- Ana Lorena Delgadillo Pérez, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, profundiza en diálogo con Mongabay Latam sobre las responsabilidades de las empresas en las desapariciones de defensores, tras la publicación de un informe a nivel global.
- La especialista en derechos humanos destaca colusiones entre empresas, crimen organizado y Estados, que ponen en mayor riesgo a defensores ambientales, especialmente comunidades indígenas.
- El informe de Naciones Unidas también emite recomendaciones para Estados, empresas y entidades financieras para asumir sus responsabilidades en estos casos, en los que deben involucrarse en acciones de investigación, búsqueda y reparación.
- Los proyectos de transición energética también se establecen con esquemas que ponen en riesgo a las personas defensoras, advierte la abogada.
Ana Lorena Delgadillo Pérez es una abogada mexicana que suma más de 20 años en la defensa de derechos humanos. Cuenta con experiencia en derechos de las mujeres y de personas migrantes, en casos de desapariciones, feminicidios, militarización, justicia penal y seguridad ciudadana. Actualmente es integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, el cual recientemente presentó un informe que analiza la alarmante tendencia mundial de desapariciones forzadas contra defensores ambientales.
El documento advierte, entre otros puntos, que las empresas tienen cada vez mayor responsabilidad en la desapariciones de personas defensoras del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente, quienes desafían intereses económicos en medio del acaparamiento de tierras, proyectos extractivos y planes de desarrollo.
El Grupo de Trabajo sostiene que las desapariciones pueden implicar una colusión de empresas con actores estatales y el crimen organizado, al compartir el objetivo de proteger sus inversiones y obtener ganancias.
Para entender los hallazgos del informe, Delgadillo aborda la falta de datos, las dinámicas que están dejando en vulnerabilidad a quienes defienden los bienes comunes y las medidas que deberían seguir los Estados y las empresas para enfrentar sus responsabilidades.
—¿A qué se debe que no haya claridad en las cifras de desapariciones de personas defensoras del ambiente y el territorio, sobre todo en América Latina?
—Documentamos en general una ausencia de cifras a nivel mundial. No las hay en las Américas, pero tampoco en otras regiones. Lo que se ha logrado registrar, en buena medida gracias a organizaciones no gubernamentales como Global Witness, son los asesinatos de personas defensoras de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente.
Son muchos los factores. En muchos de los casos, cuando suceden las desapariciones forzadas no se identifican como tal, las personas no las identifican y las autoridades no las investigan como tal, y por lo tanto no se registran. Muchas de estas desapariciones son de las llamadas desapariciones forzadas de corta duración: quien está defendiendo la tierra, los recursos naturales o el medio ambiente puede estar participando en una manifestación y ser detenido. Esto ocurre mucho.
Pero también lo que vemos es mucho temor. Cuando desaparece alguien de una comunidad, la propia comunidad tiene temor de ir a denunciar porque saben que las autoridades pueden estar coludidas con el crimen organizado o con las empresas que están detrás. Saben que están enfrentando poderes muy grandes, frente a las instituciones que están cooptadas y sienten que se ponen más en riesgo.
La última es que los Estados no le han dado tampoco la importancia a este tipos de casos para que figuren en estadísticas. Este informe lo que trata también es traer la urgencia de documentar y tener estadísticas claras sobre personas defensoras de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente que han desaparecido.
—Más allá de los números, ¿qué características están marcando este tipo de violencia a nivel global y Latinoamérica?
—Este tipo de casos suceden cuando tienes en los países intereses económicos muy poderosos, generalmente son empresas del norte global y de otros países económicamente poderosos que van y se instalan en países del sur global, que se aprovechan de la debilidad del Estado de derecho, de que las instituciones son fácilmente corruptibles para que puedan apropiarse de la tierra o los recursos naturales o el medio ambiente. Y en estos contextos lo que sucede es que hay una colusión con agentes del Estado y en ocasiones también con el crimen organizado.
