- Una comitiva indígena y autoridades del municipio de Palos Blancos afirman haber detectado maquinaria pesada, 5000 litros de combustible enterrados y mineros presuntamente ilegales extrayendo oro en territorio mosetén.
- La actividad minera, prohibida en esa zona, estaría a la cabeza de Marcelo Tellería Argani, quien fue viceministro de Políticas Mineras, Regularización y Fiscalización en 2020, y quien niega realizar minería.
- La dirigencia indígena mosetén abrió un proceso penal contra el exfuncionario, pero el acusado fue liberado y ahora la investigación sigue su curso.
- En una segunda inspección, el organismo nacional de control, la AJAM, y la fiscalía detectaron que la maquinaria y el combustible fueron retirados: solo quedaban los indicios de la actividad supuestamente ilegal.
El 13 de julio una comisión realizó un recorrido por el río Alto Beni, en plena Amazonía boliviana. Esa delegación, que estaba conformada por autoridades del municipio de Palos Blancos y líderes del pueblo indígena mosetén, asegura haber hallado 5000 litros de diésel escondidos bajo tierra húmeda, maquinaria pesada operando y mineros extrayendo oro. Estas personas llegaron a esa zona con la fachada de una empresa que debía abrir caminos para las comunidades. Ahora, este caso llegó a la Justicia y uno de los involucrados es un exviceministro boliviano.
Palos Blancos es un municipio amazónico ubicado en el norte del departamento de La Paz. Ahí sus autoridades declararon en 2024 mediante ley municipal que la región es libre de minería y que ahí se impulsa la agroecología y otras actividades económicas sostenibles.
Es por eso que una comisión conformada por 60 representantes de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), de la Organización de Mujeres Indígenas Mosetén (OMIM) y del gobierno municipal de Palos Blancos realizó del 12 al 14 de julio una inspección en las comunidades de Apichana y Muchanes para verificar la presencia de actividad minera ilegal.
Durante está inspección, los mineros reaccionaron con violencia, razón por la cual la comisión detuvo y trasladó hasta la ciudad de Palos Blancos a tres personas. Entre los detenidos figura Marcelo Tellería Argani, quien además de ser el supuesto dueño de la maquinaria fue viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización del gobierno transitorio de Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020).
Según relató a Mongabay Latam Renán Mayto, presidente de la OPIM, después de ocho horas de viaje de retorno por el río Alto Beni, la comisión presentó a los mineros ilegales agresores ante la fiscalía y policía de Palos Blancos. El dirigente confirmó que se realizaron las denuncias correspondientes ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). Además, se instaló una demanda penal contra los mineros.
La AJAM, que es la entidad pública en Bolivia que otorga permisos mineros, restringió la actividad minera en todo el municipio de Palos Blancos en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2023 y una Acción Popular, recurso legal en Bolivia que permite a cualquier persona, individualmente o en representación de un grupo, defender derechos e intereses colectivos contra actos u omisiones de autoridades o particulares que los vulneren o amenacen.
Esta entidad respondió a Mongabay Latam que en la zona de Palos Blancos no existen permisos o autorizaciones aprobados para la actividad minera y que existen peticiones suspendidas temporalmente. “Todas las solicitudes de contratos mineros han sido suspendidas temporalmente en los municipios de Palos Blancos y Alto Beni en cumplimiento a una Sentencia Constitucional y una Acción Popular”, afirmó la AJAM de La Paz. “Por lo tanto, cualquier actividad minera que se realice en la zona es ilegal”, confirmó el organismo oficial.
Pueblo indígena en alerta
Mayto expresó su preocupación por “esta grave infracción a la normativa ambiental” y al modelo de desarrollo agroecológico que desarrolla el pueblo indígena mosetén. El dirigente exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables, y pidió que se fortalezca la vigilancia comunitaria para resguardar sus territorios ancestrales.
“Estas acciones contra la minería ilegal las realizamos en cumplimiento de diferentes resoluciones de nuestro territorio indígena. Nosotros nos cansamos de pedir apoyo, de pedir que dejen de contaminar nuestros ríos, pero ahora tenemos el apoyo de los municipios de Palos Blancos y Alto Beni. Este caso ahora está en proceso legal y esperemos que haya sanciones”, afirmó Mayto.
Todo comenzó con una denuncia que alertaba sobre daño ambiental en la zona de Muchanes y Apichana, que son parte del territorio ancestral mosetén, uno de los 36 pueblos indígenas de Bolivia. Ante la gravedad de la información, el gobierno municipal de Palos Blancos coordinó con la dirigencia indígena y organizó una comisión conjunta para realizar una verificación en campo. A orillas del río Alto Beni, se constató actividad minera con remoción de suelos a lo largo de la ribera y una poza de tres metros de profundidad, según los integrantes de la comisión consultados por este medio.
