- Palos Blancos y Alto Beni son dos municipios amazónicos que se declararon “libres de minería”, pero denuncian que siguen padeciendo avasallamiento de mineros.
- Organizaciones indígenas de la Amazonía en Bolivia solicitaron al nuevo presidente que se respeten las leyes municipales y departamentales que frenan la minería.
- En un encuentro, los municipios y pueblos indígenas pidieron impulsar los negocios agroecológicos, como la producción de cacao orgánico.
- El presidente Paz no designó a un ministro de Minería y se estima que esa cartera de Estado se fusionará con otra del equipo económico.
Rodrigo Paz Pereira juró como presidente de Bolivia el 8 de noviembre. La antesala a su llegada a la silla presidencial estuvo marcada por acuerdos y análisis económico y casi nada de debates sobre el ambiente. Es por eso que pueblos indígenas y dos municipios del departamento de La Paz pidieron al nuevo mandatario boliviano anular las solicitudes de cooperativas mineras para operar en parte de la Amazonía boliviana. Además, estos sectores también solicitaron evaluar las funciones de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que es la instancia pública que aprueba los permisos para operaciones mineras.
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Paz tuvo una agenda cargada luego de ser electo en la segunda vuelta del 19 de octubre. Viajó a Estados Unidos y Panamá para solicitar financiamiento para aliviar la crisis económica que sacude a Bolivia. No se refirió a las problemáticas ambientales del país hasta el momento. No se acercó a ninguna institución ambiental ni a los pueblos indígenas. Solo dijo que en los temas de minería e hidrocarburos habrá un “cambio radical”.
En la Amazonía del norte del departamento de La Paz hay dos municipios que se declararon libres de minería, se catalogaron como “agroecológicos” y promueven el “ecoturismo”. Son Palos Blancos y Alto Beni, poblados ubicados a 260 kilómetros de la ciudad de La Paz. Las autoridades de estos municipios, junto a organizaciones de pueblos indígenas, realizaron el primer llamado a Paz: anular las solicitudes mineras para extraer oro que están en curso para operar en sus territorios.
“Deseamos solicitar que estas restricciones [mineras] sean también permanentes y abarquen la totalidad de nuestros territorios indígenas”, dice parte de una carta dirigida al presidente Paz por parte de los dos municipios y dos organizaciones indígenas: la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) y la Organización de la Mujer Indígena Mosetén (OMIM).
Además, la carta explica que, en 2021, los municipios de Palos Blancos y Alto Beni aprobaron leyes municipales que los declaran libres de actividad minera. En 2023, una sentencia de acción popular, presentada por la Defensoría del Pueblo, exhortó a los municipios de Palos Blancos y Alto Beni a presentar sus planos georreferenciados para que la AJAM autorice actividades mineras en sus territorios.
En Bolivia, una acción popular es un recurso legal que permite a cualquier persona, individualmente o en representación de un grupo, defender derechos e intereses colectivos contra actos u omisiones de autoridades o particulares que los vulneren o amenacen.
En esa ruta, a mediados de 2024 se hicieron llegar los planos a la AJAM y la entidad suspendió los trámites mineros en dichos municipios y la revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Este año, esta instancia emitió otra sentencia que ratifica la sentencia de la acción popular presentada por la Defensoría del Pueblo.
“Amparados de las sentencias del TCP, esperamos que su Gobierno y la AJAM rechacen de manera definitiva todas las solicitudes mineras en nuestros municipios agroecológicos y ecoturísticos”, destaca la misiva.
El pedido de los pueblos indígenas
Renán Mayto, presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), explicó a Mongabay Latam que otro de los pedidos que hacen al Gobierno de Paz es que las restricciones para la actividad minera en territorios indígenas se extiendan a la totalidad de los territorios indígenas. El dirigente recordó que la AJAM, por pedido de los pueblos amazónicos, restringió la actividad minera en territorios del Consejo Regional Tsimane Mosetén de Pilón Lajas, además de territorios indígenas del Consejo Indígena del Pueblo Tacana y la OPIM.
“Nosotros estamos pidiendo al nuevo gobierno la restricción de la actividad minera permanente y no temporal en los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, como también en nuestros territorios indígenas”, destacó Mayto. El dirigente añadió que para ese objetivo es necesario el respaldo de las autoridades para presentar un proyecto de ley nacional que declare a estos municipios como “agroecológicos y ecoturísticos libres de minería”.
Paz ya designó a su gabinete ministerial y no nombró a un nuevo ministro de Minería. Esta cartera de Estado, según fuentes del Gobierno, será fusionada con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías. En su campaña para llegar a la silla presidencial, el Presidente calificó a la minería del oro como el instrumento central para resolver la crisis económica por la que atraviesa Bolivia, ya que aseguró que genera recursos igual o más que los hidrocarburos.
La propuesta de Paz se llamaba “capitalismo para todos” y en una de sus partes proponía “formalizar” a los cooperativistas mineros “en vez de atacarlos” porque pagan impuestos bajos o porque generan daño al ambiente, contaminando ríos, por ejemplo.
Mongabay Latam se contactó con el equipo de transición del Gobierno de Paz y un funcionario aseguró que en esta semana se conocerá la nueva metodología de trabajo en el área de minería. Incluso, está en duda si la AJAM seguirá siendo una oficina autónoma o se fusionará a otra entidad del ámbito económico.