La desaparición es el acto final, pero hay una serie de actos en cadena que se dan previamente. Puede empezar, por ejemplo, con la falta del reconocimiento de la tenencia de la tierra. En muchos lugares se nos reportó que no hay claridad sobre los derechos de la tenencia de la tierra para comunidades históricamente ahí establecidas, ya sean campesinas o pueblos indígenas.
Al no haber esta seguridad sobre la tierra, lo que hace es que ellos no tengan herramientas sólidas para defender sus territorios cuando son amenazados por el Estado, pero también por los poderes económicos.
Cuando se va a iniciar un proyecto hay una gran ausencia de información. Una de las características es que no hay transparencia ni en las empresas, ni en las agencias de financiamiento que están apoyando estos proyectos, ni en el Estado sobre cuál es el impacto que puedan tener un proyecto extractivo en la comunidad. Las consultas son deficientes o pueden ser manipuladas.
—El informe menciona la colusión entre empresas, crimen organizado y autoridades estatales. ¿Cómo se manifiesta y qué industrias se destacan más por esta violencia?
—El poder de las empresas es tan grande que han influenciado para que las legislaciones sobre la tenencia de la tierra, sobre los recursos naturales sea una legislación que les favorezca para llegar y establecerse.
También se nos reportó, por ejemplo, que en algunos lugares incluso ven cómo colocar servidores públicos que estén en instituciones clave para su servicio. Hay formas muy sutiles de cómo poco a poco van provocando diferentes tipos de violencia que terminan después en la violencia más grave, que puede ser la desaparición forzada o la ejecución.
La minería es uno de los campos donde vemos más este tipo de casos, pero los proyectos extractivos en las regiones están dejando un gran número de víctimas alrededor. Nosotros documentamos en proyectos que tienen que ver con energía hidroeléctrica, la agroindustria, la infraestructura, complejos turísticos y también alrededor de la extracción del petróleo, todo el tema de los oleoductos, gasoductos, todo lo que implica la tenencia de esas tierras y la explotación también provoca casos de desaparición.
Parte de la novedad de este informe es que presenta un catálogo claro de cuáles tendrían que ser las responsabilidades de las empresas. En los casos de desaparición hay un catálogo mínimo de cuáles son las medidas que se tienen que tomar para prevenir, para colaborar en la búsqueda, para colaborar en la investigación y para colaborar en la reparación del daño.
—¿Los proyectos de transición energética que se presentan como soluciones frente al cambio climático están generando riesgos para los defensores?
—Lo que documentamos fue que en gran medida estos proyectos, que se están presentando como una alternativa frente al cambio climático, lo que provocan también es una apropiación ilegal de las tierras, despojan a las comunidades de las tierras, y en medio de esto también hay casos de desaparición forzada.
Todo esto que es una alternativa para el cambio climático termina afectando de otra manera a los propios defensores de la tierra y los recursos naturales, porque se están haciendo cada vez más apropiaciones ilegales de la tierra, dejando a las personas frente a una completa desprotección. La violencia se puede infligir de muy diferentes maneras.
Otra constante que encontramos en todas las regiones es la tremenda criminalización que se puede hacer desde el micrófono más poderoso, que es desde el Poder Ejecutivo, pero también de otras instituciones del Estado y de las propias empresas que comienzan también a hacer campañas donde desacreditan a los defensores, a las comunidades, las llaman antidesarrollo, las llaman ecoterroristas. Eso hace que se justifique, que se facilite su vigilancia y su detención arbitraria.
Cada contexto es diferente, por ejemplo, en Nicaragua tenemos defensores que fueron detenidos y que siguen desaparecidos. En México tenemos también varios defensores donde empezó el caso como desaparición, pero fueron encontrados asesinados y cuando a las personas las encuentran asesinadas, no se investiga tampoco la desaparición previa.
