- El defensor del ambiente y el territorio en el estado de Tlaxcala, en el centro de México, estaba acusado de un delito que no cometió: homicidio calificado.
- Un tribunal colegiado concluyó que no había pruebas para acusarlo.
- Los jueces ordenaron revocar la sentencia que lo había condenado a 20 años de cárcel.
- Rosales es integrante del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, organización comunitaria que ha defendido a la montaña y al bosque del Parque Nacional Malinche o Matlalcueye.
La noche del jueves 4 de septiembre de 2025, Saúl Rosales Meléndez caminó por el pasillo que lleva a la salida del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. Intentó levantar sus brazos como símbolo de victoria, pero en cuanto miró a través de las rejas a la gente que lo esperaba afuera y escuchó los gritos de apoyo, sólo logró levantar un brazo y recargarse sobre el muro. No pudo contener el llanto.
Saúl Rosales lloró porque volvió a ser libre.
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El defensor de ambiente y territorio dejó la cárcel donde vivió tres años, un mes y 21 días. Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito determinaron que no había suficientes pruebas para culparlo de homicidio calificado y, por lo tanto, no debía continuar en prisión.
En cuanto cruzó la reja y puso un pie en la acera, Rosales abrazó a su madre, a su esposa y a su hijo menor. Afuera del penal también estaban otros miembros de su familia, sus amigos y compañeros del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, que lo recibieron con porras, aplausos y también entre lágrimas: “¡Saúl, hermano, te estamos esperando!”, “¡Saúl, amigo, el pueblo está contigo!”.
Rosales es integrante del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, organización comunitaria que ha defendido a la montaña Malintzi y los bosques de San Pedro Tlalcuapan, población ubicada en el municipio de Chiautempan, en el estado de Tlaxcala, en el centro de México.
La criminalización de los defensores de la montaña
Como publicó Mongabay Latam en “Así llegó la plaga de la criminalización a los defensores de la montaña”, como parte del proyecto Tierra de Resistentes, el colectivo se formó cuando los habitantes de San Pedro Tlalcuapan detectaron que la plaga del escarabajo descortezador estaba terminando con los árboles de la montaña que está del polígono del Parque Nacional Malinche o Matlalcueye. Denunciaron que, bajo el pretexto de combatir la plaga, las autoridades permitían la tala ilegal.
Meses después, las denuncias de los pobladores tuvieron un efecto inesperado: dos integrantes del colectivo fueron acusados judicialmente. La entonces Procuraduría General del Estado de Tlaxcala acusó a Raymundo Cahuantzi y a Saúl Rosales del homicidio calificado en contra de un hombre que fue linchado en la comunidad el 15 de abril de 2022.
Durante el juicio oral, los abogados defensores presentaron varias pruebas que mostraban que Raymundo Cahuantzi no se encontraba en el lugar del linchamiento. También demostraron que Rosales, quien entonces tenía el cargo tradicional de presidente de la comunidad, solicitó la intervención de la policía. Los cuerpos de seguridad llegaron a las inmediaciones de San Pedro Tlalcuapan, pero nunca entraron a la comunidad.
Un par de meses después de que Raymundo Cahuantzi y Saúl Rosales fueron encarcelados, haciendo uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información se realizaron diversas solicitudes de información para conocer la actuación de los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales el día del linchamiento.
El municipio de Chiautempan, entonces encabezado por Gustavo Jiménez, clasificó como reservada, por cinco años, toda la información relacionada con la actuación de la Policía Municipal durante los hechos. Mientras que la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala clasificó la información como confidencial, al señalar que sólo podía entregarse a las autoridades competentes con el fin de contribuir a investigaciones o perseguir delitos.
La Guardia Nacional respondió que el día del linchamiento en Tlalcuapan, sí recibió un llamado de apoyo, a través del Servicio de Emergencia 911, del Centro de Control Comando Comunicaciones y Cómputo del Estado de Tlaxcala. “El personal de esta institución, al llegar al lugar, únicamente proporcionó apoyo de seguridad periférica a las autoridades participantes en el hecho referido”. Es decir, los cuerpos de seguridad sólo estuvieron en los alrededores de la comunidad, nunca entraron a auxiliar a la víctima, como declararon Rosales y varios vecinos de Tlalcuapan.
Además, durante el juicio, el entonces director de Seguridad Pública de Chiautempan, Ángel Pérez, declaró que sí había sido notificado sobre lo ocurrido, pero que él no dio la orden a los policías de implementar un rescate porque los mandos mayores tampoco se lo ordenaron. Sus superiores, en ese entonces, eran el presidente municipal, el ex secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, y quien estaba como encargado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Máximo Hernández Pulido.
Aun así, el 1° de marzo de 2024, tres juezas del poder judicial de Tlaxcala determinaron dejar en libertad a Raymundo Cahuantzi, quien pasó un año y siete meses en la cárcel. Sin embargo, consideraron que Rosales, al ser presidente de la comunidad, tenía la obligación de salvaguardar la integridad física de la víctima y evitar que una multitud linchara al hombre. Como no lo consiguió, lo declararon culpable de homicidio calificado y le impusieron una condena de 20 años de prisión.
