- El presidente Daniel Noboa ordenó la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas hace dos semanas.
- La medida preocupa al sector ambiental, pues la entrega de licencias para actividades que pueden afectar el ambiente queda en manos del ministerio que promueve la extracción minera y petrolera.
- La gestión ambiental del país ya fue debilitada, cuando en 2020 se fusionó la Secretaría de Agua con el Ministerio de Ambiente, pero esta nueva decisión agudizará la falta de controles, según los expertos.
- La fusión se da en un contexto de reducción del gasto público y de la promulgación de una serie de leyes que enfrentan demandas de inconstitucionalidad.
A casi dos semanas de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ordenara la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el de Energía y Minas, todavía no se conoce cómo se realizará la unión de las carteras. Mientras tanto, una nueva medida ha levantado aún más la preocupación del sector ambiental. Este lunes 4 de agosto de 2025, el MAATE dirigió un pedido de información a unas 300 organizaciones sociales que exige que entreguen al Ejecutivo dentro de 48 horas reportes económicos y de actividades, incluyendo información detallada del origen de los recursos económicos que manejan.
Esta reciente disposición preocupa porque es vista como una medida para poner la lupa de Noboa sobre las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la protección de la naturaleza, de los derechos humanos y de los derechos colectivos.
Sobre la fusión, expertos anticipan las posibles consecuencias que debilitarán aún más la ya cuestionada gestión ambiental de uno de los países más biodiversos del mundo. Lejos quedó el Estado pionero en reconocer los derechos de la naturaleza, lamentan, mientras levantan las alarmas en todo el sector ambiental.
“Es una verdadera aberración”, dice sobre la fusión Alberto Acosta, economista y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que finalizó en 2008 con la promulgación de la última Constitución de Ecuador. Para el experto, la decisión del Ejecutivo “es una clara afectación a la autonomía que establece la legislación y una demostración de que el gobierno de Daniel Noboa, con el pretexto de lograr la eficiencia del manejo del Estado, subordina las cuestiones ambientales a cuestiones extractivistas”.
La reciente medida se anunció mediante el Decreto Ejecutivo número 60, emitido el 24 de julio de 2025. Forma parte de un llamado plan de eficiencia administrativa del Gobierno, que pasa de 20 a 14 ministerios y de nueve a tres secretarías. Además, se anunció el despido de 5000 funcionarios públicos, centrándose principalmente en personal administrativo del Estado y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En el MAATE, al menos 74 personas con nombramiento permanente fueron despedidas la última semana de julio de 2025, de acuerdo con información enviada a Mongabay Latam por un exfuncionario del Ministerio, que salió hace unos meses por motivos no relacionados al recorte. Otras 25 personas con contrato ocasional también habrían sido cesadas de sus funciones.
La principal preocupación sobre la fusión es la incompatibilidad de los objetivos de los ministerios de Ambiente y Energía. Mientras que la misión del MAATE es liderar la gestión ambiental, incluyendo la autorización, control y fiscalización de actividades que afectan el ambiente y los derechos colectivos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) está encargado de promover las actividades extractivas como la minería y el petróleo. Organizaciones no gubernamentales ambientalistas como Wildlife Conservation Society Ecuador, Amazon Frontlines y World Wildlife Fund Ecuador emitieron comunicados en los que aseguraron que se está generando un “conflicto de intereses”.
WWF destacó que la Constitución exige que los procesos de licenciamiento ambiental sean independientes, de alta calidad e íntegros, priorizando el bien común sobre los intereses particulares o corporativos. Para WCS, la fusión “compromete la imparcialidad en la fiscalización y el control ambiental”. El Colectivo LOA (Ley Orgánica Animal) Ecuador puso un ejemplo claro: la misma institución encargada de promover la minería es la que otorgará las licencias ambientales.
Un proceso de debilitamiento
Acosta señala que la función fundamental del MAATE es proteger la naturaleza y los recursos naturales. Además, destaca que la Constitución incluye un “paquete vigoroso de derechos de la naturaleza” –que convirtió al país en pionero a escala global en esta materia– y un paquete de derechos ambientales, que garantizan el ambiente sano para la ciudadanía.
