- El informe fue presentado por Conservación Amazónica.
- El reporte señala que Huánuco es la región donde más ha crecido esta actividad en el último año.
- Los números también indican que actualmente hay 73 comunidades nativas con presencia de minería ilegal dentro de sus territorios.
- Además, el informe da cuenta del incremento en la cantidad de concesiones mineras, que en el último año llegaron a 1090 permisos.
La minería ilegal sigue avanzando en la Amazonía peruana. El último informe sobre el Estado actual de la minería aurífera en dicha región de Perú, realizado por la organización Conservación Amazónica (ACCA), expone el aumento de esta actividad en distintas zonas, ríos, quebradas y comunidades indígenas, donde se ha instalado la extracción ilegal de oro.
Durante la presentación del informe Minería de oro en la Amazonía peruana ¿Cómo vamos?, Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de la organización Conservación Amazónica (ACCA), ofreció un panorama poco alentador.
Para 2025, son nueve las regiones amazónicas de Perú en las que se ha detectado la actividad ilícita, dos más que las registradas en el informe presentado por ACCA en 2024. Huánuco aparece como la región más afectada por la minería ilegal en este último año, mientras que Madre de Dios reporta más de 11 000 hectáreas deforestadas por esta actividad dentro y fuera del Corredor Minero.
Las regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali, Cusco y Puno también forman parte de la lista al igual que en 2024. Cajamarca y Pasco son las dos nuevas regiones amazónicas en las que se ha detectado la extracción de oro, tanto en zonas prohibidas como en aquellas con concesiones mineras.
En el caso de ríos y quebradas —lugares donde la minería con dragas u otras maquinarias está prohibida— la cifra también ha ido en aumento. “Hemos pasado de 184 fuentes de agua [en 2024] a 225 [en 2025], un crecimiento de casi el 20 %”, indicó Novoa, durante la presentación del informe. Sin embargo, “el salto importante” para el experto ha ocurrido en la cantidad de comunidades nativas con presencia de minería, que ha pasado de 48 en 2024 a un total de 73 este año. “Nuevamente son las comunidades indígenas las más afectadas por la presencia de minería, ya sea fluvial, en cuerpos de agua, o terrestre”.
El informe también reporta la superficie forestal que se perdió por causa de la minería. En el caso de la minería ilegal han sido 47 350 hectáreas deforestadas, mientras que en las zonas con concesiones mineras la superficie deforestada alcanza 92 020 hectáreas. Se trata de casi 140 000 hectáreas en total. “Ha habido un crecimiento también importante en la afectación de las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas”, agregó Novoa, lugares que según el análisis presentado suman 21 205 hectáreas afectadas.
Otro dato del informe de ACCA se refiere al incremento en la cantidad de concesiones mineras, que en el último año alcanza 1090 permisos. Puno es la región con mayor cantidad de nuevas concesiones mineras, con un total de 290; seguida por Cusco, con 166; Huánuco, 106; Loreto, 88; Amazonas, 72; Ucayali, 60; Cajamarca y San Martín, ambas con 46; Madre de Dios, 45; y Pasco, 26.
La información de ACCA se sustenta en imágenes satelitales, información oficial del gobierno peruano y datos de las concesiones mineras otorgadas por los organismos estatales responsables de la minería en Perú.
Zonas críticas para la minería
“Ha habido incremento en la frontera de Cajamarca, en Perú, con la provincia de Loja, en Ecuador. La cuenca del río Chinchipe ha tenido un crecimiento rápido con una afectación de más de 40 hectáreas por minería ilegal”, comentó Sidney Novoa sobre el avance de la minería en Cajamarca. “Sin embargo, lo más crítico ha sido el aumento en el número de concesiones entregadas en este espacio”, agregó.
Según el análisis de ACCA se han detectado 36 hectáreas a lo largo del Chinchipe, en Cajamarca, con concesiones mineras en trámite. Las imágenes satelitales de Google Earth muestran áreas en la ribera del río afectada por la minería ilegal, así como zonas hacia el interior del bosque completamente devastadas.
“En el norte hemos agrupado las regiones de Cajamarca, Amazonas y Loreto probablemente las que han tenido un mayor crecimiento. En el caso de Amazonas, específicamente en el río Cenepa; en Cajamarca, en la quebrada Chinchipe; y en Loreto, todo en el ámbito de la localidad de Saramiriza, a lo largo del río Marañón”, describió Novoa.
En Loreto la actividad está presente en 12 ríos, con un incremento, en comparación con el año 2024, en los ríos Nanay, Chambira, Yaguas y Tigre. La zona más compleja es la del río Nanay, que de tener 310 registros de puntos de minería entre 2021 y 2024 ha pasado a 668 registros en 2025. En junio de 2025 se llegó al récord de 42 dragas en el alto Nanay, el Pintuyacu y el Chambira. La cuenca del río Marañón es otra de las zonas afectadas por la minería, principalmente por las concesiones que se superponen a este río.
