- La Justicia Agroambiental boliviana emitió una resolución para que autoridades nacionales y regionales cumplan con las medidas cautelares destinadas a mitigar y sofocar los incendios forestales.
- En caso de que no cumplan la orden, los jueces advirtieron que remitirán los antecedentes al Ministerio Público para iniciar procesos penales.
- El Gobierno y empresarios del agronegocio presentaron incidentes contra las medidas cautelares, pero el tribunal rechazó las impugnaciones.
- Activistas ambientales celebraron la medida del Tribunal Agroambiental, que reconoció el trabajo de los defensores ambientales, y piden que se haga seguimiento al fallo.
El Tribunal Agroambiental de Bolivia estableció un plazo de 48 horas a las autoridades nacionales y subnacionales para cumplir con las medidas cautelares destinadas a mitigar y sofocar los incendios forestales en el país. En caso de incumplimiento, esta instancia advirtió que remitirá los antecedentes al Ministerio Público para iniciar procesos penales. Además, desestimó las impugnaciones presentadas por agroempresarios y el Gobierno contra una Acción Popular contra las quemas.
Las decisiones se dieron este lunes 8 de septiembre, cuando el Tribunal Agroambiental reanudó una audiencia que había entrado a un cuarto intermedio el 1° de septiembre. En aquella fecha, esta instancia judicial reactivó tres medidas cautelares contra los incendios forestales. En la última audiencia ratificó esa decisión y emitió otras disposiciones. Entre ellas instruyó a los jueces agroambientales, especialmente en la Amazonía, la Chiquitania y el Chaco, activar de oficio su competencia constitucional para fiscalizar, controlar y supervisar las acciones de mitigación y respuesta a la emergencia por los incendios. Para ello, deben elaborar informes detallados y documentados respecto a los planes de respuesta, así como la supervisión de su cumplimiento.
Si las autoridades nacionales y subnacionales incumplen la orden judicial, el tribunal remita el incumplimiento al Ministerio Público a fines de iniciar el proceso penal, sin descartar medidas económicas, según la resolución.
Además, esta decisión judicial reconoce que los defensores ambientales asuman un rol protagónico en la conservación y mitigación, garantizando la efectividad contra los incendios. También establece que el Estado asegure a los bomberos forestales todos los recursos y condiciones necesarias para enfrentar los incendios; y que la Asamblea Legislativa Plurinacional revise, analice y armonice la normativa vigente, en particular las denominadas “normas incendiarias”.
Además, establece que, en caso de una posible omisión legislativa, se exhorte a la Asamblea a debatir y aprobar una nueva ley contra los incendios; que se defina y garantice el rol de los jueces agroambientales en la aplicación de lo decidido por el tribunal Los jueces también determinaron que las medidas sean dinámicas, es decir, puedan ser modificadas, ampliadas o levantadas según la evolución de los incendios; y que se establezcan garantías específicas para las personas defensoras ambientales.
“Esta es una resolución que abre un precedente: la Justicia agroambiental reconociendo el derecho de la sociedad civil a vigilar, exigir y actuar frente a la destrucción de nuestros bosques”, afirmó Stasiek Czaplicki Cabezas, economista ambiental independiente.
El 29 de agosto, en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, se realizó la primera audiencia pública a partir de la Acción Popular interpuesta por siete activistas contra los incendios y desmontes. En plena época de incendios forestales en Bolivia, varias instituciones de la agroindustria y del Estado boliviano desplegaron varios memoriales que buscaban anular la causa con argumentos de incompetencia, nulidad o supuestos defectos de la demanda. Sin embargo, el tribunal los rechazó este lunes.
Las partes que impugnaron
Los ministerios de Economía, Gobierno, Justicia, Medio Ambiente y Agua, Presidencia, Desarrollo Rural y Tierras, Defensa y hasta las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana coincidieron en cuestionar la admisión del proceso o en pedir su inconstitucionalidad. A ellos se sumaron los principales gremios empresariales del agronegocio en Bolivia, como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), que intentaron sepultar la demanda antes de que avance.
