No hay paz en tierra o en altamar. Son las 12:30 del 4 de julio. Familiares de Edward José Valiente Góngora lloran al pie de su féretro, en medio de una de las calles principales del barrio 4 de Abril, en Puerto Bolívar. El joven de 26 años fue baleado en aguas abiertas, cerca de la frontera con Perú. Uno de los proyectiles ingresó por su ojo durante un robo que sufrieron varios pescadores, asegura su abuelo a Mongabay Latam, sin dar más detalles. Lo que dice casi no se escucha por los gritos de la muchedumbre que vela el cuerpo de Edward.

En esta zona que pertenece a Machala, la capital de la provincia de El Oro, en el sur del Ecuador, el ambiente es hostil por la guerra entre bandas de narcotraficantes, principalmente Los Lobos y los Sao-Box. Parientes y amigos del difunto rechazan la presencia de una veintena de policías que acaba de llegar al barrio ante un reporte de disparos y cierre de la vía principal para improvisar una suerte de capilla ardiente.

De pronto, otro disparo. Varios se agachan para protegerse, mientras un grupo de policías corre hacia un terreno vacío donde se guardan botes de pesca. Los uniformados creen que entre los asistentes al velorio hay miembros de alguna de las bandas que someten a la población. También sospechan que el ataque en el mar que acabó con la vida de Edward Valiente tiene que ver con otro motivo y no precisamente con un robo.

Según los registros de la Función Judicial, Valiente Góngora presentaba antecedentes por tráfico de armas y robo, entre 2020 y 2024. Estos datos elevan las sospechas de los uniformados.

La pesca artesanal está entre los sectores más golpeados por el crimen organizado en El Oro. Desde hace unos cinco años, antes de salir a su faena, los pescadores están obligados a estar al día con el pago de extorsiones, localmente llamadas “vacunas”, a bandas que controlan los muelles y las rutas de pesca.

Algunos deben pagar hasta 300 dólares mensuales solo para evitar que les roben los motores o los maten. Otros, asfixiados por las deudas o amenazas, han optado por otro camino: aceptar encargos para trasladar droga en sus embarcaciones mar adentro, donde trasladan la carga a buques y contenedores que terminan en puertos de Centroamérica, Norteamérica o Europa.

La guerra ligada al narcotráfico que se libra en Puerto Bolívar y otras zonas de Machala deja una estela de muertes violentas bajo la modalidad de sicariato, asaltos, extorsiones y atentados con tanques de gas o explosivos industriales. Un ejemplo de ello se registró la madrugada del 18 de agosto de 2024, cuando una explosión destruyó por completo un muelle y sus tres plantas, en el barrio Amazonas 1. La población prefiere callar porque, como dicen los pescadores, una palabra de más puede costar la vida.

El coronel William Calle, jefe de la Policía en la Zona 7 —que agrupa a las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe— guió al equipo periodístico de Mongabay Latam por las calles y casas destruidas por la guerra entre bandas narco delictivas. Sorteando un gran hueco en el piso, cerca del callejón de Los Sandros -denominado así por una banda ligada a Los Lobos-, se accede a un borde de lo que queda en pie de una casa sobre el agua del estero Huayla, un ramal estratégico para sacar la droga hacia el mar.

“En todo este sector, casi nadie vive ya. Esta zona es clave para el tráfico de drogas. Por eso es que [las bandas] les ponen dinamita [a las casas] para que la gente se vaya y tener la vía libre para seguir traficando”, explica Calle.

En una villa humilde de ese barrio que tradicionalmente era habitado por pescadores, una mujer lamentó la muerte de dos de sus hijos en hechos violentos que evitó detallar.

Durante ocho meses, un equipo periodístico de Mongabay Latam investigó las extorsiones que acorralan a los pescadores en la provincia de El Oro. Acompañó a las autoridades en operativos policiales para recorrer las calles de los barrios donde la reportería, sin custodia, es demasiado riesgosa. Realizó solicitudes de información a la Policía Nacional, la Armada del Ecuador, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura para obtener datos oficiales sobre muertes violentas, desapariciones y extorsiones en el sector pesquero. Accedió a informes de inteligencia militar y policial y conversó con pescadores artesanales, dirigentes comunitarios, fiscales, mandos policiales y expertos en crimen organizado. El miedo, en la mayoría de los casos, incluyendo el de autoridades, hace que las identidades de los entrevistados se mantengan en anonimato.

