- Bolivia va a la segunda vuelta este domingo y los dos candidatos en carrera no tienen una propuesta profunda para regular el sector de las cooperativas mineras, en el centro de la discusión por el impacto ambiental de la actividad.
- Rodrigo Paz propone crear un banco minero con recursos de los cooperativistas, con el fin de “formalizar” la actividad aurífera.
- Jorge Quiroga sugiere modificar la ley minera y que las cooperativas regulen sus pagos tributarios.
- Las cooperativas están en la mira por el uso de mercurio en los ríos, que provocaría contaminación en los cursos de agua y afectaría al ambiente, la biodiversidad y la salud de las personas.
Bolivia dará un giro político desde el 8 de noviembre. La era del Movimiento Al Socialismo (MAS) acabará luego de gobernar el país desde 2006 -con una pausa entre el 18 de noviembre de 2019 y 8 de noviembre de 2020 por la salida de Evo Morales tras un duro conflicto social-, dejando al sector minero dividido y con una de las facciones de este sector en una posición de poder: los cooperativistas auríferos.
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Los mineros de las cooperativas gozan de diversos privilegios, mientras oscilan entre lo legal y lo ilegal. Mientras, los dos candidatos que competirán este domingo en la segunda vuelta electoral presentan propuestas poco profundas para la minería del oro, señalada por causar supuesta contaminación de ríos y provocar impactos ambientales y sociales.
Rodrigo Paz, actual senador, y Jorge Quiroga, expresidente, se enfrentan este 19 de octubre en un inédito balotaje presidencial en el país. En la primera votación –que reunió a ocho candidatos presidenciales- Paz fue el ganador con el 32.06 % de los votos. Al no llegar al 50.1 %, el actual senador se enfrentará en un balotaje con el expresidente Jorge Quiroga, quien llegó al 26.70 % de los sufragios.
La temática ambiental quedó relegada en sus agendas, en las que se priorizaron las propuestas políticas y económicas. Aún así, analistas y ambientalistas coinciden en que la minería aurífera es un tema pendiente y que recibió un debate escaso en esta campaña, a pesar de que esta actividad está en la mira por la degradación de ríos, la contaminación por el uso de mercurio y conflictos sociales. Además, muchas cooperativas operan ilegalmente y ahora están reclamando por la escasez de carburantes.
En Bolivia, las cooperativas mineras son grupos de socios que se dedican a las actividades de la minería, en su mayoría aurífera. De acuerdo a datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras, hasta la gestión 2021, en el país operaban 2388 cooperativas que registran más de 130 000 socios en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN). De éstas, aproximadamente el 70 % son auríferas, están concentradas en La Paz y cubren el 99 % del oro que se produce en Bolivia.
Se trata, además, de un sector con beneficios en comparación con los mineros estatales, empleados de compañías del Estado boliviano que operan minas en el país y que se encuentran enfrentados a los cooperativistas. Los mineros asalariados -que dependen del Estado- pidieron al gobierno de Luis Arce retirar los beneficios a los cooperativistas e incluso realizaron hace un mes una marcha en la ciudad de La Paz pidiendo un «trato igualitario».
En esa movilización también exigieron al Gobierno que se erradique la minería ilegal, sobre todo en zonas donde hay afectaciones al medio ambiente. Tras la medida de presión, los mineros asalariados firmaron un acuerdo con el Gobierno y la presión fue suspendida.
Jaime Cuéllar, abogado experto en minería y minería ilegal, explicó a Mongabay Latam que ninguno de los dos actores políticos en carrera articuló una propuesta que responda con solvencia técnica, jurídica y ambiental a la complejidad del fenómeno cooperativo aurífero. «Lo que hemos escuchado son enunciados discursivos que reproducen viejos clichés sobre ‘formalización’ o ‘minería responsable’, pero sin estructurar un régimen normativo integral ni una arquitectura institucional con capacidad de control y sanción efectiva», dijo el experto.
Cuéllar añadió que el poder político de las cooperativas auríferas no se disolverá con el cambio de gobierno. Más bien, dijo, se reconfigurará bajo una lógica de adaptación estratégica para conservar su poder e influencia, reafirmando con ello, su capacidad de incidencia sobre el sistema político y económico.
«Su fortaleza [de las cooperativas mineras] no descansa en la ideología ni en la afinidad partidaria, sino en una estructura de poder multisectorial, cimentada en tres dimensiones: control de recursos económicos, capacidad de movilización social y dominio territorial sobre corredores auríferas estratégicos», afirmó Cuéllar.
