- La V Cumbre de Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) contó solo con la presencia de tres mandatarios de los ocho países que forman parte de este organismo intergubernamental.
- La cita culminó con la firma de la Declaración de Bogotá, que reúne 35 puntos orientados al objetivo común de proteger y conservar la Amazonía.
- Entre los avances que destacaron los expertos figuran la creación del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas y la lucha conjunta contra la criminalidad organizada transnacional.
- El gran vacío fue la ausencia de propuestas para frenar la expansión de la explotación de los combustibles fósiles, que no tuvo ninguna mención en el texto final del acuerdo.
Solo tres mandatarios de los ocho que forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) estuvieron presentes en la V Cumbre de Presidentes de este organismo intergubernamental, que se realizó el viernes 22 de agosto.
El colombiano Gustavo Petro, como anfitrión del evento; Luis Inácio Lula Da Silva, de Brasil; y Luis Arce, de Bolivia, fueron los únicos mandatarios que llegaron a Bogotá para participar en el evento de cierre de una semana de debates sobre los problemas urgentes que enfrenta la Amazonía.
Del resto de países —Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam— arribaron representantes con cargos menores, como la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto; y los cancilleres de Perú, Elmer Schialer; de Surinam, Melvin W.J. Bouva; y de Venezuela, Yvan Gil Pinto; además del embajador de Guyana, Compton Bourne.
“Esto refleja la falta de unidad Latinoamericana o de los gobiernos de la Cuenca Amazónica. Se nota un profundo distanciamiento político por las ideologías, pero también se expresa un compromiso fuerte de parte del gobierno de Brasil y de Colombia”, señala José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
El líder indígena, sin embargo, destaca como un avance de esta cita oficial, la creación del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (MAPI), un modelo de cogobernanza que otorga voz y voto a los pueblos indígenas en las decisiones que afectan su territorio y el futuro del bioma amazónico. “Hay una hoja de ruta dentro del mecanismo amazónico de pueblos indígenas. Sonia Guajajara —ministra de Pueblos Indígenas de Brasil— es la presidenta del mecanismo y hay una copresidencia por parte de las organizaciones indígenas que recayó en la COIAB de Brasil [Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña]”, dice Diaz Mirabal.
La Declaración de Bogotá reúne 35 puntos orientados, según el texto, al objetivo común de proteger y conservar la Amazonía, combatir la pobreza y las desigualdades en la región amazónica, y unificar esfuerzos para continuar con la implementación de los compromisos asumidos en la Declaración de Belém de 2023. Este último documento se firmó durante la IV Cumbre de Presidentes de la OTCA, realizada hace dos años en Brasil.
“Hoy hicimos un balance de los compromisos asumidos en el ámbito de la OTCA y adoptamos la Declaración de Bogotá, que contiene nuevos llamados a la acción. Sabemos que son necesarias las respuestas correctivas para los desafíos compartidos entre los ocho países amazónicos”, dijo Lula da Silva durante el cierre de la cumbre.
En la cita también se anunció que Ecuador será la sede de la siguiente Cumbre de Presidentes de la OTCA en 2027. Además, el presidente de Brasil convocó a todos los mandatarios de la Amazonía para un encuentro el 9 de septiembre en el estado de Amazonas, en Brasil, donde se va inaugurar un “centro de combate al crimen organizado”, para el que se espera contar, dijo Lula, “no solo con la Policía Federal Brasileña, sino también con la Policía de los Estados amazónicos”.
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Las ausencias en la Declaración de Bogotá
“A pesar de la enorme importancia de la Amazonía para el futuro de la región, al parecer no es una prioridad de tan alto nivel para varios de los países”, dice Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch, sobre la ausencia de algunos mandatarios en la cita. “Esto muestra también las profundas divisiones ideológicas y políticas que hay en la región, que en realidad no deberían estar en el centro cuando se trata de la Amazonía, una región de interés de todos los países y de todos los pueblos”, agrega el experto sobre las tensiones políticas que han rondado la cita de mandatarios.
Durante la semana, dice Hoetmer, existía el temor de que la cumbre fuera un fracaso. Sin embargo, el experto considera que con la ratificación de los acuerdos adoptados durante la semana y que se han recogido en la Declaración de Bogotá, la OTCA ha logrado avances y ha establecido una base para seguir su camino.