“Ecuador ha influido de una manera positiva a más de 40 países que hoy reconocen los derechos de la naturaleza. El mundo nos está viendo y ve con mucha preocupación el retroceso en institucionalidad”, dijo Natalia Greene, miembro del directorio de la coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), durante una rueda de prensa realizada el 30 de julio en rechazo al decreto número 60, realizada junto a la organización no gubernamental Acción Ecológica y el Cabildo Cívico de Quito.
El MAATE tiene funciones clave como diseñar e implementar políticas ambientales, conservar la biodiversidad, garantizar la sostenibilidad, enfrentar el cambio climático y cumplir compromisos internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Acuerdo de París y el Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal, que abordan “las tres grandes crisis que enfrenta el planeta: la pérdida de biodiversidad, los impactos del cambio climático y el riesgo de futuras pandemias”, de acuerdo con el comunicado de WCS. No obstante, la institución ha enfrentando una debilitación progresiva.
El Ministerio del Ambiente, creado en 1996, se fusionó con la Secretaría del Agua (SENAGUA) en 2020, cuando se creó el Ministerio del Ambiente y Agua. El modelo de gestión fue promocionado como una “estructura institucional optimizada” que apuntaba a reducir el tiempo de los trámites hasta en un 70 %. Sin embargo, el exfuncionario consultado para esta nota y cuyo nombre se mantiene en reserva asegura que se trataba de “dos instituciones completamente diferentes e incompatibles en procesos”. La SENAGUA tenía la función de dirigir la gestión integral de los recursos hídricos en Ecuador.
La fusión, explica el exfuncionario, llevó a la eliminación de las direcciones provinciales del Ministerio del Ambiente, que tenían una estructura enfocada en la gestión ambiental, en favor de una estructura basada en las cuencas hídricas, propia de la Secretaría del Agua. En los meses siguientes se despidió a 398 funcionarios, 30 de ellos trabajaban en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para la fuente, se dejaron áreas con personal técnico insuficiente, exacerbando la carga de trabajo de un personal que, considera, ya era reducido. El resultado fue una autoridad ambiental “bastante debilitada” y “ausente”.
En junio de 2021, a un mes de haberse posicionado como presidente del Ecuador, Guillermo Lasso cambió mediante decreto ejecutivo el nombre de la cartera de Estado a Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con el objetivo de “conducir al Ecuador a alcanzar el objetivo de ser carbono neutro al 2050”. Gustavo Manrique, quien preside una empresa que ofrece servicios de gestión de huella de carbono, lideraba el MAATE.
Ecosistemas sensibles, en riesgo
Diez empleados de áreas protegidas habrían sido desvinculados, de acuerdo con el ex funcionario del Ministerio del Ambiente consultado. Entre ellos, personal del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, afectado en marzo de 2025 por uno de los derrames más grandes de la historia del país, y del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro.
La jefa de área de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y siete guardaparques del Parque Nacional Podocarpus, afectadas por la minería ilegal y los grupos armados, también habrían sido despedidos, de acuerdo con otra fuente oficial consultada por Mongabay Latam. En los alrededores de la Reserva, más de 754 hectáreas han sido devastadas por la extracción ilícita de oro, según un informe de mayo de 2025 de la iniciativa Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), de la organización Amazon Conservation. Mientras tanto, en el Parque Nacional Podocarpus, MAAP contabilizó 50 hectáreas afectadas hasta septiembre de 2024.
Las fuentes consultadas sostienen que al igual que la fusión ministerial, los despidos se realizaron sin análisis previos, afectando incluso a empleados “comprometidos”, que en sus últimas evaluaciones obtuvieron calificaciones con una equivalencia de “excelente”. En recortes anteriores se ha visto que la reducción de equipos causa sobrecarga laboral y señala que en el caso de las áreas protegidas esto es más crítico, pues a falta de jefes de área, aumentan las responsabilidades de los guardaparques, pero sin incrementar su sueldo, que ronda los 730 dólares. Para la fuente anónima, esto deja las áreas “a la deriva” y aumenta el riesgo de actividades ilícitas como cacería, tráfico de fauna o deforestación.
Un guardaparques de uno de los parques nacionales más importantes del país, que prefiere proteger su identidad ante la falta de garantías laborales, dice que la fusión es “bastante preocupante” y señala que la situación de los guardaparques ya era compleja. En el Parque Nacional Yasuní, por ejemplo, 46 personas supervisan más de un millón de hectáreas, una tarea que se agrava con la falta de recursos, la falta de acción interinstitucional ante la minería ilegal y amenazas por parte de cazadores, taladores y mineros ilegales.
