- El nuevo gobierno de Bolivia disolvió la cartera de Medio Ambiente y Agua para crear el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.
- Varias organizaciones presentaron un recurso de revocatoria contra el Decreto Presidencial 5486, que designó a un empresario agroindustrial como el ministro que tendrá a su cargo los temas de ambiente.
- Las críticas apuntan a que el ministro Fernando Romero tendrá un conflicto de intereses, ya que él impulsa la ampliación de la frontera agrícola.
- El presidente Rodrigo Paz aún no habló de medidas a favor del ambiente.
La primera medida que adoptó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en materia ambiental despertó duras críticas. El mandatario disolvió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y lo fusionó con el de Planificación del Desarrollo. Ahora, esta nueva cartera se llamará Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, entidad que será dirigida por Fernando Romero, un empresario agroindustrial. Además, la oficina que administrará proyectos relativos al agua pasará al nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Colectivos y expertos pidieron a Paz que mantenga el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que revise la designación de Romero.
Paz logró una fuerte alianza con el sector agroindustrial del departamento de Santa Cruz. Este sector, junto al grupo agroempresarial del departamento de Beni, según varios expertos, están señalados por la deforestación y los incendios en zonas como la Chiquitania, la Amazonía y el Chaco. Es a uno de estos dos grupos empresariales que pertenece Romero, un empresario cruceño que en el último tiempo dirigió una poderosa organización del agro: la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).
El Movimiento Ciudadano Todos Somos Jaguar, junto a colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil boliviana hicieron pública el 10 de noviembre una carta abierta dirigida al presidente Paz, en la que manifiesta su “profunda preocupación” por la designación de Romero como ministro a cargo de la temática de medio ambiente. Estas instituciones presentaron un recurso de revocatoria contra el Decreto Presidencial 5486, que designa a dos empresarios agroindustriales en el gabinete y que dirigirán temas ambientales: uno es Romero y el otro es Óscar Justiniano, nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
En el documento, las organizaciones recuerdan que Bolivia enfrenta una crisis ambiental sin precedentes y advierten que el país “no puede permitirse repetir el modelo de deforestación y expansión del agronegocio que devastó grandes áreas de bosques en otros países de la región”.
Además, el texto destaca que la trayectoria de Romero y Justiniano “está[n] abiertamente vinculada[s] al agronegocio, sector responsable de más del 90 % de la deforestación en Bolivia” y señala posibles conflictos de interés de Justiniano con el mercado voluntario de carbono.
“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el contexto de la crisis actual, exige un perfil técnico, independiente y comprometido con la protección de los ecosistemas”, dice parte de la carta. “Bolivia es hoy el segundo país más deforestado del mundo y necesita liderazgo ambiental del más alto nivel”, agregan.
Más críticas a la decisión
Luego de idas y vueltas, el gobierno de Paz aprobó el 17 de noviembre el Decreto Supremo 5488 que oficializa el cierre de algunos ministerios y la fusión de otros. En esa normativa establece la conformación del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, que tendrá un viceministerio que atienda temas ambientales: será el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.
Mongabay Latam se contactó con fuentes del Gobierno y ratificaron que ese viceministerio tendrá bajo su dependencia algunas instituciones relativas al medio ambiente, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), entidad que tiene ahora un nuevo director: Filemón Hinojosa, con experiencia en las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.
Además, el gobierno de Paz decidió trasladar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al Ministerio de la Presidencia. Esta entidad, que dependía del disuelto Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se encarga, entre otras atribuciones, del proceso de saneamiento de tierras.
Stasiek Czaplicki, investigador boliviano independiente, consideró que en Bolivia existe un “gobierno agroindustrial” por las incorporaciones de Romero y Justiniano al gabinete. “¿Y quién es el actual ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente? Nada menos que Fernando Romero, expresidente, hasta hace dos meses, de ANAPO, la voz oficial del complejo soja-industria en Bolivia. Es decir, el vocero del agronegocio hoy es la nueva máxima autoridad ambiental”, cuestionó.
Czaplicki recordó que la producción de soja en Bolivia aporta el 17 % de la deforestación y que Romero trabajó con los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para lograr la expansión de la frontera agrícola con la otorgación de desmontes.
“Será interesante observar cómo estas nuevas autoridades evitarán, o tal vez no, los conflictos de interés al momento de diseñar regulaciones, programas o incentivos, porque lo que está en juego no es menor: es la posibilidad de que las políticas públicas sirvan a intereses empresariales propios, de amigos o futuros socios”, cuestionó Czaplicki en diálogo con Mongabay Latam.
El experto añadió que “en los próximos días probablemente se anuncien medidas simbólicas o cosméticas a favor del medio ambiente y los bosques”, como la abrogación de leyes inactivas del paquete incendiario o la revisión de normativas “sin efecto real” sobre el avance agropecuario.
“Cuidado con ilusionarnos con anuncios compartimentados, un decreto o una pausa ecológica. El agropoder está en el Gobierno y su influencia, ahora sin intermediarios, será aplastante. Lo verde que se anuncie servirá, muy probablemente, para blanquear una agenda de expansión sin freno”, resaltó Czaplicki.