Pero también hay temas que han quedado afuera de la discusión del acuerdo final. “Hay un vacío muy grande y no hay ninguna referencia en todo el documento a la necesidad de abandonar el petróleo y las energías fósiles en la región”, comenta Hoetmer.
En los días previos a la cumbre los llamados desde la sociedad civil habían sido constantes para que en esta ocasión se incluya el debate para frenar la expansión de los combustibles fósiles en la región. Sin embargo, en la Declaración de Bogotá no existe una sola línea que incluya las palabras petróleo o hidrocarburos.
“Los principales protagonistas de este encuentro tampoco coincidieron en sus agendas respecto al futuro de los hidrocarburos”, señala Melissa Marengo, oficial de Programa del Natural Resource Governance Institute (NRGI). Mientras Lula da Silva reiteró que Brasil financiará su transición energética con las rentas de los hidrocarburos, Petro insistió en la necesidad de una salida responsable de los combustibles fósiles, agrega Marengo. Esta brecha refleja las tensiones entre modelos que, por un lado, siguen dependiendo de la explotación petrolera y, por otro, buscan avanzar hacia alternativas más sostenibles.
«Una transición energética justa no puede limitarse al cambio de matriz energética, sino que debe contemplar con seriedad la planificación participativa del abandono, la creación de mecanismos financieros y la prevención de que los pasivos ambientales y sociales no recaigan sobre el Estado o las comunidades”, agrega Marengo, coautora del estudio De la extracción a la restauración: propuestas para garantizar un cierre responsable de las actividades hidrocarburíferas en el Perú.
Fátima Monasterio, investigadora de la Fundación Solón de Bolivia e integrante del Foro Social Panamazónico (Fospa), cuestiona aún más la cita de Bogotá, pues considera que ha habido una regresión con relación a los acuerdos que se tomaron en Belém en 2023. “No se ha asumido ninguna meta concreta ambiciosa a nivel regional como política pública para enfrentar los incendios y la deforestación ni para detener el avance de las fronteras extractivas. Tampoco ha habido mención al tema de los combustibles fósiles”.
A Monasterio también le preocupa que se haya presentado el Fondo de Bosques Tropicales Para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) como una gran solución para la Amazonía. “El TFFF es una falsa solución porque se vuelve a caer en la lógica de mercantilizar la naturaleza, de ponerle precio simbólico a los bosques de apenas cuatro dólares por hectárea cuando estos ecosistemas sostienen el ciclo del agua, la biodiversidad y la vida de millones de pueblos“.
Durante la cita de cierre del evento, Lula da Silva mencionó que el TFFF es una iniciativa que “se pretende lanzar en Belem”, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o COP30. El presidente colombiano también se refirió a este tema señalando que se contaba con un fondo de 180 millones de dólares, pero que se tiene que asegurar su vigencia para que en los próximos 20 años se mantenga como un flujo anual. “La mala noticia es que los fondos europeos no llegan ni a la mitad de lo que hemos dado nosotros, y de América del Norte, nada”, dijo.
Avances en seguridad y participación indígena
“El principal enemigo de la Amazonía, después del calentamiento global, es el narcotráfico. Y tenemos que unirnos para luchar contra él, pues nos estamos acercando cada vez más al final. Y por final me refiero al punto de no retorno. Como región debemos trabajar para no pasar ese umbral. Como siempre lo he dicho: la seguridad de la selva es la seguridad de la humanidad”, dijo Petro durante la reunión que sostuvo con los otros mandatarios y los cancilleres de los ocho países miembros de la OTCA.
La seguridad relacionada con las actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, es uno de los temas que más preocupa en la región. Es por ello que entre los puntos incluidos en el acuerdo de Bogotá se menciona, por ejemplo, el apoyo que debe tener la Comisión Especial de Seguridad Pública e Ilícitos Transfronterizos y Transnacionales en la Región Amazónica, creada para impulsar la implementación de los compromisos asumidos en temas de cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas transfronterizas, incluidos los delitos ambientales, amenazas a defensores y violaciones de derechos humanos. Es un acuerdo adoptado desde la Declaración de Belém.
