- Entre 2021 y 2024, nueve buques japoneses desembarcaron en el puerto del Callao más de 17 toneladas de aletas de tiburón, contenidas en 713 sacos.
- Fiscales ambientales y expertos en derecho ambiental y pesquero coinciden en que los desembarques fueron ilegales puesto que la normativa nacional prohíbe, desde 2017, el desembarque de aletas de tiburón que no estén adheridas al animal.
- La norma busca impedir el delito de aleteo, una práctica cruel que consiste en cortar las aletas y descartar el cuerpo del tiburón, a menudo aún con vida.
- A pesar de la ilegalidad, ninguna sanción fue impuesta por los inspectores del Ministerio de la Producción, quienes tampoco alertaron a la fiscalía, mientras que los privados involucrados en la operación presentaban antecedentes.
Cada año, millones de tiburones son capturados y sacrificados en todo el mundo únicamente por sus aletas. Esta parte, que no representa más que el 5% del cuerpo del animal y que sirve para elaborar una sopa finísima, sinónimo de estatus en países asiáticos, está entre los productos pesqueros más valiosos del mundo. Se estima que el mercado global de aletas mueve hasta 550 millones de dólares, sin contar el dinero que surge de las transacciones ilegales. La riqueza generada en torno a este producto es también el yugo de estas especies, muchas de ellas amenazadas de extinción.
Uno de los estudios científicos más recientes advierte que la cantidad de tiburones muertos anualmente debido a la pesca aumentó de 76 millones a 80 millones de individuos. Ello, a pesar de que las regulaciones en el mundo para controlar las capturas y frenar el aleteo, una práctica que consiste en cortar las aletas de los tiburones y descartar el cuerpo agonizante en el mar, se multiplicaron por 10 entre 2012 y 2019.
Perú es uno de esos países que avanzó en su legislación. En 2017 prohibió el aleteo, y para asegurarse de que el delito no se cometa estableció que ninguna embarcación, ya sea nacional o extranjera, puede desembarcar aletas sueltas, es decir, que no estén adheridas al animal.
A pesar de esta estricta norma, Mongabay Latam descubrió que, entre enero de 2021 y junio de 2024, nueve embarcaciones japonesas desembarcaron ilegalmente en el puerto del Callao 713 sacos con más de 17 000 kilos de aletas de tiburón en su interior. Lo que pasó luego es que ningún inspector del Ministerio de la Producción (Produce) alertó que la ley estaba siendo violada, así es que la fiscalía nunca supo ni inició ninguna investigación.
El hallazgo se desprende del análisis de 83 actas de inspección y partes de transbordo que el Produce emitió a las embarcaciones con bandera de Japón que utilizaron puertos peruanos en ese período, y a los que Mongabay Latam tuvo acceso mediante una solicitud de acceso a la información.
Un dato no menor: la empresa que compró todas las aletas registra una sanción por presunto tráfico de tiburones protegidos y la agencia marítima que representó a los barcos japoneses en puerto acumula multas por más de 120 000 dólares.
Fiscales y especialistas advierten ilegalidad
“Las aletas tienen mucho más precio [que el cuerpo], por eso les cortaban las aletas al tiburón vivo y los tiraban al mar, una crueldad”, explica Alicia Kuroiwa, bióloga e investigadora asociada del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia. “Para evitar eso, muchos países dictaron estas normas”, asegura la experta en relación a leyes como la ley peruana que prohíbe el desembarque de aletas sueltas.
“No pueden desembarcar tiburones sin sus aletas adheridas, sean [barcos] nacionales o extranjeros”, insiste el abogado Percy Grandez, abogado especialista en asuntos pesqueros.
De acuerdo con Kuroiwa, 17 000 kilos de aletas corresponden, al menos, a 17 000 tiburones.
Del total de kilos, 9000 corresponden a tiburón azul (Prionace glauca), una especie considerada Casi Amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Para los restantes 8000 kilos, la especie es una incógnita, dado que no fueron identificadas en los documentos.
De cualquier modo, esto no cambia la historia: la norma aplica para cualquier especie.
El mismo Produce, a través de un pedido de acceso a la información, confirmó a Mongabay Latam que la normativa nacional vigente “prohíbe en todo el litoral peruano el desembarque o transbordo de aletas sueltas y/o troncos sin aletas de cualquier especie de tiburón”.
