- Un informe del Mecanismo Independiente de consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que la compañía contaminó durante décadas el territorio indígena tsáchila.
- El BID Invest financió a la empresa de producción cárnica Pronaca sin evaluar adecuadamente los impactos ambientales y sociales de la empresa, según sus propias conclusiones.
- Durante varios años, la firma descargó aguas residuales de granjas porcinas a los ríos de los que dependen los tsáchilas, afectando su salud, cultura, producción agrícola y proyectos turísticos, de acuerdo con el informe.
- Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, es esposa de Christian Bakker, de la familia fundadora de la empresa.
En la comuna indígena tsáchila de Peripa todavía hay curanderos, pero las plantas medicinales están desapareciendo y los ríos ya no curan, sino que enferman. A finales de 1990, la empresa Pronaca instaló granjas de chanchos en la vecindad, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al suroeste de Quito, en Ecuador. Poco después, los pobladores de la zona notaron que las fuentes de agua superficiales y subterráneas ya no eran inocuas.
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Después de casi 30 años de que sus reclamos ante las instituciones del Estado ecuatoriano pasaran desapercibidas, un informe sostiene décadas de contaminación e incumplimientos en el territorio indígena tsáchila. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró el reporte, publicado en septiembre de 2025.
“El agua era una de las principales fuentes de poder para los poné [curanderos], además, ahí, en los ríos, se hacían los baños de purificación. Ahora, si una persona nos visita y entra al río, saldrá con una enfermedad en su piel”, dice en conversación con Mongabay Latam Ricardo Calazacón, habitante indígena tsáchila de la comuna Peripa.
“Si no hay reparación, ¿qué va a pasar con nosotros, si la mayoría somos sanadores y agricultores?”, se cuestiona. Calazacón y su familia lideran la defensa de su territorio ancestral desde hace 25 años. Para ellos, el informe del MICI representa una batalla ganada, pero saben que los reclamos no se acaban hasta obtener reparación.
El BID entró en esta historia cuando en 2021 entregó financiamiento por 50 millones de dólares a Pronaca. En 2023, comunidades indígenas tsáchila presentaron una queja ante el MICI, alegando que el proyecto generaba contaminación. Tras admitir la solicitud, el organismo realizó una investigación que incluyó una visita a la zona.
El MICI encontró que el BID Invest pasó por alto sus propias políticas que buscan evitar el financiamiento a proyectos que causen daños sociales o al entorno natural. Entre las observaciones se destacan el deficiente manejo de los impactos ambientales, la falta de consulta significativa a las comunidades indígenas, el ocultamiento de información relevante y la omisión de responsabilidad sobre la contaminación histórica de los ríos.
“Exigimos transparencia a los bancos de desarrollo especialmente cuando otorgan préstamos millonarios a empresas con antecedentes de contaminación y de afectación a pueblos indígenas”, señala Natalia Greene, miembro de CEDENMA, en un comunicado. Los solicitantes tsáchilas nombraron a esta organización como su representante en el proceso, que también contó con el apoyo de las organizaciones Friends of the Earth y Bank Information Center (BIC).
Cerca del poder
“La empresa siempre se ha salido con la suya porque tiene poder económico y ahora político”, dice Shady Heredia, especialista que ha seguido de cerca el caso como colaboradora de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA). Se refiere a que Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, es esposa de Christian Bakker, de la familia fundadora de la empresa.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) su postura sobre los hallazgos reportados por el MICI, pero no respondió hasta la publicación del artículo. Mongabay Latam también consultó al MAE si la ministra Manzano declaró formalmente un posible conflicto de interés por su relación con un socio de la empresa, pero la institución tampoco respondió a estas preguntas.
Pronaca, por su lado, le dijo a Mongabay Latam que “dado el carácter confidencial del proceso y su estado de evaluación en curso, la empresa no puede anticipar información o decisiones que aún están siendo deliberadas y acordadas por todas las partes”.
La compañía cárnica confirmó que está trabajando junto al BID Invest en el plan de acción conjunto que ordenó el informe del MICI. Sobre esto, el BID Invest le dijo a Mongabay Latam que la organización financiera está elaborando el plan de acción dentro de los plazos establecidos, documento que será discutido por el Directorio Ejecutivo del BID Invest.