El contexto de un mar tomado

El Oro, una de las provincias que concentra el mayor número de pescadores artesanales en el país, se ha convertido en un epicentro de violencia. Solo en un año se registraron 580 muertes violentas, a diferencia de las otras provincias que agrupa la jurisdicción policial, Zona 7: Loja registró 18 y Zamora Chinchipe, 15, asegura el coronel William Calle. “Aquí nosotros hemos cogido toneladas de droga en contenedores”, resume el comandante, quien confirma que los hechos de violencia están asociados a una pelea entre las bandas de narcotráfico Los Lobos y Sao-Box por el control de Puerto Bolívar. “La pelea es por el puerto”, sostiene.

Ecuador, de hecho, está entre los países de todo el mundo con más incautaciones de drogas, detrás de Colombia y Estados Unidos, según Antonio Di Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Ecuador y Perú, en declaraciones ofrecidas en 2022. De acuerdo con el Ministerio del Interior, se decomisan aproximadamente 200 toneladas anuales desde el año 2021, con un pico de casi 300 toneladas en 2024. Gran parte de esa droga ha sido incautada en los principales puertos del país y, precisamente, Puerto Bolívar, anclado en Machala, la capital de El Oro, es uno de los cinco más relevantes.

De acuerdo con fuentes policiales que conversaron con Mongabay Latam y un informe de 2022 de inteligencia militar (Comisión Binacional de Fronteras Ecuador-Perú), una de las principales organizaciones que opera en esta provincia es la denominada Los Lobos. El militar en retiro y exdirector de Inteligencia del Ejército Mario Pazmiño, sin embargo, puntualiza que en la zona también hay estructuras de los Tiguerones y de Los Choneros.

Los Lobos, considerada organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos y ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con organismos de seguridad de Ecuador, cuenta con centros de acopio en haciendas, camaroneras y bodegas. Desde allí, la droga se traslada a altamar para esconderla en contenedores y barcos, con el uso, en muchos casos, de embarcaciones artesanales o motores robados a pescadores.

“Roban los motores a pescadores y luego los utilizan para ponerlos en otras embarcaciones y sacar la droga a mar abierto. Sabemos que tienen también bastante espacio en islas que no están habitadas donde probablemente estarían albergando motores robados y armas que son utilizadas justamente cuando van a mover ese tipo de sustancias a mar abierto”, indica un agente policial de antinarcóticos, que participó de un trabajo de inteligencia a organizaciones narco delictivas en El Oro y que por motivos de seguridad pidió la reserva de su identidad.

El 13 de abril de 2024, durante un operativo del Ejército en el sector 4 de Abril y en el muelle de cabotaje de Puerto Bolívar, los militares hallaron cuatro motores fuera de borda reportados como robados, 20 GPS Garmin, 14 radios de comunicación, una pistola, municiones, joyas y una embarcación sin documentación del propietario, entre otras cosas.

Mongabay Latam solicitó información estadística a la Armada de Ecuador sobre interdicciones a embarcaciones sospechosas, robos y decomisos de motores fuera de borda, pero la Armada no respondió al pedido de información.

No obstante, este equipo periodístico accedió a registros oficiales del Ministerio de Defensa,  que reportó 648 motores fuera de borda decomisados entre 2019 y 2024. Estos datos son generales porque en los documentos no se detallan los sitios de los decomisos.

El conflicto interno del micro cartel Los Lobos

La banda que se enfrenta a Los Lobos por el control de Puerto Bolívar es la llamada Sao-Box. Se trata de una alianza entre facciones que pertenecían originalmente al mismo bando.

Todo se remonta a 2024, cuando dos facciones de Los Lobos, lideradas por alias Saoco y alias Boxeador, se enfrentaron con el resto de células debido a pugnas internas. Esto ocurrió en la localidad de Camilo Ponce Enríquez, un cantón vecino de Machala, donde Los Lobos se hicieron con el control total de la minería ilegal de oro desde hace más de tres años. Dicha actividad ha financiado sus operaciones en esa y otras provincias, de acuerdo con informes policiales.

