- El Ejecutivo propuso el presupuesto más bajo en 21 años para las Áreas Naturales Protegidas de México, de acuerdo con un análisis hecho por la alianza Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).
- En contraste, se plantea que Pemex, la empresa estatal de hidrocarburos, recibe un millonario aumento del 7.7 % para 2026.
- La mayor parte del presupuesto de los anexos para cambio climático y transición energética se destina a programas que no tienen evidencia de impacto en ambos temas.
- El proyecto de presupuesto plantea que más de la mitad de los recursos para la transición energética se invierta en infraestructura de trenes y proyectos petroquímicos.
El Gobierno de México perfila enfrentar la crisis climática y socioambiental en 2026 con recortes al presupuesto en la conservación de sus Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como en los recursos para mitigar los efectos del cambio climático.
El primer presupuesto diseñado íntegramente por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en México —plasmado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026— asigna a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) cerca de 52 millones de dólares, el monto más bajo en 21 años, de acuerdo con la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).
Además de reducir los recursos para la adaptación y mitigación del cambio climático, el 93 % de los recursos de este rubro los acaparan programas que no tienen una contribución clara en el tema y que van, por ejemplo, para obras e infraestructura del Ejército, trenes de carga y pasajeros, entre otros, advierte un segundo análisis realizado por organizaciones civiles.
Esta propuesta contrasta con el perfil de Sheinbaum, quien también es científica y académica con amplio conocimiento en cambio climático. Incluso, formó parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Por esta razón, especialistas consultados por Mongabay Latam señalan que la propuesta elaborada por el Gobierno de México genera preocupación. Además, advierten sobre la vulnerabilidad en la que quedarán las 232 áreas naturales, que abarcan más del 11 % del territorio, así como los riesgos para poblaciones que ya enfrentan los efectos de la crisis climática, si se consolida este proyecto de presupuesto para 2026.
Incremento a combustibles fósiles, recorte a áreas naturales
La austeridad que marcó la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en la agenda ambiental parece continuar, pues se contempla que para 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reciba poco más de 103 millones de dólares, una reducción en términos reales del 4 % respecto al año anterior, a diferencia de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal de hidrocarburos que recibirá un aumento del 7.7 %.
Daniel Antonio Martín Villar, coordinador de la alianza NOSSA, destaca este contraste, donde el sector ambiental apenas representa el 0.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el grueso del presupuesto se irá a otros rubros.
“Teníamos la idea, por el perfil de la Presidenta y también de la secretaria [Alicia] Bárcena de ver un aumento en el presupuesto ambiental y no es así. En realidad la voluntad política o las prioridades del Gobierno están en otro lado, alejadas del medio ambiente. Se sigue apostando por combustibles fósiles”, sostiene el especialista.
La alianza NOSSA, que publicará en octubre próximo su evaluación completa del presupuesto ambiental en el informe “Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas”, destaca que con este presupuesto cada una de las 98 millones de hectáreas protegidas del país recibirá en promedio 10.22 pesos (aproximadamente medio dólar).
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Carencias presupuestales y humanas en áreas naturales
Martín Villar explica a Mongabay Latam casos concretos que reflejan las carencias que viven estas zonas de gran importancia ecológica en México.
Una de ellas es la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, ubicado en la península de Baja California, al noreste de México, una de las áreas naturales protegidas más grandes del país con una extensión de más de dos millones de hectáreas y con un gran ecosistema semiárido y costero con rica biodiversidad en sierras, humedales, marismas y manglares. Sin embargo únicamente cuenta con 13 guardaparques para su cuidado.
“Cada uno de los guardaparques contratados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene que hacerse cargo de 1959 kilómetros cuadrados. Es una locura, estamos hablando de un guardaparque por 391 campos de fútbol”, expone el coordinador de la alianza NOSSA, que mediante solicitudes de información también documenta la situación de las ANP.
De acuerdo con las organizaciones, El Vizcaíno cuenta con apenas cinco radios, tres motocicletas, dos automóviles y nueve camionetas para la vigilancia del parque que contiene también uno de los santuarios más importantes en el mundo para la población de la ballena gris (Eschrichtius robustus).