Además, fiscales ambientales y abogados especialistas en derecho ambiental y pesquero consultados por Mongabay Latam coinciden en que la norma alcanza a las embarcaciones nacionales y extranjeras.
De acuerdo con el fiscal provincial titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Callao, Saúl Sánchez Gonzales, el control se realiza en los puntos de desembarque autorizados por el Ministerio de la Producción y está a cargo de la Dirección de Supervisión y Fiscalización del Produce. “Por tanto, se entiende que toda embarcación extranjera debe ceñirse a lo regulado en el país donde desembarca”.
Esta afirmación es respaldada por las fiscales ambientales de Tumbes y del Santa, dos regiones costeras de Perú que han sido escenario de importantes allanamientos a secaderos clandestinos e incautaciones de aletas de tiburón.
La fiscal ambiental Ina Suárez Castañeda, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Tumbes, explica que cuando los tiburones son desembarcados en los puntos autorizados, las aletas deben ser retiradas del cuerpo del animal en presencia de un fiscalizador. Posteriormente se emite el certificado de desembarque y el acta de fiscalización. Este procedimiento es respaldado por la fiscal de la FEMA del Santa, Evelyn Lamadrid. “En todo punto de desembarque, el fiscalizador tiene que verificar que la especie llegue con aletas”, sostiene.
Mongabay Latam monitoreó la ruta que siguieron las embarcaciones japonesas en la plataforma satelital Global Fishing Watch para saber dónde presumiblemente realizaron actividades pesqueras. Los datos dan cuenta de que las operaciones habrían ocurrido en aguas internacionales del Océano Pacífico, frente al mar peruano.
En cualquier caso, la fiscal Suárez asegura que el desembarque de aletas sueltas está prohibido “incluso si se pescó en aguas internacionales”.
Los más de 700 sacos con miles de aletas en su interior fueron desembarcados en 27 arribos diferentes y lo que debió realizar el Produce en todos estos casos, señala la fiscal Suárez, es haber informado a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) para que se inicie una investigación. Sin embargo, estos casos no fueron informados a la FEMA del Callao, la dependencia que tendría que haber sido alertada.
Además, por normativa del Produce, lo que también correspondía era que los inspectores decomisaran el recurso y que impartieran una multa de 33 660 soles por las 17 toneladas de aletas, es decir, poco más de 10 000 dólares. Nada de eso ocurrió y, según confirmó el propio Produce, ni siquiera se iniciaron procedimientos administrativos sancionadores. Lo que no contestó el Ministerio fue por qué no alertó a la FEMA de lo ocurrido.
Para el abogado César Ipenza, especializado en materia ambiental y derecho pesquero, la manera en la que procedieron los inspectores del Produce está lejos de ser una simple omisión: “Cuando un funcionario no está haciendo su labor para evitar que se cometa un delito, hablamos del delito de responsabilidad funcional”, afirma.
El historial de sanciones de los privados
Según la normativa peruana, los buques, cada vez que arriban a puerto, deben estar representados por una agencia marítima autorizada por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), que actúa como representante legal del capitán, del propietario y del operador del buque.
Las nueve embarcaciones japonesas que desembarcaron aletas sueltas fueron representadas por la agencia marítima Gyoren del Perú SAC, que suma multas por 95.28 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), más de 120 000 dólares.
En el historial de sanciones de la agencia, la más reciente tiene como fecha febrero de 2024. La penalización se debió a que una de sus representadas, la embarcación japonesa Kotoshiro Maru N°18, presentó velocidades de pesca y rumbo no constante, al interior del mar peruano, en octubre del 2021.
De acuerdo con el abogado Ipenza, presentar velocidades de pesca y rumbo no constante son indicios de pesca ilegal. Es por eso que, en una primera instancia, el Produce ordenó el decomiso de toda la pesca que el buque llevaba a bordo. Sin embargo, la medida no llegó a concretarse, dado que, según explicó el Ministerio de la Producción, los movimientos sospechosos del barco fueron advertidos a través del centro de monitoreo, pero no hubo una inspección in situ que confirmara el delito.