La Declaración de Bogotá también se compromete a fortalecer la cooperación técnica entre los países miembros para el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas en materia de trazabilidad del oro, reconociendo los vínculos de la minería ilegal con la pérdida de biodiversidad y otras amenazas ambientales que afectan a la región amazónica.
“Un tema donde hay avances, pero depende de la implementación de los acuerdos tiene que ver con seguridad pública, con la lucha contra los crímenes ambientales, acuerdos en torno a fortalecer las iniciativas comunes de la trazabilidad del mercurio y del oro”, comenta Hoetmer, de Amazon Watch.
Hoetmer también señala que los acuerdos tomados ahora en Bogotá resultan ser un apoyo a los protocolos en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional al que América Latina podría llevar una voz conjunta. “Creemos que es importante que este tema esté al centro del debate en la medida en que asuma un enfoque que pone en el centro el rol de las comunidades amazónicas, la gobernanza territorial indígena y la protección de defensores”.
Todos estos temas han sido parte del debate y existen referencias en el documento, dice Hoetmer, pero ahora toca implementarlo. En materia de seguridad ambiental, de protección de defensores, de la lucha contra la minería ilegal, contra los impactos en la biodiversidad, de deforestación, aún hay muchos desafíos para los Estados miembros de la OTCA”, comenta.
Un segundo tema que ha despertado expectativas en la región ha sido la creación del Mecanismo Amazónico para los Pueblos Indígenas (MAPI), que se aprobó por consenso mediante resolución el jueves 21, en la tercera reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de la OTCA.
De acuerdo con la OTCA, el MAPI contará con una composición innovadora de copresidencia, en la que cada país miembro estará representado por un delegado gubernamental y un delegado indígena, garantizando la paridad. Será un órgano legítimo, de seguimiento y acción, con el que los pueblos indígenas tendrán participación activa en la agenda de la OTCA, se explica en la nota informativa del organismo intergubernamental.
Para Díaz Mirabal, de la COICA, el reto que sigue es lograr la implementación del mecanismo. “La primera sesión tiene que ser en el marco de la COP30, en noviembre, en Brasil. Ahí debemos llegar con una estructura y con la agenda que estamos proponiendo de proteger las aguas, los bosques, los defensores ambientales, la juventud para que forme parte de la estrategia nacional en cada país”.
Es una gran propuesta, dice Díaz Mirabal. «Tenemos la esperanza de que los gobiernos de Brasil y Colombia la van a implementar. Además haremos incidencia para que los gobiernos de otros países también lo hagan», asegura. “Hay una estructura y de parte de los indígenas ya hay una agenda, se está trabajando en el mecanismo de gobernanza del MAPI”.
“Espero que con esta cumbre cerremos el tema de las declaraciones y comencemos con la implementación”, dice Alicia Guzmán, asesora senior de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “Lo que sigue en el tema del MAPI es implementación, pero se podría haber hecho sin esperar dos años”, agrega.
Para Guzmán también ha sido importante que en las declaraciones de los mandatarios de mencione la necesidad de una participación de la sociedad civil. “Hubo menciones de varios de los presidentes y sus representantes sobre la participación de la sociedad civil. Eso me parece valioso porque significa que la sociedad civil también podría lograr, eventualmente, un espacio para sentarse en la mesa de negociaciones”.
En este punto se refiere principalmente a las palabras del presidente Petro, quien durante su discurso de cierre mencionó la necesidad de crear un OTCA social. Sostuvo que “la participación de los pueblos indígenas debe abrirse a otras fuerzas de la sociedad que habita en la selva amazónica”.
El Secretario General de la OTCA, Martin von Hildebrand, pidió a todos los asistentes a la cumbre que tengan una mirada integral de la Amazonía. “Es un tema regional. Cada país está aportando, estamos trabajando todos y se está avanzando mucho”, dijo durante la sesión con los presidentes y funcionarios de los países miembros.
“Tenemos el 50 % de la Amazonía bajo alguna forma de protección. Tenemos laboratorios de punta para hacer monitoreo de la deforestación, del punto de no retorno. Estamos todos protegiendo la Amazonia, pero sin los pueblos indígenas no vamos a salir adelante, sin ellos no se va proteger la Amazonía”, agregó von Hildebrand.
Imagen principal: presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y de Bolivia, Luis Arce, durante la V Cumbre de Presidentes de la OTCA. Foto: Presidencia de Colombia
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