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), recordó que en campaña no se presentaron “propuestas serias” referente a la minería cooperativa. Sobre Paz, el experto dijo que el actual mandatario mencionó “muy superficialmente” la legalización de las mineras ilegales y la posibilidad de otorgarles financiamiento.
“Una nueva política minera es urgente, pero la misma debe ser elaborada no solo con la posición de los actores mineros, que son estatales, privados y cooperativas”, dijo Zaconeta, quien añadió que esa nueva estrategia debe involucrar también a los actores afectados, como la sociedad civil, pueblos indígenas, los niveles de gobierno departamental, municipal y la academia.
A finales de octubre, se desarrolló el “Encuentro de Municipios y Territorios Libres de Minería”, en Palos Blancos. Ese evento fue en las instalaciones de la cooperativa El Ceibo, en la comunidad de Sapecho. Esta cooperativa reúne a productores de cacao y elabora diferentes productos que llegan a toda Bolivia e incluso exporta el 40 % de su producción a otros países. Este encuentro fue organizado por los municipios de Palos Blancos y Alto Beni y las organizaciones indígenas, y tuvo el apoyo de la Fundación Solón.
“Nosotros exponemos que es fundamental adoptar medidas urgentes para evitar que la contaminación y destrucción de los ríos siga afectando a los pueblos del norte del departamento de La Paz, por lo que estamos pidiendo una audiencia al presidente Rodrigo Paz para hablar del tema en profundidad”, dijo Mayto.
Según Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, se suspendieron 60 trámites de las solicitudes de operación minera que estaban en curso en los municipios de Palos Blancos y Alto Beni. La experta añadió a Mongabay Latam que en julio pasado se realizaron inspecciones en estas zonas y verificaron que las operaciones mineras siguen vigentes. Incluso se encontró a un exviceministro de Minería explotando oro.
“La lucha contra la minería es un gran desafío permanente en favor de muchas familias y la producción orgánica es una alternativa económica”, afirmó Elvis Illanes, presidente de la Central de Cooperativas El Ceibo.
Iniciativa municipal
Berman Arancibia, alcalde de Palos Blancos, explicó a Mongabay Latam que, pese a que desde 2021 se declararon libres de minería, todavía padecen los avasallamientos de cooperativas mineras en su municipio. “Nosotros trabajamos de manera sustentable, en armonía con nuestros bosques. Tenemos acuerdos y hasta un protocolo firmado con entidades del Estado para que acá [Palos Blancos] no haya minería, pero la minería todavía sigue con los avasallamientos. Qué bonito sería que más municipios se sumen a ser libres de minería”, resaltó Arancibia.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la agroforestería es un grupo de prácticas y formas de producción, que combina la siembra de cultivos y árboles forestales con la aplicación de prácticas de conservación del suelo. En Alto Beni vienen practicando esta modalidad desde hace 30 años, según afirmó a este medio Nancy Chambi, presidenta del concejo municipal de Alto Beni y quien también forma parte de las cooperativas productoras de cacao.
“Nosotros logramos consensos para aprobar estas leyes municipales que nos declaran libres de minería. No hubo nadie que se oponga. Ahora, debemos luchar para que el Legislativo nacional apruebe una ley nacional que ratifique nuestra lucha”, destacó Chambi.
En el diálogo, Chambi recordó cómo las cooperativas mineras intentaron establecerse en el río Boopi, un afluente de su territorio. “Eso ocasionó que la gente se levante y vayamos a sacarlos del lugar. Nosotros tenemos vocación para el cultivo del cacao, que actualmente se está exportando. Eso quiere decir que tenemos que cuidar el sistema ecológico”, dijo.
Luego de que se promulgaran las leyes municipales, se impulsó la ley departamental. El 7 de marzo de 2024 la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz promulgó la ley que declara los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, de las provincias de Sud Yungas y Caranavi, del departamento de La Paz, “municipios agroecológicos productivos con recursos hídricos libres de actividad y contaminación mineras”.
La ley también indica que esta decisión se toma a “fin de preservar los derechos de las futuras generaciones”. Según el documento de la ley aprobada el objetivo es “precautelar la producción agroecológica, seguridad y soberanía alimentaria promoviendo el consumo y la comercialización local, departamental, nacional e internacional”.
Según la Fundación Solón, en Alto Beni se logró restringir 4420 cuadrículas de actividad minera, equivalentes a 110 500 hectáreas. Mientras que en Palos Blancos se restringieron 15 484 cuadrículas, que representan 387 100 hectáreas. En ambos municipios se paralizaron 54 trámites mineros en curso. Sin embargo, según informantes de esta fundación, permanecen vigentes dos contratos mineros adjudicados antes de la restricción municipal.
En el ámbito de los territorios indígenas, en el Consejo Regional T’simane Mosetén de Pilón Lajas (CRTM-PL), que abarca la jurisdicción de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, se denunciaron múltiples presiones debido al interés de diversos actores mineros de ingresar a esa zona.
Para 2024, se habían identificado al menos nueve solicitudes de trámites mineros ingresados a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La mayoría de estas solicitudes provenían de operadores privados y se concentraban principalmente en los bordes del territorio indígena, generando preocupación por el impacto ambiental y social que podrían ocasionar. En este territorio indígena ahora esos nueve trámites mineros están suspendidos temporalmente.
Imagen principal: los municipios de Palos Blancos y Alto Beni han logrado una ley departamental que los declara libres de minería. Foto: cortesía Municipio de Palos Blancos
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