- Astrid Torres es coordinadora de la ONG Programa Somos Defensores y miembro de la red de la organización internacional Global Witness, que publicó en los últimos días su informe sobre los países más peligrosos para proteger el ambiente en 2024.
- Colombiana y con una visión regional, Torres explica por qué Latinoamérica concentró el año pasado el 82 % de los asesinatos y desapariciones de defensores ambientales en el mundo.
- Además, profundiza sobre su país, número uno del ranking de Global Witness por tercer año consecutivo.
- El crimen organizado, la expansión del extractivismo, Estados ausentes, la cohesión de la sociedad civil y el alto grado de activismo en defensa de la tierra, las claves de una región atravesada por la violencia.
Astrid Torres, coordinadora de la ONG Programa Somos Defensores, integra una de las organizaciones que busca la protección de defensores ambientales en Colombia, entre otros liderazgos en derechos humanos. Es también una de las entidades de la sociedad civil que colabora con la organización internacional Global Witness, que cada año publica el ranking de los países más peligrosos a la hora de defender el ambiente y el territorio.
En su último informe, Global Witness sostuvo que el 82 % de los casos de homicidios y desapariciones de defensores en el mundo durante 2024 ocurrieron en Latinoamérica. Colombia encabeza el ranking, con 48 casos, seguido por Guatemala, que en 2024 quintuplicó sus asesinatos de defensores ambientales, con 20 casos.
México ocupa el tercer lugar (19 casos). Siguen Brasil (12 casos), Honduras (seis casos), Nicaragua y Perú (cuatro casos respectivamente), Ecuador (tres casos), Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana (con un caso por país).
Torres profundiza en diálogo con Mongabay Latam las causas detrás de la violencia, cómo esperan los expertos que se comporten los sistemas oficiales de protección en nuestros países y cómo la unidad regional de la sociedad civil cultiva la esperanza en los defensores ambientales para continuar con su trabajo a pesar de las adversidades. Los escenarios más preocupantes en Latinoamérica, el caso de Guatemala y por qué Colombia sigue encabezando el ranking.
—Durante la presentación del último informe de Global Witness, la semana última, hizo hincapié en que el sistema de protección de los y las defensoras en Colombia es reactivo y no preventivo. Lo mismo sucede en otros países de la región, como México y Honduras, según explicó. ¿Cómo debería ser un sistema de protección oficial preventivo?
—Lo que queremos significar es que tiene que haber acciones [de los Estados] que contribuyan a que los riesgos que padecen las personas defensoras no se materialicen. En el caso colombiano, el país tiene entidades como el Ministerio Público o la Defensoría, que emite informes que sostienen que en determinados departamentos de Colombia hay una situación inminente de riesgo, donde las comunidades son confinadas y donde los líderes pueden ser asesinados. Las autoridades reciben esos informes pero no hacen nada con ellos.
¿Qué requeriría un sistema preventivo? Si hay una alerta sobre posible confinamiento de personas defensoras y comunidades, pues entonces la institucionalidad tendría que activarse para prevenir el confinamiento. Entonces eso implicaría alertas a las comunidades. Implicaría volcar la institucionalidad civil, más que la militar, a que acompañen a las organizaciones, a que acompañen en los territorios. La idea es evitar el confinamiento. Si el confinamiento se produce, el riesgo ya es inminente.
Se ha solicitado al Gobierno Nacional que haga análisis de riesgo robustos, importantes, que tengan en cuenta no solo los actores armados legales, sino también ilegales, el tema del extractivismo, las economías ilegales, y que a partir de esos análisis trace rutas de prevención. Se siguen haciendo análisis de riesgo que no es contextualizado, es decir, sin tener la dimensión de los problemas que pasan en el territorio, el número de actores -en un mismo territorio puede haber hasta ocho actores armados, legales e ilegales-, el empresariado, el extractivismo.
Hemos tenido fuertes discusiones con el Estado colombiano porque no reconoce el extractivismo y los contextos empresariales como posibles motores de riesgos de agresión.
Si usted no tiene en cuenta esos elementos que acabo de decir para los asuntos preventivos, cuando usted va a reaccionar o el Estado, en ese caso, va a reaccionar, pues no hace tampoco una reacción contextualizada. ¿Entonces que se requiere? Se requiere articulación del Gobierno y demás entidades del Estado para que generen toda una ruta preventiva para los riesgos que enfrentan las personas defensoras. Se requiere que haya capacidad de coordinación, en el caso de Colombia, pero también de los otros territorios de América Latina. Se requiere que las autoridades regionales y el Gobierno Nacional hablen, generen planes conjuntos. Cada una dice qué le compete, pero nunca actúan de manera articulada en los temas de prevención y protección para las personas defensoras.
