- En esta sección, Killeen hace un recuento de los sistemas legales que poseen un procedimiento civil que faculta a un grupo de personas con el propósito de lograr una reparación judicial frente a otra entidad ante daños al medio ambiente y la consiguiente salud de los habitantes.
- Si bien admite que los resultados en los países de la Panamazonía son irregulares, algunos ejemplos en Ecuador, Perú, Brasil y otros más están generando jurisprudencia internacional ante futuras negligencias tanto de las empresas extractivas como del Estado.
- A pesar del potencial de las demandas civiles para modificar comportamientos, decenas de miles de infractores de regulaciones ambientales operan fuera o en los márgenes de la economía formal.
Algunos sistemas legales cuentan con un procedimiento civil que faculta a un grupo de personas para unirse y crear una entidad temporal (clase) con el fin de buscar reparación judicial frente a otra entidad, típicamente una corporación, por daños causados por un incidente, producto o servicio. Conocido como demanda colectiva, este tipo de litigio fue pionero en Estados Unidos durante el siglo XX para abordar diversas formas de mala conducta corporativa y negligencia grave. Por ejemplo, desempeñaron un papel clave al obligar a compañías energéticas a mejorar sus procedimientos operativos y a compensar a las personas afectadas por derrames de petróleo y vertederos de desechos tóxicos. Considerando el legado de las industrias extractivas en la Panamazonía, las demandas colectivas representan una estrategia potencial para financiar la remediación de las calamidades ambientales acumuladas durante las últimas cinco décadas.
Todos los países panamazónicos han incorporado aspectos de este concepto judicial en sus códigos civiles. No obstante, su implementación ha tenido resultados mixtos, en parte debido a la débil gobernanza judicial en la región.
En uno de los casos más emblemáticos, habitantes de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos demandaron a Texaco, posteriormente adquirida por Chevron, por los daños causados por prácticas que contaminaron el suelo y el agua de la región entre 1965 y 1992. Tras una compleja serie de fallos judiciales en varias jurisdicciones, un tribunal ecuatoriano dictaminó en 2009 en contra de la empresa, imponiéndole una multa de 9.500 millones de dólares. Chevron rechazó la decisión, alegando prácticas corruptas por parte del juez, y apeló en tribunales estadounidenses. La empresa no niega que sus acciones dañaran el medio ambiente, pero afirma que cumplió con todos los requisitos legales vigentes en el momento de sus operaciones y que honró sus obligaciones con el pueblo ecuatoriano. Chevron ha prevalecido en múltiples jurisdicciones, incluidas Nueva York, Brasil y la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Los litigios civiles tampoco lograron sancionar la negligencia en la mina de oro Omai, en Guyana, donde la rotura de una presa de relaves en 1995 liberó más de tres millones de metros cúbicos de efluentes contaminados con cianuro y metales pesados en el río Esequibo. Un tribunal de Canadá, donde tenía su sede la empresa propietaria, se negó a considerar el caso por motivos de jurisdicción, mientras que la Corte Suprema de Guyana lo desestimó por falta de pruebas.
Los intentos de asignar responsabilidad financiera en el caso de La Oroya, Perú, se complicaron debido a la falta de claridad en los contratos entre las partes, incluyendo la entidad estatal que vendió el complejo metalúrgico en 1993 a Doe Run Corporation, así como por la estrategia legal de la corporación estadounidense de crear una subsidiaria y utilizar leyes de quiebra para limitar sus responsabilidades legales. Si bien el Estado peruano, tanto sus organismos reguladores como el sistema judicial, no logró resolver el conflicto, una coalición internacional presentó una denuncia en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En abril de 2024, dicho tribunal dictaminó que Perú había violado los derechos de sus ciudadanos al no brindarles la protección judicial adecuada, como lo establece la legislación nacional. La sentencia, tras 25 años de litigio, finalmente proporcionó justicia a los habitantes de La Oroya y sentó un precedente en la jurisprudencia internacional al reconocer la responsabilidad legal y fiscal de un Estado cuando, a sabiendas, no toma medidas para mitigar o remediar un delito ambiental que viola el derecho de sus ciudadanos a un medio ambiente sano, derecho garantizado por la Constitución peruana.