Los Lobos desterraron de ese lugar a las facciones que ahora llevan como nombre las sílabas de los alias de sus jefes. No obstante, esa derrota significó el traslado de los Sao-Box a Machala y otros cantones que son parte de las rutas de la droga, de acuerdo con personal de la Policía.

El conflicto es más complejo de lo que parece, ya que la lucha por el territorio enfrenta no solo a Los Lobos entre sí. Al mismo tiempo, Los Lobos también mantienen una guerra con Los Choneros, otra organización involucrada en el tráfico de drogas.

“Los homicidios intencionales en El Oro se han disparado en los últimos tres años y es precisamente por la guerra. No solo por la fragmentación de Los Lobos, sino también por la guerra con Los Choneros. A Los Choneros les interesa tener una hegemonía alrededor del narcotráfico, es su principal mercado”, explica Renato Rivera, especialista en economía del crimen organizado y seguridad internacional.

Sobre la lucha interna de Los Lobos, actualmente la pelea a muerte entre la rama original y sus facciones ha desembocado en un constante derramamiento de sangre y atentados con explosivos en calles, playas y muelles de Machala, mientras los pescadores locales sobreviven entre el miedo, las extorsiones y la pobreza.

De acuerdo con la información del Ministerio del Interior, la provincia de El Oro está entre las cinco con más homicidios intencionales (homicidios, asesinatos y sicariatos), con 2098 registros entre 2014 y 2024. Si se filtra la información por ocupación de la víctima, las muertes violentas de pescadores a nivel nacional ascienden a 202, de las cuales 32 corresponden a El Oro. Los datos, además, muestran que las muertes de pescadores se han incrementado. En 2014, solo se registraron cinco casos en todo el país, mientras que en 2024 hubo 45 casos. En 2020 se alcanzó el primer pico, con 14 registros, y en 2023, el segundo, con 57.

No obstante, organizaciones de la sociedad civil han advertido del posible subregistro por falencias de las instituciones y por la falta de denuncias debido al temor a las represalias.

La violencia que ha calado en la población de El Oro se hace evidente con los últimos acontecimientos.

El 8 de agosto, una embarcación pesquera fue atacada con armas de fuego y bombas incendiarias frente a las costas de Bajo Alto, en El Oro, dejando cuatro muertos y seis heridos. Unos 20 sujetos en tres lanchas interceptaron un barco bolichero, asesinaron a cuatro personas y provocaron un incendio que hundió la embarcación. Medios de comunicación locales reportaron la recuperación de siete cuerpos de las quince víctimas del atentado, hasta el 14 de agosto pasado.

Las consecuencias más dolorosas se reflejan en las familias de los pescadores que han desaparecido. “Cuando están en altamar, son atacados por estos grupos de delincuencia organizada. A muchos de ellos no se los vuelve a ver”, dice Lidia Rueda, de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec).

Las cifras oficiales del Ministerio del Interior de 2025 registran 1727 denuncias de desaparecidos en general, entre enero y marzo pasados. Sin embargo, según Rueda, “los que desaparecen en altamar no entran a las estadísticas del Ministerio del Interior, sino que a esos desaparecidos los registra la Marina y la Fiscalía”.

Mongabay Latam solicitó una entrevista con la Armada de Ecuador, pero no hubo respuesta. Por su parte, en la información que entregó la Fiscalía sobre desapariciones, El Oro, con 84 registros, es la quinta provincia con más denuncias de desapariciones involuntarias después de Guayas, Pichincha, Manabí y Chimborazo.

Nadie se escapa de las extorsiones

El dirigente de una de las cooperativas pesqueras artesanales que existen en El Oro, que pide el anonimato por motivos de seguridad, lo describe sin rodeos: “Todos pagan. Nadie se escapa de eso”.

Según su testimonio, el 70 % de los aproximadamente 3000 pescadores de Puerto Bolívar paga “vacunas” y “hay quienes pagan más de una vacuna al mes”, asegura.