En la era del MAS, entre 2006 y 2025, el poder político de las cooperativas auríferas llegó incluso a esferas de decisión, con la designación de ministros de Minería provenientes del sector, como es el caso de la actual autoridad de esa cartera de Estado, Santos Laura, representante de los mineros cooperativistas del oro. Según Cuéllar, en los gobiernos del MAS las cooperativas fueron elevadas a la categoría de “actor político privilegiado”, además de lo político recibiendo beneficios tributarios, flexibilización normativa y tolerancia ambiental.
Durante la campaña para el balotaje, Quiroga se posiciona como el preferido del electorado, ya que encabeza las dos encuestas autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En esa carrera, ambos candidatos tienen propuestas “tibias” para el sector cooperativista minero aurífero.
Nueva ley minera
En el último debate presidencial, realizado el 12 de octubre, Quiroga anunció una nueva ley minera que garantice mejores ingresos para el Estado, pero que se enfoque en el respeto del medio ambiente. Según dijo el candidato, esta propuesta, que no está en su plan de gobierno, prohíbe echar mercurio a los ríos y busca hacer más competitiva la minería boliviana.
Luis Vásquez, vocero de Libre, alianza que postula a Quiroga, explicó a Mongabay Latam que esta nueva ley minera permitirá que las cooperativas auríferas se asocien con inversiones privadas. “El problema no es el cooperativismo, el problema es la ilegalidad. El problema es usar mercurio y tirarlo al río y no poder monetizar, el problema es el que opera de manera ilegal y por eso hay que entrarle a la ilegalidad con impuestos justos y respetando el medio ambiente”, dijo.
El político añadió que se deben subir las obligaciones tributarias para los diferentes sectores mineros, entre ellos el aurífero. “Tiene que haber variable porque un tiempo el oro puede costar muy caro y luego baja el precio, entonces también debe bajar el impuesto”, detalló.
Por su parte, Paz calificó al oro como el instrumento central para resolver la crisis económica por la que atraviesa Bolivia, ya que asegura que genera recursos igual o más que los hidrocarburos. Su propuesta se llama “capitalismo para todos” y en una de sus partes propone “formalizar” a los cooperativistas “en vez de atacarlos”, como actualmente ocurre porque pagan impuestos bajos o porque generan daño al ambiente contaminando ríos.
“La política tiene que ser sutil, tiene que tener habilidad y nosotros lo que estamos proponiendo es la creación, por ejemplo, de un banco minero con sus propios recursos [porque ahora] la mayor parte de la deuda que tienen [los cooperativistas mineros] es con los chinos, con extranjeros que vienen, les ponen tecnología y les ponen crédito”, afirmó Paz en un acto electoral en La Paz.
Con esa postura, el candidato quiere que, a través de ese banco minero, se empiece a “formalizar” a las cooperativas mineras en Bolivia para llevar adelante una producción con respaldo crediticio, pero también con normativa medioambiental. “Si entiendes el problema y no niegas el problema [se puede avanzar] metiendo a los cooperativistas al sistema financiero”, dijo Paz.
Ricardo Rada, vocero del Partido Demócrata Cristiano (PDC), partido que postula a Paz, detalló a Mongabay Latam que las cooperativas mineras deben formalizar sus actividades y para eso se deben aplicar nuevas leyes. “Entendiendo que hay desfases medioambientales, entendiendo que hay problemas en el sector, las cooperativas le dijeron a nuestro candidato que quieren crear un fondo o un banco, pero no con dinero estatal, sino que ellos quieren financiar ese fondo para establecer recursos para el desarrollo de proyectos”, dijo Rada.
Según Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), ambos candidatos no presentaron “propuestas serias” referente a la minería cooperativa. Sobre Paz, el experto dijo que el candidato mencionó “muy superficialmente” la legalización de las mineras ilegales y otorgarles financiamiento. Sobre Quiroga, dijo que solo habló de nuevas áreas para las cooperativas.
“Ninguno de los dos candidatos superaron el discurso de ‘nueva ley minera’ sin terminar de entender el microcosmos socioeconómico que representan las cooperativas y la minería nacional. Una nueva política minera es urgente, pero la misma debe ser elaborada no solo con la posición de los actores mineros [estatal, privados y cooperativas]”, dijo Zaconeta, quien añadió que esa nueva estrategia debe involucrar a los actores afectados, como la sociedad civil, pueblos indígenas, los niveles de gobierno departamental, municipal y la academia.
¿Legal o ilegal?
El experto explicó lo que es legal y no en el sector de las cooperativas mineras. Entran en el marco de la legalidad todas las cooperativas que tienen el reconocimiento de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) y sus entes matrices, como Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) o la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (FECMABOL).