Otro caso es la Reserva de la Mariposa Monarca, característica por sus bosques de oyamel, pino encino y cedro. Esta área cuenta con apenas cuatro guardaparques, pese a ser reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Mundial por la protección que da a los sitios de hibernación de la especie.
“No solamente hablamos de personal, también de insumos. Es un área amenazada por la tala ilegal, por el crimen organizado, y es un área que no cuenta con casetas de acceso más allá de la del acceso principal. No hay forma de que estos cuatro guardaparques, auxiliados por la comunidad, tengan cómo cubrir quién entra, quién sale”, explica Martín Villar a Mongabay Latam.
La región ya tiene antecedentes de violencia contra defensores ambientales. En enero de 2020, el defensor del bosque Homero Gómez y el guía turístico Raúl Hernández fueron reportados como desaparecidos. Sin embargo, días después hallaron sus cuerpos con señales de violencia.
La propia autoridad encargada de la inspección y vigilancia de la ANP, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), también tendrá una reducción presupuestal del 3.3 %, y contará con aproximadamente 1.5 millones de dólares para sus labores y presencia en los territorios.
Para el coordinador de la alianza NOSSA, estos recortes presupuestales se han tomado sin transparentar los criterios para su reducción, por lo que comprometen incluso el cumplimiento de acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, el tratado regional por los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental.
“Los criterios para la asignación presupuestal deben ser transparentes y no lo son. Hoy el presupuesto a las áreas naturales protegidas se asigna de forma discrecional y hay negociaciones que desconocemos. Al final si no hay presupuesto, las áreas protegidas son líneas en un mapa”, sostiene.
Ante la brecha presupuestaria de lo que deberían recibir las ANP en México, que asciende a cerca de 200 millones de dólares, de acuerdo con NOSSA, una de las propuestas impulsadas por la alianza es la devolución del pago que hacen los visitantes cuando van a las áreas naturales protegidas.
Históricamente ese dinero ha ido a la Hacienda Pública para su posterior administración, sin embargo un porcentaje cada vez mayor está retornando directamente a las áreas naturales.
En 2024, el ingreso por este pago fue de casi 18 millones de dólares, de los cuales el 94 % retornó a la Conanp, tras una negociación de este organismo con la Secretaría de Hacienda.
“Urge cuidar lo que importa, cuidar el ambiente. Asignar un presupuesto digno a las áreas naturales protegidas es una inversión estratégica a futuro y para el bienestar de la sociedad mexicana”, insiste Martín Villar.
Mongabay Latam consultó a la Semarnat y a la Conanp para saber los motivos de los recortes y si en sus solicitudes de presupuesto se esperaba una reducción, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
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Contradicciones en el presupuesto
El presupuesto público en México contempla dos anexos para el cambio climático (Anexo 16) y la transición energética (Anexo 15) en 2026. En ambos rubros el Gobierno está destinando gran parte de los recursos a programas y proyectos que no tienen relación con estos temas.
Un análisis hecho por las organizaciones Engenera (Energía, género y ambiente, A.C), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Wildlands Network Programa México, Greenpeace, Fundar y Oceana México señala no sólo una disminución del 1.24 % en el presupuesto para adaptaciones contra cambio climático, sino que el 93 % de este presupuesto va para programas que no contribuyen a enfrentar esta crisis.
De los 47 programas que integran el Anexo 16, cinco de ellos concentran la mayoría de los recursos. El principal beneficiado es el Ejército, que recibirá más del 41 % de este fondo para acciones como ampliar las capacidades de energía solar y eólica en sus instalaciones.
Otros programas mayormente beneficiados son para infraestructura ferroviaria para transporte de carga y de pasajeros, mitigación de la industria de hidrocarburos y para Sembrando Vida, un programa que compensa a campesinos por desarrollar viveros comunitarios para la producción de especies nativas y proyectos agroforestales.
Sin embargo, el análisis señala que no hay evidencia de que estos programas cumplan con sus metas o que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México, sostiene que estas inconsistencias en el presupuesto muestran que la atención a la crisis climática no es una prioridad.