Las cifras son consistentes con otros testimonios: cada pescador llega a desembolsar hasta 300 dólares al mes. Quienes no pagan enfrentan amenazas, robos de motores o incluso son asesinados. “Han muerto muchas personas, especialmente compañeros míos”, dice el dirigente.

Renato Rivera indica que la extorsión tiene dos enfoques. La primera es la tradicional: “Para funcionar en tu negocio me tienes que pagar 100 dólares o te mato”. La segunda, funciona con la fachada de entregar protección: “Como la policía no te da protección y hay un grupo criminal que te puede matar o te puede hacer el primer tipo de extorsión, págame a mí para protegerte”, explica el experto.

El dirigente de la pesca artesanal recuerda que, hace casi tres años, las bandas que ahora los extorsionan nacieron como agrupaciones que se encargaban de hacer rondas en muelles y en mar abierto para protegerlos durante las faenas a cambio de un pago de 30 dólares. Pero con el tiempo, dice, subieron la tarifa y, ante la negativa, surgió la violencia.

“Ellos iban por los muelles diciendo ‘le vamos a dar seguridad y usted va a pagar una cuota’. Uno se sentía tranquilo. Lo pagábamos con gusto. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que salíamos al mar a trabajar sin peligro. Pero después ya fue una extorsión y con el tiempo ya no era una banda. Ahora hay que responder a cinco bandas y si uno le da a una, la otra también [quiere]”, explica el pescador. Por eso, dice, colegas dejaron el oficio. Unos se dedicaron a conducir taxis informales. Otros, en cambio, pasaron a las filas de las bandas como, por ejemplo, cobradores de “vacunas”.

Esas bandas, a su vez, les rinden cuentas a las organizaciones de mayor tamaño como Los Lobos, añade el dirigente. De hecho, “son ellos quienes se han enfocado en la extorsión alrededor de los puertos”, asegura Rivera. Los Choneros, en cambio, no extorsionan, indica el especialista. “Siempre sacan comunicados diciendo: ‘Nosotros Los Choneros no extorsionamos porque no queremos ir en contra de la comunidad’. Quieren ser como una especie de Robin Hood”. Sin embargo, sus facciones —Las Águilas y Los Fatales— sí extorsionan, y los Tiguerones también, agrega.

El testimonio del pescador, indicando que son diferentes bandas las que los extorsionan, concuerda con el del militar en retiro Mario Pazmiño, quien asegura que en el litoral ecuatoriano, específicamente en El Oro, son dos o tres organizaciones que se dedican a la piratería en altamar y unas ocho o nueve en todo el litoral ecuatoriano.

“A mayor fragmentación y mayor disputa entre grupos criminales vas a tener mayor probabilidad de un incremento de los casos de extorsión o de vacunas”, indica Rivera. “Porque la vacuna, al menos como se está entendiendo en Ecuador, es una forma de los grupos criminales de legitimarse y ser una especie de autoridad en el territorio, es decir, una búsqueda de instalar gobernanzas criminales”, agrega.

Fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas dijeron a Mongabay Latam que Los Lobos han reclutado gente en el lado peruano que están operando en actividades de extorsión a pescadores y contrabando. La información concuerda con los hallazgos del reportaje sobre Perú, que es parte de esta investigación periodística.

La extorsión ha obligado a algunos pescadores a vender sus embarcaciones y abandonar el oficio. Otros, en cambio, han aceptado la oferta de las bandas para transportar droga o combustible. “Tú tienes que ceder, sino también te matan”, asegura el dirigente pesquero.

De hecho, la participación de los pescadores artesanales en el traslado de cocaína es significativa, asegura Rivera. “Se piensa que el tráfico de cocaína marítimo solo se mueve de un punto A a un punto B a través de embarcaciones a gran escala y no es así. Los Choneros aprendieron hace años que era mucho más rentable mover 15 embarcaciones pesqueras que tratar de “contaminar” [con droga] el puerto como tal. Hasta 500 kilogramos tú puedes enviar en una embarcación pesquera y se dan muchísimos viajes por semana alrededor de los puertos pesqueros”.