Según Ipenza, se podría haber realizado una investigación por el delito de extracción ilegal de especies acuáticas. El problema, dice, es que “muchas veces la fiscalía no es informada”. El Ministerio de Producción, sin embargo, descartó lo dicho por Ipenza y aseguró mediante un correo electrónico que la infracción de la embarcación japonesa “no configura un delito conforme a lo dispuesto en la norma penal”. Según esta norma, dice el Produce, solo las conductas vinculadas a la extracción ilegal de recursos hidrobiológicos son elementos constitutivos del tipo penal. En otras palabras, como no hubo comprobación in situ, no informaron al Ministerio Público.
Por haber presentado velocidades de pesca y rumbo no constante, la Dirección de Sanciones de Pesca y Acuicultura del Produce le impuso finalmente a Gyoren del Perú SAC el pago 38.73 UIT, que corresponden a unos 50 000 dólares. Sin embargo, según información de la misma dependencia a la que este medio tuvo acceso por solicitudes de acceso a la información, la agencia marítima aún adeuda la multa.
Unos años antes, en 2018, Gyoren del Perú SAC, en representación de la embarcación taiwanesa Hsiang Lai Fu, también fue multada con 77.92 UIT (unos 101 000 dólares) y el decomiso de 477.04 toneladas de calamar gigante (Architeuthis dux) por haber realizado actividades pesqueras sin el permiso correspondiente. La agencia marítima apeló y en febrero de 2021 la multa se le redujo a 54.54 UIT (71 000 dólares), monto que, en el registro del Produce, figura como pagado.
Leer más: Sin mujeres no hay pesca: siete historias de pescadoras que rompen barreras en Latinoamérica
En septiembre de 2020, Gyoren del Perú SAC fue nuevamente multada, esta vez por la Capitanía de Puerto del Callao, con 2 UIT (unos 2600 dólares), por no cumplir sus responsabilidades como agencia marítima. La resolución indica que la embarcación japonesa Kaio Maru N° 81, una de las naves que desembarcó aletas en el puerto del Callao, “llevaba nueve personas a bordo y no contaba con la debida autorización de la Autoridad Marítima”.
Mongabay Latam consultó a Gyoren del Perú SAC sobre las sanciones económicas impuestas y su cumplimiento, pero ésta no envió respuestas.
Por otra parte, la empresa que compró todas las aletas de las embarcaciones japonesas, la peruana Servicios Marítimos Santa Elena SAC, registra antecedentes por presunto tráfico de tiburones protegidos.
El 9 de enero de 2020, Santa Elena SAC importó tiburones diamantes (Isurus oxyrinchus), que habían llegado en las bodegas de la embarcación japonesa Toei Maru N°8, otras de las naves que desembarcó aletas, provenientes de aguas internacionales. Dado que desde noviembre de 2019 el tiburón diamante está protegido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), su comercio internacional está sujeto al cumplimiento de una serie de permisos y documentación.
Santa Elena SAC, sin embargo, no cumplió con todos los requerimientos e importó 3200 kilos de tiburón diamante sin haber presentado los permisos de exportación que obliga la CITES. En enero de 2020, el Ministerio de la Producción le impuso una multa de 4.35 UIT (unos 6000 dólares), pero la empresa se acogió al pago con descuento por reconocimiento de responsabilidad y solo canceló la mitad de la multa: 9 570 soles, poco más de 2700 dólares.
“Vemos que las empresas no pagan sus multas inmediatamente porque esperan los beneficios tributarios o acogerse a una norma. Por ejemplo, el año pasado, hubo una amnistía del 80 % —el Gobierno aprobó normas para la reducción del pago de multas en pesca y acuicultura por faltas cometidas hasta 2021—. Esto es lo que se llama la doble moral del Estado para proteger los recursos hidrobiológicos”, indica la fiscal Evelyn Lamadrid, quien advierte que el país necesita aplicar medidas cautelares más fuertes.
“Se podrían aplicar clausuras o que no puedan exportar en cuatro años. Es decir, medidas cautelares que hagan sentir a la empresa que sí tiene derecho a trabajar, pero de manera respetuosa con el medioambiente”, sostiene.
Servicios Marítimos Santa Elena SAC es una de las principales importadoras de tiburón en Perú. Según el reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (Sunat), entre 2021 y 2025 esta empresa importó 888 307 kilos de tiburones y aletas, en su mayoría adquiridos a embarcaciones japonesas. De 174 770 kilos de aletas importados en ese período, la compañía sólo exportó 32 406 kilos. No se conoce el destino del resto de las aletas. En el país casi no existe un mercado local de aletas de tiburón.