Entre la maquinaria hallada durante la inspección se encontró una retroexcavadora hidráulica, una motobomba industrial, alfombras de filtrado de oro, lavadora y clasificadora de mineral. Un campamento improvisado completaba el escenario, confirmando que se trataba de una operación sostenida y organizada, según denunció Mayto.
“Ellos indican que se trataría de un mejoramiento de camino. Sin embargo, hemos verificado que se están dedicando a la minería. Las evidencias de la actividad sobre la ribera del río, la maquinaria e insumos encontrados no dejan lugar a dudas”, declaró en el lugar a la televisora municipal de Palos Blancos Juan de Dios Soto, director de la unidad de Medio Ambiente del municipio de Palos Blancos.
La autoridad local añadió que “se ha informado [a los mineros] que, de acuerdo a la Ley Municipal número 233, Palos Blancos es un municipio libre de minería y se les ha notificado con la orden de paralización y retiro inmediato”. “Como municipio procederemos a las denuncias correspondientes por la vía administrativa” dijo Soto.
El exviceministro
Marcelo Tellería Argani, viceministro de Políticas Mineras, Regularización y Fiscalización durante 2020, está denunciado como la cabeza de la empresa que estaba operando presuntamente de forma ilegal en la zona. El día de la inspección, Tellería negó que su empresa realice actividad minera y dijo que fue contratado para abrir caminos en esas comunidades.
“Yo no trabajo en minería, para nada. La máquina se alquiló para un camino, supuestamente. Ahora que algo escape al convenio que tenemos, nosotros no tenemos nada que ver. Yo no veo un trabajo minero en escala. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en retirarnos, lo que menos queremos es causar inconvenientes. Esto es un error y nosotros no queremos que haya un enfrentamiento”, dijo Tellería en esa ocasión, según quedó registrado en un video.
En contacto con Mongabay Latam, la defensa legal de Tellería afirmó que su defendido se encontraba en el lugar porque tenía un convenio con el municipio de Palos Blancos para abrir caminos. También negó que el exviceministro tenga operaciones mineras en el lugar y aseguró que su cliente se presentará si es que lo convocan a declarar. El abogado no entregó el supuesto contrato de apertura de caminos solicitado por este medio de comunicación.
Sin embargo, la Alcaldía de Palos Blancos negó que haya firmado un convenio con la empresa de Tellería para obras de caminos en las comunidades de Muchanes y Apichana. Soto insistió en que la actividad que se realizaba en el lugar era para operaciones mineras. “No hay ningún contrato con el empresario (Tellería) y menos convenios para abrir caminos”, dijo a Mongabay Latam.
El día de la inspección, las autoridades indígenas y los funcionarios de Palos Blancos llevaron a Tellería y a otras dos personas a la policía de Palos Blancos. Horas después fueron liberados bajo el argumento de que no había pruebas. Eusebia Siquimen, que es parte de la Organización de Mujeres Indígenas Mosetén (OMIM), lamentó que ese día se haya liberado a los acusados, pero también exigió que la investigación no se paralice.
“Hemos hecho la denuncia penal como pueblo indígena. Se está vulnerando nuestro territorio ancestral. Ya estamos hartos de que la minería afecte nuestras vidas, nuestras aguas. Ahora estamos esperando que el proceso avance”, dijo Siquimen.
Según Fátima Monasterio, investigadora de la Fundación Solón, se suspendieron 60 trámites de las solicitudes de operación minera que estaban en curso en estos dos municipios: Palos Blancos y Alto Beni. La condición temporal, según se refirió la AJAM, es porque debe consultar al Tribunal Constitucional el alcance de la medida, que es la sentencia constitucional, dijo Monasterio.
La experta añadió a Mongabay Latam que el 22 de julio se realizó una nueva inspección en la zona donde se había encontrado la actividad minera. Esta vez, además de la dirigencia indígena y autoridades de Palos Blancos, la comitiva estaba conformada también por la AJAM y la fiscalía.
“Se volvió hacer una inspección una semana después, esta vez con la AJAM, se hizo un ingreso ya con el investigador del Ministerio Público. En esa inspección, ya no se encontró nada. Se llevaron la maquinaria pesada, el campamento, se llevaron todo el diésel y hay indicios de que enterraron más diésel. Solo quedaron las pozas y evidencias de que estuvieron ahí. La AJAM pudo evidenciar esto y lo hizo junto a la fiscalía”, relató Monasterio.
Imagen principal: en la inspección al río Alto Beni, una comisión indígena junto a funcionarios denunciaron haber encontrado 5000 litros de combustible enterrados y supuestamente destinados a la minería ilegal. Foto: cortesía OPIM
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