El día que Paz posesionó a su gabinete, Romero fue designado como ministro de Planificación del Desarrollo. Ese día había un vacío sobre la situación de la cartera de Medio Ambiente y Agua, ya que no se mencionó como parte del gabinete. Al día siguiente, el Gobierno sacó un comunicado informando que ese ministerio no fue eliminado.
Es más, el ministro Justiniano, que fue nombrado como interino de Desarrollo Productivo, fue el vocero de los temas ambientales y dijo que la cartera de Medio Ambiente y Agua iba a fusionarse con la suya. Algo que no pasó y que finalmente pasó a Planificación del Desarrollo.
Justiniano prometió que la defensa de los bosques y la lucha contra las actividades que amenazan los ecosistemas serán prioridad. El ministro afirmó que la sostenibilidad y la productividad deben avanzar de manera conjunta para generar oportunidades concretas para las familias del país.
“Lo primero es el medioambiente, lo primero es la conservación, pero también tenemos que entender que la sostenibilidad va de la mano de la productividad. Las otras autoridades deben entender que la sostenibilidad y la productividad son elementos que se conjugan”, remarcó Justiniano en una conferencia de prensa.
Justiniano, antes de ser designado ministro, fue presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), dos poderosas instituciones privadas de la agroindustria en Bolivia.
Romero aún no habló de temas ambientales y recién recibió la noticia de que asumiría el control de la política ambiental del país la noche del 17 de noviembre. Las fuentes gubernamentales consultadas por Mongabay Latam no hicieron referencia a posibles conflictos de interés o contradicciones en su designación.
Se suman más cuestionamientos
Norka Paz, activista ambiental independiente, manifestó que es muy importante explicar al Presidente que tomar la decisión de desaparecer uno de los ministerios más importantes dentro de la crisis social, ambiental y sanitaria no solo continúa un modelo “mediocre y antropocéntrico de hacer política de Estado”. “Es claramente continuar con una política de despojo, mercantilización del patrimonio natural, fortalecimiento de las oligarquías prooligopolios terricidas en el país y perpetuar el mismo modelo de corrupción que ahonda las múltiples crisis”, señaló Paz.
A su vez, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) también expresó su rechazo a la designación del ministro Romero a la cabeza del área ambiental. “Es imperativa la designación de un ministro que no sea juez y parte a la hora de decidir si debe o no cuidar el medioambiente”, afirmó a Mongabay Latam Ruth Alipaz, representante de esa organización.
La dirigente indígena solicitó al presidente Paz el cumplimiento de su atribución constitucional con relación al ordenamiento jurídico ambiental y que sea consecuente con sus palabras, como cuando dijo el día de su posesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional: “Defenderemos nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros glaciares. El desarrollo económico irá de la mano del respeto al medio ambiente; no más divorcio entre crecimiento y naturaleza”.
“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue en gestiones anteriores un nido de corrupción y cuoteo que alentó al extractivismo, pero sería un retroceso cerrarlo o hacer que sea absorbido por otro ministerio, así como elegir de titular a alguien vinculado con el agronegocio, porque es continuar con una política de despojo”, remarcó Alipaz.
El Colegio de Biólogos de Bolivia advirtió que una eventual fusión ministerial podría cerrar el acceso de Bolivia a los fondos verdes internacionales, que financian proyectos climáticos y de conservación.
“El cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sería un error histórico, pues implicaría cerrarle a Bolivia las puertas a los fondos que hoy financian la vida en tiempos de crisis climática. Solo este año, esos recursos superan los 285 000 millones de dólares a nivel global”, dice parte de un comunicado público.
Esta entidad colegiada remarcó que el país atraviesa una etapa crítica en materia ambiental, marcada por la deforestación, incendios forestales y afectación a comunidades indígenas, por lo que exigieron fortalecer la institucionalidad ambiental y no reducirla.
“Bolivia no necesita menos ambiente, necesita más inteligencia ecológica”, recalca el pronunciamiento, que exhorta al presidente Paz a mantener su compromiso expresado en el discurso de posesión, cuando aseguró que el desarrollo económico no debe estar “divorciado del medio ambiente”.
Mientras, Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, consideró que la designación de ministros dedicados al agronegocio generan un “conflicto de intereses” y afectan la credibilidad institucional. El experto señaló que en carteras vinculadas a recursos naturales deberían asumir personas con trayectoria en defensa ambiental, especialmente frente a fenómenos como el desmonte, el chaqueo y la expansión agrícola no regulada.
Colque advirtió que estos nombramientos pueden restar apoyo social al Gobierno de Paz en un momento en que requiere respaldo para implementar ajustes fiscales y medidas destinadas a enfrentar la crisis económica.
En ese sentido, instó al Gobierno a revisar estas decisiones y pidió a los grupos de poder agroexportador reflexionar sobre su influencia en el nuevo gobierno. “La propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en campaña no fue trabajar con estos sectores. Sin embargo, ahora se observa un mayor protagonismo de quienes habían apostado por Jorge Quiroga [excandidato], lo que podría resultar contraproducente para los objetivos del Gobierno”, afirmó.
Imagen principal: Chiquitano, bosque subtropical despejado en el borde de la Amazonía boliviana para la producción de soja. Foto: Rhett A. Butler para Mongabay
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