En Perú, indican expertos consultados, las aletas se comercializan a través de acopiadores, que a su vez las llevan a secaderos formales e informales donde se prepara el producto para su exportación. Este proceso de secado, según estudios, puede tardar entre 10 días y 2 semanas.
“La carne se distribuye en los mercados mayoristas del norte principalmente y las aletas son procesadas y exportadas desde nuestros puertos. La gran mayoría de las aletas (incluyendo la totalidad de las importadas) se exportan a mercados asiáticos. El mercado local de consumo de aletas de tiburón es muy reducido y limitado a algunos restaurantes de comida asiática de alto perfil”, explica un experto del sector que por temor a las amenazas recibidas prefirió mantener su nombre en reserva.
Mongabay Latam consultó a través de correos electrónicos a la empresa sobre este desbalance entre sus importaciones y exportaciones de aletas para saber si, por ejemplo, vendió las aletas a otra firma que a su vez las exportó, pero hasta la publicación de ese reportaje Servicios Marítimos Santa Elena SAC no envió respuestas.
Esfuerzos por proteger los tiburones
En su esfuerzo por proteger los tiburones, en febrero último la Secretaría CITES, órgano administrativo de la Convención internacional, recomendó que se mantenga la suspensión del comercio de especímenes de tiburones y rayas desde Ecuador hacia Perú hasta que Ecuador aplique las correcciones necesarias para asegurar el comercio sostenible de estos animales.
Esto ocurrió luego de que la Secretaría de la Convención observara una serie de irregularidades en las exportaciones ecuatorianas y lagunas en los diferentes eslabones de la cadena de control para asegurar la legalidad de la carne y aletas de tiburón. En noviembre de 2023, el Comité de CITES pidió a Ecuador implementar correctivos en un plazo de 120 días. Al no cumplir con lo solicitado, desde el 11 de marzo de 2024 el país quedó impedido de exportar 12 especies de tiburones y rayas protegidas por CITES.
La Secretaría también hizo varias recomendaciones a Perú como país importador. Entre ellas, que siga reforzando las capacidades y los mandatos de sus autoridades competentes en la lucha contra el comercio ilegal.
Perú deberá informar a la Secretaría sobre los progresos realizados en la aplicación de estas recomendaciones 90 días antes de la 79a reunión del Comité Permanente de CITES, que se realizará en noviembre próximo.
Ante esta situación, en mayo de 2025, la Fiscalía Ambiental del Callao recomendó a Produce, Aduanas, la Policía Ambiental y el terminal pesquero del Callao que adopten las medidas para impedir la entrada de tiburones y rayas provenientes de Ecuador, conforme a lo dispuesto por CITES.
Sin embargo, esta investigación da cuenta de que aún hay flancos sin cubrir.
El fiscal Saul Sánchez, de la FEMA Callao, afirma que en el puerto se vienen realizando operativos constantes con la participación de fiscalizadores del Ministerio de la Producción, para combatir la comercialización ilegal de especies hidrobiológicas, como tiburones protegidos, y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente sobre vedas, tallas mínimas y especies que estén protegidas por la CITES, es decir cuyo comercio internacional debe ser controlado o prohibido para evitar su peligro de extinción.
Para la fiscal Lamadrid, el Estado peruano debe hacer más para frenar el tráfico de tiburones. “Necesitamos armar estrategias y dotar a las dependencias policiales medioambientales de más personal. También es muy importante que la Sunat pueda quitar los tiburones y aletas del canal verde [un mecanismo de control aduanero que permite el despacho directo de mercancías sin inspección documental o física], porque mientras esto continúe el inspector aduanero no tiene la obligación de hacer la constatación del producto”, advierte.
Por lo pronto, que los funcionarios cumplan con lo que establece la ley, impidiendo el desembarque de lo que está prohibido e informando a la fiscalía cuando corresponda, podría marcar una diferencia.
Foto principal: a pesar de una estricta norma peruana, Mongabay Latam descubrió que, entre enero de 2021 y junio de 2024, nueve embarcaciones japonesas desembarcaron ilegalmente en el puerto del Callao 713 sacos con más de 17 000 kilos de aletas de tiburón en su interior. Imagen: Richard Romero
Créditos