Además, de acuerdo con el experto, los pescadores no solo sirven para contaminar la carga del buque, sino también para mover a otros destinos. “En el caso de los pescadores alrededor de Manta, en Manabí, ellos tienen la capacidad de llevar la carga directamente a Centroamérica. Un narcotraficante puso una gasolinera en el Pacífico. Es decir, pescadores que estaban esperando con gasolina, cargaban estos mismos barcos y se iban hasta Centroamérica”.

Un mar transnacional del crimen

Un informe de inteligencia militar al que Mongabay Latam tuvo acceso, señala que el origen de una de las rutas de narcotráfico que atraviesa el país es la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú.

Allí, las autoridades de los tres países, así como expertos en criminalidad organizada, han identificado que los Comandos de Frontera (ex Frente 48 de las FARC) y el Frente 1 “Carolina Ramírez” se disputan el control de los ríos Caquetá y Putumayo. Estos grupos, conectados con cárteles de México y Brasil, mueven pasta base de coca y cocaína a través de rutas fluviales que terminan en el mar, indica el informe. Otras rutas que se desprenden de la frontera con Colombia nacen de puntos más occidentales en el mapa, en las provincias de Esmeraldas y Carchi, agrega el documento.

Los cargamentos de cocaína, camuflados principalmente en compartimentos de camiones, viajan por carreteras que conectan la sierra con la costa. En algunos casos, esos vehículos pesados reciben escolta armada para asegurar la mercancía. En otros casos, un vehículo de avanzada o una persona que viaja en un bus interprovincial monitorea los controles que hay en la ruta, de acuerdo con un agente de la Policía que participó en labores de investigación de campo en una unidad antinarcóticos y que conversó con Mongabay Latam bajo el compromiso de su anonimato.

Según el uniformado, que en la actualidad integra otra unidad élite de la Policía, Guayaquil es uno de los centros de acopio o de paso de la droga que, finalmente, llega a puertos de Manabí, Guayas, Santa Elena o El Oro.

Otro uniformado de mayor rango en la Policía, que participó en una investigación sobre crimen organizado en El Oro, detalla el modus operandi: la droga llega desde  Colombia con una pureza del 97 % y se entierra en las islas, cerca de Bajo Alto, una comunidad costera del cantón El Guabo.

Se trata de un área natural compuesta por esteros, canales que se abren paso entre el manglar, condiciones que facilitan la discreción para actividades relacionadas con el narcotráfico. Así fue como encontraron 1132 paquetes de cocaína (aproximadamente un kilogramo por cada paquete) el 6 de mayo pasado. “La droga se encontraba enterrada en la isla de La Puntilla”, refiere el policía.

Desde estas islas, el cargamento se traslada en lanchas rápidas de dos o más motores hacia altamar, donde buques o barcos de mayor tamaño esperan para ser cargados con cocaína. “Galápagos se ha convertido en un paso. Allá, en esa zona, realizan la ‘contaminación’ a los grandes buques para que lleven la droga a Europa”, añade el oficial.

“Hacen relevos. Una lancha va con combustible hasta cierto punto del mar, de ahí entregan a otras lanchas que tienen mayor cantidad de combustible y van haciendo relevos hasta llegar a la zona del archipiélago de Galápagos que es donde encaletan y abordan los buques”, explica el policía.

Además, en la costa, las operaciones narco delictivas son monitoreadas con drones y custodiadas con armas de fuego.

De acuerdo con una fuente policial, el tiempo de la logística desde Guayaquil hasta el embarque puede durar entre 10 y 15 días, mientras trasladan en partes el cargamento.

Las investigaciones que ha impulsado la Policía en El Oro también han revelado el comportamiento de Los Lobos para sumar logística y recursos en su guerra contra los Sao- Box y Los Choneros.

El agente de antinarcóticos que participó del trabajo de inteligencia a organizaciones narco delictivas en El Oro le dijo a Mongabay Latam que se determinó que Los Lobos han reclutado a ciudadanos venezolanos que pertenecen a células del Tren de Aragua, de origen venezolano. Estas personas, indica, son parte de una suerte de corredor humano de aprovisionamiento de armas largas, municiones y explosivos desde Perú para hacer frente a los Sao-Box.

