómo inició la reexportación autorizada de aletas de tiburón martillo en Costa Rica?
–En 2013, Costa Rica fue el país que llevó la iniciativa a la convención CITES para la conservación de tiburón martillo. Yo era el asesor científico y logramos que se aprobara la protección internacional. Costa Rica quedó como el campeón de la conservación.
Pero de 2015 a 2021, Costa Rica siguió permitiendo la captura de tiburón martillo, la descarga en los muelles de Punta Arenas y la venta de sus aletas. El único destino que tienen las aletas tiburón martillo es para la exportación, aquí no se consume. Los países tienen que tener registros de los productos que no pudieron ser exportados para estar seguros de que no entren al mercado ilegal, pero Costa Rica, al negarse a llevar controles, facilita la exportación de esos productos de manera ilegal.
Descubrimos que a lo largo de 2024, Costa Rica realizó cinco reexportaciones de aletas de tiburón que vienen de Nicaragua y después se mandan a Hong Kong. Conseguimos las facturas y resulta que de las casi 12 toneladas, Nicaragua reexportó por Costa Rica 1.8 toneladas de tiburón martillo, las otras diez toneladas eran tiburón sedoso, tiburón zorro, tiburón tigre y tiburón toro.
¿De dónde salieron las diez toneladas de más? No venían de Nicaragua. Lo único que uno puede inferir es que son tiburones que fueron capturados en Costa Rica, guardaron las aletas y ahora las están exportando con el permiso de Nicaragua.
Son casos de estudio de cómo un país puede violar las regulaciones de CITES y aparentar estar en buen derecho.
–¿Cuáles son los vacíos legales que permiten que productos de especies protegidas circulen en el comercio internacional?
–El ente rector sobre las especies amenazadas es el Ministerio del Ambiente, que representa a Costa Rica en la convención CITES. Pero todas esas exportaciones están ocurriendo ahora por autorización del Instituto Costarricense de Pesca, que no tiene ninguna jurisdicción, según la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Tenemos un Instituto Costarricense de Pesca que se atribuye potestades que no le corresponden y un Ministerio del Ambiente que se niega a cumplir con su deber. Tres ministros de Ambiente han sido completamente sumisos al Instituto de Pesca y a los deseos de los exportadores de aleta tiburón. Es una situación muy vergonzosa.
–¿Cómo ha afectado la sobrepesca a la población de tiburón martillo?
–El tiburón martillo está en peligro crítico de extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sus poblaciones han disminuido en un 95 % y hasta 98 % en algunas regiones del mundo, y lo triste es que a pesar de esta situación reconocida por las instituciones internacionales, se siguen pescando y se siguen exportando las aletas.
Cada vez que vamos a las reuniones internacionales, ya sea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o CITES, vemos que aumenta la lista de especies amenazadas porque cada año la situación de sus poblaciones es peor.
¿Acaso le hacemos eso a los jaguares? ¿Decimos que un campesino puede matar un jaguar porque tiene hambre y tiene que vender su piel? No, los jaguares están protegidos y no hay ninguna justificación para matarlos porque son especies en peligro crítico de extinción, lo mismo pasa con el tiburón martillo.
–¿Qué papel puede jugar la sociedad civil y la comunidad internacional ante este tipo de escenarios?
–Nosotros recurrimos nuevamente a las Cortes y estamos acusando al gobierno de Costa Rica de desacatar una orden judicial superior. Las autoridades pesqueras, de Ambiente y hasta la Presidencia en este momento están en desacato. Pese a que tienen una orden de la Corte Suprema de Justicia, se niegan a cumplirla.
Tenemos que exponer esta situación. En noviembre es la reunión de CITES en Uzbekistán y vamos a ir a exponer nuevamente a Costa Rica porque la convención tiene que saber las maneras en que se violan sus compromisos. Definitivamente esta figura de permitir reexportaciones es un portillo abierto para faltar a los compromisos y para fomentar la extinción de especies. En Costa Rica la política de conservación marina la establece la industria exportadora de aletas de tiburón.
Los tiburones son vida silvestre y el día que los tratemos como la vida silvestre amenazada que son tendremos las leyes esperándonos para implementarlas y proteger estas especies. Dejemos de hablar de pesca sostenible y de nuevas regulaciones. Ya tenemos leyes perfectamente buenas para salvar la vida silvestre amenazada. Empecemos a aplicarla para los tiburones.
Imagen principal: el tiburón martillo está en peligro crítico de extinción. Sus poblaciones han disminuido en un 95 % en algunas regiones del mundo. Foto: cortesía Enrique Uribe
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