- Los manglares capturan hasta cinco veces más carbono que los bosques terrestres, pero en zonas como El Jicarito y Punta Condega, extensas áreas han sido destruidas para instalar piscinas de camarón.
- La guardarecursos comunitaria Silvia Quevedo es una de las dos mujeres que patrullan a diario Los Delgaditos, un bosque de mangle protegido en la costa sur del país.
- A pesar de que Los Delgaditos es un área protegida por decreto, las denuncias de Quevedo y sus compañeros rara vez reciben una respuesta de las autoridades, aseguran.
- Sin vigilancia oficial ni presencia constante del Instituto de Conservación Forestal (ICF), los guardarecursos actúan como la última línea de defensa.
El sol ya se ha ido cuando Silvia Quevedo, una guardarecursos comunitaria de tez morena, regresa a su casa, luego de la ronda diaria por el manglar. Lleva botas de hule cubiertas de lodo, una mochila ligera con agua, un cuaderno y su celular. A sus espaldas, las luces de una finca camaronera privada reflejan un brillo naranja sobre el agua estancada. “Hoy vi que cortaron dos árboles más cerca del canal”, dice con resignación. “Y ya pusieron una cerca nueva”.
La escena es cotidiana en Los Delgaditos, una pequeña área protegida en la costa sur de Honduras, donde el bosque de mangle resiste la presión constante de la industria camaronera, que avanza sobre el humedal. Aunque oficialmente es una zona bajo resguardo estatal, en la práctica, la vigilancia depende exclusivamente del esfuerzo voluntario de Quevedo y otros cinco guardarecursos comunitarios.
En el sur de Honduras predominan tres industrias conocidas como “el Club de Coyolito”, que se dedican a la producción de camarones, cultivo de melón y caña de azúcar. Según organizaciones que se dedican a la conservación en la zona, para el cultivo de melón y caña de azúcar se ha talado, principalmente, bosque húmedo.
Para la producción de camarón, las fincas presentes en la zona (Granjas Marinas San Bernardo, Sea Farms Las Arenas, Criaderos Marinos, Camaronera del Pacífico y Aquacultivos de Honduras) prefieren el bosque de mangle. El 72 % del bosque de mangle del pacífico hondureño presenta perturbaciones humanas, según un informe sobre el estado actual del ecosistema de manglar en Honduras.
El epicentro del conflicto ambiental está en los municipios de Marcovia (Choluteca) y Nacaome (Valle), donde empresas como Granjas Marinas y RiverMar han expandido sus instalaciones acuícolas, muchas veces sobre humedales antes protegidos.
Mongabay Latam buscó una respuesta de las fincas camaroneras Granjas Marinas del Sur, AQH, Sea Farms y RiverMar. Sin embargo, a la fecha de cierre de esta publicación no atendieron nuestra solicitud de entrevista.
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“La pérdida del mangle es crítica. No solo por las especies que dependen de él sino por el impacto en las comunidades que viven del ecosistema”, explica Alpha Sevilla, bióloga y coordinadora técnica del Centro de Conservación de la Tortuga Golfina. Sevilla advierte que la pérdida de estos ecosistemas no es solo una preocupación ecológica, es también una amenaza directa al sustento de miles de familias costeras.
Uno de los expertos que más de cerca ha seguido la transformación del ecosistema es Jonathan Mejía, ingeniero en Ciencias Forestales por la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) y actual coordinador del departamento de áreas protegidas del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en la región del Pacífico. Su jurisdicción incluye once áreas protegidas, siete de ellas marino-costeras.
Mejía explica a Mongabay Latam que “el ecosistema manglar es fundamental para la vida silvestre y humana. Aquí anidan aves migratorias, se desarrollan curiles, cangrejos, bivalvos, pero también protege a las comunidades costeras del embate de tormentas y huracanes. Es su escudo natural”.
El corazón del Golfo de Fonseca
Los Delgaditos forma parte del Sistema Arrecifal del Golfo de Fonseca, una de las zonas más biodiversas de Centroamérica. Con apenas 165 hectáreas, es una de las pocas áreas protegidas del sur del país que no cuenta con presencia permanente del Estado. Su conservación depende casi por completo de la vigilancia que ejercen los guardarecursos comunitarios.
Esta figura de los guardarecursos comunitarios se refiere a personas de las mismas comunidades que, movidas por un compromiso de proteger los bienes naturales, asumen voluntariamente la vigilancia de bosques, manglares y áreas protegidas. Su papel es esencial porque conocen el territorio como su casa y son los primeros en detectar alteraciones, daños ambientales o actividades ilegales. En Honduras nació por la necesidad urgente de protección territorial. Más tarde, esta figura fue institucionalizada a través de la Secretaría de Ambiente.