—El informe sostiene que el 82 % de los asesinatos y desapariciones de defensores ambientales en el mundo ocurrieron en Latinoamérica. Pero existen otros escenarios tan violentos como África y Asia. ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Tiene que ver con la fuerte actividad de la sociedad civil latinoamericana y la alta resistencia?
—Creo que tiene que ver en parte con eso. En el sur global, en América Latina, África y Asia, uno encuentra muchos procesos de resistencia, Pero sí creo que la matriz de América Latina es una matriz bastante compleja. Por un lado, existen unos fuertes procesos históricos de resistencia, de la defensa de la tierra, el territorio, incluso desde los procesos de colonización. Recordemos que aquí siempre hemos tenido una marca muy fuerte en la defensa de la vida. También nuestros procesos sociales, políticos y territoriales.
Tenemos gobiernos que tratan de ser de avanzada, como el caso colombiano, y que incluso padecen la violencia letal contra personas defensoras. Encuentras países con cierres de espacios cívicos, como Nicaragua, El Salvador. Restricciones muy fuertes a los procesos organizativos, como en Argentina, como en Perú, en Ecuador. Hay una matriz muy explosiva y en permanente ebullición.
¿Quiénes fueron las 48 personas asesinadas en Colombia en 2024? Todos defendían la tierra y el territorio. ¿Contra quién? Contra intereses particulares, contra intereses de grupos armados ilegales. Y eso yo creo que hay que leerlo a la luz de cuáles son las luchas sociales que se libran. Entonces, creo que en América Latina está ese tinte histórico, pero además está esa variable de crimen organizado que es muy fuerte.
También tiene que ver con ese contexto empresarial y de extractivismo, que, por lo menos en América Latina, se ha profundizado muy fuerte y que obviamente ha sido un territorio donde los gobiernos le han abierto las puertas históricamente a las empresas sin muchas limitaciones. Creo que la dependencia que tenemos en América Latina de ciertas economías nos pone en un lugar frágil.
—Guatemala quintuplicó sus casos de asesinatos de defensores ambientales en un año. ¿Qué pasó?
—Lo que señala Global Witness es que los asesinatos han crecido también en razón de esas luchas que se han venido dando en el territorio contra el extractivismo, contra el crimen organizado. El caso de las mujeres luchadoras indígenas, pero también campesinas, está siendo muy fuerte en Guatemala. Se oponen a intereses particulares. Siento que el caso de Guatemala obviamente tiene que ver con esos niveles de represión, pero sobre todo con esos niveles de actuación tanto del crimen organizado como de empresas del extractivismo.
—Colombia continúa en el puesto número uno del ranking de asesinatos y desapariciones de defensores ambientales. ¿Cuál es la combinación de factores que fijaron a Colombia en el tope del ranking?
—La violencia contra personas defensoras ha sido una marca en Colombia. Esto empezó en los años 70. Si bien en el gobierno de [Gustavo] Petro bajó, son ya tres años que el país encabeza el ranking de Global Witness a nivel mundial. Ahora, descendieron los asesinatos. Tú ves, por ejemplo, el reporte de Global en 2023 y fueron 79, bajó a 48.
Colombia se mantiene en el primer lugar, primero, porque no ha resuelto los problemas de desigualdad social. Eso está atado a la continuidad del conflicto político, social y armado después de la firma del Acuerdo de Paz. Pese a que el gobierno de Petro abrió las puertas [para negociar] a los grupos armados ilegales, paramilitares, grupos postacuerdo de paz, conocidos como disidencias, el ELN [Ejército de Liberación Nacional], bandas criminales, alianzas criminales que son en la mayor parte responsables de los asesinatos de personas defensoras, realmente estos actores armados no tienen una apuesta real, clara, contundente para el tema de paz.
Los grupos armados persiguen, hostigan, acosan a los defensores, defensoras, líderes y lideresas de la tierra, del territorio. Aquí cada dos días matan a una persona defensora, pero también tenemos que aumentó el secuestro, la desaparición y los atentados y aún así la gente no renuncia a luchar por su tierra, su territorio, por una vida digna. Tampoco nos rendimos.
Hay otra variable: la impunidad. Sigue siendo muy alta: el 87 % de asesinatos en Colombia entre 2016 y 2024 no han sido esclarecidos. Incluso la propia Fiscalía General de la Nación ya lo dijo en el informe que sacó en febrero.
También tiene que ver con el avance de las conflictividades socioambientales en Colombia. Tenemos más de 170 conflictos socioambientales mapeados. Eso obviamente también genera riesgos para la vida de las personas defensoras, líderes y lideresas.