Brasil ha sido pionero en un procedimiento civil comparable aunque distinto, conocido como Acción Civil Pública (ACP). Este procedimiento se diferencia de las demandas colectivas en que se centra en la protección de derechos colectivos, en lugar de indemnizar a un grupo específico de personas cuyos derechos han sido vulnerados. A diferencia de las demandas colectivas, que dependen de la autoorganización de los demandantes, generalmente impulsada por abogados que cobran honorarios, la ACP estipula que solo las instituciones pueden iniciar la demanda. Estas instituciones incluyen gobiernos (federal, estatal y municipal), autarquías (entidades gubernamentales autónomas), fiscales, defensores públicos y ciertas organizaciones de la sociedad civil con experiencia mínima de un año en el sector pertinente.
Esta estrategia legal se utiliza con mayor frecuencia para proteger los derechos de consumidores y empleados, pero también ha sido utilizada en litigios por irregularidades ambientales, culturales y financieras. La gran mayoría de las demandas de ACP relacionadas con problemas ambientales han sido interpuestas por fiscales, quienes han utilizado este mecanismo para obtener compensaciones monetarias por actos ilícitos como tala ilegal, infracciones al Código Forestal y minería ilegal de oro. En un ejemplo reciente, fiscales federales negociaron un acuerdo con una empresa maderera en nombre de una comunidad Asháninka en el estado de Acre, el cual se concluyó tras 20 años de litigio y más de 40 años después de la infracción.
La empresa acordó un pago de 12 millones de reales para compensar a la comunidad indígena por la cosecha no sustentable de caoba en sus tierras ancestrales durante la década de 1980, a pesar de que los actos ilegales se cometieron antes de que su territorio fuera reconocido formalmente en la década de 1990.
En los últimos treinta años se han presentado miles de casos de ACP ambientales, muchos de ellos interpuestos por fiscales federales en colaboración con el IBAMA para imponer sanciones económicas calculadas según los daños causados por los responsables. Esta estrategia, que suele culminar en un acuerdo negociado, ha generado la mayor parte de las multas ambientales que el Estado brasileño utiliza para garantizar el cumplimiento del Código Forestal.
Los fiscales también han utilizado el mecanismo de la ACP para detener, al menos temporalmente, acciones gubernamentales cuestionables. Por ejemplo, han empleado la ACP para obligar a los gobiernos a cumplir leyes aprobadas por administraciones anteriores o por jurisdicciones superiores. En 2012, el MPF utilizó un procedimiento de ACP para obtener una orden judicial que suspendiera la ZEE aprobada por la Asamblea del Estado de Mato Grosso, argumentando que: (a) el texto difería sustancialmente del documento técnico presentado a la legislatura; (b) la versión modificada no era compatible con el Código Forestal; y (c) no otorgaba personería jurídica a catorce territorios indígenas. El gobierno estatal apeló la decisión y el caso aún no se ha resuelto; no obstante, el estado reinició el proceso de ZEE en 2016 e inició otra ronda de consultas en 2021.
En otro caso, en 2010, el MPF demandó al INCRA por la distribución ilegal de tierras en el estado de Acre. Se habían creado áreas de asentamiento sin demarcar las reservas forestales comunales, como lo exige el Código Forestal, e ignorado el requisito de obtener licencia ambiental. El tribunal ordenó al INCRA iniciar las solicitudes de licencia ambiental en un plazo de sesenta días o pagar una multa de 200.000 reales por cada caso de incumplimiento. Más recientemente, el MPF utilizó la ACP para impugnar el intento del gobierno de Jair Bolsonaro de construir una carretera entre Cruzeiro do Sul y la frontera peruana. Sin embargo, los fiscales no siempre tienen éxito, como lo demuestra la revocación de una petición similar por parte de un juez, que permitió la pavimentación en curso de la BR-319.
Hasta hace poco, existían pocos ejemplos de organizaciones de la sociedad civil utilizando la ACP para cuestionar acciones gubernamentales. Esto aparentemente cambió durante el gobierno de Jair Bolsonaro, cuando las ONG se movilizaron para oponerse a sus políticas orientadas a desmantelar muchas de las regulaciones ambientales promulgadas en las últimas tres décadas, especialmente la aplicación del Código Forestal.