En esta área protegida existen dos denuncias por extracción ilícita de oro, de acuerdo con una fuente oficial, y también enfrenta los impactos de la industria petrolera, que continúan a pesar de una consulta popular nacional y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigen el cese de la explotación del Bloque 43, en el corazón del parque.
Otros mecanismos de conservación, como Sociobosque, que entrega incentivos económicos a campesinos y comunidades que se comprometen a no talar sus bosques, también estarían en jaque. En definitiva, la fusión pone en alto riesgo la protección de ecosistemas únicos, como los de la Amazonía ecuatoriana, “donde comunidades locales dependen directamente de ellos para su subsistencia”, señala WCS en un comunicado.
Los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios también serían afectados por la fusión, pues sus territorios están en áreas protegidas, ecosistemas sensibles y concesiones petroleras y mineras. El colectivo LOA destaca en su comunicado que estas poblaciones “podrían ver aún más vulnerados sus derechos colectivos y territoriales”. Por ejemplo, puede haber un “debilitamiento aún más profundo” de los procesos de consulta ambiental y consulta previa, libre e informada. También podrían enfrentar más retrasos para la adjudicación de sus territorios en áreas protegidas, pues el MAATE estaba construyendo una norma, que podrían estancarse por la reducción de personal.
Acallar voces
La disminución del tamaño del Estado se da en el contexto de un incremento del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo con el economista Alberto Acosta. En junio de 2024, el FMI difundió un documento con los detalles de un acuerdo de crédito por 4000 millones de dólares para Ecuador. Allí se deja por sentado que el gobierno ecuatoriano se compromete a “contener la masa salarial del sector público”.
El decreto número 60 llega, además, junto con un paquete de leyes de urgencia económica, que para Acosta configuran una “constituyente exprés” que “atropella la Constitución”. Entre esas leyes están la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública. Hasta el 13 de junio de 2025, esas leyes recibieron 10 demandas de inconstitucionalidad por temas de fondo y forma.
El 1° de agosto, el Consejo de Administración Legislativa admitió el Proyecto de ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, que las organizaciones de defensa del ambiente y derechos humanos temen que sea usada para “acallar las voces de los colectivos ambientalistas que están reclamando los atropellos a la Constitución”, dijo Natalia Greene, en la rueda de prensa del 30 de julio, cuando también se rechazó este proyecto de ley.
Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, explicó que la ley trata a las organizaciones no gubernamentales como empresas, mencionando temas como repartición de utilidades, algo que no cabe en este tipo de organizaciones, que son sin fines de lucro. Además, indicó Greene, se exige más control, pero lo que le preocupa es que las organizaciones que no cumplan con las nuevas medidas serían disueltas. “¿Qué garantía nos da a las organizaciones ambientalistas, a los guardianes de la naturaleza?”, se preguntó.
Aunque el proyecto de ley acaba de entrar a la Asamblea, este lunes 4 de agosto, organizaciones ambientales recibieron un pedido de información intempestivo que exige un informe anual de actividades, un informe económico con copias de las declaraciones presentadas ante el Servicio de Rentas Internas y un informe en el que se detalle el origen de los recursos que manejan. El MAATE confirmó que el documento, que circuló entre círculos ambientales, es real y Gustavo Redín, abogado de CEDENMA, aseguró que hasta la tarde del lunes, varias organizaciones habían recibido la solicitud.
Mongabay Latam comprobó que hay organizaciones que no recibieron la notificación hasta el cierre de este artículo, pero para las que también estaría corriendo el plazo de 48 horas para entregar los informes. Por otro lado, las organizaciones pequeñas y las conformadas por pueblos indígenas, afros, montubios y campesinos podrían enfrentar dificultades técnicas y tecnológicas para entregar los documentos solicitados a tiempo.
En este contexto, WWF Ecuador recordó en su comunicado que la economía de Ecuador depende en un 55 % directamente de la naturaleza, en contraste con el 1 % y el 8 % que aportan el sector minero y energético, respectivamente, lo que resalta la necesidad de una institucional ambiental sólida para proteger el patrimonio natural.
Foto principal: expertos señalan que hace falta control y fiscalización para detener el incremento de la minería ilegal, uno de los mayores problemas socioambientales de Ecuador. Foto: Ejército Ecuatoriano
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