Sin consulta ni información
“Lo que pasa es muy impactante”, dice Calazacón. “Yo crecí nadando y disfrutando del río, pero mis hermanos menores no pueden hacer lo mismo”, agrega. Los tsáchila no solo perdieron un espacio fundamental para su espiritualidad y esparcimiento, también perdieron la fuente de agua limpia que usaban cotidianamente para cocinar, lavar, bañarse, regar sus cultivos y dar de beber a sus animales de granja.
En 1994, Pronaca instaló sus granjas a 290 metros de la comuna de Peripa, según la información recabada por el MICI. Esto sucedió a pesar de que la normativa de regulación agropecuaria nacional dispone que las granjas porcinas deben ubicarse a al menos tres kilómetros de distancia de los centros poblados.
“El problema es que siempre les dijeron que no está definido qué es un centro poblado, por lo tanto, ellos no eran un centro poblado, y como la cabecera cantonal es la ciudad de Santo Domingo, ellos no podían reclamar”, explica Heredia.
Al respecto, el MICI identificó que la empresa no se aseguró de identificar a la comunidad tsáchila Peripa como parte del área de influencia del proyecto, por lo tanto, no se implementaron medidas diferenciadas considerando su estado de vulnerabilidad.
De acuerdo con el informe, la comunidad tampoco fue consultada sobre las actividades de la empresa, un derecho que tienen los pueblos indígenas cuando una actividad afecta sus territorios. “El MICI concluye que esta omisión constituye una violación de la norma del BID Invest que protege los derechos de los pueblos indígenas y socava la legitimidad del proyecto”, se lee en el reporte.
El Mecanismo también reprobó el hecho de que el BID Invest no se haya asegurado de que Pronaca ofrezca información completa y periódica sobre el proyecto, sus impactos y las medidas de mitigación. Otro incumplimiento tuvo que ver con que Pronaca clasificó como confidenciales documentos sobre el impacto ambiental, privando así a las comunidades el acceso a información transparente.
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“El reporte me parece interesante en términos de acceso a la información”, resalta Carolina Juaneda, directora de ambiente y coordinadora para América Latina del Bank Information Center (BIC), una organización que monitorea la actividad de los bancos multilaterales de desarrollo.
“Alrededor de 3000 personas son parte de la nacionalidad tsáchila y están divididas justamente por la empresa”, dice Heredia. La especialista asegura que Pronaca da regalos y trabajo a quienes abandonan las denuncias y apoyan a la empresa. Calazacón señala que quedan muy pocas personas en defensa del territorio que heredaron de los abuelos. Su padre, que lleva el mismo nombre, y quién ha embanderado el proceso, ha recibido insultos y amenazas por parte de otros tsáchilas.
Contaminación «histórica» ignorada
Los afectados denuncian que Pronaca realizó durante varios años supuestas descargas contaminantes y sin tratamiento en los ríos de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, algo que el MICI constató. Para limpiar los desechos de los animales de la Granja Chanchos Plata 1, Pronaca usaba el agua del río Peripa y luego desechaba las aguas residuales directamente en el mismo río.
Después de años de denuncias, incluido un señalamiento público del gobierno parroquial de Puerto Limón, en el año 2000, la empresa cambió el anterior sistema de limpieza por uno en el que se utiliza una cama de cascarilla de arroz para que los desechos de los cerdos se compacten y se retiren sin generar aguas residuales.
No obstante, este cambio se hizo sólo en la Granja Chanchos Plata 1. El MICI notó que existen otras nueve granjas en la provincia que operan bajo el sistema tradicional, aunque en la actualidad, las aguas residuales son tratadas y usadas como fertirriego. Sin embargo, en la investigación se halló que no se están monitoreando las aguas subterráneas de las granjas de Pronaca. Esto genera un potencial riesgo de contaminación de las fuentes hídricas subterráneas y superficiales.
Para el Mecanismo, el BID Invest incumplió con sus deberes de supervisión, debido a la falta de un adecuado desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) para las granjas de crianza. Esta omisión es significativa, considerando que la empresa cuenta con más de 100 centros de operación en todo el país.