En muy raras ocasiones, los demandantes combinan una demanda colectiva con una ACP, como en el litigio en curso contra Norsk Hydro tras la catastrófica falla de su planta de tratamiento de residuos en 2018 . La causa inmediata del desastre fue una fuerte tormenta que desbordó la capacidad de los estanques de relaves de la empresa, provocando una oleada de lodos tóxicos que afectó a trece comunidades del municipio de Barcarena (Pará). El monitoreo posterior del suelo y el agua reveló niveles peligrosamente altos de metales pesados, lo que llevó a las autoridades ambientales estatales a ordenar la suspensión de operaciones en una de sus tres instalaciones industriales.
El litigio culminó en una sentencia que ordenó a la empresa pagar 150 millones de reales (28 millones de dólares americanos) en daños y perjuicios. Como era de esperarse, la empresa apeló, pero también inició un proceso de resolución de conflictos conocido como Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), comprometiéndose a remediar los daños y pagar una indemnización limitada. Insatisfechas con el acuerdo, las comunidades presentaron una demanda colectiva en los Países Bajos, donde un bufete neerlandés agrupó las peticiones de 11.000 familias que viven cerca de tres de las operaciones industriales de la empresa en Pará: la mina de Paragominas, la refinería de Alunorte y la fundición de Albras.
Por su lado, Colombia promulgó en 1998 una ley similar que estableció dos procedimientos diseñados para proteger los derechos colectivos. Uno de ellos facilita las demandas civiles colectivas de forma similar al mecanismo brasileño, conocidas como Acciones Populares, que permiten a la sociedad prevenir daños causados por acciones mal planificadas o inapropiadas; el otro, las Acciones Grupales, permite a grupos de personas reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de irregularidades y negligencias. Bolivia también promulgó una ley que permite Acciones Populares, que, al igual que en Colombia, sólo buscan prevenir daños, en lugar de compensar los ya ocurridos.
En Ecuador, este derecho está reconocido implícitamente en la Constitución de 2008. Irónicamente, el mecanismo preexistente de Acción Popular utilizado para demandar a Texaco/Chevron fue eliminado mediante una ley de reforma procesal en 2015. En su lugar, la nueva ley permite demandar al infractor en nombre de la propia Madre Naturaleza, quien posee derechos y protección consagrados en la Constitución de 2008. En Perú, solo se permiten demandas colectivas en materia de protección al consumidor ante tribunales civiles; las denuncias ambientales deben tramitarse en el sistema de justicia administrativa o penal.
Independientemente de la existencia o ausencia de un procedimiento legal, el uso de demandas colectivas para combatir conductas ambientales indebidas no es práctico en las repúblicas andinas. En teoría, la sociedad civil podría recurrir a este tipo de acción para mejorar la gobernanza, pero existen numerosos obstáculos, como el alto coste de una prolongada batalla legal en un sistema judicial ineficiente. Más importante aún, el sistema de derecho civil no está diseñado para un litigio civil eficaz, al menos en comparación con los sistemas de derecho consuetudinario que predominan en países de tradición jurídica anglosajona. Los sistemas judiciales latinoamericanos no contemplan juicios por jurado, lo que elimina la posibilidad de que la parte perjudicada recurra a ciudadanos con ideas afines, ni permiten indemnizaciones punitivas, que pueden generar un poderoso incentivo económico para modificar prácticas comerciales.
A pesar del potencial de las demandas civiles para modificar comportamientos, decenas de miles de infractores de regulaciones ambientales operan fuera o en los márgenes de la economía formal. Mineros de oro ilegales, piratas madereros y acaparadores de tierras no tienen motivación para cumplir con las leyes ambientales y, debido a su situación informal, son relativamente inmunes a las demandas civiles. La única forma realista de cambiar su comportamiento es recurrir al sistema de justicia penal para clausurar sus operaciones, confiscar sus bienes y, de ser necesario, enviarlos a prisión.
Imagen principal: La directora del colegio José Pardo, ubicado en Loreto (Perú) observa la losa deportiva del colegio, en ruinas y sin remediación. El terreno registra filtraciones de crudo hace 20 años. Crédito: Sebastián Castañeda para Mongabay Latam.
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