- La presidenta de la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso, Silvana Robles, afirma que solicitará información detallada sobre el desembarque ilegal de 17 000 kilos de aletas de tiburón en el puerto del Callao, realizado entre 2021 y 2024.
- El caso fue revelado por una investigación de Mongabay Latam.
- Además, el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, activará la coordinación entre instituciones para proteger la biodiversidad marina y enfrentar el tráfico ilegal.
- En Perú, la ley prohíbe desembarcar aletas separadas de los cuerpos de los tiburones para evitar la práctica del aleteo, mediante la cual se extirpa la aleta del tiburón vivo y se arroja su cuerpo agonizante al mar.
Una investigación de Mongabay Latam reveló el desembarque ilegal de 17 000 kilos de aletas de tiburón por parte de embarcaciones japonesas en el puerto peruano del Callao entre 2021 y 2024. Las aletas iban empacadas en 713 sacos a pesar de que desde hace nueve años el país prohíbe el desembarque de aletas sueltas, es decir, que no estén adheridas al animal. La norma busca evitar que se cometa el delito de aleteo, una práctica que consiste en cortar las aletas y descartar el cuerpo del tiburón, a menudo aún con vida.
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Pese a que el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Producción (Produce) establece decomiso y multas por el desembarque de aletas sueltas, no hubo procedimientos administrativos sancionadores ni se alertó a la Fiscalía Ambiental de lo sucedido.
Los hallazgos de la investigación periodística, que resultaron de la revisión detallada de 83 actas de inspección y pases de transbordo, además de respuestas oficiales y entrevistas a expertos y fiscales, ha encendido las alarmas en el Congreso de Perú.
La congresista Silvana Robles Araujo, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, anunció que solicitará información detallada al Ministerio de la Producción (Produce) y a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). “Este hecho, de confirmarse, no solo implicaría una vulneración a la normativa vigente, sino también un riesgo para la conservación de especies marinas y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de biodiversidad”, señaló.
Robles añadió que no descarta convocar al Produce, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), a la Fiscalía Ambiental y organizaciones especializadas a una sesión extraordinaria de la comisión “a fin de evaluar responsabilidades y definir medidas correctivas”.
Acciones conjuntas para enfrentar el tráfico
La investigación de Mongabay Latam reveló también que los privados involucrados en la operación presentaban antecedentes. La empresa que compró todas las aletas a las embarcaciones japonesas registra una sanción por presunto tráfico de tiburones protegidos. Además, la agencia marítima que representó a los barcos japoneses en puerto acumula multas por más de 120 000 dólares. Las aletas de tiburón son consumidas en Asia como un plato de lujo.
Ante esta situación, la parlamentaria Robles evalúa plantear, entre otras medidas, que se endurezcan las sanciones administrativas y penales por pesca y comercialización ilegal de especies protegidas, mejorar los mecanismos de trazabilidad, incrementar la capacidad de supervisión y control mediante mayor articulación entre el Produce, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y la Fiscalía Ambiental. “Mi compromiso con la conservación de nuestras especies naturales está y se materializará en estas acciones”, afirmó en diálogo con Mongabay Latam.
En tanto, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, fiscal superior Frank Almanza Altamarino, anunció que en su calidad de coordinador de la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Sudamérica (SudWEN) convocará a las instituciones involucradas en este caso para mejorar la coordinación y establecer estrategias de control.
“Hace un par de semanas tuvimos una primera reunión sobre el tema de fauna como parte de la red interna [a nivel nacional] de la SudWEN, que antes no existía y que consideré necesario activar. Este tema [desembarque ilegal de aletas] es prioritario y lo llevaremos a la red”, explicó.
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La congresista Silvana Robles, advierte que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso del Perú “trabaja sobre la base de los proyectos de ley que presentan los congresistas y que no son decretados”.
“En esa línea, desde mi despacho congresal, evaluaremos propuestas legislativas para reforzar la fiscalización y el control en puertos estratégicos, como el Callao, Paita y Matarani, donde se concentran los principales desembarques”, señaló la parlamentaria.
El fiscal Almanza explica que las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental han realizado intervenciones importantes e investigado casos vinculados a presunto tráfico ilegal de tiburones. “Se han iniciado casos formales, algunos están archivados, algunos en trámite. Además, al tratarse de organizaciones criminales varios casos los manejan las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR)”, señala.
Sin embargo, Almanza confirma que las FEMA no cuentan con el presupuesto necesario para enfrentar solas el tráfico ilegal de vida silvestre. “Las soluciones van por un trabajo coordinado con la Sunat, el Produce, la Marina y demás instituciones para optimizar los recursos que tienen las otras entidades”, añade.
Diversos estudios dan cuenta de que el aleteo pone en grave riesgo la supervivencia de múltiples especies de tiburones, muchas de ellas catalogadas como vulnerables o amenazadas a nivel global.
Actualmente, más de un tercio de tiburones, rayas y quimeras (peces cartilaginosos de aguas profundas) están amenazados de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La UICN advierte que esto se debe a la sobrepesca y otros factores humanos.
Ante ese panorama, la función del Produce, responsable de regular la actividad pesquera y de vigilar que los desembarques se realicen bajo las condiciones legales en los puertos del país, y de la Sunat, organismo fiscalizador de comercio exterior, es clave para detectar actividades irregulares de productos marinos. Este medio consultó a ambas instituciones sobre las acciones frente a la irregularidad detectada y las actividades correctivas, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
El desembarque ilegal de aletas toma especial relevancia si se considera que los tiburones podrían proceder de zonas reconocidas como esenciales para su supervivencia.
El rastreo de los nueve barcos japoneses, realizado por Mongabay Latam a través de la plataforma satelital Global Fishing Watch, indica que las actividades pesqueras se habrían llevado a cabo en aguas internacionales del océano Pacífico, frente a la costa peruana y muy cerca de áreas naturales protegidas. Además, las rutas de los barcos se superponen con áreas que los científicos han identificado como posibles zonas clave para la vida de los tiburones.
Imagen Principal: imagen de archivo de una incautación de aletas de tiburón en Tumbes, durante un operativo en 2024. Foto: cortesía FEMA Tumbes
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