“Lo que hacemos es voluntario y, a veces, arriesgado”, sostiene Quevedo. “Hay noches en que escuchamos motosierras y no sabemos si ir o no, porque muchas veces quienes cortan el mangle tienen apoyo de algún empresario o incluso de alguien de las municipalidades”.
En esta región existen cuatro especies principales de mangle: rojo (Rhizophora mangle), blanco (Laguncularia racemosa), botón (Conocarpus erectus) y negro o curumo (Avicennia germinans). Este último es particularmente codiciado por las camaroneras por su salinidad y baja acidez, condiciones ideales para el cultivo intensivo del camarón. Pero el aprovechamiento de este tipo de mangle no es sostenible: su extracción masiva altera profundamente el equilibrio del ecosistema, según Quevedo.
Las empresas, además, tienen laboratorios de larvas.
“El bosque de mangle tiene una función clave como sumidero de carbono. Estudios internacionales ya han demostrado que captura más carbono que los bosques terrestres. Cuando se derrumba un manglar, no solo se libera ese carbono al ambiente, sino que se pierde la capacidad de absorber más”, explica el ingeniero forestal.
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Según Mejía, muchas personas no dimensionan el valor ecológico de estos ecosistemas por su apariencia: “A primera vista parece un pantano fangoso, pero cuando uno se adentra se da cuenta de que es como un museo viviente. Se escuchan cientos de cantos de aves, se ven peces juveniles nadando entre raíces, hay un equilibrio natural impresionante”, describe. “Es fascinante que estos árboles puedan vivir en agua salada. Sus raíces, visibles cuando baja la marea, son únicas. Parecen esculturas naturales”.
Pero ese museo viviente está en peligro. “Las camaroneras utilizan maquinaria pesada que modifica completamente el uso del suelo. Los terrenos dejan de ser fangosos y se vuelven infértiles”, explica Mejía. «Además, afectan las corrientes de agua al desviar el flujo hacia sus estanques. Esto tiene consecuencias para el resto del ecosistema, incluyendo otras actividades económicas tradicionales como la pesca artesanal”, indica.
Las afectaciones no son solo ambientales, también sociales. “Antes podíamos ir a cortar leña o sacar curiles [(Anadara tuberculosa), conocidas también como conchas negras]. Ahora hay cercas, guardias armados y si entras te sacan”, relata doña Norma Ramírez, una pescadora de la comunidad de Cedeño, en Choluteca. “El problema no somos nosotros, son los grandes que vienen a tumbar todo para hacer lagunas”.
El mangle, con sus raíces aéreas que parecen caminar sobre el agua, es un ecosistema vital. Filtra contaminantes, sirve de barrera natural contra tormentas y huracanes, y es el criadero natural de especies marinas. Pero en Honduras, según datos del Instituto de Conservación Forestal, se ha perdido casi el 35 % de la cobertura original de mangle en las últimas tres décadas, gran parte por el avance de la acuicultura industrial.
Camaroneras
La industria del camarón representa uno de los principales productos de exportación del país. Según la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), el país tiene una industria constituida por aproximadamente 420 proyectos de camarón cultivado, con un área de 24 500 hectáreas.
La entidad empresarial asegura que en 2023 se exportaron más de 40 000 toneladas, generando alrededor de 300 millones de dólares y dice que generan 150 000 empleos directos e indirectos. “Sin duda genera empleos”, reconoce Silvia Quevedo. “Pero son trabajos temporales, mal pagados y a costa del territorio de todos. La gente pierde más de lo que gana”.
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El problema es complejo. Las camaroneras suelen establecerse en terrenos donde antes había bosque de mangle, alegando que son “zonas degradadas” o áreas que no están tituladas. En muchos casos, la falta de claridad en los títulos de propiedad, sumado a la debilidad institucional, facilita la expansión de estas empresas sin mayores controles ambientales.
“Hay camaroneras que han cercado manglares enteros, como si fueran propiedad privada, y cuando vamos a denunciar, nos dicen que no hay pruebas suficientes”, comenta Quevedo.
Legalidad a conveniencia
Una revisión realizada por organizaciones ambientalistas como el Comité para la Defensa y el Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) ha identificado múltiples irregularidades en el otorgamiento de permisos ambientales a estas empresas.
Hace doce años se reformó la Ley de Fortalecimiento de la Camaricultura, que otorga permisos de concesiones por tres años para instalar la empresa en la zona de cultivo. Antes de esa reforma, estas zonas no podían hipotecarse ni venderse.
“Muchas veces presentan estudios de impacto ambiental deficientes o duplicados”, asegura Marco Tulio Ramos, abogado ambientalista. “Además, el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad de verificar que se cumplan las condiciones que se imponen en esos permisos”.
