- El pueblo tacana afirma que un grupo de avasalladores ingresaron a su territorio y al parque Parque Nacional Madidi con el objetivo de construir vías o caminos.
- Además, aseguran que el área avasallada es una zona de tránsito de pueblos indígenas no contactados.
- Los referentes indígenas acudieron al Defensor del Pueblo para que haga de intermediario en su denuncia.
- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) asegura que no aprobaron actividad minera al interior del Madidi y los guardaparques afirman haber detectado el ingreso de diésel a la reserva para la minería ilegal.
El pueblo tacana en Bolivia está en alerta. Referentes del pueblo indígena denunciaron avasallamiento de tierras y la apertura ilegal de caminos que afectarán al Parque Nacional Madidi y al área de conservación del Bajo Maddi. Además, aseguraron que se verán impactados el propio territorio tacana, en el municipio de Ixiamas, en el norte de La Paz, y la zona de tránsito de pueblos indígenas no contactados. Esta denuncia fue presentada ante la Defensoría del Pueblo. Además, los guardaparques de la zona reclaman por el ingreso de carburantes para minería ilegal en el Madidi.
El presidente de la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITRMD), Roland Mejía, informó a Mongabay Latam que entregaron el 5 de septiembre una carta al defensor del pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, exponiendo sus reclamos.
“Nosotros hemos identificado que un grupo de avasalladores de tierra están impulsando la apertura de caminos, cuya única finalidad es destruir áreas protegidas naturales, como el parque Madidi y el Bajo Madidi. También quieren destruir nuestro territorio y la zona de tránsito donde están los pueblos indígenas no contactados”, afirmó Mejía.
El dirigente indígena explicó que el grupo de avasalladores son externos al pueblo tacana y desconoce qué actividad económica intentan realizar en el Madidi, pero sospecha que son contratados por mineros para que abran caminos. “Primero están tomando algunos terrenos, se están asentando y tienen la intención de abrir caminos, ya que algunos comuneros vieron maquinaria. Lo más seguro es que sea para minería ilegal”, dijo.
El Parque Nacional Madidi resiste ante la invasión de mineros auríferos, quienes avanzan poco a poco por ríos y comunidades indígenas, destrozando una de las reservas más biodiversas del mundo, como viene documentando Mongabay Latam. A la minería ilegal, se suman las intimidaciones a los guardaparques y la intención de construir vías ilegales en medio del parque.
En el Madidi, ubicado en el norte del departamento de La Paz, habitan más de 12 000 especies de plantas vasculares, 1100 especies de aves y cerca de 300 especies de mamíferos. Además, esta reserva reúne bosques nubosos, selvas de tierras bajas, ríos, arroyos, pantanos y hasta glaciares ubicados en los Andes bolivianos. El Madidi es hogar del 3.7 % de los vertebrados y casi del 10 % de las aves que vuelan los cielos de Bolivia.
Mejía reclama que las invasiones violan diversas normativas nacionales e internacionales, incluyendo la Ley 1333 de Medio Ambiente, la Ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 477 contra el avasallamiento y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan la consulta previa, libre e informada y la protección de los pueblos en aislamiento voluntario.
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“Nosotros, a través de la carta oficial fechada el 5 de septiembre, como autoridades indígenas advertimos que un grupo de terceros promueve obras viales que cruzan zonas habitadas y de tránsito de comunidades indígenas altamente vulnerables, poniendo en riesgo su derecho a la autodeterminación, su modo de vida y la biodiversidad amazónica”, detalló Mejía.
Exigencia al Estado
Mejía afirmó que las comunidades indígenas exigen a las autoridades detener de inmediato estas intervenciones, que aseguren un proceso transparente conforme a la ley y prioricen la protección de los derechos indígenas y del medio ambiente.
“Hemos pedido al Defensor del Pueblo que tome las medidas urgentes necesarias para detener esta intervención y realizar un proceso transparente conforme a las leyes. Confiamos en que se priorizará la protección de nuestro entorno a los derechos de los pueblos no contactados y comunidades indígenas”, recalcó Mejía.
En la carta, el pueblo tacana avisa que, de no ser atendida esta denuncia, toda la responsabilidad recaerá sobre las autoridades competentes, advirtiendo que se reservan el derecho de tomar medidas legales si la situación no es atendida.
Ruth Alipaz es la representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap). La líder indígena lamentó que en el Madidi la minería ilegal esté avanzando sobre su territorio. Ella aseguró que la extracción de oro avanza lentamente por los ríos amazónicos que son parte de la reserva y que los mineros pretenden consolidar una carretera que atraviesa la zona de “protección estricta” del Madidi.
“Ellos [los mineros] están intentando por varios lados ingresar a la zona estricta de la reserva. Me imagino que la denuncia de los hermanos tacanas es porque hay avasalladores que están dañando su territorio y eso ayuda a los mineros porque habría vías que se están abriendo”, cuestionó Alipaz.