“Los del Tren de Aragua están más dedicados al tema de ataques terroristas con artefactos explosivos improvisados. Están siendo utilizados como un canal [entre Ecuador y Perú] para armar artefactos con cilindros de gas. Están siendo utilizados para cometer sicariatos, traslado de droga, aprovisionamiento de armas largas, de municiones, eso es un hecho”, detalla el oficial de antinarcóticos de la policía ecuatoriana.

El coronel William Calle señala a la minería ilegal como uno de los principales músculos económicos de Los Lobos para financiar la compra del armamento y explosivos que ingresan por pasos ilegales de la frontera.

“Un minero vino y me dijo: ‘Ya le voy dando dos millones de dólares a Los Lobos en extorsiones. Hay que cortar el financiamiento. Hay que intervenir Ponce Enríquez [el cantón vecino de Machala donde Los Lobos se hicieron con el control total de la minería ilegal de oro]. No es cuestión de enviar 10 policías. Son 350 minas. Dicen que hay mil lobos allá. La asociación de mineros nos dice que se están cogiendo las minas”, asegura el oficial de la Policía.

Comunidades sitiadas y un Estado ausente

En el archipiélago de Jambelí, que está frente a Puerto Bolívar y que limita con territorio peruano, un dirigente comunitario, quien pide la reserva de su identidad, describe el desamparo: “Aquí no hay marinos, no hay policías, nada. Es puro bla, bla y nunca se ha atendido en lo que tiene que ver con la seguridad”.

El robo de motores es tan común que los pescadores evitan navegar por los corredores internos del archipiélago con dirección hacia Puerto Bolívar, menos cuando cae la noche. “Nadie se va a Puerto Bolívar por agua. Sabemos que nos van a robar el motor”, dice.

En ciertas islas, la comunidad ha optado por vigilar los muelles por su cuenta, pero la falta de electricidad deja todo en tinieblas durante la noche. “La mafia está incluso enraizada en ciertos elementos de la Marina o de la Fiscalía o de la Policía. Es difícil denunciar”, asegura el dirigente.

Mongabay Latam pidió los descargos de la Armada de Ecuador, la Fiscalía y la Policía Nacional a través de un pedido formal y una entrevista, pero hasta la publicación de este reportaje no enviaron respuestas.

La desconfianza crece por casos que se han vuelto mediáticos, como la detención de un capitán de corbeta de la Armada, en diciembre de 2024, por su presunta participación en una organización delictiva que movía droga entre Ecuador y España, cuyas provincias de operación eran Guayas y El Oro.

Además, una empresaria de la industria camaronera que accedió a dar su testimonio bajo el compromiso de anonimato indica que “la Marina está desinstitucionalizada. No tiene tecnología. El ECU 911 [sistema de monitoreo y atención de emergencias] tiene más de 13 años y no está actualizado”. Para ella, la estructura del Estado se ha convertido en “un queso gruyere en seguridad estatal”.

La bióloga Janice Márquez De La Plata, presidenta de la organización Sustainable Ocean Alliance (SOA) en Ecuador, quien ha trabajado en proyectos de sostenibilidad con pescadores artesanales, es testigo del abandono que denuncia el dirigente comunitario. “Me ha tocado presenciar que frente a llamadas de socorro se les dice a los pescadores artesanales que no hay presupuesto para movilizaciones marítimas de las autoridades”.

Impacto ambiental y social

Los efectos de la violencia en esta zona de Ecuador están relacionados, en parte, por una problemática ecológica que ha empujado a los pescadores artesanales a buscar el recurso marino cada vez más lejos de la costa.

El exasambleísta Bolívar Remache propuso sin éxito, en agosto de 2021, un proyecto de ley de incentivo a la pesca artesanal con el que buscaba apoyar financieramente a ese sector, además de otras políticas que promuevan la investigación de los recursos pesqueros. Él recuerda con nostalgia la realidad de hace más de 10 años: “Tú tirabas un anzuelo y sacabas un pez de 40, 50, 60 centímetros”.

Hoy, dice, la sobrepesca industrial y la pesca ilegal han vaciado las primeras ocho millas, empujando a los artesanales hasta 300 millas mar adentro.