Heredia señala que un estudio -al que accedió Mongabay Latam- halló que el agua del río Peripa estaría contaminada con coliformes, pues la presencia de estas bacterias asociadas a las heces supera los estándares considerados seguros para el consumo humano o el uso recreativo. La especialista reconoce que faltan investigaciones para determinar cuál es la responsabilidad de la empresa, debido a que en el río también se desechan las aguas negras sin filtrar de las poblaciones cercanas.
“Sin embargo, la empresa tiene actividad en la zona desde hace 30 años, entonces la comunidad todavía considera que Pronaca está contaminando”, sostiene Heredia. En esa línea, la investigación del MICI concluyó que el BID Invest no verificó si la empresa contribuyó a la contaminación histórica. De acuerdo con el informe, esta omisión limitó la incorporación de medidas de gestión ambientales adecuadas.
Para Calazacón, el perjuicio se siente cada día porque en esta zona no hay servicio de agua potable. Los habitantes de las comunas tsáchila y de las poblaciones mestizas del área obtienen agua de pozos y siguen dependiendo de los ríos.
Olores nauseabundos
Hace unos años, la comunidad desarrolló un proyecto turístico llamado Aldea Colorada –los tsáchilas son conocidos como “colorados”, por sus peinados con achiote–, relata Calazacón. Turistas nacionales y extranjeros llegaban atraídos por las características únicas de esta cultura indígena, pero también para disfrutar del clima cálido, de los ríos y de los bosques del territorio ubicado en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes.
“De la noche a la mañana, el proyecto se cayó”, cuenta Calazacón. Para llegar a la comunidad, hay que pasar por una vía que está junto a las granjas de Pronaca. “El turista quiere ver naturaleza y pasar por la granja es desagradable, el olor es muy fuerte”, asegura. Así, Pronaca provocó otra pérdida para los tsáchila, esta vez de carácter económico.
A medida que la operación de Pronaca crecía, los olores empeoraban. Heredia sostiene que en los días de mayor calor, el hedor viaja hasta dos kilómetros de distancia. Los habitantes de la zona se quejan de dolores de cabeza constantes, que atribuyen a los olores nauseabundos que se originan en las chancheras.
El informe del MICI señala que el BID Invest no se aseguró de considerar estudios previos sobre el impacto de olores en las comunidades cercanas a las plantas de operación de la empresa. Tampoco verificó que Pronaca adoptara medidas para gestionar dichos impactos ni que la empresa desarrollara un Plan de Gestión de Olores adecuado.
A la espera del cumplimiento
Por cada incumplimiento, el Mecanismo hizo recomendaciones orientadas a promover una gestión social y ambiental responsable, mediante el reconocimiento de los derechos de las comunidades tsáchilas y la restauración de los ríos históricamente contaminados. Otro objetivo es que el BID mejore sus procesos para que otros actores en el futuro se beneficien de una actualización en las políticas de transparencia y responsabilidad ambiental.
“La idea es que los reportes lleven a reparación y que haya cambios sistémicos al interior de los bancos de desarrollo para no repetir los errores que se identificaron en las investigaciones”, explica Carolina Juaneda, del BIC.
Para la especialista, la investigación es robusta, pero lo “más interesante” es que con base en las recomendaciones, la administración del BID tendrá que elaborar un plan de acción. El MICI seguirá el caso para asegurar la implementación de las recomendaciones. Los tsáchilas, dice Calazacón, se mantendrán atentos, pero también piden apoyo a la sociedad civil en la veeduría del cumplimiento.
Mientras tanto, en Peripa, las plantas medicinales de las riberas del río desaparecen paulatinamente. Ahora, los tsáchilas siembran algunas en sus huertas, pero no han podido rescatar ni reproducir las casi 600 especies que tomaban de la naturaleza. “Si la empresa no reconoce su impacto, después de 10 o 20 años, no habrá más plantas medicinales. Nuestros sabios no tendrán plantas con qué sanar”, pronostica Calazacón.
Foto principal: una imagen promocional de Pronaca publicada en el website de la empresa. Foto: Pronaca
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