- Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hubo 733 casos de criminalización de defensores de derechos humanos, ambientales e indígenas en los últimos 24 años.
- La mayor cantidad de casos de criminalización corresponde se da contra ambientalistas, con 370, seguido de los líderes indígenas, con 293.
- Defensores ambientales conversaron con Mongabay Latam durante el III Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, que se realizó en Lima, en julio último.
- Los casos más resonantes en distintos puntos de Perú, de acuerdo con líderes indígenas y expertos.
“Nosotros reclamamos porque están matando nuestros animalitos y por la contaminación. Cuando hemos reclamado, por eso, nos han denunciado”, dice una lideresa indígena de la comunidad de Urinsaya, en la provincia de Espinar, en Cusco. Desde hace cinco años enfrenta un proceso junto a otros nueve defensores ambientales que protestaron en contra de una minera. La lideresa de Urinsaya conversó con Mongabay Latam durante el III Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, que se realizó en Lima, en julio último.
Para los líderes indígenas, el de Urinsaya es un caso emblemático de criminalización de personas que protestan contra la contaminación ambiental causada por una empresa minera y por la defensa de su territorio. Este caso que se inició en enero de 2020 entró en la fase de juicio oral en agosto de 2024.
De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) entre los años 2000 y 2024 se han registrado 733 casos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y ambientales. Entre quienes enfrentan persecución judicial figuran ambientalistas, indígenas, periodistas, defensores sociales y sindicalistas.
Entre los casos recogidos por la CNDDHH la mayor cantidad de casos de criminalización corresponde a los ambientalistas, con 370, seguido de los líderes indígenas, con 293. Del resto, los sindicalistas aparecen con 42 casos, los periodistas figuran con 16 y los defensores de derechos civiles y políticos presentan 11 casos.
Mongabay Latam consultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú para conocer su posición frente a estas cifras y contextos, pero al cierre de esta nota aún no había obtenido respuesta.
Criminalización de las protestas
“Cada vez hay más amenazas y más criminalización”, comenta Jaime Borda, especialista en derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. “La criminalización, el hostigamiento al trabajo de defensores y defensoras y el encarcelamiento son datos que han recrudecido y son más frecuentes”, agrega Borda.
Borda señala que en la zona andina hay casos emblemáticos de criminalización de defensores, como ha sido el de Cotabambas, en Apurímac. Se trata de un proceso a once defensores ambientales que duró diez años. Tras una primera condena de entre ocho y nueve años de prisión, se resolvió en mayo último cuando absolvieron a todas las personas que habían sido denunciadas.
Borda también menciona el caso de un proyecto minero de cobre ubicado en el Valle del Tambo, en la provincia de Islay, en Arequipa. En este caso, dice Borda, “se ha condenado a los defensores ambientales a penas efectivas”.
La oposición al proyecto minero empezó en 2009. Sin embargo, entre marzo y mayo de 2015 las protestas se agudizan y los agricultores del Valle del Tambo realizaron una serie de marchas en contra de la decisión del gobierno peruano de autorizar la ejecución de este proyecto. Los reclamos surgieron por los riesgos de que la actividad minera afecte el medio ambiente, las tierras agrícolas y la calidad y cantidad del agua en el valle.
Las protestas derivaron en la muerte de por lo menos tres personas que participaban de las protestas y la denuncia de la empresa minera a los dirigentes. Diez de los acusados fueron absueltos. Sin embargo, otros dos resultaron condenados a entre 7 y 12 años de prisión.
“En estos momentos se ha criminalizado toda la lucha. He tenido varios procesos en los que he salido libre porque se han archivado. Pero por el paro que se llevó a cabo recientemente tengo hasta cuatro carpetas fiscales”, cuenta Juan Miguel Meza, uno de los dirigentes que se opone al proyecto minero en el Valle del Tambo.
Meza recuerda a las personas que murieron en las protestas desde 2011 y menciona también a una persona que resultó herida en 2011 con solo 19 años, quien desde entonces vive con la bala en el cuerpo. “Hay cosas que han quedado marcadas. Estamos en una situación muy difícil”.
El dirigente también menciona el anuncio que hizo hace unos meses el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, de que el proyecto se iniciará, de todas maneras, este 2025. En más de una ocasión, el titular del Ministerio de Energía y Minas ha señalado que el proyecto “debe comenzar en algún momento de este año”.
El especialista en derechos humanos Jaime Borda también cita el caso de los defensores denunciados en la Reserva Ecológica de Chaparrí. “Es un caso emblemático en Lambayeque, donde hay defensores constantemente amenazados por el tema del territorio”, comenta.
“Mientras la comunidad ha podido recuperar su territorio, se han levantado nuevas estrategias de criminalización que en este momento se están centrando en el presidente de la comunidad”, comenta Javier Ruiz, integrante del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí.
Ruiz comenta que son más de 70 denuncias las que ha recibido el presidente de la comunidad Santa Catalina de Chongoyape desde que inició su gestión. “Cualquier acción que realice, sobre todo en la defensa del territorio, en la recuperación de tierras que habían sido tomadas en algunos casos por organizaciones criminales se han convertido, paradójicamente, en denuncias”, señala.
Las cifras de la CNDDHH también revelan que la mayor cantidad de personas criminalizadas está en Cusco, con 141 casos. En segundo lugar está Apurímac, con 40 casos, seguido por Cajamarca, con 36 casos.
Una mirada a la Amazonía
La CNDDHH también ofrece un registro de agresiones a defensores de derechos humanos y ambientales. Según el portal defensores.pe entre 2000 y 2024 hubo 5957 ataques a personas defensoras, considerando heridos, asesinatos, detenciones arbitrarias, criminalización, amenazas de muerte, acoso u hostigamiento y violencia sexual.
Frank Pujpat, representante del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), se refiere a las amenazas que enfrenta el territorio awajún y menciona que él está encargado de la “interdicción de los mineros que directamente e indirectamente vulneran los derechos del pueblo indígena”.
Pujpat también comenta que el GTAA ha elaborado el Código de Justicia Especial Comunitaria Awajún con un Código Civil Awajún y un Código Penal Procesal Awajún, con el fin de que se administre justicia en esos territorios. “Ahora el crimen organizado es una enfermedad para los dirigentes porque muchos menores de 13 años están consumiendo droga”.
Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo de San Pablo de Tipishca (Acodecospat), señala que tienen “luchas muy fuertes en la zona de las cuatro cuencas, con el fenómeno de la actividad petrolera».
“Más de 50 años de actividad petrolera -dice López-, en los que solamente tenemos destrucción del territorio, enfermedades, muertes de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros abuelos”. “¿Cómo poder defender la vida de nuestros hermanos desde el lugar donde estamos cuando tenemos un Estado y gobiernos que cada vez flexibilizan más la ley?”, se pregunta López. Se refiere a las recientes modificaciones legislativas que afectan a los pueblos indígenas. “Si nosotros queremos defender nuestro derecho, tenemos que defender nuestro territorio”, agrega.
“De los análisis que hemos hecho, efectivamente, surge datos duros. El aumento de asesinato de defensores ambientales, principalmente en la Amazonía, ha sido muy fuerte. En los últimos 8 a 10 años estamos hablando de más de 30 defensores ambientales asesinados”, comenta Borda. El especialista comenta que las cifras mayores de ataques y agresiones están en la zona amazónica, pero también hay casos en la zona Andina y la zona costera.
Imagen principal: El III Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales se realizó en Lima, en julio de 2025. Foto: Yvette Sierra Praeli
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