La dirigente añadió que la minería ilegal está avanzando por el río Tuichi, que atraviesa la zona núcleo del Madidi. Además, denunció que los mineros, en complicidad con algunos comuneros, expulsaron a guardaparques del lugar para extraer el oro sin problema. “En muchos casos no se puede hacer mucho. Ellos tienen mucho poder”, lamentó.
Mongabay Latam intentó conocer una posición de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), pero no tuvo respuesta. Sin embargo, esta entidad, que en Bolivia es la encargada de aprobar los permisos de actividad minera, condenó “enérgicamente” hace un mes cualquier actividad minera ilegal que afecte la protección del Madidi. Esta institución pública, en un comunicado, afirmó “categóricamente que no ha otorgado ni otorgará derechos mineros en el Madidi”.
“La AJAM, desde septiembre de 2022, ha implementado medidas definitivas que restringen la reserva de áreas mineras y la otorgación de contratos mineros en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, conforme a su norma de creación, y posteriormente conforme a la Resolución N° 042/2023 y 051/2023 emitida por el Juzgado Agroambiental de La Paz que prohíbe la actividad minera en el río Tuichi”, dice parte del comunicado.
Ingresó de diésel al Madidi
Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación de Guardaparques de Bolivia (Abolac), denunció el ingreso de diésel al parque nacional Madidi, que, según explicó, es destinado a la minería ilegal que opera en el área protegida. El combustible pasa por las trancas de control sin que se fiscalice, dijo.
“Está ingresando más diésel al Madidi para la minería. Así, con absoluta normalidad ingresa el diésel al Parque Nacional Madidi, pasando por la tranca de control establecida en la población de Apolo, en el cruce a Santa Cruz del Valle Ameno, que está a cargo del Ejército, pero que fue totalmente vulnerada por los mineros. Ese combustible está ingresando sin ningún tipo de control”, criticó Uzquiano.
El guardaparque atribuye esta situación al escaso control militar en zonas cercanas a las reservas naturales, a la complicidad de dirigentes, a la apatía de la sociedad civil y, particularmente, a la falta de apoyo a las áreas protegidas, lo que está llevando a la “destrucción inminente del área protegida más biodiversa del mundo”.
“Nosotros los guardaparques no recibimos ningún tipo de apoyo efectivo para el cumplimiento de nuestra labor en la lucha contra la minería ilegal. Estamos mendigando durante días por unos cuantos litros de diésel para realizar nuestro trabajo. Como guardaparques pedimos a las autoridades realizar el seguimiento para constatar cuál es el rol que cumplen los efectivos militares asignados a esa tranca”, resaltó Uzquiano.
Bolivia atraviesa una crisis económica que incluye la falta de carburantes en estaciones de servicio, sobre todo de diésel. Muchos transportistas hacen filas en las estaciones durante días para obtener el combustible, pero los mineros obtienen el diésel de contrabando y lo ingresan ilegalmente a las zonas mineras.
“Directamente son las cooperativas mineras las que están metiendo el diésel, que ya no serían cooperativas sino empresas mineras, que también están asociadas con empresas chinas. Al interior del Madidi las comunidades no necesitan tanto diésel. Entonces, esas grandes cantidades que están metiendo es solamente para la minería ilegal”, reclamó Uzquiano.
Mongabay Latam solicitó su versión de los hechos al Ministerio de Defensa, del cual depende el Ejército, pero la entidad pidió que se envíe un escrito físico al Comando General del Ejército y no habilitó la posibilidad de consultar vía correo electrónico o teléfono. Este medio recurrió entonces a una fuente militar, que reiteró el mismo procedimiento.
Una de las zonas críticas en el Madidi es la comunidad Santa Cruz del Valle Ameno, en el municipio de Apolo. Es por este pueblo que se ingresa al Madidi y ahí se encuentra un puesto de control de los guardaparques que, desde hace un año, ya fue rebasado por los mineros. Los comuneros de esa área denuncian que por ahí ingresan varias camionetas cargando barriles de diésel para que funcionen las máquinas de los mineros, según fuentes consultadas por Mongabay Latam que piden reserva de su identidad.
De acuerdo con los informes de los guardaparques, en siete días del mes de abril de este año ingresaron al Madidi 53 000 litros de diésel por la comunidad Santa Cruz del Valle Ameno. De esa cantidad de combustible, 6600 litros tuvieron como destino a Santa Rosa y 46 640 litros fueron hacia Virgen del Rosario Santa Clara, dos poblados pequeños que están al interior del área protegida y donde la minería avanza sin control.
Otras de las comunidades afectadas por la minería ilegal son Azariamas y Suyo Suyo, dos zonas que están en el núcleo de la reserva natural, según Edgar Villca, quien es parte del Control Social de las poblaciones inmersas en el Madidi y otras áreas protegidas. El Control Social es una organización de comunidades y sindicatos que tratan de proteger sus territorios.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) anunció a inicio de agosto que realizará una inspección en las zonas del Madidi donde había denuncias de minería. Hasta la fecha no hay información oficial de esa inspección.
Imagen principal: recorrido de vigilancia de los guardaparques en el Parque Nacional Madidi. Foto: archivo / cortesía Marcos Uzquiano
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