- El 20 de agosto, el Gobierno boliviano emitió un decreto supremo declarando la emergencia nacional por el avance de los incendios forestales.
- El Tribunal Agroambiental convocó a una audiencia en la ciudad de Sucre, que se celebró este viernes, y determinó reactivar tres medidas cautelares contra los incendios.
- El presidente de Bolivia, Luis Arce, estaba convocado a la audiencia, pero decidió no asistir y envió un memorial detallando el plan oficial contra incendios.
- Según el Tribunal Agroambiental, en lo que va de 2025, ya existen al menos 4.4 millones de hectáreas afectadas por las quemas en el país.
El Tribunal Agroambiental de Bolivia reactivó en una audiencia tres medidas cautelares contra los incendios forestales. Estas disposiciones deben ser aplicadas desde el 1° de septiembre con el fin de evitar quemas en los bosques bolivianos, sobre todo en las áreas protegidas. Las medidas no podrán ser anuladas a pesar de los incidentes que logren presentarse y los recursos legales que están pendientes de resolución. La audiencia que se desarrolló este 29 de agosto ingresó a un cuarto intermedio hasta el lunes 8 de septiembre.
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En esta audiencia estaba convocado el presidente de Bolivia, Luis Arce, y diez de sus ministros para que informen las medidas que se aplican para evitar más quemas y así no llegar a la dramática realidad de 2024, cuando más de 12 millones de hectáreas de bosques bolivianos fueron afectadas por los incendios. El mandatario y sus ministros no llegaron a la audiencia, que se desarrolló en la sala principal del Tribunal Agroambiental, en la ciudad de Sucre.
Según fuentes de este tribunal consultadas por Mongabay Latam, el presidente boliviano envió un memorial justificando su ausencia y mostrando los planes que está ejecutando el Gobierno contra los incendios forestales.
El tribunal adoptó las siguientes disposiciones durante la audiencia, que fueron publicadas en su página digital: la atención inmediata a incendios forestales; la transparencia en el uso de recursos económicos; y medidas sobre la investigación de delitos ambientales.
En cuanto al primer punto, se dispuso que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua deberá atender con “carácter de urgencia” la sofocación de los incendios forestales en tierras fiscales no disponibles y en las áreas protegidas administradas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), coordinando las acciones necesarias “ante el inminente peligro en diferentes regiones del país”.
La segunda disposición establece que “el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá informar sobre la asignación de recursos antes de la admisión”, en el marco del Decreto Supremo que declaró la emergencia nacional. Esta instancia también deberá informar sobre los recursos otorgados por la cooperación internacional.
La última disposición se refiere a la investigación de delitos ambientales. “En aplicación del principio de prevención y en defensa de la Madre Tierra, se exhorta a la Fiscalía General del Estado instruir a las fiscalías especializadas el inicio de investigaciones de oficio por los delitos de acción pública vinculados a los incendios forestales”. En este punto el Ministerio Público deberá remitir al tribunal los antecedentes de los casos en trámite, en el marco de la cooperación interinstitucional.
“Situación crítica”
El gobierno boliviano calificó este inicio de temporada de incendios como una “situación crítica” y emitió alertas roja y naranja en 66 municipios de seis departamentos del país. La alerta roja se aplica a 18 municipios: 15 en Santa Cruz, uno en Cochabamba, uno en La Paz y uno en Beni. Por otro lado, la alerta naranja es para 48 municipios, distribuidos de la siguiente manera: 17 en Beni, 15 en Pando, nueve en Santa Cruz, tres en Cochabamba, tres en Tarija y uno en La Paz.
Además, el gobierno boliviano aprobó el 20 de agosto un decreto supremo que declara la emergencia nacional por la escalada de incendios forestales. Ese mismo día, el Tribunal Agroambiental ratificó que la pausa ecológica está vigente en todo el territorio nacional, lo que significa que están prohibidos los chaqueos, las quemas y cualquier uso del fuego.
En la audiencia de este viernes participaron diversas organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas fue la Fundación Tierra, que informó a Mongabay Latam que las partes afectadas por las decisiones del tribunal –sobre todo empresarios agroindustriales y ganadores- pueden presentar incidentes contra la determinación judicial, pero ninguno de esos procesos puede suspender la aplicación de medidas de protección contra los incendios.
La autoridad judicial remarcó la existencia de peligro inminente por las “4.4 millones de hectáreas que actualmente están generando incendios y una catástrofe ecológica en Bolivia”.
Además, el Tribunal Agroambiental recordó que la decisión asumida se sustenta también en el Acuerdo de Escazú, que faculta a los Estados a decretar medidas provisionales y precautorias para cesar o mitigar daños ambientales graves. En este caso, la motivación es la emergencia nacional que representan los incendios.
Imagen principal: zona de fuego activo en el Parque Noel Kempff Mercado, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Foto: cortesía Viceministerio de Defensa Civil
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