Sobre la actividad ilegal, Zaconeta dijo que esta situación creció y produjo otras formas de ilegalidad, como la actividad minera que no cuenta con ninguna autorización o inicio de trámite e ingresa a extraer mineral; la que inició sus trámites ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) o los ministerios de Medio Ambiente y Agua o de Minería, pero no espera la debida autorización de estas instancias e inicia operaciones; y la operación que logra autorización de la AJAM o los ministerios, pero alquila sus áreas a operadores privados, ya sean nacionales o extranjeros.
Estos últimos ingresan en los ilegal porque son cooperativas mineras que logran la autorización de las áreas solicitadas y licencia ambiental y se asocia con el capital privado para explotar el área minera y además contrata trabajadores asalariados y usa maquinaria de alta capacidad. Se suman las cooperativas que fomentan el desvío de combustible para operadores privados o minería ilegal usando su Hoja de Ruta; y las operaciones mineras que realizan la evasión fiscal y tributaria, adulterando su condición de operador.
Bolivia ya eligió 130 diputados y 36 senadores el 17 de agosto pasado. Estos nuevos legisladores iniciarán sus labores el 8 de noviembre y en carpeta se dejaron varias leyes dedicadas a mejorar la política ambiental en el país. Muchos de los candidatos al Legislativo impulsaron en campaña la aprobación de una nueva ley minera, sobre todo que controle al sector cooperativista.
Sobre el tema, el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), Óscar Campanini, afirmó a Mongabay Latam que ambos candidatos dan una posición favorable a las cooperativas auríferas debido a que este sector tiene capacidad para generar incidencia en la elección y habilidad para tener condiciones favorables.
“A nivel general no se habla de las cooperativas como ilegales, pero en sentido estricto incumplen varios aspectos y múltiples normas. Para empezar, la norma minera obliga a que ellos tengan un contrato con el Estado para consolidar sus derechos mineros y hay muy pocas cooperativas que tienen estos contratos, que además deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa”, dijo Campanini.
En cuanto a la temática ambiental, según el experto una mayoría de las cooperativas mineras ingresan a la ilegalidad por no tener licencias ambientales para operar. “En sentido estricto, la mayoría de las cooperativas son ilegales, pero esa mayoría no se perciben como ilegales, ni siquiera como informales”, concluyó.
El dilema del mercurio
Entre 2014 y 2023 -no hay cifras oficiales de 2024 y 2025-, Bolivia importó 1285 toneladas de mercurio y a la fecha no existe prohibición alguna para la comercialización y uso de este material tóxico, que incluso se ofrece libremente a través de páginas web.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), revelan que en 2014 las importaciones de mercurio fueron de solo 12.7 toneladas, por un valor de 522 910 dólares. Al año siguiente se dispararon a 151 toneladas por 6.8 millones de dólares. En 2016, el volumen llegó a su máximo nivel con 238 toneladas por 12.3 millones de dólares.
En 2020, las compras al exterior fueron de 165 toneladas por valor de 9.5 millones de dólares; al año que sigue se adquirió un volumen similar, pero por 5.2 millones; mientras que en 2022 las importaciones descendieron a 95 toneladas y fueron por un valor de 5 millones de dólares.
En 2023, las importaciones siguieron bajando a 71 toneladas, por 4.1 millones de dólares. En nueve años, el promedio de importaciones fue de 107 toneladas por año.
Bolivia es parte del Convenio de Minamata, que tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y la contaminación provocadas por el mercurio. Este convenio regula todo el ciclo del metal pesado. A pesar de esa adhesión, en Bolivia solo se aprobó un decreto supremo, el número 4959 del 14 de junio de 2023, sobre el mercurio pero no establece restricciones ni plazo para dejar de emplear la sustancia. Solo crea el Registro Único de Mercurio (RUME) para la inscripción de importadores y comercializadores de mercurio.
Distintas investigaciones han puesto la lupa en el rol de Bolivia como lugar de paso para el tráfico de mercurio a países donde sí está prohibido su ingreso, como Perú, y donde también se utiliza para la minería de río. En Perú, este tipo de minería es ilegal.
También existen sospechas del ingreso ilegal del mercurio a Bolivia. Una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) reveló una red de tráfico de mercurio desde minas artesanales en Querétaro, México, hacia la minería de oro ilegal en Perú, Bolivia y Colombia. El estudio revela cómo el contrabando de mercurio logra evitar las inspecciones en aduanas mexicanas cuando es escondido entre grava y piedras, y apunta al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El pasado 16 de abril, la Procuraduría Federal al Ambiente (Profepa) de México inmovilizó un cargamento de cinco toneladas de mercurio líquido que pretendía ser enviado en botes de pintura a Bolivia. Se trató del cargamento más grande detectado en los últimos cinco años.
Imagen principal: una draga de minería de oro en el norte de La Paz, Bolivia. Foto: cortesía Cpilap
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