Los integrantes del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan no se dieron por vencidos, continuaron organizando acciones para exigir la libertad de su compañero. El jueves 4 de septiembre de 2025, consiguieron que Rosales también saliera de la cárcel y regresara a su comunidad.
Logro comunitario
A finales de diciembre de 2024, el caso de Rosales llegó hasta el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Ese era el último recurso que se tenía para lograr la libertad del defensor de ambiente y territorio, explica el abogado Neftalí Pérez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que asesoró jurídicamente a los integrantes del colectivo.
Para lograr que el caso de Rosales fuera revisado por los magistrados antes del cambio del Poder Judicial de la Federación que está en marcha en México, a principios de agosto de 2025, la familia de Rosales, el colectivo y diversas organizaciones iniciaron una campaña para exigir la liberación del defensor. Lograron que los magistrados discutieran el caso en la penúltima sesión que tendrían como integrantes del tribunal colegiado.
Al medio día del 4 de septiembre de 2025, los magistrados Francisco Ballesteros, José Luis Moya y Alejandro Bernal votaron a favor de concederle un amparo a Rosales, ya que advirtieron que había violaciones de fondo en su proceso.
El magistrado Bernal explicó que el cargo de presidente de comunidad es modesto y con “muchas limitaciones sobre todo en materia de seguridad pública”, y quien lo ejerce no dispone de fuerza pública. “¿Cómo se le exige a una persona, cómo se le atribuye a una persona que, cuyo cargo y funciones están limitadas a temas administrativos, pueda impedir un hecho de esa naturaleza?”.
Los magistrados no desconocieron que existió el delito de privación de la vida de una persona, pero destacaron que no podía culparse a Rosales de esa acción. “Los hechos son lamentables, son tristes, son horrorosos, pero no hay pruebas suficientes para condenar al quejoso y no sería justo negarle el amparo y protección de la Justicia federal”, remarcó José Luis Moya.
Además, señalaron la responsabilidad de las autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, hoy Fiscalía, por no realizar una investigación adecuada. También destacaron que el sistema judicial de Tlaxcala no revisó en forma adecuada el caso y avaló que, sin pruebas contundentes, una persona permaneciera en prisión tres años, enfrentando una sentencia de dos décadas.
Tras su análisis, los magistrados ordenaron a la sala penal revocar la sentencia que había condenado a Rosales a 20 años de cárcel y su inmediata liberación.
Reunidos en la plaza para escuchar la sesión
Horas antes del fallo definitivo que le otorgó la libertad a Rosales, pobladores de San Pedro Tlalcuapan realizaron una marcha que culminó en la plaza central de la ciudad de Tlaxcala. Ahí, instalaron una bocina para escuchar la transmisión de la sesión del tribunal colegiado.
Cuando uno de los magistrados dijo que se ordenaba la liberación inmediata de Rosales, la plaza central se llenó con gritos de júbilo. Alicia Meléndez, esposa del defensor de ambiente y territorio, su hijo, la esposa de Raymundo Cahuantzi y otros integrantes del colectivo se unieron en un abrazo colectivo y lloraron. Como si fueran parte de un coro decían: “Nosotros siempre supimos que Saúl era inocente”.
Para Alicia Meléndez, la resolución de los magistrados confirmó que Rosales fue un preso político, un defensor del ambiente y el territorio criminalizado. “Fue un preso político, porque él siempre ha estado apoyando a nuestra comunidad, siempre ha estado en apoyo a una comisión del bosque, siempre se ha manifestado, ha levantado la voz”.
Meléndez dijo que ni a su familia ni a la comunidad les interesa una reparación del daño por la privación de la libertad de Rosales, porque su prioridad era que él estuviera libre y absuelto de lo que se le acusaba. Lo que sí solicitó es que el Estado tenga mejores jueces.
Para María de los Ángeles Meléndez, madre de Rosales, el único delito de su hijo fue “ser presidente de comunidad, porque lo acusaron de algo que él no cometió… Aquí buscaron a un culpable y como mi hijo era presidente, pues a él lo culparon, le echaron todo el peso de la ley siendo inocente”.
Eribel Bello, integrante del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, considera que la comunidad y sus compañeros acusados fueron víctimas de abuso del poder público por su activismo y defensa del ambiente y el territorio: “Pasamos de defender la montaña a esto… Hay personas que tienen todo el poder y que pueden hacer y mover muchas cosas, instituciones, para encarcelar por más de tres años a una persona inocente”.
Rosales regresó a San Pedro Tlalcuapan. Sus vecinos lo cargaron en hombros y lo llevaron por las calles. También organizaron una misa. Fue ahí cuando el defensor agradeció a su comunidad por no dejarlo solo y luchar hasta conseguir su libertad: “Quizá me emocioné demasiado en algún momento… ahorita que dijeron que había una posibilidad [de salir libre] no quise hacerme ilusiones. Por eso, sólo decidí esperar, poner las cosas en manos de Dios y que él hiciera su obra. Al final la justicia llegó”.
Imagen destacada: Saúl Rosales sale del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. Foto: Ana Laura Vásquez.
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