- En la Constitución de 1998 se estableció la existencia de una figura para la autonomía y autogobierno, pero no los mecanismos para tramitarla.
- Después de la Constitución de 2008 se detalló el procedimiento, pero es considerado un “laberinto”, por lo que ningún pueblo indígena lo ha completado hasta el momento
- Pueblos como el kichwa de Pastaza están buscando la autonomía desde hace más de tres décadas y han enfrentado diversas barreras.
- Persiguen la autonomía, explican, para gestionar y habitar el territorio en sus propios términos y frente al avance de actividades extractivistas.
Para los kichwa hay tres mundos. Awa Pacha es el plano celestial, donde habitan los astros y los antepasados poderosos. Kay Pacha es el mundo terrenal y presente, donde habitan los seres vivos y lo perceptible. Y el Uku Pacha es lo subterráneo, por donde corren las venas de la selva.
Por eso, cuando en 1990 la organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), en Ecuador, presentó una propuesta de legalización de territorios al presidente Rodrigo Borja, sus miembros no solo exigieron la adjudicación, con la que conseguirían la propiedad colectiva de la superficie, sino que también hicieron referencia a la autodeterminación, la autonomía y el autogobierno, con las que buscaban gestionar los tres espacios. La propiedad sobre el subsuelo sería más relevante poco después, cuando la industria petrolera incursionó en estos territorios de manera inconsulta.
Ocho años más tarde, en 1998, el movimiento indígena ecuatoriano consiguió el reconocimiento de la autonomía en la Constitución, bajo la figura de Circunscripción Territorial Indígena. En 2010 se delimitaron los mecanismos para su aplicación en el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). Sin embargo, hasta la actualidad ningún pueblo indígena ha conseguido la autonomía en Ecuador, debido a que el procedimiento es “un laberinto” y al “colonialismo” de la clase gobernante ecuatoriana, de acuerdo con los expertos consultados.
Los pueblos indígenas también enfrentaron barreras políticas. Ahora, algunos pueblos han notado que la autonomía va más allá del reconocimiento del Estado: es un ejercicio en construcción, aseguran.
Esta búsqueda empezó en 1990 para algunos pueblos y nacionalidades indígenas. El Pueblo Kichwa de Pastaza es uno de los que más esfuerzos ha realizado para obtener la autonomía. A pesar de décadas de trabajo, sus miembros no han conseguido el reconocimiento estatal oficial, pero tampoco han abandonado esa meta.
El primer reclamo
“No es procedente dar paso al pedido, porque ustedes pretenden dividir al país, pretenden crear un Estado dentro del Estado”, les habría dicho en 1990 Borja, según recuerda Tito Merino, histórico líder de la organización que tuvo su germen a finales de los años 70 y que a lo largo de las décadas cambió de nombre hasta convertirse en la actual Organización Kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).
“Hubo una campaña feroz encabezada por las Fuerzas Armadas en contra de los amazónicos. Les acusaron de querer dividir el Estado, de tener un proyecto secesionista que respondía a proyectos ajenos y oscuros. Varios compañeros dirigentes fueron perseguidos, algunos tuvieron que pasar a la clandestinidad”, recuerda Pablo Ortiz-Tirado, doctor en estudios culturales latinoamericanos que ha acompañado y asesorado los procesos autonómicos de los pueblos indígenas amazónicos desde mediados de los años 80.
En 1990, los líderes presentaron la propuesta, llamada Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado ecuatoriano, durante el que es considerado el Primer Gran Levantamiento Indígena. Aunque se logró una visibilización del movimiento indígena inédita hasta ese momento, los miembros de la OPIP regresaron a sus territorios con las manos vacías: sin el reconocimiento de sus territorios y mucho menos de la autonomía.
La demanda venía de un proceso de linderación de los territorios que iniciaron años antes, como una medida para contener el avance de la colonización. La Amazonía era considerada “baldía” por la clase gobernante ecuatoriana, por lo que en 1964, el Gobierno promovió su invasión con la Reforma Agraria. Pero esas tierras no estaban vacías. “Los territorios eran ocupados por nosotros, solo que no teníamos las escrituras”, dice Merino.
Autonomía de facto
Después de la negativa de Borja, la OPIP decidió elaborar el Plan Amazanga para la gestión ambiental y social de los territorios indígenas de Pastaza. “Mientras unos compañeros mejoraron los mapas, otros generaron políticas. Poco a poco se consiguió la educación intercultural bilingüe, la justicia indígena, el reconocimiento de los derechos”, relata Merino.