“México peca de tener políticas públicas sin indicadores con los que se puedan medir genuinamente si los programas satisfacen las necesidades que quieren cubrir”, afirma la directiva.
También menciona la discrepancia de que sea el Ejército quien reciba el mayor presupuesto en temas de adaptación y mitigación de cambio climático, mientras la autoridad ambiental encargada, Semarnat, recibe apenas 3.7 % de los recursos en este apartado.
“No hay claridad, ¿la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) lidera las acciones de combate al cambio climático? Es contradictorio y no se alcanza a entender la política de esta Administración para enfrentar el cambio climático”, dice a Mongabay Latam.
El análisis destaca que, en cambio, apenas el 7 % de los recursos del anexo se destinen a 42 programas que en su mayoría sí son relevantes para la adaptación y mitigación del cambio climático, como los de desarrollo forestal sustentable, la gestión del agua, la pesca y acuacultura sustentable, así como la conservación y manejo de Áreas Naturales Protegidas, entre otros.
Por ejemplo, uno de los programas que recibirá el Ejército para ampliar una granja solar en instalaciones militares recibirá 10 veces más presupuesto que todos los programas enfocados en la protección forestal y conservación de áreas naturales contenidos en el Anexo.
También recibirá 9.75 veces más recursos que todos los enfocados en la gestión sustentable del agua y políticas hídricas.
“Lo que nos preocupa es que el día de mañana se diga que se está invirtiendo tanto en cambio climático, cuando el 93 % se está yendo a cosas que no tienen nada que ver. No es una apuesta real en un país que le urge transitar a una energía más justa y más limpia”, dice Terrazas.
En cuanto al Anexo 15, que aborda el presupuesto sobre transición energética, el informe advierte que el 68 % de estos recursos son destinados a programas que no tienen relación clara en el tema, pues un 53 % van para infraestructura de trenes y otro 15 % para proyectos petroquímicos.
En cambio los proyectos de energía renovables de la Semarnat recibirán apenas el 2 % de los recursos de este apartado.
Terrazas sostiene que el presupuesto también refleja la dependencia que México mantiene con los combustibles fósiles.
“Estamos caminando hacia la COP30 en Brasil y México sigue explotando el Golfo de México para la industria petrolera, abriendo pozos en aguas profundas, sigue sin prohibir explícitamente el fracking y construyendo gasoductos en el Golfo de California, eso es muy contradictorio”, afirma.
Mongabay Latam consultó a la Presidencia de México para conocer el motivo de las reducciones presupuestales, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Adaptación climática, en el olvido presupuestario
La directora de Oceana enfatiza que los programas que sí permiten la adaptación a los efectos del cambio climático, como son los de deforestación, pesca y acuacultura sustentables y conservación, siguen recibiendo presupuestos raquíticos.
Instituciones como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) —que analiza los efectos del cambio climático en las pesquerías— recibirán recortes de casi 5.8 %, de acuerdo con un análisis de Oceana.
“Llama mucho la atención que la científica que lidera el país esté cortando el presupuesto a la investigación pesquera, que brinda las bases para que los pescadores se puedan adaptar justamente a los cambios por temas de cambio climático”, sostiene.
Estos recortes, insiste Terrazas, al final afectarán más a la población que está en mayor vulnerabilidad ante los efectos de la crisis climática que ya son una realidad en el país y la región.
“Esto no va a parar, va a haber incidentes de cambio climático que se convierten en desastres naturales por la falta de respuesta del Estado y no estamos preparándonos en temas presupuestarios ni institucionales para atender la magnitud de los efectos nocivos que vamos a estar enfrentando”, advierte Terrazas.
El informe también señala que el presupuesto debería destinar un mínimo cercano a los 2800 millones de dólares a los programas de adaptación y mitigación de cambio climático, un 25 % del monto total del anexo.
“No va a haber dinero que alcance si no empezamos a atenderlo ahora. La urgencia es ahora y sí es decepcionante que la persona más capacitada para crear las políticas públicas para el cambio climático no esté respondiendo con presupuesto”, afirma Terrazas.
Imagen principal: cada hectárea natural protegida de México recibirá en promedio 10.22 pesos (aproximadamente medio dólar) para 2026. Foto: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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