«Como no había una ley que les prohibiera, entonces entraron barcos de arrastres y acababan con las especies adultas y también con las bebés. El pescador es pobre porque sus costos de producción son más altos que lo que captura», refiere Remache, quien sostiene que dicha situación deja vulnerables a pescadores, quienes en muchos casos, acceden a ofrecimientos de parte de bandas delictivas.

El agente que integró la Unidad de Antinarcóticos de la Policía en labores investigativas de campo y que prefiere guardar el anonimato por su seguridad afirma que “un lanchero aproximadamente está ganando unos 80 000 dólares por el viaje completo a Centroamérica. Y ese es un monto mínimo, puede ser más”. Otros fiscales matizan que los montos que reciben los pescadores dependen de la tarea que se les encargue, desde alquilar la embarcación hasta transportar el alcaloide.

De acuerdo con Janice Márquez De La Plata, la explotación de los recursos marinos en Ecuador es un problema que se puede percibir sobre todo en la escasez de especies clave como dorado, pulpo y langosta. Ello, indica, ha empujado a algunos jóvenes a migrar y “en los casos más críticos algunos jóvenes han sido reclutados por redes de crimen organizado”.

Los efectos de la sobreexplotación, detalla la experta, se intensificaron en la última década con cambios notorios desde 2015 y mayor agudeza desde el año 2020. Como consecuencia, los pescadores artesanales deben viajar más lejos y pasar más tiempo en faena para obtener capturas que antes conseguían en menor tiempo. “Incluso pudiendo ser víctimas de la constante inseguridad en altamar que atenta contra sus vidas”, puntualiza.

De acuerdo con Tarcisio Granizo, presidente de WWF-Ecuador y exministro de Ambiente, “el sector pesquero artesanal es el más golpeado por la crisis de los stocks pesqueros, pero también por la crisis de la delincuencia”. Debido a la sobreexplotación de los recursos, indica, “los pescadores no solo tienen que irse más adentro, sino que tienen que pasar más tiempo en el mar para pescar lo que antes pescaban más cerca y en menos tiempo. Eso los pone en riesgo con respecto a la delincuencia que opera en los mares, que le roban los motores, que les secuestran”.

Un hombre de 45 años que lleva más de 20 años saliendo a pescar frente al archipiélago de Jambelí conoce muy bien el problema. Cuenta que la escasez de recursos pesqueros lo ha llevado a adentrarse hasta nueve millas para tratar de ganarse unos dólares por fuera de los costos de operación, cuando antes solo era necesario recorrer una o dos millas máximo.

“Antes uno iba dos, tres horas y ya venía con su carga. Ya estaba el día costeado. Ahora la gente se va a las cuatro, cinco de la mañana y está volviendo a las cinco de la tarde. La pesca ahora es de suerte”, comenta el pescador.

Para Márquez De La Plata hay varios factores que han incidido en la problemática. Por un lado, la débil fiscalización y vigilancia de las autoridades que permite la existencia de pesca ilegal. Por otro lado, la obsolescencia de herramientas de monitoreo, como el barco de investigación marina, y un déficit de investigación que impide contar con medidas basadas en ciencia para un manejo sostenible.

En este punto Granizo coincide. “Hay que definir dónde puede haber pesca artesanal, dónde puede haber pesca industrial y que esos sitios se respeten. Hay una Ley de Pesca, pero estos límites deben ser estudiados especie por especie. Eso lo debería hacer el Instituto Nacional de Pesca (INP) que ahora se llama Instituto Público de Investigación Acuicultura y Pesca (IPIAP). Lo está haciendo, pero no tiene los recursos suficientes”.

La cadena criminal se alimenta de la debilidad del Estado y del hambre de los pescadores. Cada lancha desaparecida, cada motor robado, cada pescador asesinado es un eslabón en un negocio que mueve miles de millones en cocaína y que ha convertido el mar ecuatoriano en territorio de nadie. Los pescadores lo resumen en una frase: “En alta mar no hay ley”.

Imagen destacada: una casa destruida por un explosivo en las cercanías del puerto de Machala. Foto: cortesía fotógrafo con identidad protegida

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Michelle Editor/a

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