Los grupos más afectados que nosotros encontramos fueron las comunidades indígenas. Esto impacta de una manera muy grave, las divide, se socava el liderazgo. En algunas comunidades los jóvenes no quieren ser los líderes porque sienten que les va a pasar lo mismo que les pasó a otros que fueron desaparecidos.
Para muchas de las comunidades la tierra es un elemento sagrado, es inseparable de su identidad cultural. No es nada más un recurso explotable y cuando se trata la tierra como un recurso explotable, no se da cuenta del daño que se causa.
—¿Qué mecanismos hay y cuáles hacen falta para prevenir y reparar las desapariciones de defensores a nivel público y privado?
—Para nosotros es claro que estas desapariciones son el resultado de la colusión entre el Estado, empresas privadas, agencias financieras y grupos criminales que buscan proteger o incrementar sus ganancias. Generalmente no hay una sanción frente a los actos que llegan a cometer o una investigación debida en los casos donde pueden estar implicados en desapariciones forzadas.
Las empresas no se pueden excusar en que en el territorio en el cual están actuando no exista legislación porque hay normas internacionales muy claras al respecto. Una de las grandes cosas que faltan es una regulación mucho más sólida y fuerte, donde tengan la obligación de identificar, prevenir y mitigar los impactos en derechos humanos a lo largo de toda la cadena de actividades.
Hay recomendaciones para los Estados. Lo primero es que tiene que haber una documentación, estadísticas claras sobre el número de personas defensoras que están desaparecidas. Tienen que tomar medidas urgentes para buscarles. Se tienen que fortalecer los sistemas de Justicia y de protección, tomando en cuenta toda la impunidad que hay detrás de estos casos. Las autoridades tienen el deber de interactuar directamente con las comunidades afectadas. Lo que no queremos es que las soluciones o las posibles soluciones salgan del escritorio de las autoridades, sino que realmente se conversen las medidas que se vayan a tomar con las comunidades afectadas.
Es muy importante que haya una revisión profunda del marco legislativo de lo que implica riesgos para que ocurran desapariciones. Ver si las leyes que se tienen, donde se aseguren los derechos de las comunidades a las tierras ancestrales y el reconocimiento, están plenamente reconocidos. Revisar la legislación sobre tenencia de la tierra, ver que esté debidamente regulado y que haya prácticas sólidas para que se lleve a cabo el consentimiento previo libre e informado.
En el tema de investigación, búsqueda y reparación creemos que tiene que tener características especiales. Lo que estamos recomendando es que haya equipos multidisciplinarios que se armen con expertos independientes y con gente que conozca el territorio para llevar a cabo la búsqueda.
Recomendamos que las empresas también participen en la búsqueda, porque muchas veces las desapariciones se dan en territorios que están concesionados a las empresas. Estamos estableciendo obligaciones a las empresas para que colaboren en la búsqueda.
Si tú dejas a las comunidades o a los grupos solos en la investigación frente al Estado, va a ser muy difícil que tengas resultados. Lo que estamos recomendando es que el Estado pueda permitir que se armen grupos independientes con expertos independientes que puedan apoyar en la búsqueda, con teorías de búsqueda, que puedan apoyar en la investigación y que puedan apoyar también a armar junto con la comunidad cuáles tendrían que ser las formas de reparación.
También tiene que haber sanciones administrativas, civiles y penales cuando las empresas no elaboren o no apliquen los planes adecuados de debida diligencia o cuando estén causando daños o estén violando derechos humanos que pueden llevar a desapariciones forzadas. Incluso recomendamos que cuando haya riesgo de desapariciones forzadas el proyecto se tiene que parar.
Debe haber una cooperación clara de las empresas dando toda la información que tengan en el caso, ayudando en la investigación, cooperando con la reparación del daño y con medidas preventivas.
Imagen principal: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas advierte sobre el aumento de la tendencia de este delito contra defensores ambientales. Foto: cortesía GENeva Environment Network
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