Entre 1980 y 1996, se llevaron a cabo una serie de iniciativas y programas, reseña el libro El Origen del Buen Vivir. Crearon proyectos productivos, de investigación, de conservación, un departamento de aviación, un proyecto turístico y hasta una cooperativa de ahorro y crédito. “En la Amazonía, en las zonas menos intervenidas, los pueblos han tenido una experiencia de autogestión, porque el Estado ha brillado por su ausencia”, dice Ortiz-Tirado.
Los líderes indígenas, conformados por una generación de jóvenes que confluyeron en la década de los 70 en Puyo, la capital de Pastaza, durante sus estudios secundarios, presentaron en 1992 los resultados del mapeo del territorio en una asamblea que convocó a las bases.
“Antonio, como eres joven, el Gobierno no te quiere respetar”, habrían dicho los mayores a Antonio Vargas, el entonces presidente de la OPIP y que después se convertiría en uno de los líderes indígenas más reconocidos del país, sobre todo en la Amazonía. Merino, que en esos años era dirigente de promoción y organización, recuerda que los mayores les ordenaron hacer una marcha que saliera desde Puyo para conversar con el kuraka de Quito. Se referían a Borja, que estaba terminando su periodo presidencial.
El 11 de abril de 1992, unas 500 personas de diferentes comunidades de Pastaza y del resto de la Amazonía se concentraron en Puyo. Desde ahí, caminaron montaña arriba, algunos sin zapatos, según recuerda Merino. Al ver que la marcha era una realidad, más indígenas amazónicos se unieron.
Después de varios días llegaron a los Andes, donde los kichwas de la Sierra los recibieron y se unieron a la marcha. La noche del 22 de abril, unas 5000 personas, según cálculos del líder, llegaron al sur de Quito. Descansaron, afilaron sus lanzas y a la madrugada del día siguiente continuaron su andar hacia el centro de la ciudad.
“Fueron experiencias inéditas, de resistencia, entrevistas, acoso, engaños, mentiras, falsedades. Pero también de apoyo, solidaridad, comprensión por parte de la sociedad ecuatoriana, nos apoyaron con logística, vituallas, alimentos. Algunos periodistas escribían a favor y otros en contra”, recuerda Merino. Tenían su objetivo claro: que se legalicen sus tierras y ser reconocidos en la Constitución.
En esta ocasión, el presidente ecuatoriano dijo que verificaría los mapas con el Instituto Geográfico Militar. Los dirigentes indígenas estaban determinados a regresar con las escrituras, así que se quedaron revisando la información hasta el 14 de mayo, unos 20 días después de su llegada a Quito. Consiguieron las escrituras, pero divididas en 19 bloques y solo del 52 % de las 2.5 millones de hectáreas solicitadas. “Manejaban muy bien esta cuestión de divide y vencerás”, opina Merino.
La titulación excluyó el manejo del espacio aéreo y del subsuelo y no reconocía la autonomía, pero la OPIP “siguió funcionando de facto como la administradora exclusiva de todo su territorio”, de acuerdo con el libro El Origen del Buen Vivir. En agosto de 1992, la organización aprobó el Plan Amazanga. Formas de manejo de los recursos naturales en los territorios indígenas de Pastaza, considerado el primer plan de vida de la OPIP.
Fracturas
Los levantamientos y marchas por la reivindicación de derechos dieron fruto en 1998, cuando la nueva Constitución de la República declaró a Ecuador como un Estado intercultural y multiétnico. Además, estableció la existencia de las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI), una figura para garantizar la autonomía y el autogobierno.
“Era una cosa enunciativa, nunca se definieron ni mecanismos ni la obligación de destinar recursos públicos”, asegura Ortiz-Tirado. “Otro problema, esta es una interpretación de lo que he investigado, es que el tema tampoco fue colocado de manera primordial en la agenda de la CONAIE [Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador]”, añade el sociólogo.
Mientras tanto, según recoge el libro El Origen del Buen Vivir, la OPIP continuó con sus planes de autonomía. Con Merino en la presidencia se elaboró el documento Nuestro Plan de Vida. Plan Estratégico 2000-2012. Aquí se retomó el concepto del Sumak Kawsay o Buen Vivir, que según el libro citado, fue desarrollado por primera vez de manera formal por Carlos Viteri, indígena kichwa de la comunidad de Sarayaku y hermano menor de Alfredo y Leonardo Viteri, quienes estuvieron entre los estudiantes que lideraron la creación de la organización indígena de Pastaza.