La región Amazonas es otra de las zonas con presencia creciente de la minería. Según el informe, para el año 2024 se registraron 76 dragas de minería ilegal y hasta julio de este año se han encontrado 40 balsas dedicadas a la extracción de oro, principalmente en el río Cenepa, pero también en el río Santiago, el Marañón y en la quebrada de Sawintsa, una nueva zona de expansión minera.
Pasco es una de las regiones que aparece por primera vez en este informe. “Con una actividad asociada a la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, luego de la apertura de una vía hacia la comunidad de Chinchihuani, hubo también el surgimiento de un nuevo foco de minería ilegal en esta región”, aclaró Novoa. Las imágenes satelitales muestran el inicio de las actividades mineras en agosto de 2024 con pequeños focos de deforestación cerca del río Chinchihuani y que para enero de 2025 se habían extendido.
La minería en Huánuco se ha triplicado en el último año. Según este informe, en 2024 había 558 hectáreas deforestadas por minería en nueve ríos del departamento. Para agosto de 2025 esta cifra aumentó a 1763 hectáreas dedicadas a la minería, gran parte de esta deforestación se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. Las comunidades indígenas más afectadas son Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo. Pero quizá la zona más crítica es el río Yuyapichis, en el que se registraron 248 infraestructuras entre campamentos, retroexcavadoras y camiones durante la primera semana de agosto.
“En el centro hubo un crecimiento importante en la cuenca del río Aguaytía, en Ucayali, y en la frontera entre Pasco y Huánuco, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. También hay un bloque grande en la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, y en la zona de Aucayacu, en el sur de San Martín”, afirmó Novoa.
En la zona sur de la Amazonía peruana, Madre de Dios continúa siendo la zona más impactada por la minería aurífera. De acuerdo con el estudio en 2024 se encontraron 1331 dragas operando en La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, y en lo que va de 2025 ya se han contabilizado 1613 dragas.
“Hemos tenido un incremento de casi el 20 % de infraestructuras mineras en la zona, lo que se traduce cuatro personas trabajando por turno, por cada una de estas modalidades de extracción. Estamos hablando de más de 6400 personas trabajando en la zona de amortiguamiento, una cantidad similar al preoperativo Mercurio. Entonces, en La Pampa se consolida el fracaso de Mercurio”, comentó Novoa en relación a la Operación Mercurio, que se realizó en 2019 con el fin de eliminar la minería ilegal de esta zona de amortiguamiento.
Presupuesto insuficiente
“Las comunidades nativas y campesinas donde se realizan estas actividades necesitan atención del Estado”, señaló el fiscal Bratzon Saboya, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto, durante la presentación del estudio.
Saboya mencionó que durante el último operativo que se realizó en el Nanay, en julio de este año, había alrededor de 20 dragas, pero que en el último mes la cifra habría aumentado. En ese sentido, el fiscal mencionó que si no hay presencia constante del Estado para las interdicciones, pero también en otras áreas, como son los proyectos productivos o alternativos, “no se logrará avanzar en la lucha” contra la minería ilegal. “La acción de un sector o de una institución no es suficiente para manejar un problema de tanta complejidad”, agregó Saboya.
El mayor Edwin Obregón, de la Fuerza Aérea del Perú, señala en diálogo con Mongabay Latam que se está evaluando incluir a la minería ilegal dentro de las amenazas incluidas en el Plan de Inteligencia Nacional. “Actualmente forma parte de las amenazas de afectación al medio ambiente. Entonces, se está evaluando que sea considerada solamente como minería ilegal para que tenga su propio presupuesto”, comenta, y agrega que la minería ilegal “se sostiene en las redes criminales” que la financian.
César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, sostiene que el proceso en torno a la propuesta de la ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) se ha convertido en una amenaza para frenar el avance de la minería ilegal. Uno de los temas que le preocupa de esta ley es la figura de la minería aluvial, uno de los temas que se ha incluido en la propuesta de ley y que podría perder su calidad de actividad prohibida en el país.
Con relación a la presencia de minería ilegal en territorio indígenas, Ipenza comenta que le genera preocupación la situación de las comunidades nativas y los pueblos indígenas expresada en el informe y cómo se podría agravar con la propuesta de ley. En ese sentido explica que el predictamen señala que los pueblos indígenas, las comunidades nativas y las comunidades campesinas tienen el plazo de un año para solicitar concesiones mineras dentro de sus territorios y si vencido el plazo no lo solicitan, los mineros de la minería artesanal y de pequeña escala tienen 60 días para solicitar concesiones en esos territorios. “Esto obviamente lleva a una situación de mayor conflicto entre comunidades y mineros y, por otro lado, está forzando a los pueblos indígenas a convertirse en mineros”.
Imagen principal: dragas en la ribera del río Nanay, en Loreto. Foto: Ministerio Público
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