El tema de las economías ilegales es muy fuerte, los actores armados, ilegales, el narcotráfico, la minería, la tala de bosques se han vuelto economías productivas y funcionales y son llevadas adelante por los actores armados, que las imponen en los territorios. Los líderes y lideresas se oponen a esto.
Y creo que otras razones también tienen que ver con que los líderes y lideresas siguen sin ser protegidos. La pregunta es: sabiendo todo esto, ¿por qué esas 48 vidas no fueron protegidas durante 2024?
—Habló de la impunidad. ¿Cómo evalúa el rol de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos Fiscales en Colombia y la región?
—Uno de los factores permanentes sobre los que tenemos discusiones como líderes y lideresas es que no hay realmente un sistema judicial que realmente esté decidido a luchar contra la impunidad. Y eso yo creo que lo vemos en el caso de México, en los casos contra mujeres buscadoras, contra líderes y lideresas ambientalistas que no se esclarecen. Lo mismo sucede con los casos de Guatemala, los casos de Honduras o los casos de Ecuador.
La CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] habló de las recomendaciones de cara al seguimiento de la situación de personas defensoras en la región. Pero también dice: no se investigan los crímenes en su contra, pero sí se utiliza el sistema judicial para criminalizar a los defensores. Entonces, creo que la discusión es profunda, porque realmente no solo son los asesinatos, sino que incluso también son las otras agresiones que no se investigan y sancionan.
—Resaltó también el rol del extractivismo. Aún no existe un mecanismo claro de rendición de cuenta de las empresas a nivel internacional. ¿Cómo podría funcionar para que las empresas rindan cuentas sobre la violencia contra los defensores ambientales?
—Una de las cosas que más han dicho las organizaciones de derechos humanos es justamente la necesidad de tener sistemas, no solo de información, no solo de seguimiento a la actuación empresarial, sino de limitar el poder excesivo que tienen las empresas extractivas en nuestros países. Eso implica un papel decidido de la Justicia y la revisión de los tratados [internacionales]. Eso implica un conjunto de normas fuertes que protejan internamente la tierra, el territorio, los bienes comunes, las comunidades. Implica también saber qué pasa con esas empresas en Europa y en Estados Unidos, donde están sus casas matrices, sus comportamientos, sus políticas y sus posiciones frente al tema de derechos humanos.
Esto tiene que ser una conversación en el campo de la matriz institucional de los Estados y de los gobiernos.
—¿Qué le sorprendió más de los resultados del informe de 2024?
—Uno generalmente mira esto más como una matriz, no ve lo positivo. Pero sin embargo a mí me parece muy interesante una lectura que hicimos hace poco: hay muchos procesos de resistencia desde Chile, pasando por Argentina hasta México. O sea que la gente resiste. En América Latina vienen emergiendo muy fuerte las mujeres buscadoras como defensoras de derechos. Eso es una categoría muy precisa de América Latina. Aun en medio de las dificultades de 2024 y 2025, vemos a las organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos en la región innovando en materia de autoprotección. No estoy hablando de la protección del Estado, sino de las organizaciones.
Además, nos seguimos juntando como organizaciones sociales para no perder la esperanza. Y a mí eso me parece tan valioso. Me parecen interesantes también las discusiones que se vienen presentando alrededor de cómo proteger la Amazonía como un asunto de América Latina.
Nos hemos juntado para hacer acciones conjuntas de cara a la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos], para pensar resoluciones de cómo enfrentar al crimen organizado.
Además, pese a las dificultades de los contextos de Nicaragua y El Salvador, donde las personas defensoras se han tenido que ir de esos territorios, es bonito ver, y hay que reivindicar, que han seguido luchando por defender sus derechos en otros países.
En el caso de Colombia, hay un movimiento social que ha tratado de hablar con el Gobierno sobre políticas públicas, sobre paz, sobre cómo enfrentar la crisis humanitaria, aunque este Gobierno no haya escuchado tanto.
—Esa esperanza y unidad la ve a nivel regional entre la sociedad civil…
—Sí, nosotros hemos apostado por defender la vida, la tierra, el territorio, América Latina, la naturaleza. Construir democracia, construir paz. Entonces, yo creo que ahí está nuestra fuerza y resistencia sobre la que arrancamos hablando en esta conversación. La matriz de América Latina es de mucha resistencia y creo que eso es lo que hace que nosotros nos levantemos todas las mañanas, luchemos y creamos que es posible.
Imagen principal: Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, en Colombia, durante una actividad con comunidades. Foto: cortesía Somos Defensores
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