Bajo el mandato de Tito Merino se redactó y presentó la Ley Orgánica del Territorio Autónomo de los pueblos Kichwa de Pastaza (TAKIP), con el objetivo de reunificar a las asociaciones kichwas que resultaron de la división que experimentó la OPIP desde 1985, cuando se creó la Asociación de Indígenas Evangélicos de Pastaza, Región Amazónica (AIEPRA).
Las fragmentaciones continuaron en 1993, cuando el consorcio Petroecuador-Arco descubrió grandes reservas de crudo liviano en el Bloque 10. También influyeron las acusaciones de corrupción en contra del líder Héctor Villamil, por las que fue destituido. Después, Villamil generó otra importante escisión de la OPIP. “Vinieron las debilidades organizativas, quedamos casi desbaratados”, recuerda Merino.
En este contexto, el plan de reunificación y la elaboración de un programa de gestión ambiental y ordenamiento territorial para la Ley Orgánica del TAKIP fracasaron.
La ilusión de Montecristi
En 2008, se promulgó la actual Constitución del Ecuador, reconocida por ser garantista de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. En el documento, elaborado en la ciudad de Montecristi, se elevó el Sumak Kawsay a precepto constitucional y se reconoció por primera vez al país como plurinacional, incluyendo el derecho a la autonomía y autogobierno indígena.
También se ratificó la existencia de las Circunscripciones Territoriales Indígenas. “Fue un logro en términos de posicionar el derecho que tienen los pueblos a organizarse y regirse en ámbitos territoriales más amplios”, opina Lina María Espinosa, abogada y defensora de derechos.
El sociólogo de Sarayaku Carlos Viteri fue designado secretario ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) en 2009. “El presidente [Rafael Correa] puso como una de sus altas prioridades implementar las CTI”, asegura Viteri, quien en 2012 fue elegido asambleísta del partido de Gobierno y en 2019 se refugió en México por considerarse perseguido político.
Viteri cuenta que además de los kichwa de Pastaza, los achuar, andwa, waorani, kichwa de Loreto y a’i kofán firmaron convenios de cooperación con ECORAE. Los pueblos realizaron talleres en sus comunidades para construir los instrumentos de gestión territorial y gobernanza interna. “Ecorae hizo el acompañamiento técnico y colocó recursos para que los pueblos tomen decisiones con sus técnicos”, dice el exasambleísta.
Aunque el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) también trabajó desde los años 2000 en su plan de vida y gestión del territorio, no fue parte del proceso estatal para obtener la CTI. De acuerdo con la investigación de Mongabay Latam, sus integrantes temían que se establecieran condicionamientos para recibir los fondos estatales una vez lograda la CTI.
Mientras tanto, la OPIP, que en esos años se hacía llamar Circunscripción Territorial de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CTNKP), trabajó en cuatro ejes, de acuerdo con Merino: gestión del territorio, estatuto constitutivo y reglamentos, plan de Sumak Kawsay y gobernanza. “Terminamos todo esto e hicimos la solicitud para legalizar la autonomía, pero nos pusieron trabas”, recuerda el líder. A pesar de eso, en 2012 se creó de facto el Consejo de Gobierno de la CTNKP.
Un laberinto constitucional
La creación de las CTI se empantanó por el artículo 257 de la Constitución, que crea un “laberinto”, en opinión de Ortiz Tirado. “Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen de administración especial, luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los votos válidos”, dice el artículo.
Por ejemplo, para conseguir la CTI en Pastaza, la provincia más grande del país, había que hacer una serie de consultas populares en cada parroquia y cantón donde habitan los kichwa.
Entonces, dice Viteri, decidieron arrancar con dos cantones que tenían mayoría indígena: Arajuno, en Pastaza, y Loreto, en Orellana. No obstante, el proceso no llegó tan lejos. Antes de eso, el COOTAD requiere que los pueblos que buscan la autonomía presenten su estatuto constitutivo ante la Corte Constitucional, pero no queda claro si es que este también es un requisito previo para la recolección de firmas que daría paso a la consulta popular.
“No procede la entrega del formato de formulario para la recolección de firmas de respaldo para la consulta popular sobre el proceso de constitución de la circunscripción territorial indígena kichwa de Arajuno, debido a que aún no se cuenta con el dictamen de constitucionalidad”, respondió el Consejo Nacional Electoral (CNE) en octubre de 2012. Mientras tanto, la Corte Constitucional respondió que no podía avanzar sin la recolección de firmas, según documentación enviada por Merino.