En Bolivia, una Acción Popular es un mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos participar activamente en la tutela de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el medio ambiente, el espacio, seguridad y salubridad pública, entre otros.
En ese sentido, a través de este recurso, que se encuentra consagrado en la Constitución boliviana, los ciudadanos pueden denunciar actividades que estén afectando negativamente el bienestar y calidad de vida de la población, y solicitar a los tribunales que intervengan.
En este proceso, se presentaron 39 memoriales en el marco de la Acción Popular. Entre ellos, 14 de los “amigos del tribunal”, que son activistas y organizaciones civiles que buscan influir sin ser parte directa a favor de la causa. Además, se entregaron 15 excepciones de distinto tipo, principalmente alegando que el Tribunal Agroambiental no tiene competencia; un incidente de nulidad para anular el proceso; y seis recursos de reposición para revertir la admisión de la demanda.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua una posición sobre la disposición del Tribunal Agroambiental, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuestas.
El fallo la Justicia Agroambiental también instruye al Consejo de la Magistratura -que es la instancia responsable de ejercer la función disciplinaria de la Justicia- a designar con urgencia jueces agroambientales para cubrir las vacancias en todo el país, recurriendo a la lista de egresados de la Escuela de Jueces del Estado o a nuevas convocatorias. Además, deberán nombrarse equipos técnicos de apoyo para garantizar la continuidad del servicio de Justicia agroambiental.
La resolución también aclara que las medidas cautelares podrán ser modificadas, ampliadas o dejadas sin efecto si cumplen su finalidad o si la Sala Plena determina otras acciones más eficaces. El énfasis, según la disposición, fue puesto en prevenir, mitigar y sofocar los incendios forestales en el marco de una emergencia nacional que pone en riesgo no solo a los ecosistemas, sino también a pueblos indígenas y áreas protegidas.
Presencia de activistas
Previa a la lectura de la resolución, más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, autoridades, instituciones y organizaciones hicieron uso de la palabra. Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra, calificó a los incendios de 2024 como “el mayor desastre ambiental en la historia de Bolivia” con más de 12.5 millones de hectáreas quemadas, lo que representa el 10 % del territorio nacional.
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El experto explicó que los focos de fuego se concentraron en el departamento de Santa Cruz y están estrechamente vinculados a la expansión de la frontera agrícola. “La relación es de uno a 13. Entonces, cuando otorgamos un permiso para quemar una hectárea hay que pensar que existe un riesgo de que 13 hectáreas más se quemen por efecto de los incendios descontrolados”, advirtió.
Por su parte, Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), alertó sobre el impacto acumulado en al menos 18 pueblos indígenas de tierras bajas, varios de ellos en situación de alta vulnerabilidad. El experto recordó que los incendios provocaron desplazamientos forzosos, pérdida de medios de vida y la devastación de hasta un 85 % de bosques en diferentes territorios, como en las comunidades de Monteverde y Guarayos.
“Los incendios forestales se están constituyendo como uno de los principales mecanismos que agrava la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas, llegando en algunos casos a los límites muy cercanos al etnocidio”, afirmó Vargas. En ese marco, pidió al Tribunal Agroambiental aplicar el principio de precaución y ordenar medidas cautelares que impidan nuevos desmontes y quemas en zonas indígenas y de intangibilidad.
En la audiencia, el representante del presidente de Bolivia, Luis Arce, desglosó las acciones que realiza el Gobierno para sofocar los incendios forestales, entre ellas acciones tácticas y medidas jurídicas. “A la cabeza del Presidente del Estado se están realizando todas las acciones en el marco de sus competencias correspondientes”, dijo el abogado del mandatario.
También explicaron sus acciones el Ministerio de Gobierno, de Defensa y de Medio Ambiente y Agua.
Imagen principal: los incendios forestales en Bolivia afectaron en 2024 más de 12.5 millones de hectáreas de bosques, de acuerdo con Fundación Tierra. Foto: cortesía ABI
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