- Un nuevo informe de la Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition afirma que al menos el 86 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente y suele estar controlado por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales.
- Aproximadamente el 70 % de lo que se produce, valorado en más de 4400 millones de dólares en 2021, se contrabandea y se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes, incluso en Estados Unidos.
- La minería ilegal del oro ha tenido varios efectos socioambientales en las comunidades indígenas, como envenenamiento con mercurio, explotación sexual, trabajo forzoso y deforestación.
- Los autores del informe proponen varias soluciones políticas que Estados Unidos puede implementar para abordar el problema, entre ellas, reforzar la supervisión, cerrar las brechas legales y restaurar la capacidad de aplicación de la ley.
Según un nuevo informe, la mayor parte del oro de Venezuela se contrabandea y se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes, incluso en Estados Unidos. Las operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos, afirma el informe de la Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition (Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa).
El efecto en los bosques, el agua y las comunidades indígenas de la Amazonía es “devastador”, escribieron los autores.
Recomiendan varios cambios políticos en Estados Unidos para evitar el ingreso de oro ilegal en el país, como reforzar la supervisión, cerrar las brechas legales y restaurar la capacidad de aplicación de la ley, lo que se ha visto drásticamente reducido con los años por la priorización de recursos para contener el narcotráfico. El enfoque actual del Gobierno estadounidense contra las drogas y las bandas de Venezuela, que incluyó ataques contra presuntos barcos narcotraficantes, no debería replicarse para abordar el oro ilegal, dicen, ya que “no está funcionando” y los costos “son considerables”.
“Una respuesta militarista y radical por parte de Estados Unidos a la minería ilegal de oro en la región sería poco prudente e ineficaz”, declaró por correo electrónico a Mongabay Julia Yansura, directora del programa de delitos medioambientales y finanzas ilícitas de la FACT Coalition y coautora del informe. “Primero, muchos de nuestros aliados en la región ya lo han probado, enviando tropas para ‘ataques’ rápidos estilo militar contra los sitios mineros ilegales”, reflexionó la experta.
“Lo que instamos a Estados Unidos a hacer es emplear herramientas nuevas de la caja de herramientas contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo. Al cortar los beneficios de estos grupos delictivos y terroristas, y denegarles refugio financiero en el sistema financiero estadounidense, podemos debilitarlos significativamente”, agregó Yansura.
Tras el colapso de la economía petrolera de Venezuela en 2014 y la tensión financiera causada por las sanciones de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro creó el Arco Minero del Orinoco en 2016, que abarca aproximadamente el 12 % del territorio nacional en el sur de Venezuela y cuyo objetivo es generar ingresos para el país. Sin embargo, según expertos independientes y los autores, esta jugada ha dado lugar a la minería ilegal desenfrenada por parte de grupos delictivos.
Al menos el 86 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente, mientras que el 70 % se contrabandea y lava en el exterior. En 2021 se lo valoró en 4400 millones de dólares, observa el informe. El porcentaje exacto del oro de Venezuela que ingresa en Estados Unidos es incierto. De los 4472 centros de minería ilegal registrados en la Amazonía, el 32 % (1423 centros) están concentrados en Venezuela, aunque el país represente solamente el 5.6 % del territorio amazónico, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.
“La economía ilegal del oro en Venezuela se distingue de otras en Sudamérica por el grado de implicación del Estado”, explicó a Mongabay en un correo electrónico Isidoro Hazbun, investigador especializado en delitos medioambientales y finanzas ilícitas de la FACT Coalition y coautor del informe. “Si bien la minería ilegal en la región depende de cierto nivel de control territorial por parte de actores armados no estatales, en Venezuela, las operaciones suelen estar incentivadas, coordinadas y abiertamente toleradas por las autoridades estatales”.
Según un informe de 2024 presentado ante el Congreso de Estados Unidos, la creación del Arco Minero del Orinoco no logró atraer fondos de inversores extranjeros como Maduro esperaba. En lugar de ello, las autoridades estatales, incluidas personas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, crearon una estrategia financiera lucrativa mediante el cobro a organizaciones delictivas a cambio del acceso al arco.
Las élites venezolanas también compran el oro ilegal en ciudades consideradas centros comerciales controlados por el Gobierno, como El Callao, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Mongabay se puso en contacto con funcionarios del gobierno venezolano y el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero no recibió respuesta alguna hasta el momento de la publicación.
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El llamado Tren de Aragua, una megabanda transnacional que ejerce autoridad de facto en el Arco Minero del Orinoco y sus alrededores, se ha convertido en una obsesión para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha designado al grupo como organización terrorista extranjera y lo ha declarado fuerza invasora.