Espinosa y Ortiz-Tirado coinciden en señalar que la reticencia estatal se basó en «prejuicios racistas» y temores de soberanía. De constituirse, las CTI se convertirían en parte de la estructura administrativa del país y sus habitantes tendrían derecho a recibir recursos del presupuesto estatal, lo que generaba “desconfianza”.
Viteri salió de ECORAE a finales de 2012, cuando fue elegido asambleísta por el movimiento político de Rafael Correa. Según su versión, sus sucesores no continuaron con el trabajo que él inició, pero el libro El Origen del Buen Vivir señala que ECORAE suspendió unilateralmente los programas de impulso de las CTI, supuestamente por falta de financiamiento.
A pesar de pertenecer a un pueblo indígena y de haber sido uno de los conceptualizadores del Sumak Kawsay, cuando fue asambleísta, Viteri lideró la comisión que aprobó la explotación del bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní. Ahora, el político indígena señala que durante la constitución de las CTI además había temor de que el Estado se viera impedido de llevar a cabo sus «políticas extractivas» en territorios indígenas.
Finalmente, dice Ortiz-Tirado, el proceso se enterró a raíz de que en 2014 la dirigencia de Sarayaku refugió al entonces periodista y activista Fernando Villavicencio, al médico Carlos Figueroa y al asambleísta Cléver Jiménez, acusados de injurias calumniosas por Rafael Correa. En otras palabras, después de este hecho, el Gobierno de ese entonces habría retirado el apoyo para continuar con la creación de las CTI.
Nueva etapa
En 2016, ante el convencimiento de que la Circunscripción Territorial de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CTNKP) no se legalizaría, la CTNKP se transformó en el Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza. Finalmente, en 2018 adoptó el nombre Pastaza Kikin Kichwa Runakuna (PAKKIRU).
El Consejo de Gobierno actual de PAKKIRU está conformado por jóvenes profesionales que están retomando la lucha de los mayores, dice Diana Chávez, dirigenta de asuntos internacionales de la organización. Con la asesoría de Merino y otros líderes, están trabajando en la Agenda Autonómica del Ñukanchi Kikin Ushay Kawsay o gobierno propio de los kichwa.
“Se están haciendo mejoras, nos dimos cuenta de que todavía nos falta clarificar algunos conceptos. En las propuestas anteriores trabajamos con mayor énfasis en el lenguaje occidental. Ahora estamos escribiendo desde nuestra propia cosmovisión”, dice el líder.
Chávez sostiene que uno de los objetivos es cambiar el imaginario sobre los pueblos indígenas, que desde el exterior son vistos como gremios y no como gobiernos propios, dice. Eso, a su vez, ha provocado que los pueblos indígenas se ajusten para encajar en la realidad nacional, pero ahora buscan decir “somos un gobierno”.
Asimismo, aunque es ahora un objetivo a largo plazo, esperan ser parte de la planificación nacional y subnacional, con el fin de construir el Estado plurinacional que reconoce la Constitución, y que no solo se enuncie, sino que sean efectivas las medidas, por ejemplo, de educación propia o intercultural.
Para la abogada Lina María Espinosa, la autonomía está más allá de las circunscripciones territoriales indígenas, el modelo reconocido en la Constitución, “la autonomía es un ejercicio”. “Varios pueblos han dado lecciones en ese sentido”, asegura. Cita la Ley Propia de Control y Protección del Territorio Ancestral de la Comunidad de Sinangoe de la Nacionalidad A’i Kofán, creada tras las fallas del Estado en controlar la minería ilegal y tras la entrega de concesiones inconsultas en el territorio de la comunidad.
“Ese es el camino, porque no va a haber, y mucho menos con el actual Gobierno y en el actual contexto, la garantía de que se normen o se regulen las autonomías por la vía institucional, y se garantice su ejercicio”, dice la defensora de derechos en relación al gobierno de Daniel Noboa, que está reforzando la agenda extractivista en el país. Entre los proyectos están la Ronda Petrolera Suroriente y la Ronda Petrolera Subandina, que amenazan a gran parte de Pastaza y a las siete nacionalidades que la habitan, según sus representantes.
“¿Por qué se ponen a administrar nuestra propia casa, nuestro espacio territorial?”, cuestiona Tito Merino. Por eso, para defender su territorio de una industria que causa 12 derrames mensuales en Ecuador, y decidir en sus términos cómo quieren manejarlo y habitarlo, la autonomía no ha dejado de ser un objetivo para el Pueblo Kichwa de Pastaza.
Foto principal: miembros de las siete nacionalidades indígenas de la provincia de Pastaza en una asamblea realizada en 2025. Foto: cortesía PAKKIRU
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