En teoría, toda actividad acuícola en zonas costeras debe respetar un marco legal que prohíbe expresamente la tala de mangle. Sin embargo, en la práctica, la vigilancia y sanción es prácticamente inexistente.
“En 2022 hicimos más de veinte denuncias ante el Ministerio de Ambiente y ninguna avanzó”, asegura Quevedo. “A veces sentimos que cuidamos un bosque que para el Gobierno no existe”. Ser guardarecursos en una zona en disputa no es solo una labor ambiental sino también una lucha por la dignidad y la vida. Quevedo recuerda al menos tres ocasiones en las que ha sido amenazada verbalmente por desconocidos mientras patrullaba el área.
“Una vez me dijeron que no me metiera donde no me llaman. Otra vez nos encontramos con dos hombres armados, nos dijeron que ahí no teníamos nada que hacer”, relata. “Pero yo crecí aquí. Este bosque nos da vida. Si no lo defendemos nosotros, nadie lo hará”.
La Red de Defensores del Territorio en el sur del país ha documentado un aumento en los ataques, amenazas y hostigamientos a los defensores ambientales. Sin embargo, la mayoría de los casos no se denuncian formalmente por temor a represalias o por falta de confianza en las instituciones.
Pese a las dificultades, Quevedo y otros cinco guardarecursos de Los Delgaditos continúan organizando patrullajes, monitoreos comunitarios y jornadas de reforestación. Con apoyo de varias ONG y algunos fondos internacionales, han logrado sembrar más de 5000 plántulas de mangle en los últimos dos años.
“Los resultados se ven despacio, pero se ven”, dice Quevedo, señalando una hilera de jóvenes mangle botoncillo que crecen al borde de una poza. “Cada árbol es una victoria contra el olvido”.
Pero más allá de la reforestación, lo que piden es presencia estatal. “No pedimos que nos regalen nada”, insiste. “Solo que se respete la ley, que se nos proteja y que se reconozca el valor del trabajo que hacemos”.
Mongabay Latam intentó consultar con la Secretaría de Ambiente sobre el tema. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta de parte de funcionarios a cargo de la institución.
¿Qué se necesita para cambiar el rumbo?
Expertos como Marco Tulio Ramos, defensor ambiental de Guapinol en la costa norte del país, proponen varias medidas: “Primero, reforzar la institucionalidad ambiental y dotar de recursos a las dependencias como Ministerio de Ambiente y el Instituto de Conservación Forestal. Segundo, revisar y anular permisos que se hayan otorgado de forma irregular. Tercero, establecer zonas de no expansión acuícola claras y vinculantes”.
Además, insisten en que se debe garantizar la seguridad de los defensores del territorio. “Mientras las comunidades tengan que elegir entre callar o arriesgar la vida, no hay verdadera justicia ambiental”, subraya Ramos.
En Los Delgaditos, la lucha por el mangle es también una lucha por el futuro. “Este bosque es nuestra casa, nuestra escuela, nuestro hospital”, dice la guardarecurso Quevedo, mientras el sol comienza a ocultarse detrás del espejo de agua. “No queremos más camaroneras. Queremos vida. Y el mangle es vida”.
El marco legal que regula la industria acuícola en Honduras también genera preocupación. En 2013, el Congreso Nacional reformó la Ley para el Fortalecimiento de la Camaricultura, permitiendo que las concesiones en zonas marítimo-terrestres pudieran ser hipotecadas o vendidas. Esto, en la práctica, abrió la puerta a la privatización del litoral pacífico y facilitó la expansión de las camaroneras sobre territorios tradicionalmente ocupados por comunidades pesqueras o áreas protegidas.
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“Con esta reforma se privatizó el litoral. La ley abre la puerta para que el mangle se convierta en terreno de cultivo”, dijo en su momento Karla Lara, reconocida ambientalista hondureña.
Actualmente, más de 25 000 hectáreas de humedales costeros están bajo concesión acuícola, según datos del ICF y la Procuraduría General de la República. Aunque las licencias se otorgan por períodos de tres años, en la práctica las renovaciones son automáticas y las inspecciones ambientales rara vez se realizan con rigor, apuntó con alarma Quevedo.
Mejía confirma esta preocupación: “Nos enfrentamos a una institucionalidad débil. Hay áreas protegidas en papel, pero sin personal suficiente para monitorear el territorio. Las inspecciones llegan tarde o no llegan. Y mientras tanto, los manglares siguen cayendo”.
Imagen principal: a la ligera, los mangles se ven como una tierra fangosa y sin color, pero están llenos de vida terrestre y marina. Foto: cortesía Silvia Quevedo
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