Además de Tren de Aragua, el Primeiro Comando da Capital o PCC (Primer Comando de la Capital), la red delictiva más grande de Brasil, también está involucrada en la minería ilegal del oro en territorios indígenas de la frontera de Brasil y Venezuela, tal como en el territorio yanomami. En el sur del país, el Ejército de Liberación Nacional o ELN y la Segunda Marquetalia son los que más influencia tienen y operan en áreas protegidas tales como los parques nacionales Yapacana y Canaima. Tanto el ELN y la Segunda Marquetalia son grupos guerrilleros colombianos que operan en Venezuela.
Una investigación publicada por Mongabay en abril reveló algunas de las estrategias utilizadas por los grupos delictivos para contrabandear oro brasileño a Venezuela, que implican el uso de aviones y cruces fronterizos informales.
Efectos socioambientales
Entre 2001 y 2020, Venezuela perdió aproximadamente 23 000 hectáreas de masa forestal debido a las actividades mineras. Fue el segundo país más afectado en la Amazonía después de Surinam. Más del 80 % o 19 000 hectáreas de pérdida forestal se produjo en bosques indígenas o comunitarios.
La minería ilegal del oro ha afectado a muchos de los pueblos indígenas de Venezuela, en tanto sus tierras suelen coincidir con los depósitos de oro. Lisa Lynn Henrito Percy, exjefa de la comunidad indígena maurak y actual asesora del nuevo jefe, le comunicó a Mongabay a través de mensajes de WhatsApp que, si bien la minería legal o ilegal afecta a todos los habitantes de un país por igual, “lo que distingue a los pueblos [indígenas] en este aspecto es el efecto sociocultural irreversible de la destrucción de la naturaleza -hábitat y tierras- para los pueblos indígenas, lo que provoca un desequilibrio en todo sentido, que no solo destruye la naturaleza, sino también toda una forma de vida ancestral y antigua”.
Bram Ebus, consultor sobre conflictos y medioambiente del International Crisis Group, le dijo a Mongabay que el mercurio, que los mineros usan para extraer el oro y es tóxico para las personas y los animales, se descarga en los ríos, lo que afecta gravemente la salud tanto de los seres humanos como del ecosistema. “Las comunidades indígenas dependen del pescado como alimento básico, pero estos peces están muy contaminados, lo que provoca graves problemas de salud en todas estas poblaciones”, afirmó.
Ebus explicó que la propagación de la minería ilegal está impulsada por el colapso económico, lo que “hace que los esfuerzos para combatir la minería ilegal sean inútiles si no se les proporcionan medios de vida alternativos a las personas más necesitadas”.
Lynn dijo que, con escasas opciones alternativas para la educación o el trabajo, los pueblos indígenas y los lugareños se encuentran en una situación difícil. Los jóvenes no tienen más remedio que trabajar en las minas y convertirse en esclavos de los propietarios, y terminan cayendo en una forma de esclavitud moderna en la que deben trabajar para pagarles deudas interminables. Los integrantes de la familia se ven obligados a abandonar sus pequeñas explotaciones agrícolas y huertas para ir a trabajar a las minas con el fin de mantener a sus familias, pero regresan sin dinero y con problemas como el consumo de drogas y alcohol y enfermedades venéreas, agregó.
Soluciones
Los grupos delictivos suelen usar mensajeros humanos para traficar con oro, según el informe de la FACT Coalition. Atraviesan los límites internacionales por vía aérea y aprovechan los puntos ciegos financieros, tales como las empresas ficticias o de fachada, para trasladar el mineral y lavar las ganancias. En Estados Unidos, la minería ilegal transnacional del oro no se considera un delito que sustente cargos por lavado de dinero, lo que complica a los fiscales estadounidenses en la obtención de condenas y la imposición de penas.
Para abordar el problema, el informe recomienda que Estados Unidos y otros gobiernos ajusten las verificaciones en las cadenas de suministro del oro y sancionen con mayor rigor a los evasores.
“Lo que instamos a Estados Unidos a hacer es emplear herramientas nuevas de la caja de herramientas contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo”, le dijo Yansura a Mongabay por correo electrónico.
“Al cortar los beneficios de estos grupos delictivos y terroristas, y denegarles refugio financiero en el sistema financiero estadounidense, podemos debilitarlos significativamente y reducir de esa manera su capacidad de hacer daño”.
Imagen principal: mineros buscan oro en una mina en El Callao, estado de Bolívar, Venezuela, el viernes 28 de abril de 2023. Los mineros realizan la búsqueda por horas en estanques donde el agua inerte favorece la proliferación de mosquitos que transmiten enfermedades, como la malaria y el dengue. Foto: AP Photo / Matías Delacroix
Este artículo se publicó originalmente en inglés en Mongabay, el pasado 2 de octubre.
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